La exdiputada Daniela Beltranena, del Partido Patriota, y persona de confianza de Roxana Baldetti, fue condenada este jueves 16 de noviembre por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero mediante la figura de aceptación de cargos por el caso de corrupción Cooptación del Estado.

La audiencia fue presidida por la jueza Eva Recinos, quien emitió una condena de seis años de prisión, a razón de Q5 diarios, a los cuales deberá abonarse el tiempo que estuvo privada de libertad.

Como parte de la condena, la exfuncionaria deberá pagar una multa de Q69 mil 250.

El caso Cooptación del Estado se originó de la investigación del caso La Línea.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros, en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota (PP) llegara al poder.

Lea también: “Yo no renuncié por las manifestaciones”, dice Otto Pérez Molina luego de sentencia en caso de corrupción

Este caso se trataba de una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

 Condenada en caso RIC

Además del proceso que Beltranena enfrenta por el caso Cooptación del Estado, el 2 de octubre de 2019 fue condenada a tres años de prisión conmutables por el caso Registro de Información Catastral (RIC): Caja de Pagos.

En esa ocasión, Beltranena se disculpó por las acciones en las que habría incurrido.

El 6 de septiembre pasado, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, por lo que fue condenado a 8 años de prisión, pero este lunes 30 de octubre se le impuso el pago de una multa de Q4.6 millones en reparación digna a favor del Estado de Guatemala.

Este miércoles, el Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió que el exmandatario deberá pagar Q4.6 millones al Estado en reparación digna, debido a que se sometió a la figura de aceptación de cargos por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en el mencionado caso de corrupción, cuya estructura habría recibido Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales, según la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Detalles de la sentencia

Fraude

Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.

Cohecho pasivo

Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Lavado de dinero

Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil 750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.

Otras sanciones

• Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
• También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.

El caso

El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti cumple dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.

El expresidente Otto Fernando Pérez Molina será trasladado de nuevo a la cárcel de Mariscal Zavala, luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez aceptara la solicitud de la defensa, que argumentó temor a que el exmandatario se contagiara de coronavirus en el Centro Médico Militar, donde fue internado por quebrantos de salud.

El exmandatario está procesado en varios casos de corrupción, entre ellos “Cooptación del Estado”, y desde hace varios meses está internado en el Centro Médico Militar.

Luego de la resolución del juez, el traslado puede ocurrir en cualquier momento, por lo que se presume que el mandatario pasará la Navidad en esa prisión.

En cinco ocasiones el exmandatario ha solicitado que se le beneficie con arresto domiciliario, pues cree que es vulnerable al covid-19 por ser mayor de 60 años y estar afectado por una cardiopatía, pero el juez Gálvez le ha negado esa petición.

El expresidente está procesado por el caso La Línea y en el caso Cooptación solicitó desde el 2019 una medida sustitutiva para poder quedar en arresto domiciliar, sin embargo, esa petición ha sido denegada en varias ocasiones.

El caso Cooptación es una investigación que señala a varios miembros del Partido Patriota (PP) que supuestamente lograron establecer una red que cooptaba al Estado y cometía varios actos de corrupción.

El abogado Edwin Mayén informó este lunes 2 de noviembre que cuando la familia disponga de recursos, nuevamente se planteará la solicitud y se enviará la información del centro asistencial al Juzgado de Mayor Riesgo “B” que tiene este caso Cooptación del Estado, en el que está involucrada le exvicepresidenta.

El 1 de octubre recién pasado, la funcionaria se rehusó a ser atendida en un centro sanitario público por temor a contagiarse de covid-19.

Baldetti ha reclamado atención médica por problemas en la columna, dolor en un brazo que le impide sujetar cosas y teme quedar en silla de ruedas.

El 17 de septiembre último, Mayén insistió en que Baldetti solo aceptará atención médica en un hospital privado.

El 28 de julio último, agentes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses examinaron a Baldetti en la cárcel de Santa Teresa, de lo cual recogieron en un informe.

En agosto del 2018 Baldetti también se negó a ser trasladada de la cárcel de Santa Teresa al Hospital General San Juan de Dios para una cita con un médico.

En prisión desde el 2015

En prisión desde el 2015, Baldettiya fue condenada a 15 años de cárcel por el fraude en la limpieza del Lago de Amatitlán, y enfrenta otros procesos, como La Línea, Cooptación del Estado y RIC, más un proceso de extradición por narcotráfico hacia Estados Unidos.

La “Casa bonita” en la que residía el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y su familia, seguirá inmovilizada, pues la Sala Segunda de Mayor Riesgo suspendió el trámite de un amparo con el que se buscaba levantar la medida cautelar.

La acción legal se planteó a través de la sociedad Xesuj S. A. utilizada para la compra del inmueble de la familia Sinibaldi.

La vivienda de la familia Sinibaldi está ubicada en Santa Catarina Pinula y está inmovilizada, junto a otras propiedades que,  según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, eran utilizadas por Sinibaldi como oficinas, bodegas, casa de campaña del Partido Patriota, y para recreo o convivencia familiar.

El exministro de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la Justicia este lunes 24 de agosto, luego de haber permanecido prófugo desde el 2016.

Alejandro Sinibaldi volvió de Florencia, Italia a Guatemala para encarar cinco casos de alto impacto en su contra, luego de que pasó cuatro años y tres meses prófugo de la justicia. Uno de los eventos del caso Cooptación del Estado, conocido como La Cooperacha, es el que debe encarar primero y la audiencia de primera declaración que estaba programada para hoy fue suspendida, por lo que será realizada el próximo lunes.

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), el exfuncionario está señalado de realizar aportes dinerarios de aparente origen ilegal para adquirir lujosos regalos y así celebrar los cumpleaños del expresidente, Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. Exbinomio presidencial del extinto Partido Patriota (PP), que está en prisión sindicado por otros casos de supuesta corrupción.

La Fiscalía Contra la Corrupción (Feci) del Ministerio Público (MP) señaló este lunes 3 de agosto que Beltranena y Ortiz violentaron la medida sustitutiva de arresto domiciliario, por lo que solicitan que sea revocada y que regresen a prisión.

Fotografías presentadas por la Feci, revelan que Beltranena salió de su casa el 2 de marzo último para reunirse con el diputado de FCN Nación, Javier Hernández, en un centro comercial de carretera a El Salvador.

La Fiscalía también mostró imágenes de cuando Ortiz participaba en una manifestación el pasado 18 de junio en contra de las restricciones que impuso el Gobierno para frenar el avance la pandemia de coronavirus.

Otra imagen muestra a Ortiz en un centro comercial que no fue determinado. Por esas razones, la Feci considera pertinente que el juez ordene el regreso a prisión de ambos procesados.

Beltranena está ligada a proceso penal en el caso Cooptación del Estado por tráfico de influencias y abuso de autoridad y goza de la medida sustitutiva de arresto domiciliario desde el 12 de septiembre de 2018.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, discutirá el retiro o no de la medida sustitutiva de Beltranena y de José Luis Ortiz el 2 de septiembre próximo, pues de debe tomar en cuenta el grado de vulnerabilidad que hay en las prisiones ante los casos de coronavirus.

“Vamos a ver cómo se desarrolla la medida sustitutiva en el caso Cooptación del Estado”, dijo Gálvez.

Se intentó conocer la versión del diputado Javier Hernández con respecto a la reunión con Beltranena, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.