El Ministerio Público no apelará el fallo que libra de todos los cargos a Sandra Torres en el caso Financiamiento UNE y esta es la justificación.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) no apelará el fallo de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, sobre el cierre del caso de corrupción Financiamiento UNE, que beneficia a la excandidata a la Presidencia Sandra Torres y a otras nueve personas.

El pasado 29 de noviembre, Domínguez, benefició a los 10 implicados en el caso Financiamiento UNE, entre ellos Torres, al haber dictado sobreseimiento en los tres delitos que se ventilaban en el proceso.

Con esa resolución, la jueza Domínguez cerró el caso Financiamiento UNE, pues, de acuerdo con su criterio, no había suficientes medios de investigación para enviar a juicio a Torres por asociación ilícita y financiamiento electoral.

Torres era procesada por supuestamente haber ocultado aportes millonarios a la organización política en la campaña electoral de 2015.

En concreto, el Ministerio Público (MP) afirmaba que consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la UNE, que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral.

Entre los argumentos de la jueza para cerrar el caso están que el MP no detalló rol de cada implicado para señalar que eran una organización ilícita; además, refirió que los testigos no implicaron a nadie en sus declaraciones y que hubo medios de investigación mal planteados.

Además, argumentó que no hubo cotejo de voz para dar veracidad a las escuchas telefónica que presentó la Fiscalía y no se argumentó que el dinero proveniente de Mariv S.A. era ilícito.

Sin embargo, este viernes 2 de diciembre, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, confirmó que no apelarán el fallo, aunque asegura que eso no significa que el caso este cerrado.

“Se ha hecho un análisis objetivo e imparcial y no se apelará. Como le repito, se realizó un análisis jurídico e imparcial y se tomó la decisión de no apelar; sin embargo, el caso no está cerrado”, dijo Curruchiche.

Al consultarle sobre por qué dice que el caso no está cerrado, Curruchiche respondió que “porque un caso abarca mucho más que una imputación de hechos mal planteada por la anterior Feci, el trabajo nuestro es técnico y se está evaluando el escenario procesal, precedente conforme a Derecho”.

Los señalados

• Sandra Julieta Torres Casanova por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral.
• Gustavo Alejos Cámbara por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
• Mynor Feizal Zimeri Corado por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
• Nelson Alexis García Morales y Edin Alberto Álvarez Pérez por el delito de financiamiento electoral ilícito.
• Julio César López Villatoro por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral.
• Carlos Enrique López Girón por el delito de financiamiento electoral.
• Víctor de Jesús Duarte Mendoza por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
• Los exalcaldes Pedro Raymundo Cobo, exalcalde de Nebaj, y Ángel Ren Guarcas, exjefe edil de Chiché, Quiché, por el delito de financiamiento electoral no registrado.

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, benefició este martes 29 de noviembre a los nueve implicados en el caso Financiamiento UNE, entre ellos la excandidata a la Presidencia Sandra Torres, al haber dictado sobreseimiento en los tres delitos que se ventilaban en el proceso.

Con esa resolución, la jueza Domínguez cerró el caso de corrupción Financiamiento UNE, pues, de acuerdo con su criterio, no había suficientes medios de investigación para enviar a juicio a Torres por asociación ilícita y financiamiento electoral.

Torres era procesada por supuestamente haber ocultado aportes millonarios a la organización política en la campaña electoral de 2015.

En concreto, el Ministerio Público (MP) afirmaba que consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la UNE, que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral.

El MP también había solicitado que se enviara a juicio a Gustavo Alejos, Mynor Zimeri y Nelson García por asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito. Asimismo, a los exdiputados Julio López Villatoro y Carlos López.

La jueza Domínguez, dictó sobreseimiento a Sandra Torres, Gustavo Alejos y los otros siete implicados por el delito de asociación ilícita.

Entre los argumentos de la jueza para cerrar el caso están que el MP no detalló rol de cada implicado para señalar que eran una organización ilícita; además, refirió que los testigos no implicaron a nadie en sus declaraciones y que hubo medios de investigación mal planteados.

Además, argumentó que no hubo cotejo de voz para dar veracidad a las escuchas telefónica que presentó la Fiscalía y no se argumentó que el dinero proveniente de Mariv S.A. era ilícito.

Por aparte, Torres dijo que fue “penalmente perseguida” y asegura que el partido UNE cumplió con los mecanismos para captar aportes que se usaron en campaña electoral de 2015.

“Sigo creyendo en el sistema de justicia a pesar de las ilegalidades cometidas, no tengo rencor ni odio”, dijo Torres al concluir la audiencia.

Respecto a su eventual participación como candidata presidencial en 2023, Torres dijo que no es el momento de hablar de candidaturas, porque se apega a lo que establece la Ley.

“Sigo siendo secretaria general del partido (UNE) y lo que la ley me permite es lo que estoy haciendo. En este momento no puedo hablar de candidaturas, estoy como secretaria general”, dijo Torres.

