José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó este miércoles 3 de mayo que la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó el sobreseimiento en el caso Plazas Fantasma.

Añadió que contra esa resolución se interpuso el recurso de casación, el cual para el 29 de mayo a las 11 horas está señalada la vista pública por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La referida Sala confirmó el sobreseimiento o cierre del caso Plazas Fantasma que implicó a 59 personas, entre ellas exdiputados del Congreso de la República.

La apelación en contra de la resolución de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, quien decidió clausura el caso a beneficio de los exdiputados en septiembre de 2022, fue rechazada y quedó firme el sobreseimiento.

La investigación del Ministerio Público y de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso.

Estas personas no laboraron, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso, varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.

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Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.

Pese a los indicios reunidos en la investigación, el caso fue cerrado por la jueza Domínguez.

Varios exdiputados, algunos exintegrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, se libraron de enfrentar juicio en el caso Plazas Fantasma, pues este viernes 23 de septiembre durante la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento por los delitos que eran procesados.

Entre los exdiputados señalados se encuentran César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá. En total son 59 personas las que fueron implicadas en este proceso.

Sin embargo, todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el sobreseimiento a su favor.

En el caso de Christian Boussinot, el sobreseimiento fue por el delito de extorsión y peculado por uso, relacionado con unos audios presentados por el Ministerio Público (MP), en los que el exparlamentario aparentemente exigía un “diezmo” a las personas que se contrataban mediante la modalidad de plazas fantasma.

Esa misma suerte tuvo Édgar Leonel Fernández Regalado, quien, de acuerdo con el MP, “era el intermediario entre el diputado Boussinot Nuila y empleados contratados por el Congreso, y él les cobraba parte del salario mensual que devengaban”.

Según la jueza, en este caso resolvió el sobreseimiento porque los audios fueron capturados de manera ilegal. Además, la juzgadora reiteró que la presentación de varios medios de prueba por parte del Ministerio público no se hizo de la manera correcta, por lo que no era viable enviar a juicio a los procesados.

Con respecto al señalamiento en contra del exdiputado Arístides Crespo de qué él decidía qué puesto ocuparían las personas contratadas, la jueza señaló que no hay ningún medio de investigación que permita dicho extremo.

“En este tipo penal debe tener conocimiento el funcionario que la persona propuesta no reúne los requisitos que la ley establece, situación que el Ministerio Público, con el respeto que me merece, no acreditó con ningún medio de investigación que el hoy acusado (Arístides Crespo) tenía previo conocimiento que no reunían los requisitos legales, por lo anteriormente considerado esta Judicatura considera que no existe fundamento serio para dictar un auto de apertura a juicio (…) por lo que decretos sobreseimiento en favor del acusado Arístides Crespo por el delito de nombramientos ilegales”.

El caso

La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.

Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.

En el proceso 10 señalados que se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre éstos el exlegislador Édgar Romeo Cristiani Calderón, quien desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz, no obstante, fungió como testigo y rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba.

En su testimonio relató la forma en que se planificó y ejecutó un plan para la creación de las plazas y en esa oportunidad señaló a Luis Armando Rabbé Tejada, expresidente del Congreso en 2015, a quien se le solicitaba autorización de las contrataciones las cuales no podían excederse de Q. 150 mil mensuales.

Este jueves 21 de julio en el Caso Plazas Fantasma empezó la presentación de pruebas y una de estas es una grabadora que contiene conversaciones de un exasistente del exdiputado Christian Boussinot.

La audiencia se centró en la discusión si se acepta o no la grabadora como medio de prueba.

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), la grabadora contiene conversaciones que captó con ese aparato Michael Mauricio Vásquez Sical en las que Édgar Hernández Regalado le exigía dinero, y eran supuestas órdenes del exlegislador Boussinot, según las pesquisas.

El Ministerio Publicó (MP) por medio de un recurso de reposición solicitó incorporar la grabadora como medio de prueba en la etapa Intermedia.

Mientras que los abogados defensores de los 58 acusados se opusieron a admitir la grabadora en el caso y manifestaron que no hubo autorización judicial pertinente en su momento para aceptar ese medio de prueba.

Las conversaciones telefónicas hechas públicas en la audiencia de primera declaración de Boussinot revelaron cuando exigía un porcentaje de su salario a su trabajador Michael Vásquez Sical.

27 de mayo del 2014

Vásquez: Este mes no le voy a pasar su dinero. Es por eso mismo de que yo he confirmado las cosas.

Respondió Boussinot: Mirá vos, lo que estás haciendo es agarrando algo que no es tuyo.

Vásquez: ¿Cómo así? ¿Lo del dinero? Ese dinero está a mi nombre. ¡El que está agarrando algo que no es de su pertenencia es usted!

Boussinot: Quiero que reconozcas el error.

Vásquez: Pero ¿por qué dice que soy desafiante?

