La defensa de Luis Armando Pérez y Lucinda Eva Marroquín, quien son procesados en el caso Hogar Seguro, que surgió tras la muerte de 41 niñas internas en un centro a cargo del Gobierno en 2017, solicitó que se les otorgara medidas sustitutivas de arresto domiciliario, pero este jueves 18 de enero, la jueza a cargo les negó esa solicitud y ordenó que siguieran en prisión preventiva.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió sin lugar la solicitud de medidas sustitutiva planteada por la defensa de Pérez Borja y Marroquín, por lo que ambos deben continuar en prisión preventiva mientras el juicio sigue su rumbo.

En audiencia de revisión de medidas de coerción, los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados salieran de prisión preventiva y se les concediera arresto domiciliario.

En el caso de Luis Armando Pérez Borja, quien fungía como subcomisario de la PNC cuando ocurrieron los hechos, la defensa argumentó que en materia penal se ha sobrepasado el tiempo en prisión preventiva y solicitó arresto domiciliario; además, indicó que no cuenta con los recursos económicos y que se le inhiba de una caución económica.

Por su parte, la defensa de Lucinda Eva Marroquín, quien era subinspectora de la PNC, también solicitó el arresto domiciliario y someterse al control telemático.

El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó el 10 de enero pasado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, siete años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una de las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.

En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.

Los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.

Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.

Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.

El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó este miércoles 10 de enero en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, a cargo de la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, informaron fuentes judiciales.

El juicio contra los señalados empezó siete años después de la tragedia, ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una se las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.

En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.

Los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.

Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.

Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.

El debate

El MP inició con los alegatos del caso y sindica a Carlos Rodas, quien era en 2017 secretario de Bienestar Social, los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.

En el caso de Anahí Keller, el MP la acusa por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo.

Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo.

Por este caso, también son acusados Harold Augusto Flores, exprocurador de la niñez; Brenda Julissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Eva Marroquín, exsubinspectora de la PNC; Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de PNC; y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez.

La defensa de los acusados alega son inocentes. La jueza Vanessa Cifuentes continuará con el juicio el próximo viernes 12 a partir de las 8:30 horas.

Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, ha sido separada del proceso penal por la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro por resolución de una Sala de Apelaciones.

La Sala Cuarta declaró improcedentes los recursos que contra una resolución de agosto de 2017, cuando el entonces juez Cuarto, Carlos Guerra, dictó el sobreseimiento de todos los delitos contra Keller.

El Ministerio Público y los querellantes adhesivos se opusieron a la resolución, pero este nuevo fallo confirma que Keller sería separada del caso.

A partir de esta resolución, se tendrán 15 días hábiles para plantear una acción legal contra la resolución emitida, a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal.

Lea también: Madre de una de las 41 niñas fallecidas en el Hogar Seguro asegura que ha vivido los seis años “más tristes” de la vida

Diversas acciones judiciales

El caso de Keller estuvo entrampado por una serie de acciones legales hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que concluyó que debía ser ligada a proceso, pero la defensa de la acusada apeló.

Luego, meses previo a que iniciara el juicio, previsto para julio 2022, se ordenó a la Sala de Apelaciones que emitiera una nueva resolución. Misma que, ahora la aparta del proceso.

El pasado 8 de marzo de 2023, decenas de personas exigieron justicia para los 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron con lesiones graves a causa del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba bajo la tutela del Estado.

El siniestro ocurrió un 8 de marzo de 2017, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, razón por la que en esa fecha se acostumbra ahora a recordar a las víctimas.

Diversas organizaciones de Mujeres y los abogados de las madres de las niñas, reclaman que existe un retardo en los proceso judiciales habiéndose suspendido en once ocasiones el inicio del juicio contra los presuntos responsables.

Una de las audiencias se suspendió por un problema técnico, debido a que no funcionaba una bocina en la sala.

Lea también: Caso Hogar Seguro: Suspenden once veces la audiencia para iniciar el juicio contra ocho implicados 

Además, se notificó la ausencia de dos abogados defensores de los acusados y la jueza a cargo del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, dispuso separarlos del caso.

Ante esta última acción, el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, recusó a la jueza y señaló que le negaba su derecho de defensa.

