La Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a blindar la inmunidad del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de estar implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Y es que, de acuerdo con reportes periodísticos, en abril pasado, la CC rechazó un amparo planteado por el MP en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró sin lugar las diligencias de antejuicio contra Rojas, pero en esa oportunidad fue por el caso Fénix, en el que la Feci también lo señala de estar implicado.

En el caso Fénix, la petición para que se le quitara el derecho de antejuicio al magistrado Rojas fue porque se quería abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción, cuando este fungía como agente fiscal del MP.

Sin embargo, este lunes 12 de diciembre, se infirmó que la CC rechazó otro amparo interpuesto por la Feci, con el cual la Fiscalía pretendía que se dejara sin efecto el fallo de la CSJ del 9 de febrero pasado, que ordenó que no se le diera trámite a un antejuicio en contra de Rojas por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

En la última resolución, la CC rechazó el amparo planteado por la Feci, que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra Rojas, quien, según el MP, habría participado en la supuesta manipulación de la elección de cortes.

“Son evidentes los indicios que hacen viable la investigación de los supuestos hechos endilgados al magistrado, ya que estos aportan elementos de razonabilidad suficiente que hacen viable la procedencia del antejuicio y, por consiguiente, una investigación pues tales hechos, a la postre, podrían constituir delitos”, dice una parte del amparo del MP que fue rechazado.

“El acto señalado como agraviante fue emitido en forma incompleta, al no determinar que existieron declaraciones y medios de investigación que deben ser indagados con mayor amplitud, a efecto de determinar sobre la participación del antejuiciado en los hechos que se le endilgan; como consecuencia, se le limitó en sus funciones, haciendo nugatorios sus derechos, imposibilitando la determinación de culpabilidad y grado de participación del magistrado relacionado”, señala la CC

Además, detalla que “contrario a lo manifestado por el ente postulante, se aprecia que la autoridad reprochada realizó la labor previa de calificación de las diligencias de antejuicio que le asigna el artículo 16 de la ley de la materia, siendo su proceder acorde a la ley y a la doctrina legal asentada por esta Corte, al haber estimado la existencia de motivaciones espurias, al no haberse aportado elementos de razonabilidad con los que pudieran demostrarse y acreditar tales hechos”.

Caso Comisiones Paralelas 2020

En febrero de 2020, a raíz de la investigación por el delito de evasión en contra de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, el Ministerio Público pudo inferir intentos para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de la Corte de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

La investigación de la Fiscalía determinó en aquel entonces que la comisión de actividades criminales influenciaron indebidamente el proceso de selección de candidatos a magistrados que se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.

El pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejó un margen de riesgo de 1 voto.

Caso Fénix

Desde 2003, la justicia guatemalteca detectó una organización criminal que sustrajo al menos Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Exfuncionarios y particulares fueron sentenciadas por haber sustraído el dinero de los trabajadores, pero hay varios involucrados cuya participación continúa sin esclarecerse en los tribunales, en un proceso penal que es conocido como el caso Fénix.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un amparo solicitado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y resolvió que el juez undécimo José Eduardo Cojulún no podrá ser investigado por su presunta implicación en el Caso Fénix, reportaron este miércoles 27 de abril fuentes judiciales.

El 11 de mayo del 2021, la Feci señaló que Cojulún ordenó, a petición de la defensa, el cierre de la investigación para favorecer a todos los sindicados, especialmente a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien es el supuesto líder de la estructura que montó una trama de corrupción y lavado de dinero mediante la sustracción de Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

En aquel entonces, el Ministerio Público (MP) detalló que se buscaba investigar a Cojulún por obstrucción de justicia y prevaricato, por su participación como juez en el Caso Fénix, en el que habría procurado “preservar la impunidad de sindicados implicados por presunto lavado de dinero”.

La acusación detalla que el juez favoreció a Gustavo Adolfo Herrera Castillo, uno de los implicados en el caso, que fue anulado por la Sala Segunda de Mayor Riesgo el 27 de enero de 2021.

El MP buscaba esclarecer el lavado de Q350 millones desfalcados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para un proyecto de vivienda popular.

En el caso había 52 personas implicadas, incluidas el antiguo operador de cortes asilado en Nicaragua y que habría sido, según el MP, el cerebro detrás del desfalco, ocurrido en 2003.

La Fiscalía indicó que el 12 de diciembre de 2007, el juez Cojulún dictó una resolución “contraria a la ley”, a sabiendas de las actuaciones procesales, al ordenar sobreseimiento del proceso a pesar de tener conocimiento de “suficientes elementos de investigación que ameritaba continuar con la investigación”.

Según el MP, Cojulún tenía pleno conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba necesariamente continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada.

Añadió que pese a que la facultad de solicitar el sobreseimiento, corresponde al Ministerio Público, el juez señaló la audiencia convocando a todas las partes, misma que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2007, en la que se declaró con lugar el sobreseimiento a favor de todos los sindicados – sin que ninguno de ellos estuviera ligado a proceso penal-, entre ellos, Herrera Castillo, “conculcando el juez de esta manera la garantía procesal del debido proceso y el ejercicio de la acción penal, regulados en los artículos 12 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, variando sustancialmente las formas del proceso, por lo que la indebida aplicación de los preceptos procesales repercutió en que el juez decretara con lugar el sobreseimiento solicitado por la defensa”, señala el comunicado.

