Gustavo Alejos Cámbara, quien fungió como secretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, fue juzgado y condenado en un caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en un proceso en el que se declaró culpable y por el que ahora debe pagar una reparación digna, reportaron este viernes 16 de junio fuentes judiciales.

El Tribunal Undécimo ordenó a Gustavo Alejos pagar Q310 mil 900 de reparación digna por los daños cometidos al haber amañado ventas de medicinas al IGSS, en una trama de corrupción que se denominó Caso Negociantes de la Salud, en la que, incluso algunos productos fueron sometidos a modificaciones irregulares, según la investigación.

La audiencia de reparación digna por dicho caso se llevó a cabo este viernes 16 de junio, días después de que Alejos y otros cuatro implicados fueran condenados a penas de prisión conmutables.

Se informó que una vez Alejos cumpla con el pago de la reparación digna obtiene los beneficios de ley por haberse sometido a procedimiento de aceptación de cargos: reducción de pena y conmuta.

Alejos fue condenado el pasado 14 de junio a ocho años y ocho meses de prisión conmutables por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Por el delito de asociación ilícita Alejos fue condenado a seis años de prisión, pero rebajada en una tercera parte quedó en cuatro años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias la condena es de dos años de cárcel, que rebajada quedó en un año y cuatro meses y siempre a razón de Q30 diarios.

Por el delito de cohecho activo la sentencia es de cinco años, pero por la rebaja en una tercera parte es de tres años y cuatro meses. Además, una multa de Q33 mil 333.33.

Alejos y los otros cuatro condenados amañaron la adjudicación de contratos por medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sentencia fue dictada mediante la figura de aceptación de cargos por parte de Alejos y los otros implicados.

En esa audiencia del 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal también aceptaron cargos los ahora sentenciados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud.

También José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS.

Barrientos Montepeque fue hallado culpable de asociación ilícita y tráfico de influencias; mientras que Alejandro Enrique Toledo Paz es autor responsable de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo.

Juan Pablo Muralles Morán fue encontrado culpable de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencia. César Estuardo Hernández Monroy cometió los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El Tribunal a Barrientos Montepeque por asociación ilícita lo condenó a seis años de prisión que rebajada en una tercera parte queda en cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios. Por tráfico de influencia se le condenó a dos años en prisión y que rebajada corresponde a un año y cuatro meses conmutables también a razón de Q30 diarios.

Alejandro Enrique Toledo Paz por asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, que rebajada queda en cuatro años conmutables, también a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias dos años de cárcel, pero rebajada es de un año y cuatro meses a razón de Q30 diarios.

Por cohecho activo la pena ya rebajada es de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, siempre a razón de Q30 diarios. Además, debe pagar una multa de Q33 mil 333.33.

Juan Pablo Muralles Morán por el delito de asociación ilícita recibió condena de seis años de prisión, pero rebajada son cuatro años siempre a razón de Q30 diarios.  Por tráfico de influencia la condena rebajada en una tercera parte quedó en un año y cuatro meses, también a razón de Q30 diarios.

Mientras que por cohecho activo la pena rebajada es de tres años y cuatro meses conmutables a razón de Q30 diarios. También le impusieron multa de Q33 mil 333.33.

César Estuardo Hernández Monroy fue condenado por asociación ilícita a seis años de prisión, pero por la aceptación de cargos es de cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios, por cohecho pasivo tres años con cuatro meses a razón de Q30 diarios. Multa de Q33 mil 333.

La condena accesoria para los cinco sentenciados es de inhabilitación especial para obtener cargos, empleos con el Estado y comisiones públicas por el periodo de cinco años.

Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, este miércoles 14 de junio fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión conmutable por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo en el Caso Negociantes de la Salud.

El Tribunal Undécimo aseguró que quedó acreditado que Gustavo Alejos en el referido caso incurrió en los delitos mencionados.

Alejos por el delito de asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, pero rebajada en una tercera parte quedó en cuatro años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias la condena es de dos años de cárcel, que rebajada quedó en un año y cuatro meses y siempre a razón de Q30 diarios.

Por el delito de cohecho activo la sentencia es de cinco años, pero por la rebaja en una tercera parte es de tres años y cuatro meses. Además, una multa de Q33 mil 333.33.