Ante el señalamiento contra la jueza Cifuentes, se suspendió entonces la última audiencia el pasado 7 de febrero de 2023.

Dacia Ramírez, madre de una de las 41 niñas que murieron en un incendio dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017, asegura que ha vivido los seis años “más tristes” de su vida y lamenta que la Justicia no ha alcanzado a los funcionarios acusados de permitir la tragedia.

“Ellas tenían sueños, proyectos y les arruinaron todo”, relata Ramírez, madre de Ashley Méndez Ramírez, una de las 41 niñas fallecidas en un incendio el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula del refugio estatal, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.

En la tragedia, por la cual no se han deducido responsabilidades legales, resultaron lesionadas también 15 niñas con quemaduras de gravedad.

“El Estado siempre ha querido minimizar la gravedad del caso”, afirma Ramírez al recordar a su hija, de 15 años.

Durante el último lustro, la defensa de ocho exfuncionarios acusados por la muerte de las menores de entre 13 y 17 años ha logrado que el proceso judicial se demore y no llegue a debate oral y público.

A seis años de la tragedia, Ramírez asegura que el Organismo Judicial ha “detenido el proceso penal en favor de los acusados”, pero advierte que “es imposible” que desista en su lucha por justicia junto a familiares de otras niñas fallecidas.

Hasta el momento, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco no ha programado fecha para intentar, por quinta ocasión en 2023, iniciar el debate contra los acusados.

La tragedia

El 7 de marzo de 2017, un grupo de niñas del refugio estatal Hogar Virgen de la Asunción, ubicado 20 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala, escaparon del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.

El grupo de niñas fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 56 de ellas fueron encerradas en un aula. En la madrugada del 8 de marzo, un incendio se originó dentro de la misma aula y no fue hasta nueve minutos después que las menores fueron liberadas por las autoridades, de acuerdo con diversas fuentes.

Entre los acusados se encuentran Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; Santos Torres, exdirector del hogar; Harold Flores, exprocurador de Niñez; Brenda Chamán, exjefa de protección contra el maltrato.

También están procesados Lucinda Marroquín, exsubinspectora policial; Luis Armando Pérez, exsubcomisario policial, y Gloria Castro, exdefensora de la niñez.

Ramírez asegura que a la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda estatal. “Jamás nos dieron apoyo psicológico y eso que fue un caso muy traumatizante el que vivimos”, recuerda.

“Lo que les sucedió a nuestras hijas es irreparable y exigimos justicia”, añadió Ramírez.

“No olviden a las niñas, ni a todas las mujeres que han fallecido de manera terrible”, concluyó.

Una vez más se aplazó el comienzo del juicio por el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, esta vez por una recusación contra la jueza a cargo del Tribunal.

La audiencia programada para este 7 de febrero se suspendió debido a que el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), recusó a la jueza Ingrid Cifuentes a cargo del Tribunal Séptimo Penal.

En la audiencia anterior del 26 de enero pasado, los abogados de Pérez Borja se ausentaron y la jueza decidió separarlos del proceso. Los dos defensores optaron por excusarse porque debían atender una audiencia de otro caso a la misma hora.

De la misma manera, el abogado defensor de Lucinda Marroquín Carillo, exsubinspectora de la PNC, se excusó por padecimientos de salud.

Tanto Marroquín Carrillo, señalada de haber tenido en su poder la llave del salón que se incendió y no actuar de inmediato, junto a Pérez Borja, pidieron una “última oportunidad” para sus abogados, pero la jueza no accedió.

Lea también: Caso Hogar Seguro: suspenden por décima vez el comienzo del juicio, ahora porque abogados no asistieron a la audiencia

Recusan a jueza que analiza caso Hogar Seguro

Ante la decisión de Cifuentes, Pérez Borja la recusó este 7 de febrero y la señaló de negarle su derecho de defensa.

Al presentarse este recurso legal, se suspendió por onceava ocasión la audiencia para iniciar el juicio por el caso Hogar Seguro.

Ahora, la recusación deberá ser conocida por la Sala Segunda de Apelaciones, sin que haya una fecha definida para que emita un dictamen y establezca si la jueza seguirá conociendo el expediente judicial.

