La excandidata presidencial, Sandra Torres, mantiene arresto domiciliario por decisión del Juzgado de Mayor Riesgo “A”.

En la audiencia, el abogado defensor pidió a la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, que le retire la restricción de reuniones políticas que dictó el Juzgado de Mayor Riesgo “E”.

Sin embargo, la juzgadora decidió mantener la prohibición a Torres para tener reuniones de índole político.

El 8 de enero de 2020, la jueza Domínguez otorgó arresto domiciliario con fianza de Q800 mil a Torres. Además, se le prohibió salir del departamento de Guatemala.

La jueza añadió que la prohibición de asistir a reuniones políticas está fundamentada en ley porque Torres está ligada a proceso penal por delitos electorales.

Dijo que no se causa agravio a la organización política porque hay otra persona que cumple las funciones de forma temporal de la procesada.

Le recordó a Torres que está sujeta a un proceso penal y debe cumplir las medidas impuestas.

Advirtió a Torres que si incumple, le puede revocar las medidas y la envía a prisión.

En la audiencia de este viernes 23 de abril, La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) no pudo argumentar supuestas comunicaciones de Torres y viajes fuera del departamento de Guatemala.

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La Feci justificó el retiro de las medidas de coerción otorgados a  Torres por una declaración de la testigo, Karin González Rimola, quien expuso sentir miedo si Torres llega a asumir la secretaría general del partido UNE.

Torres está procesada por un caso de Financiamiento electoral ilícito al partido UNE  en la campaña electoral del 2015 y se le señala de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por Q5.9 millones.

El recurso se interpuso en contra de la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez y argumenta que Torres guarda prisión de manera ilegal en el caso de supuesta corrupción del se le señala.

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De nuevo enferma, la excandidata de la UNE Sandra Torres regresa al hospital

Torres está ligada a un proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado por hechos relacionados a la campaña electoral de 2015 cuando corrió por la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según la jueza Claudette Domínguez, Torres consintió al menos siete aportaciones de dinero con un total de Q5.9 millones para la organización política que representaba y que no fueron reportadas.

La imputación inicial habla de más de Q19 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El 25 de octubre pasado, la excandidata fue trasladada por segunda ocasión a un sanatorio desde que fue implicada en el caso, pus supuestamente sufre padecimientos cardíacos.

El 22 de noviembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) terminó la investigación en contra de siete personas vinculadas al caso.

La investigación se efectuó en contra de siete personas implicadas, pero solo se pedirá que vayan a debate cinco de ellas.

Los detalles de las pesquisas fueron entregados al Juzgado de Mayor Riesgo A y así es como la Feci argumenta su señalamiento en contra de los siete procesados.

Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) detenida por un caso de financiamiento electoral ilícito, saldrá el 6 de octubre del hospital privado donde está internada.

La política fue ingresada 2 de este mes, por orden de Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, por posibles problemas cardíacos.

Carlos Morales, portavoz del Sistema Penitenciario, informó que esa entidad hará el traslado con base en la orden judicial girada por Domínguez.

Torres deberá regresar a Mariscal Zavala, donde guarda prisión provisional desde el 2 de septiembre, cuando fue detenida.

El Ministerio Público la señala de los delitos de financiamiento electoral ilícito y asociación ilícita, cometidos supuestamente durante la campaña electoral de 2015.

El 16 de octubre se celebrará la audiencia en la que Domínguez resolverá si liga a o no proceso a Torres, quien, con base en cinco argumentos, rechaza haber tenido relación con los hechos que le atribuye la investigación.