El juez Fredy Orellana, ordenó este 13 de febrero que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) abra una investigación contra Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.

En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar,  Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaran en arresto domiciliario y reprochó que Alfaro haya acudido a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución.

La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.

Morales le pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.

“Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites del apoyo que esta -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.

La fiscal recordó que los hechos imputados contra las trabajadoras del TSE ocurrieron antes de que  Alfaro tomara el cargo de magistrada presidenta y que eso causa suspicacia. Además, dijo que Alfaro ya tiene petición de retiro de derecho de antejuicio, – pendiente de resolverse- por intentar interferir en una diligencia en el TSE.

“que mejor para destruir, modificar, ocultar, suprimir u falsificar medios de prueba que contar con el apoyo de la máxima autoridad. Esta representación, por ese motivo considera que existe la grave sospecha que, las sindicadas, puedan tener todo el acceso que quieran a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, impunemente, y jamás alguien podría enterarse”, dijo la fiscal.

Resolución

El juez Orellana resolvió arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición absoluta de comunicarse o visitar a cualquier empleado o funcionario activo en el TSE, prohibición absoluta a cualquier sede del TSE en toda la república y prohibición comunicarse con cualquier persona que en el actual proceso aparezca como coimputada, procesada o personas condenadas en el caso.

Orellana también accedió a la petición del MP y ordenó a la Feci investigar a la presidenta del TSE por obstaculización a la acción penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que el juez ligó a proceso a las empleadas del TSE por incumplimiento de deberes y señaló que dos de ellas aceptaron someterse al procedimiento de aceptación de cargos y contra las otras dos, el MP tendrá seis meses para investigar.

Dijo que el 14 de febrero se llevará a cabo el proceso de aceptación de cargos contra las sindicadas Katherine Johanna Quezada Villatoro y Luz Elena de León Carreto y allí se decidirá su situación jurídica.

Las otras dos sindicadas fueron las que recibieron arresto domiciliario.

En cuanto a la orden de investigar a la magistrada Alfaro, Curruchiche dijo que fueron testigos cuando ella mostró apoyo a las trabajadoras del TSE, pero que la Feci considera que ese acto tiene implícitamente tiene un componente de mando de autoridad, una relación entre ella y las trabajadoras.

Sancionados

El pasado 2 de febrero, la fiscal Leonor Morales; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana – junto a la jefa del MP, Consuelo Porras y al secretario de la institución Ángel Pineda-, fueron sancionados por la Unión Europea el  por acciones que socaban la democracia y el estado de Derecho en Guatemala.

Se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y el juez Orellana también están sancionados por Estados Unidos, pues fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos en Centro América.

Luego de haber decretado una reserva parcial de la audiencia, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, empezó la diligencia de primera declaración de cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son señaladas en el caso Corrupción Semilla, informaron este lunes 29 de enero fuentes judiciales.

Al haber declarado la diligencia bajo reserva, la audiencia se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de la Prensa.

Se trata de Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) vincula en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo y el cual fue suspendido por el juez Orellana.

Luego de varios minutos, Orellana suspendió la audiencia y la reprogramó para el 7 de febrero.

Se sabe que solo los abogados defensores de Luz Elena de León Carreto y Jennyfer Mireya Estrada Escobar tuvieron intervención, mientras que los de Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaron a la espera.

De acuerdo con la información, la audiencia se suspendió porque el juez Orellana debía atender otras diligencias.

Al juzgado se presentó Blanca Alfaro, presidenta del TSE, para respaldar a las cuatro trabajadoras del Tribunal, aunque no se pronunció sobre la situación de las señaladas.

De momento se desconoce los hechos concretos que la Fiscalía imputará a las cuatro trabajadoras del TSE.

En este caso, José Alejandro Rueda Lone, oficinista IV del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos de los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

La FECI señala a personal del TSE por haber autorizado la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pues de acuerdo con los señalamientos, hubo reportes de firmas falsas en las actas de afiliación de dicha agrupación.

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones otorgó amparo definitivo al diputado Samuel Pérez Álvarez, quien ahora podrá tener acceso al expediente del caso Corrupción Semilla, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

El caso contra Semilla se desarrolla en el Juzgado Séptimo Penal a cargo del juez Fredy Orellana.

Con este amparo se le ordena al juez Orellana explicar las razones del por qué no se ha dado acceso al expediente de investigación que se lleva contra el partido Movimiento Semilla, que llevó a la Presidencia a Bernardo Arévalo.

El documento ordena al juzgado que, en un plazo de cinco días desde la recepción de la ejecutoria, emita una nueva resolución.

Este amparo es en definitiva y el juzgado deberá remitir una copia certificada a la Corte de Constitucionalidad (CC).

El caso

A principios de diciembre de 2023, la Feci, durante una conferencia de prensa dio detalles sobre una investigación que lleva esa fiscalía contra Semilla por supuestas irregularidades en la constitución del partido.

El caso fue denominado Corrupción Semilla. José Alejandro Rueda Lone, quien fue empleado del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del TSE, es la primera persona condenada en este caso por los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.

Para el 9 de enero pasado se tenía programada una audiencia de primera declaración ante el juez Fredy Orellana, pero esta se suspendió por la incomparecencia de una de las cuatro sindicadas y se reprogramó para el próximo 29 de enero.

En esa oportunidad, Andrea Reyes, diputada por el Partido Semilla, acudió al juzgado para intentar ingresar a las audiencias; sin embargo, se le indicó que no podía participar debido a que esta era únicamente para sindicar a las personas citadas.

El pasado miércoles 23 de enero se conoció que el partido FCN-Nación, Samantha Figueroa, representante legal del partido Cambio, y Roberto Hernández, excandidato a diputado por el partido Unión Republicana, solicitaron al juzgado a cargo de Orellana ser querellantes en el caso.