En una audiencia previa fue una falla técnica en el sistema de audio que llevó a que se aplazara.

Las familias han esperado ya casi seis años por justicia desde que ocurrió el incendio el 8 de marzo de 2017, que cobró la vida de 41 niñas y dejó 15 sobrevivientes.

Lea también: Caso Hogar Seguro: inicio de juicio se posterga otra vez y ahora fue por una falla en el sistema de audio

Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Debido a la inasistencia de tres abogados defensores de acusados en el caso Hogar Seguro se suspendió por décima vez el comienzo del juicio este jueves 26 de enero.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, advirtió que el pasado miércoles 25 de enero por la tarde los dos abogados de Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), se excusaron para no asistir a la audiencia.

Cifuentes explicó que Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, los defensores de Pérez Borja, notificaron que asistirían a otra audiencia que estaba programada a la misma hora que el debate de  Hogar Seguro.

De la misma manera, el abogado Héctor Paul Pineda, defensor de la acusada Lucinda Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC, presentó una excusa por un tratamiento médico.

“Todos estamos claros que se actúa de buena fe y debe haber lealtad procesal, pero llama la atención que un día antes se excusan”, crítico Édgar Pérez, abogado que representa a familias de las niñas fallecidas en el Hogar Seguro.

Los abogados de las familias víctimas pidieron nombrar a sustitutos o sancionar a los asesores legales que no asistieron.

Lea también: Hogar Seguro Virgen de la Asunción: Mujeres artistas de Guatemala rememoran tragedia de 2017

Separa a los abogados del caso

Luego de analizar los memoriales que presentaron los abogados, la jueza Cifuentes decidió declarar el abandono de la representación a Pérez Borja y Marroquín Carrillo.

“Es mi decisión porque los memoriales no están justificados y no dieron tiempo de analizar, tampoco de notificar. La decisión ya ha sido tomada y pueden asignar sustituto y para que no vuelva a pasar se asignara abogados de la Defensa Pública”, aseveró la jueza Cifuentes.

Pérez Borja pidió a la jueza reconsiderar su decisión, pero Cifuentes le contestó: “es mi decisión”.

En espera de justicia

Casi seis años del incendio en la casa hogar a cargo del Estado, las familias de las 41 niñas fallecidas y de otras 15 sobrevivientes aún esperan por un veredicto sobre quienes son señalados como responsables del hecho.

El caso se envió a juicio desde febrero de 2019 y desde entonces se ha suspendido en 10 ocasiones el comienzo de ese debate.

En cada una de las audiencia, los familiares de las niñas han asistido. En cada ocasión acuden a un sala de audiencias abogados, fiscales y jueces, pero se repite la suspensión.

En la sesión anterior se trató de una falla en el sistema de audio, un defecto técnico que volvió a retrasar el inicio del debate.

Todo estaba listo para que este lunes 9 de enero empezara el juicio contra los acusados de la muerte de 41 niñas y adolescentes en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo de 2017; sin embargo, la audiencia fue suspendida.

En este caso son señalados los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, exsecretario; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; y Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar, por supuestamente haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes Arrivillaga, asignó una nueva fecha para el inicio del juicio, el cual será el martes 17 de enero próximo a las 8:30 horas.

La suspensión de la audiencia se debió a que uno de los abogados defensores, Julio Rendón, padece covid-19.

El día de la tragedia, las 56 menores (41 muertas y 15 heridas) estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25 de la carretera a San José Pinula.

La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer tendrá a su cargo la acusación y cuenta con 918 medios de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los acusados.

En el juicio serán expuestos 790 documentos, así como los informes de 44 peritos y testificarán ante el Tribunal Séptimo de Sentencia 84 personas. El expediente está integrado por 15 mil folios.

Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Han pasado cuatro años desde que un pavoroso incendio quedó en la memoria de los guatemaltecos, pues le arrebató la vida a 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la capital, muchas de las cuales estaban allí por haber sido víctimas de violencia y no encontraron a un adulto como tutor.

En recuerdo a esas víctimas, familiares y representantes de organizaciones sociales celebraron este domingo 7 de marzo una ceremonia maya en la Plaza de la Constitución, conocida desde el momento de la tragedia como “La Plaza de las Niñas”.