Édgar Hernández Regalado, exasistente del diputado Boussinot, fue detenido en junio de 2016 en su residencia en la zona 5 de Mixco, sindicado del delito de extorsión. Cuando fue capturado se desempeñaba como colaborador del parlamentario Ovidio Monzón.

Abogados se oponen

Uno de los abogados defensores argumentó que es importante establecer que la misma ley establece procedimientos como el debido proceso y da la ruta de cómo se debe llevar.

Añadió que se debió pedir esa autorización judicial para incorporar ese órgano de investigación al referirse a la grabadora.

“El problema no es cómo lo obtuvieron, porque ellos dicen que la persona se las llevó -la grabadora-, se las dio, el problema es que no lo pudieron canalizar señora juez”, manifestó.

Indicó que si encontraron un delito de extorsión, por qué no certificaron la pieza y la enviaron a la fiscalía que correspondía, para que en este caso la persona que se considerara agraviada pudiera llevar la persecución penal en la fiscalía que correspondía.

“Ahora pretenden a través de su investigación que una persona se constituya como agraviada y como sindicada en una misma carpeta judicial”, señaló.

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Mientras que una de las abogadas defensoras pidió que se plantera sin lugar el recurso de reposición planteado por el ente investigador, ya que la resolución de la judicatura se encuentra apegada a Derecho y según la ley, son inadmisibles las pruebas obtenidas por un medio prohibido.

Otro de los abogados también pidió que se declarara sin lugar el recurso de reposición planteado por el MP, ya que se tiene que emitir requisitos formales.

Foto principal Carlos Hernández

En la mega sala de audiencias del Organismo Judicial este jueves 14 de julio varios exdiputados que integraron la junta directiva del Legislativo en 2014 y 2015 se mantuvieron sentados en las bancas del salón y presenciaron el comienzo de la etapa intermedia del caso Plazas fantasma en el que son señalados de corrupción.

En las últimas bancas de la sala los exlegisladores se mantuvieron sentados tratando de evadir fotografías y grabaciones y después de esperar por más de 30 minutos a la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, se acomodaron y prestaron atención.

Entre los señalados que asistieron a la audiencia están los exdiputados César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo y Selvin García.

También los exlegisladores Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.

En este caso, 10 señalados se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre ellos el exdiputado Edgar Cristiani.

Cristiani desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz y se va por procedimiento ordinario.

Cristiani  no logró ratificar un convenio de colaborador eficaz en este mismo caso, aunque fungió como testigo y en una declaración en anticipo de prueba relató la manera en que se fraguó un plan para crear plazas e incriminó a Luis Rabbé quien fue presidente del Legislativo en 2015.

Luego de ser aceptada su solicitud salió de la sala porque su caso se desarrollará en un proceso distinto en el que aceptará que como legislador y segundo secretario del Legislativo se aprovechó del cargo para crear plazas de secretarias, asesores y ujieres que no llegaron a trabajar.

La jueza Domínguez indicó que a raíz de la reforma al Código Procesal Penal respecto de la aceptación de cargos, esa judicatura ha tenido a bien recibir 10 memoriales.

La juzgadora empezó la sesión anunciando que se trataba del comienzo de la fase intermedia, en la que decidirá si los sindicados van o no a juicio, luego advirtió que los abogados de algunos procesados presentaron memoriales.

La primera acusación que leyó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) fue la del exdiputado Alfredo Rabbé.

Explicó que en el 2014 gestionó de manera irregular a 18 personas, en su mayoría asistentes, en ese entonces, él era cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República.

A Rabbé el Ministerio Público lo sindica del delito de abuso de autoridad y peculado por sustracción de forma continuada.

La Feci indicó que del periodo del 14 de enero del 2012 al 14 de enero del 2016, Rabbé ostentó la calidad de diputado al Congreso y del 14 de enero del 2014 al 2016 ocupó la cuarta secretaría de la Junta Directiva del Legislativo.

Como miembro de la referida Junta y en forma mancomunada con el presidente y le director general, eran responsables de la administración del patrimonio del Congreso.

La ley del Organismo Legislativo contempla la contratación del personal al que tenía derecho, entre este una asistente, una secretaria y un ujier bajo el renglón 022.

Marta Estela Valdez Soto fue contratada en el puesto de asistente con un salario nominal de Q10 mil, una secretaria con un sueldo mensual de Q7 mil y Héctor Ramón Rodríguez Ruiz en el cargo de ujier con Q4 mil de salario.

Según la Feci, Rabbé aprovechándose del cargo que ostentaba abusó al solicitar la contratación de personal bajo el renglón 022 “sin existir justificación alguna” de que dicho personal era necesario.

En ese sentido, gestionó la contratación de 18 personas, a quienes de forma arbitraria “sin justificación alguna y antojadizamente” decidía el puesto que ocuparían y el salario que devengarían.