Los señalados

• Sandra Julieta Torres Casanova por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral.
• Gustavo Alejos Cámbara por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
• Mynor Feizal Zimeri Corado por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
• Nelson Alexis García Morales y Edin Alberto Álvarez Pérez por el delito de financiamiento electoral ilícito.
• Julio César López Villatoro por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral.
• Carlos Enrique López Girón por el delito de financiamiento electoral.
• Víctor de Jesús Duarte Mendoza por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.
• Los exalcaldes Pedro Raymundo Cobo, exalcalde de Nebaj, y Ángel Ren Guarcas, exjefe edil de Chiché, Quiché, por el delito de financiamiento electoral no registrado.

Sandra Torres dice que fue "penalmente perseguida" y asegura que el partido UNE cumplió con los mecanismos para captar aportes que se usaron en campaña electoral de 2015. pic.twitter.com/u2LzLTRtvX

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) November 30, 2022

El Ministerio Público (MP) le solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo A que envíe a juicio a varios implicados en el caso Financiamiento UNE, entre ellos a la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.

Torres está señalada por los delitos de financiamiento electoral y asociación ilícita, pues las imputaciones del MP afirman que Torres consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que no fueron reportadas.

La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero luego quedó en los Q5.9 millones.

El MP también pidió que se envíe a juicio a Gustavo Alejos, Mynor Zimeri y Nelson García por por asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito.

Nelson García y Elvin Álvarez, por financiamiento electoral ilícito; Julio César López por asociación Ilícita y financiamiento electoral.

A Carlos López Girón, por financiamiento electoral; Víctor Duarte, por asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito.

Además, pidió el sobreseimiento del caso para para Ángel Ren Guarcas y Pedro Raymundo Cobo.

El caso

Sandra Torres fue capturada el 2 de septiembre de 2019, durante un allanamiento que efectuaron las autoridades en la casa de la expresidenciable, ubicada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador.

Torres fue ligada a proceso por ese caso el 16 de octubre de 2019, luego que la jueza Claudette Domínguez aceptara 22 de 300 medios de convicción que presentó el MP y se le imputaron los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado.

Torres guardaba prisión preventiva en Mariscal Zavala, pero salió libre a inicios del 2020 luego de haber pagado una fianza de Q800 mil.

El 20 de diciembre de 2021 el pleno Constitucional entró a conocer y resolvió de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal, pues los hechos por los que era señalada Torres ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién fue creado en el 2018 por el Congreso de la República.

Se trata del artículo 407 “O” del Código Penal, que fue modificado por buena parte de los diputados, incluida en su momento la bancada de la UNE que se encontraba bajo la dirección del diputado Orlando Blanco.

Por tal motivo el pleno de la CC resolvió de manera unánime declarar con lugar el recurso a favor de Torres y ordena que en el proceso penal en su contra es “inaplicable” el delito enumerado como 407 “O”.

El 3 de noviembre de 2022, el MP modificó el delito por el que acusaba a Sandra Torres.

La modificación del delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral fue hecha durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Financiamiento UNE, informaron fuentes judiciales.

La acción de la Fiscalía porque la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió una acción legal a favor de Torres el 23 de diciembre de 2021, pues con ese fallo se le dio la razón a la expresidenciable para no ser perseguida por un delito que no existía en 2015 cuando supuestamente ocurrieron los hechos.

Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no podrá asistir a la asamblea general de ese partido político ni tampoco viajar al interior del país durante las fiestas de Navidad y fin de año, según resolvió un juez.

La expresidenciable había solicitado, a principios de diciembre, un permiso al Juzgado de Mayor Riesgo A para poder asistir a la asamblea de la UNE y también para viajar al interior del país durante las fiestas navideñas y de fin de año, pero el juzgador no se lo concedió.

El Juez Gálvez, quien cubre vacaciones del Claudette Domínguez,  jueza titular, fue quien resolvió no otorgar el permiso a Torres.

Torres está procesada por un caso de Financiamiento electoral ilícito al partido UNE  en la campaña electoral del 2015 y se le señala de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones.

Desde el 8 de enero de 2020 guarda arresto domiciliario, luego de pasar cuatro meses en prisión preventiva, aunque de estos pasó hospitalizada 83 días.

La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, advirtió este lunes 21 de septiembre a la excandidata presidencial Sandra Torres de que si no asiste a su próxima audiencia se ordenará su detención.

La advertencia se efectuó luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad le solicitara a la jueza declarar en rebeldía a Torres, por no haberse presentado a una audiencia este lunes en la que se conocerían modificaciones a las medidas sustitutivas que goza.

Torres enfrenta un proceso por el caso Financiamiento Electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza, en el que el Ministerio Público señala que se recibieron Q27 millones que no fueron reportados en la campaña electoral del 2015.

Luego de haber sido enviada a Mariscal Zavala y a un centro asistencial por supuestos quebrantos de salud, torres fue beneficiada con arresto domiciliar y tuvo que pagar una fianza de Q800 mil mientras continúa el proceso.

Reacción

Luego de la advertencia de la jueza Domínguez, Sandra Torres publicó un mensaje en Twitter en el que indica que solicitó reprogramar la audiencia y ser representada por sus abogados.

Yo pedí reprogramar la audiencia y pedí ser representada por mis abogados. Según los arts 92, 106 y 71 del Código Procesal Penal tengo derecho a ser representada en una audiencia que yo solicite.
El mp siempre se extralimita en sus peticiones. pic.twitter.com/i269UhfLrd

— Sandra Torres (@SandraTorresGUA) September 21, 2020