Alejos y los otros cuatro condenados amañaron la adjudicación de contratos por medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sentencia fue dictada mediante la figura de aceptación de cargos por parte de Alejos y los otros implicados.

El 26 de mayo recién pasado, El Ministerio Público (MP) pidió una pena de 24 años de prisión (con reducción en una tercera parte) para Gustavo Alejos, quien dos días antes se declaró culpable de haber hecho negociaciones fraudulentas en el IGSS con la compra y alteración de medicamentos, informaron fuentes judiciales.

El 24 de mayo, Alejos, quien fue secretario Privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, y otros cuatro implicados en el caso Negociantes de la Salud aceptaron los cargos que el MP les imputaba en el caso de corrupción relacionado con la venta de medicamentos al IGSS.

Este caso fue una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del IGSS, algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Durante su declaración en esa oportunidad antes los jueces, Alejos manifestó: “le pido disculpas por todo el daño que le hice al pueblo de Guatemala, a mi familia en especial, es una lección para todos (…).

El empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa en el caso Negociantes de la Salud dijo: “Creamos necesidades para vender medicinas”.

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En esa audiencia del 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, también aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud.

También aceptaron cargos José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS.

Barrientos Montepeque fue hallado culpable de asociación ilícita y tráfico de influencias; mientras que Alejandro Enrique Toledo Paz es autor responsable de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo.

Juan Pablo Muralles Morán fue encontrado culpable de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencia. César Estuardo Hernández Monroy cometió los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El Tribunal a Barrientos Montepeque por asociación ilícita lo condenó a seis años de prisión que rebajada en una tercera parte queda en cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios. Por tráfico de influencia se le condenó a dos años en prisión y que rebajada corresponde a un año y cuatro meses conmutables también a razón de Q30 diarios.

Alejandro Enrique Toledo Paz por asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, que rebajada queda en cuatro años conmutables, también a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias dos años de cárcel, pero rebajada es de un año y cuatro meses a razón de Q30 diarios.

Por cohecho activo la pena ya rebajada es de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, siempre a razón de Q30 diarios. Además, debe pagar una multa de Q33 mil 333.33.

#AHORA | Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia, es condenado a ocho años y ocho meses de prisión conmutable por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. pic.twitter.com/anlcYkAP3B

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 14, 2023

Juan Pablo Muralles Morán por el delito de asociación ilícita recibió condena de seis años de prisión, pero rebajada son cuatro años siempre a razón de Q30 diarios.  Por tráfico de influencia la condena rebajada en una tercera parte quedó en un año y cuatro meses, también a razón de Q30 diarios.

Mientras que por cohecho activo la pena rebajada es de tres años y cuatro meses conmutables a razón de Q30 diarios. También le impusieron multa de Q33 mil 333.33.

César Estuardo Hernández Monroy fue condenado por asociación ilícita a seis años de prisión, pero por la aceptación de cargos es de cuatro años.

La condena accesoria para los cinco sentenciados es de inhabilitación especial para obtener cargos, empleos con el Estado y comisiones públicas por el periodo de cinco años.

El juez Séptimo, Fredy Orellana, resolvió los casos en primera instancia penal de los exdiputados Baudilio Hichos y Roberto Kestler, implicados en dos casos de corrupción.

Hichos fue sobreseído, es decir que no enfrentará juicio, por el caso IGSS-Chiquimula, donde fue sindicado de tráfico de influencias en la primera fase del caso.

Orellana, el juez Séptimo Penal, resolvió que no hay indicios que vinculen al excongresista con el entramado de una adjudicación para remodelar un edificio donde funcionaría el Seguro Social de Chiquimula.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), cuestionó el fallo de Orellana porque existe una sentencia judicial donde el dominio del edificio en mención ya fue extinguido y pasó a favor del Estado de Guatemala.

También consideró que hay escuchas que comprueban la participación de Hichos, pero Orellana solo acopió argumentos de la defensa, ante lo cual apelará la resolución.

Aparte, Kestler enfrentará debate por el delito de tráfico de influencias en el caso Negociantes de la salud.

El mismo juez solo promovió a juicio a Kestler por ese delito y sobreseyó el cargo de asociación ilícita.

Según el Ministerio Público, el excongresista utilizó su influencia como diputado y presidente de la Comisión de Salud para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adjudicara servicios de salud a empresas vinculadas.