Como consecuencia de esta acción, en el 2014 se logró la contratación de Andrea Gabriela Ballesteros Morales en el puesto de asistente con un salario de Q15 mil; además de otras personas que ganaban entre Q5 mil, Q10 y Q15 mil en distintos cargos.

También instruyó de forma arbitraria a partir de qué fecha tenían que tomar posesión con efecto retroactivo los nuevos servidores públicos, lo que perjudicó al Congreso, ya que las personas tenían 62 días de retroactividad.

La investigación de la Feci señala que en 2015 siguió teniendo influencia y aunque no integró la directiva logró la contratación de 10 asesores que se ausentaron durante ese año a sus puestos, a eso la fiscalía le denominó: plaza fantasma.

En el 2015 se registró la contratación de 10 personas y según el fiscal de la Feci, Lázaro de Jesús Pirir, el exdiputado disponía desenfrenadamente de los recursos del Congreso.

Añadió que el exfuncionario aprovechó para la contratación de más personal en puestos de asistentes con salario de Q7 mil, Q10 mil y Q15 mil. Este personal también tomó posesión de forma retroactiva.

Once de los 16 asistentes contratados no cumplían con el requisito de tener mínimo pensum cerrado a nivel de licenciatura, por lo que no eran idóneos para el cargo.

También en la audiencia se presentó acto conclusivo en contra de Héctor René Polanco Argueta por el delito de peculado por sustracción.

En contra de María Lourdes Solórzano Carvallo por el delito de peculado por sustracción y contra  Marta Estela Vaidez Soto por el mismo delito.

En este Caso de Plazas Fantasma son 68 personas las señaladas, según autoridades.

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Enfrentan sindicación

Otros 11 exdiputados no optaron por aceptar hechos, se quedaron en la sala de audiencias y presenciaron el comienzo de la etapa intermedia, ellos aún defienden su inocencia y han advertido hacerlo hasta las últimas instancias.

César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Manuel Marcelino García Chutá son los exlegisladores que insisten en su inocencia.

El caso

Exdiputados que integraban la junta directiva del Congreso desde el 2012 gozaban del derecho de tener de 15 a 20 personas a su servicio entre asistentes y asesores.

La investigación del MP y la Cicig “determinó dos modalidades de contratación irregular en el Legislativo: la primera a través de nombramientos de personal bajo el reglón presupuestario 022, que no reunía los requisitos para cumplir con el perfil del puesto y sin justificar una estricta necesidad para nombrar a este personal, al margen de cualquier verificación de capacidad presupuestaria o de otra índole”.

“Además se evidenció que los integrantes de dichas juntas directivas pactaron distribuir entre sus miembros un alto número de plazas para contratar personal con el presupuesto del Congreso”, dijo la ahora inhabilitada Comisión en su momento.

El expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Armando Rabbé Tejada, fue beneficiado con una resolución judicial que frenó de forma indefinida su extradición de México a Guatemala.

Julio Veredín Sena Velázquez, juez séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva a la extradición de Rabbé Tejada, señalado de otorgar plazas fantasma en el Congreso de Guatemala.

Según la resolución del juez, esta protección judicial para Rabbé estará vigente hasta que exista una sentencia de amparo en última instancia, lo que podría llevar varios meses o incluso hasta un año, según reporte de medios mexicanos.

Agregan que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México presentó un recurso de revisión contra la suspensión que otorgó el juez y se espera que un tribunal colegiado decida si se mantiene o revoca la decisión.

Los señalamientos del Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detallan que Rabbé, en su calidad de presidente del Congreso, autorizó para Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva –lo cual está prohibido- y sin el perfil idóneo. Además, se detectó que algunas de estas personas no asistían a sus labores.

Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del exdiputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso.

Como presidente del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil.

El exfuncionario salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad.

La detención

Rabbé fue detenido en Monterrey, Nuevo León, México, por la Interpol el 23 de julio del 2018 y enfrenta cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, delitos vinculados por el caso Plazas Fantasma.

El 8 de mayo de 2019, la Secretaría  de Relaciones Exteriores de México resolvió avalar la extradición de Rabbé y el expolítico guatemalteco fue notificado el 15 de mayo de ese año y después interpuso un amparo.

El 24 de mayo de 2020, el Décimo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México le concedió el amparo a Rabbé y ordenó a la cancillería mexicana dejar sin efecto la extradición.

También ordenaba que se emitiera una nueva orden en la que debía pronunciarse si Rabbé era o no un perseguido político y si la Cicicig había incurrido en algún exceso en el proceso.

