El informe forense no ordena la salida inmediata de Torres del hospital, y será la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, quien decidirá cuándo la excandidata debe regresar a prisión.

La excandidata por el partido UNE fue ingresada a un sanatorio privado en la zona 2 capitalina, el pasado 2 de octubre, y se tenía previsto que el domingo 6 de octubre regresara a la referida prisión en la zona 17.

El Ministerio Público la señala de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, delitos cometidos supuestamente durante la campaña electoral del 2015.

La salida de Torres de Mariscal Zavala fue luego de que médicos del Sistema Penitenciario (SP) al evaluarle la presión detectaron que era variable y el cardiólogo pidió enviarla a un hospital privado.

La excandidata guarda prisión provisional desde el 2 de septiembre pasado cuando fue detenida en su residencia.

Con información de Edwin Pitán

Sandra Torres, excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se puso a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo A, que conoce el caso de financiamiento electoral ilícito en 2015 para ese partido por Q27.7 millones.

El memorial que expresa la intención de Torres llegó al juzgado que preside Claudette Domínguez el 13 de agosto a las 9 horas.

Vinicio Salvatierra, abogado de Torres, se presentó a las 14 horas de este 16 de agosto al juzgado y mostró el pasaporte de la exaspirante de la UNE y manifestó que ella está en el país y no pretende viajar.

Agregó que el objetivo es que el juzgado la cite a declarar, y por tanto evitar una orden de captura.

Por el momento Torres goza de inmunidad que le concede el proceso electoral, la cual perderá cuando el Tribunal Supremo Electoral declare ganador a Alejandro Giammattei.

Un juez le practicó una exhibición personal esta semana a Torres para determinar que no está privada de sus libertades, a solicitud de la Fundación contra el Terrorismo, acción que la excandidata rechazó en Twitter.

Torres es señalada por la Fiscalía y la Cicig de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, por el caso de aportes en 2015 a la UNE por un monto que inicialmente fue de Q19.53 millones, pero que ahora subió a Q27.7 millones.