Un juzgado de Guatemala condenó este miércoles 6 de septiembre a ocho años de prisión al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), ya encarcelado, en otro de los casos de corrupción que lo obligó a renunciar en 2015 y que, de acuerdo con sus declaraciones, su dimisión no fue empujada por las protestas ciudadanas de ese entonces.

La jueza Eva Recinos dictó la sentencia condenatoria luego de que el exgobernante aceptara la culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y otros activos, cohecho pasivo y fraude.

“El acusado Otto Fernando Pérez Molina es autor responsable” de los tres delitos y se le impuso una condena de 16 años de cárcel, pero como se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos la pena se redujo a la mitad, precisó Recinos.

El exmandatario además deberá pagar una multa de más de US$3 millones.

La sentencia por el caso denominado “Cooptación del Estado”, vinculado con el saqueo de fondos públicos, es la segunda impuesta a Pérez Molina en menos de un año.

“Yo no renuncié por los movimientos que hicieron las manifestaciones que fueron a hacer, si la manifestación no llegó a más de 40 mil gentes, yo hubiera podido poner tres veces más de las 40 mil gentes”, dijo Pérez Molina respecto a los movimientos sociales que surgieron contra su gobierno.

El exmandatario recordó que un medio de comunicación hizo una encuesta sobre su renuncia y asegura que “el 54% de los guatemaltecos dijo que yo no debería de renunciar, que debería de terminar mi periodo; sin embargo, vine a dar la cara -a la justicia-, pero en estos 8 años me estoy dando cuenta de que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada”.

Agregó que “no tengo una sentencia firme después de 8 años, donde yo voluntariamente me presenté”; además, dijo que en el caso La Línea “me condenaron sin tener pruebas (…) me condenaron sin pruebas, me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan el en complicidad, pero dicen que no me enriquecí, que no recibí dinero, entonces cómo así, es una sentencia realmente ridícula”.

Pérez Molina, un general retirado, ya fue condenado a 16 años de prisión inconmutables el pasado 8 de diciembre por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B de la capital guatemalteca, adonde Pérez Molina se presentó con playera y saco negro. Tras la sentencia el expresidente nuevamente fue enviado a prisión.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción” de una terminal en un puerto en el Pacífico, al sur de la capital, reconoció.

“Si yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas (…), pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, agregó.

Según la acusación, Pérez Molina integraba una estructura ilegal junto a su vicepresidenta Roxana Baldett para recibir millones en sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas. Baldetti ya fue condenada en otros dos casos de corrupción.

Pérez Molina, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.

La Fiscalía destapó los casos de corrupción con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado entre 2007 y 2019.

El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) se declaró culpable este miércoles 6 de septiembre de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, y fue condenado a ocho años de prisión.

Pérez Molina, de 72 años, decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusa.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Eva Recinos, quien el martes 22 de agosto benefició al expresidente con arresto domiciliar y el pago de una fianza que le permitiría salir de prisión.

Pérez Molina le dijo a la jueza que estaba consciente de qué implica la aceptación de cargos y dijo que el se sometía a esta figura de forma voluntaria.

Luego la jueza le dio la palabra al exmandatario y este se declaró culpable de los tres delitos que le imputó el Ministerio Público, fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.

“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción de la terminal de contenedores TCQ, esto porque yo estaba consciente de la necesidad que había y que sigue existiendo del tiempo que se tardaban los barcos para descargar y eso le subía el costo a los guatemaltecos y consciente de eso yo sí tomé la decisión y por eso acepto eso, y si yo cometí una omisión, error o delito estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver en los puestos para que este proyecto se llevara a cabo, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, dijo Pérez Molina.

Señaló que sindicatos y autoridades del Puerto Quetzal se oponían a un proyecto así, pero cuando él tomó posesión del cargo de presidente, ya ese puerto estaba intervenido y él permitió que siguiera así, pensando que con eso se agilizaría la construcción del proyecto.