El 15 de marzo de 2021 el MP de Guatemala fue notificado que México había ordenando nuevamente la extradición de Rabbé, pero este promovió otro amparo ante el juzgado Sexto de Distrito de Nuevo León y en junio pasado este caso fue remitido al juzgado capitalino que dirige Julio Veredín Sena Velázquez.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), que el expresidente del Congreso de la República, Luis Armando Rabbé Tejada, será extraditado a Guatemala para que enfrente a la justicia por caso Plazas Fantasma.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, informó este lunes 15 de marzo, que las autoridades informaron a Guatemala sobre los avances en el proceso de Rabbé, y de esa cuenta, con fecha 9 de noviembre del 2020, la Secretaría mexicana ordenó la extradición.

Refirió que Rabbé había sido amparado y luego se pidió un informe al juez de garantías para verificar si ya fue resuelto el caso para que las autoridades diplomáticas podrán hacer las coordinaciones para hacer cumplir la extradición.

Gobierno de México acepta extradición de Luis Rabbé por caso Plazas Fantasma

Investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que el exdiputado aprobó plazas en el Congreso de la República para personas que no asistieron a trabajar. Entre los delitos que se le atribuyen están abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

En concreto, Rabbé autorizó para la junta directiva 164 plazas que no cumplían con el perfil idóneo, con salarios excesivos y algunas de ellas sin asistir a labores.

“Autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera Vicepresidencia, a cargo del diputado Arístides Crespo Villegas, con salarios de Q15 mil y Q20 mil, siendo que en la mayoría de los casos se trataba de su primera contratación en el Congreso de la República. En la modalidad dos, como presidente de la Junta Directiva del Congreso (2015-2016) autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios de Q7 mil y Q20 mil”, detallaron los entes investigadores.

MP pide formal extradición de Luis Rabbé capturado en México, donde se escondía de la justicia guatemalteca

El exfuncionario salió de Guatemala rumbo a la Ciudad de México el 16 de agosto de 2016, dos días antes de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retirara la inmunidad.

Una semana después fue visto en un centro comercial en un sector exclusivo de la capital nicaragüense, donde compró bombillas y al ver que lo estaban fotografiando salió de prisa del negocio.

Desde entonces ya no se supo nada de él hasta que en 2017 fue localizado por autoridades mexicanas en Nuevo León, luego que la Interpol lo incluyera en su lista de los más buscados.

La captura

El expresidente del Congreso Luis Rabbé fue capturado el lunes 23 de julio de 2018 en Nuevo León, estado de México.

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El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, confirmó ese día que la detención de Rabbé se realizó por la Interpol en Monterrey, capital del estado de Nuevo León y fue trasladado a la Ciudad de México, donde deberá ser escuchado por un juzgado especial.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), confirmó que este 31 de julio fueron notificados de que el gobierno mexicano aceptó la solicitud de extradición de Luis Armando Rabbé Tejada, expresidente del Congreso de Guatemala, quien guarda prisión en México.

Explicó que Rabbé es sindicado de contrataciones irregulares durante su presidencia en el Congreso de la República.

Según el MP, la información que les traslado el Ministerio de Relaciones Exteriores revela que con fecha 6 de junio de 2019, la Embajada de Guatemala en México fue notificada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país.

Además, que con fecha 8 de mayo de 2019 se dictó el acuerdo por medio del cual se concede la extradición de Rabbé Tejada. La entrega del requerido a Guatemala surtirá efecto hasta que la resolución emitida en el acuerdo quede en firme.

Extradición tardará

La extradición de Rabbé podría tardar varios meses, puesto que la defensa del expresidente del Congreso presentó un amparo en México y la resolución tomaría mucho tiempo.

Según se informó México enviaría a Guatemala a Rabbé, hasta que el fallo esté firme.

El expresidente del Congreso fue detenido el 23 de julio del año pasado en Nuevo León, México. En septiembre el MP hizo el requerimiento de extradición de Luis Rabbé al Juzgado contralor de la causa para que vía diplomática el memorial fuera remitido a las autoridades mexicanas.

El es el único de los 31 sindicados del caso Plazas Fantasma que sigue con prisión preventiva, no obstante, la judicatura rechazó su pedido por considerar que existe peligro de fuga.

El exfuncionario lleva 3 años y 4 meses en prisión, al salir de la audiencia afirmó: “Estar preso no es ninguna gracia para nadie, es duro, pero es algo con lo que tengo que vivir, no me queda de otra”.

“Meterme al Congreso de la República fue un gran error y ahora tengo que afrontar las consecuencias”, señaló.

El caso

Cuando Muadi ocupó la presidencia del Congreso (2013-2014) contrató un cuerpo de seguridad de la empresa Grupo SIS, integrado por 30 agentes que recibían un sueldo de Q5 mil por parte de la compañía.

Según las investigaciones, para desviar fondos de la institución, ofreció a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso.

Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato en el Congreso por un salario de Q8 mil mensuales, pero nunca se presentaron a laborar y en su lugar desempeñaban funciones en empresas privadas del exparlamentario.

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