En el punto que marca el centro de la ciudad, organizaciones sociales colocaron varias cruces de madera en honor a las adolescentes fallecidas el 8 de marzo de 2017; además, el lugar fue iluminado con velas para evocar ese trágico acontecimiento.

La actividad forma parte de los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que comenzó con una caminata desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacía la Plaza de la Constitución.

El lunes 8 de marzo continuarán las actividades con un acto conmemorativo en lo que fue la sede del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a las 7:30 horas, posteriormente habrá una caravana desde la 18 calle hasta la Plaza de la Constitución.

Finalizarán con un plantón pacífico frente al Palacio Nacional de la Cultura que se estima comience a las 10 horas, según el calendario de actividades.

Proceso estancado

Aunque los hechos ocurrieron hace cuatro años, el proceso penal no ha caminado lo suficiente en el sistema de justicia, según organizaciones sociales.

Entre un primer grupo de acusados que fueron enviados a juicio se encuentra Lucinda Marroquín, inspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), quien tuvo las llaves del salón donde se quemaron las adolescentes; así como Luis Armando Pérez, jefe de operaciones de la Comisaría 13.

También se encuentra Brenda Chaman Pacay, quien era la supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Harold Augusto Flores Valenzuela quien era el jefe de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, y Gloria Castro Gutiérrez, defensora de Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En otra etapa del proceso figuran como acusados las antiguas autoridades de la SBS, pero por diversas acciones legales, junto al retraso judicial ocasionado por la pandemia del covid-19, los expedientes no han avanzado en el sistema de justicia.

Anahí Keller, exfuncionaria de la Secretaría de Bienestar durante la gestión de Jimmy Morales implicada en la tragedia del Hogar Seguro, fue beneficiada con arresto domiciliario.

El Tribunal Séptimo le otorgó la medida sin fianza a Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento que espera juicio por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.

Lea más | “El nombramiento de la fiscal especial no fue unilateral”: Porras justifica su decisión

Keller fue promovida a juicio desde el 1 de febrero de 2018 por el Juzgado Cuarto Penal, a cargo de Pedro Lainez. En un principio el juez Carlos Guerra cerró el caso a favor de Keller, pero una Sala de Apelaciones revirtió el fallo mediante una apelación del Ministerio Público.

El trágico incendio ocurrió el 8 de marzo de 2017 en un salón donde las autoridades de Hogar Seguro juntaron a 56 niñas y adolescentes; 41 fallecieron y 15 resultaron heridas.

El Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a acabar con el internamiento de menores que sufren de violencia y abusos.

“Llamamos a las autoridades actuales, así como a las y los candidatos a los cargos de la presidencia, el Congreso y alcaldías, a acelerar la definición e implementación de medidas concretas para que la tragedia del Hogar Seguro no vuelva a ocurrir nunca más“, señaló Unicef en un comunicado.

“Esto implica acabar con la institucionalización de niñas, niños y adolescentes como respuesta general para aquellos que sufren violencia y abusos, y reemplazar esta medida por servicios y programas orientados al fortalecimiento y preservación familiar que no requieran separar al niño de su familia y comunidad“, agregó.

El 8 de marzo de 2017, un siniestro desatado tras una protesta en el estatal Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la periferia este de la capital, causó la muerte de 41 menores y graves lesiones en otras 15. Las niñas y adolescentes protestaban por malos tratos recibidos y violaciones.

El percance desnudó la precariedad del sistema guatemalteco de protección a los menores bajo resguardo del Estado, y varias organizaciones sociales insisten que los esfuerzos del gobierno han sido insuficientes por lo que una catástrofe similar podría volver a ocurrir.

Tres altos funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia fueron destituidos entonces y enfrentan un juicio por el incendio. En febrero pasado, un juzgado ordenó el procesamiento de cinco trabajadores de diferentes dependencias por el mismo caso.

“Las y los candidatos a la Presidencia, el Congreso y las alcaldías tienen el deber y la gran oportunidad de presentarle al país soluciones concretas para desarrollar un sistema eficaz de protección de la infancia“, sostuvo Unicef.