Afirmó que él ordenó y dio seguimiento al proyecto, porque le interesaba que se llevara a cabo y no se estancara.

Reconoció que él se enteró de muchas cosas que sucedieron en el puerto hasta que lo acusaron del caso Cooptación del Estado y también que nombró a Juan Carlos Monzón para que facilitara las cosas en el proceso, pero ahora entiende que él excedió muchas cosas sin consultarlas, y por eso acepta que no dio supervisión, omitió otras y otras que no supervisión.

Dijo que en transcurso del proceso se cometieron ilegalidades, se dio dinero que no se tuvo que haber dado, pero que acepta que era responsabilidad suya.

En el caso de cohecho pasivo, dijo que está muy relacionado con el de fraude, pues la acusación dice que para autorizar la terminal de TCQ tuvo que permitir o no supervisar a Monzón, que hizo una serie de negociaciones que escaparon a su supervisión y por eso acepta el cargo.

Recordó que cada vez que el mayor accionista de la empresa vino al país, se reunió con él pero nunca hablaron de temas relacionados a dinero y allí fue donde no hubo supervisión de las anomalías que cometió Monzón.

“Acepto la responsabilidad porque debí estar enterado de que personas como Juan Carlos Monzón estaban haciendo estas cosas y yo no hubiera tenido la información o haber omitido o no haber supervisado que estas cosas se hubieran dado”, señaló Pérez Molina a la jueza.

Lavado de dinero

En este delito, Pérez Molina señaló que en la acusación se señala que él lavó dinero y que él no estaba allí para defenderse sino para aceptar los cargos, y que independientemente lo que dijera la acusación y que él pudiera justificarse, lo que sí podía decir es que todo lo que pasó fue por omisiones que él tuvo y falta de supervisión a las personas como Monzón.

Detalles de la sentencia

Fraude

Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.

Cohecho pasivo

• Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Lavado de dinero

• Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.

Otras sanciones

• Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
• También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.

El caso

El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.

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Otra condena

En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.

Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.

Un juzgado reprogramó para octubre el proceso judicial contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) acusada de corrupción.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco decidió reprogramar la audiencia para octubre, debido a una excusa presentada por el Ministerio Público (Fiscalía).

Baldetti y su defensa podrían aceptar los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo, de los cuales se le acusa por una trama de corrupción ocurrida durante el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015.

El caso de corrupción, conocido como Cooptación del Estado, se trataba de una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

La jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, le negó este martes la anulación de caución por Q300 mil a Jonathan Chévez en el caso Cooptación del Estado.

Chevéz, por medio de sus abogados había solicitado que se anulara esa caución que lo mantiene en prisión preventiva por ese caso.

Sin embargo; en la sesión la Procuraduría General de la Nación señaló que el sindicado no había reunido los requisitos para ser beneficiado con la supresión del pago de los Q300 mil.

El 29 de mayo pasado, Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con imputados del caso, y caución.

La Corte de Constitucionalidad, en febrero pasado, resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En el caso Bodegón también está vinculado Chevéz y la defensa pedirá arresto domiciliario, aunque no hay fecha aún de la audiencia.

El Juzgado de Mayor Riesgo B aceptó este jueves 1 de junio reducir la fianza a Jonathan Chévez de Q1 millón a Q300 mil. Chévez es acusado en el caso Cooptación del Estado.

Además, el Ministerio Público solicitó un estudio socioeconómico al procesado en caso no pueda pagar la fianza.

El lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

En esa ocasión, los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo y prohibición de comunicarse con imputados del caso.

También le impuso la caución de Q1 millón, la cual fue reducida.

La investigación del Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón.

Ha sido señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron Guatemala.

Lea también: Juan Carlos Monzón es condenado como colaborador eficaz en el caso La Línea y Cooptación del Estado

El caso

El caso Cooptación del Estado se originó de la investigación del caso La Línea.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, etc, en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota (PP) llegara al poder.