El MP añadió que el 1 de agosto de 2008, el juez Cojulún, a petición de la sociedad mercantil Escabel Management Group Ltd., señaló audiencia, la que denominó “restitución de dinero a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Al finalizar la discusión respectiva, el abogado quien representó a Gustavo Adolfo Herrera Castillo requirió la revisión de supuestas medidas de coerción.

Añadió que “la hipotética medida de coerción por revisar” era la orden detención que había girado el juez décimo de Primera Instancia Penal, en fecha 2 de junio de 2003.

“El juzgador, sabiendo que la orden de aprehensión no constituye una medida de coerción (que son impuestas después de escuchar la primera declaración de una persona), sino constituyen un mecanismo de llamamiento de una persona a proceso penal, no podía ser revisada de esa manera”, citaba el texto del comunicado del MP que fue difundido en esa oportunidad.

El gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad al prófugo guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, implicado en el caso Fénix, según publican medios nicaragüenses.

El edicto fue publicado en el diario oficial La Gaceta, de Nicaragua, país que le había dado asilo a Herrera, de 67 años.

“Herrera es acusado por una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), además de estafa propia, apropiación y retención indebida y se le dio asilo político en Nicaragua desde el 2018″, recuerda el diario1.com.

Cuando ingresó a Nicaragua, Herrera argumentó que era víctima de una persecución política, según expuso, orquestada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La Gaceta publica que Herrera es residente de Managua, es casado y su profesión u oficio es comerciante.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que dio vida al asilo político a favor de Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

La noticia trasciende un día después de que Guatemala se abstuvo de votar por la liberación de candidatos presidenciales que han sido detenidos en Nicaragua.

El Negociador

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

Fuga de película

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó.

Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

¿Quién es?

Herrera es originario de Cobán, Alta Verapaz. Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos. Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002.

El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró acerca de supuestos nexos de Herrera con el narcotráfico.

El Ministerio Público (MP) dijo este jueves 29 de abril que, dentro de la investigación del caso Fénix, hubo hallazgos que sugieren que el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, habría participado como notario en empresas de Gustavo Herrera, quien es prófugo de la justicia por ese caso.

Según el MP, la documentación donde figura el nombre de Molina Barreto están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Se trata de las entidades Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A., que fueron utilizadas para el presunto lavado de Q350 millones, según la investigación.

En su oportunidad, la Feci señaló que el caso Fénix consistía en una red criminal que usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

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Magistrado se defiende

El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión que por el momento no tiene conocimiento oficial de la información que dio a conocer la Feci y que le gustaría tenerla.

Recordó que cuando se postuló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ocupar la magistratura en la CC para finalizar el periodo 2016-2021, una persona hizo una objeción por ese tema y dijo que una empresa tenía que ver con Herrera.

Molina Barreto dijo que por esa razón acudió al Archivo General de Tribunales a sacar una certificación del expediente y determinó que no había ninguna relación de Gustavo Herrera con esa empresa, por lo cual lo presentó el documento a la CSJ y ellos desestimaron la objeción que le habían hecho para postularse a magistrado de la CC.

El magistrado explicó que esa relación que le hacen con la empresa fue hace más de 20 años y él no recuerda exactamente las sociedades anónimas ni los socios de estas y solamente pudo verificar en el Registro Mercantil el nombre de los representantes legales y en ninguno de ellos figuraba Herrera.

“Yo me di a la tarea de buscar a los representantes legales de esa empresa en el Registro Mercantil y no aparecía ninguno con apellido Herrera y yo presenté eso a la Corte Suprema para desvanecer esa objeción”.

El magistrado también afirmó que anteriormente tenía un bufete cono otros asociados, uno ya fallecido, en donde compartían asuntos notariales, litigio y otros procesos.

Aseguró que Herrera nunca fue su cliente y expresó: “cliente mío, así directo o que haya una factura de honorarios o algo así, no”.

Refirió que en todo caso, si hace 20 años él hubiera realizado algún servicio para alguna empresa vinculada con Herrera, él desconoce si para entonces esta persona ya estaba vinculada a algún hecho ilícito.

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El caso Fenix

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por suplentes, anuló el 27 de enero pasado el caso Fénix, relacionado con lavado de Q350 millones en IGSS, el cual estaba a cargo de la Feci.

En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Herrera.

Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.

El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por suplentes, anuló el caso Fénix, relacionado con lavado de Q350 millones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el cual estaba a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Gustavo Herrera, un antiguo operador de cortes asilado en Nicaragua y que fue el cerebro detrás del desfalco al IGSS en 2003.

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Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.

El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.

El caso

Según la Feci, una red usó empresas de sociedades anónimas y limitadas, así como una off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., financieras vinculadas a Herrera, habrían vendido por Q232.7 millones, cuando le habrían costado Q220 mil. Hasta julio de 2013, las autoridades habrían recuperado Q228.5 millones de los Q350 millones defraudados.