Tres procesadas en el caso por la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) por más de Q35 millones podrían someterse a la figura de aceptación de cargos, informaron este viernes 10 de marzo fuentes judiciales.

El caso para las exempleadas del MP se encuentra en etapa intermedia, es decir, la fase del proceso en la que el juez decidirá si van o no a juicio.

Ante la próxima convocatoria a una audiencia, los abogados de las tres sindicadas empezado a efectuar las consultas para someterse a la figura especial de aceptación de cargos; sin embargo, el Juzgado Segundo Penal aún no reporta que haya recibido una solicitud formal para que las señaladas acepten la culpa.

En esta fase del caso hay tres exempleadas del MP que son sindicadas de fraude y fueron ligadas a proceso penal el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Undécimo; además, la representante de una fundación también aceptaría los hechos.

Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa, es señalada de fraude y abuso de autoridad; Diana Odette Benavides Lázaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP, fue sindicada de fraude e incumplimiento de deberes; mientras que Lourdes Leyton, de la Fundación Gradiosa es Fusión, es señalada de apropiación indebida de tributos. Las tres aceptarían los cargos.

En este caso también está procesada Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativa del MP, pero ella no aceptaría los hechos.

En la compra del edificio, ubicado en la zona 5 de la capital, está implicada la exfiscal general Thelma Alda y el empresario William Balz Gallardo.

Aldana está exiliado en Estados Unidos desde 2018, pero la Fiscalía gestiona su extradición, de hecho, el pasado jueves un juzgado autorizó que se haga una segunda solicitud formal ante EE. UU.

La adquisición del inmueble ocurrió en 2017 y, según la pesquisa, el propietario, Balz Gallardo, usó empresas de cartón para concretar la venta.

El 25 de enero último, Mynor Lobos, ante una jueza aceptó haber actuado como testaferro del empresario Balz Gallardo en la venta del edificio.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, dictó sentencia condenatoria este miércoles 25 de enero a Mynor Enrique Lobos, quien durante el juicio por el caso Edificio MP se acogió a la figura de aceptación de cargos por el delito de testaferrato.

Lobos aceptó haber actuado como testaferro del empresario William Balz Gallardo en la venta del edificio que se vendió por Q35 millones al Ministerio Público (MP) durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana.

El sindicado admitió ante la jueza haber sido testaferro y señala como principal operador de la venta del edificio al empresario William Balz Gallardo.

De esa cuenta, la jueza Cifuentes dictó sentencia condenatoria contra Lobos de tres años y cuatro meses de prisión conmutable a Q5 diarios.

El MP solicitó una pena de 8 años de cárcel y Q50 mil de multa; sin embargo, la jueza determinó que la sentencia sería de tres años y cuatro meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios, así como el pago de Q33 mil de multa.

Lesivo

El 25 de septiembre de 2020, el MP declaró la lesividad en el contrato de compra del edificio de la zona 5 de la capital, durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana y por el cual tiene orden de captura.

En el documento, firmado por la Fiscal Consuelo Porras y por el secretario general del MP, Rony López Contreras, se detalla que el 11 de octubre de 2017 el MP, a través de la Jefatura Administrativa suscribió el contrato de compra-venta del edificio, ubicado en la Diagonal 14, bulevar de La Asunción 21-32, Colonia Arrivillaga,  zona 5, de la ciudad de Guatemala.

Según el MP, se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala el contrato de compra-venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.

El caso

El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La orden de captura contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa del 13 de septiembre de 2019.

Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.