En el caso Cooptación del Estado, los más de 50 sindicados urgen para mayo próximo ir a etapa intermedia, en la que se determinará si van o no a juicio, pero antes tratan de impedir que se concrete la colaboración eficaz de tres sindicados que llegaron a acuerdos en 2018 con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Los colaboradores eficaces deben de formalizar su figura y beneficios declarando en anticipo de prueba ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, aunque en los últimos cinco años Ingrid Marisol Dávila Álvarez, María del Carmen Palencia Espinosa y Víctor Hugo Hernández no han podido declarar.

En el proceso ha habido demoras por amparos, agenda saturada del juzgado y cambios de juez desde que Miguel Ángel Gálvez se exilió.

En 2018 se avaló la colaboración eficaz y en el punto tercero de los acuerdos se tiene por obligatoriedad la declaración ante el juez. De no hacerlo y empezar la etapa intermedia, los sindicados podrían perder los beneficios que consensuaron con la Feci del Ministerio Público.

“Como consecuencia del presente acuerdo, el procesado o colaborador se obliga a rendir información testimonial en calidad de anticipo de prueba ante el juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del grupo B del departamento de Guatemala para efectos de producir prueba legal y legítima en contra de los partícipes y cualquier otra persona que pudiera estar sindicada dentro de la investigación”, determinan los convenios.

La audiencia de etapa intermedia se programó para el 2 de mayo próximo, y la Feci en menos de 11 días debe justificar y convencer a la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, de lo necesario de las declaraciones para que sean escuchados y no arriesgar los convenios.

Colaboradores

Entre los colaboradores eficaces está Hernández, quien fue contador y representante de un conglomerado de empresas que coordinó Juan Carlos Monzón, quien fue secretario de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Ese conjunto de empresas, por la investigación de la Feci se determinó que no existían, y por medio de ellas en la campaña de 2011 se recibieron aportes para el Partido Patriota (PP).

La investigación establece que las empresas de Hernández le entregaban facturas falsas y, en ocasiones, por servicios intangibles y difíciles de rastrear como “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Unos Q15 millones habría recibido Hernández por medio de la empresa que administraba y que eran parte de la red de Monzón y Baldetti.

Asimismo, Palencia Espinoza posee información de interés en el caso por haber sido la secretaria de Hernández.

La colaboración de Dávila Álvarez interesa a la Feci porque ella fue secretaria de Monzón en las empresas que tuvo, como por ejemplo en Canchas Deportivas, S.A. Ella a los fiscales les ha relatado cómo los operadores del extinto Partido Patriota acudían a la compañía.

Baldetti

En la audiencia de este miércoles, Baldetti anunció que no tenía representación legal y el abogado Gustavo Juárez confirmó su renuncia a continuar brindado su asesoría.

La jueza Recinos ordenó a Juárez continuar con la representación a la ex vicepresidenta hasta que consiga nuevo abogado.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti se quedó sin abogado defensor en el proceso que se sigue en su contra en el caso Cooptación de Estado, el cual continua con una audiencia de anticipo de prueba el miércoles 19 de abril, reportaron este martes fuentes ligadas al caso.

Baldetti se quedó sin la asesoría de su abogado, debido a que el profesional no ha percibido el  pago de honorarios, por lo que esa vacante debe ser llenada lo antes posible, para no afectar el desarrollo del proceso.

El abogado Gustavo Juárez confirmó que renunció de la defensa de Baldetti por falta de pago, y agregó que es la segunda vez que lo hace por la misma razón.

Añadió que en la primera oportunidad llegó a un acuerdo con la exvicemandataria, por lo que siguió con la defensa; sin embargo, en esta ocasión no se logró ningún convenio.

Sin embargo, Juárez dijo que la jueza a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, en su resolución ordena que Juárez acompañe la defensa de Baldetti, mientras que la procesada determina qué hacer.

Juárez dijo que lo más prudente es que se gestione un abogado de la Defensa Pública Penal, pues asegura que en la audiencia del miércoles volverá a ratificar su renuncia.

El caso Cooptación del Estado se originó de la investigación del caso La Línea.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, etc, en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota (PP) llegar al poder.

La jueza de mayor riesgo B, Eva Recinos, rechazó este martes 14 de febrero la solicitud de medidas sustitutivas a la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el caso Cooptación del Estado y ordenó que la procesada sea evaluada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informaron fuentes judiciales.

Además de la petición de arresto domiciliario, la exvicemandataria también solicitó a la jueza poder someterse a un tratamiento médico, por lo que la juzgadora determinó que previo a eso debe ser evaluada por el Inacif.

A solicitud de defensor de Baldetti la jueza declaró la diligencia bajo reserva parcial, por lo que esta se celebró a puerta cerrado y sin la presencia de medios de comunicación.

Al concluir la audiencia, trascendió que la vicemandataria dijo que padece de fuertes dolores en la columna, por lo que considera pertinente salir de la prisión para someterse a un tratamiento médico que podría concluir con una cirugía.

La solicitud de Baldetti ocurre a pesar de que está ligada a otro proceso penal en el cual no tiene derecho a arresto domiciliario y, además, cumple dos condenas por otros casos de corrupción.

La jueza Recinos escuchó los argumentos de Baldetti y su defensa, rechazó la solicitud de medida sustitutiva y ordenó que el Inacif examine a la procesada.
Además, la jueza dio un plazo de 48 horas para que un médico que ha atendido a Baldetti entregue un informe que detalle los padecimientos de relacionados a la posible cirugía.

Baldetti aún debe enfrentar dos procesos penales por su posible participación en los casos Registro de Información Catastral, Cooptación del Estado y su extradición a EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico.

La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.

Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.

El juez suplente de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, dejó sin efecto la orden de captura en contra del empresario suizo Jürg Widmer Probst, vinculado al caso Cooptación del Estado, y lo cita a rendir primera declaración el próximo 30 de enero.

Jürg Widmer Probst está prófugo de la justicia desde junio de 2016, vinculado con el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, una red criminal que, según la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”.

Esta red fue vinculada al gobierno del Partido Patriota y al entonces mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Jürg Widmer Probst tenía orden de captura por el delito de cohecho activo. Fue contratista de grúas portuarias, representante de empresas privadas y se le ha señalado de pagar sobornos millonarios a Pérez Molina y Baldetti.

En la investigación de la desaparecida Cicig Jürg Widmer Probst, y otras personas eran señalados como operadores políticos y económicos de alto nivel que rodeaba el poder durante el gobierno del Patriota.

Agregaba que ll nivel más alto y directamente vinculado a los poderes céntricos estaba conformada por Juan Carlos Monzón Rojas y Gustavo Adolfo Martínez Luna, el primero secretario privado de Baldetti.

Varios procesados en el caso de corrupción Cooptación del Estado fueron beneficiados este lunes 16 de enero con una ampliación de las medidas sustitutivas que ya gozaban desde hace varios años, con lo que ahora pueden desplazarse hacia cualquier parte de Guatemala.

Se trata de los procesados Daniela Beltranena, Carlos Batzín, Juan Pablo Salazar, Rudy Gallardo, Manuel López y Juan Luis Ortiz, quienes solicitaron una medida sustitutiva procesal y no por razones humanitarias.

El juez suplente de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, quien conoce el proceso, aceptó la petición y el Ministerio Público (MP) estuvo de acuerdo con la medida que hora les permite movilizarse en todo el país.

Sin embargo, los procesados deben firmar una vez al mes en la sede central del MP, no pueden relacionarse con coimputados del caso; además, tienen arraigo y salen del país solo con autorización del juzgado.

Todos estaban libres desde hace tres, dos y un año, cuando se les otorgó medidas sustitutivas por razones humanitarias, según se informó.

El caso Cooptación del Estado evidenció otra red de corrupción dirigida por los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero que cooptó las instituciones del Estado aún antes de llegar al poder.