El fiscal Stuardo Campo fue capturado este viernes 26 de mayo de 2023 por una orden en su contra derivada de una denuncia interpuesta por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), en la que se le señala por sus actuaciones en los casos Bitkov, Tamaulipas y Alfa Siete.

El Juzgado Noveno giró la orden de captura contra Campo, pero el fiscal declaró a su llegada a Torre de Tribunales que ya tenía conocimiento de la misma y el pasado jueves 25 de mayo lo habló personalmente con la fiscal general María Consuelo Porras.

“Un juzgado giró una orden de aprehensión en mi contra por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, pero es una denuncia espuria presentada por la Fundación Contra el Terrorismo que sabemos que sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de operadores de justicia”, declaró Campo.

Lea también: Ligan a proceso a la Patrona por asociación ilícita, pero podrá salir libre si paga una fianza de Q30 mil

Denuncia

En la acusación de la FCT se reclama por el caso Bitkov, en el que supuestamente se desvió la investigación por una denuncia que presentó la familia rusa con el fin de que esta no afectara a la exsecretaria general del MP, Mayra Veliz. Pero según Campo, “es totalmente falso” y son “señalamientos espurios”.

Otro acto denunciado por la FCT es el caso Tamaulipas, en el que se señala que durante los allanamientos se sustrajeron Q80 mil a pesar de que se presentaron documentos que demostraban el origen del dinero. Se describe que “Campo y otros fiscales incautaron el efectivo”.

Pero, según el fiscal, la incautación estaba dentro de las facultades legales que tienen los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil siempre y cuando se cuente la autorización de un juez competente.

“A priori no se puede determinar si el dinero es procedente de una actividad lícita o ilícita, así es que desde ese punto de vista, era necesario proceder al secuestro del determinada suma de dinero que fue localizada, pero no se cometió alguna ilegalidad”, dijo al adentrarse a Tribunales, esposado y escoltado por agentes.

Lea también: VIDEO: Asaltan a universitarios de Odontología en la zona 1 y se pronuncia Asociación de Estudiantes

Caso Alfa Siete

Por el caso Alfa Siete, se menciona en la denuncia que se privó de su libertad de manera ilegal a una persona de la tercera edad por 27 días, por un “error”.

El mismo fiscal Campo aseguró que él pidió la falta de merito al establecer que la persona detenida no tenía relación con el proceso investigativo.

Conversó con Porras

Campo aseguró que un día antes de su detención, el pasado jueves 25 de mayo, abordó a la fiscal general Consuelo Porras al enterarse sobre la orden de detención.

“No me sorprende, ya lo sabía, ayer mismo le informé a la señora fiscal general que estaba a la disposición del Ministerio Público y Tribunales de Justicia porque no tengo nada que esconder, ocultar, ni nada que temer”, argumentó.

Más adelante Campo detalló lo que explicó a Porras: “me concedió un audiencia y le expliqué pormenores de lo que ocurrió en el caso Alfa Siete, porque quiero que sepan que esta captura obedece a una orden de aprehensión que fue gestionada equivocadamente por la fiscalía”.

Lea también: MP busca que investigación contra Jordán Rodas se declare en reserva

“La señora fiscal me indicó que ella jamás procedería de forma arbitraria, que ella sería objetiva, que ella no permitiría que el Ministerio Público actuara de forma arbitraria y que todas las acciones de la institución siempre se apegarían a derecho”, agregó.

Según Campo, el señalamiento en su contra “no es imputable ni atribuible” a su persona. Aseguró estar “muy satisfecho” por el trabajo que realizó en el MP, donde sumó 12 años de carrera en distintos cargos.

“…Sé que en el ejercicio de mi cargo como fiscal anticorrupción me hizo ganar mucha animadversión de determinados sectores. Definitivamente es parte de las persecuciones políticas que se han vuelto bastante comunes en Guatemala, pero aquí estoy con la frente en alto y con la plena convicción de que voy a poder resolver mi situación jurídica. No he cometido delito alguno”, sentenció.

Traslado

Campo dirigió la Fiscalía Contra la Corrupción que tuvo a su cargo la investigación por supuestas anomalías en la construcción del tramo carretero en Chimaltenango, hasta 16 de abril de 2021, fecha en que se confirmó su traslado al frente de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

En ese entonces, el MP informó que la directriz de la fiscal general Consuelo Porras de hacer el cambio respondía a la “necesidad de fortalecer una fiscalía clave” como la unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Previo a su traslado a otra fiscalía, Campo adelantó que existía un investigación en curso que involucraba al expresidente Jimmy Morales y confirmó que también habían indagaciones vinculadas a funcionarios de al administración de Alejandro Giammattei, aunque el MP descartó esa aseveración.

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había retirado la inmunidad a María Reyna Salazar, jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, pues le denegó un amparo a la juzgadora.

En la resolución de la CC se menciona que se deniega el amparo solicitado por María Belén Reyna Salazar en contra la resolución de la CSJ, que le retiró la inmunidad y la separó del cargo el pasado 31 de marzo.

Según se informó, Igor Bitkov, su esposa Irina Bitkova y la hija de ambos, Anastasia Bitkova, quienes fueron condenados por uso de documentos falsos, presentaron la petición de retiro de inmunidad de la jueza Salazar.

Cuando la familia rusa estaba en el proceso legal, habían designado a dos personas para que se hicieran cargo de hijo menor de edad, que en ese entonces tenía 3 años, pero según ellos la jueza no accedió a eso y lo envió a un hogar.

La familia rusa aseguró que en ese sitio el menor fue víctima de maltrato y por eso interpusieron la denuncia contra la jueza.

La defensa de la jueza había argumentado que la decisión de enviar al niño a un hogar de protección era porque el menor carecía de documentos personales, porque los papás estaban en prisión y los documentos que presentaron para que se les otorgara la custodia del infante a sus abogados no coincidían con la identidad que reclamaban para el niño.

El ciudadano ruso Igor Bitkov fue condenado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y le fue suspendida una pena de dos años por uso de documentos falsificados, por el caso Migración. Además, fue absuelto por usurpación del estado civil. Los jueces ordenaron investigar a tres exalcaldes, y a la mano derecha de Thelma Aldana, Mayra Veliz, exfuncionaria de Migración y exsecretaria del Ministerio Público (MP).

El Tribunal de Mayor Riesgo D, integrado por Sara Yoc, presidenta, junto con Estuardo Morataya y Wendy Coloma, vocales, emitió la sentencia esta tarde.

Bitkov fue sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, la cual fue suspendida. Aparte, fue absuelto por el delito de usurpación de estado civil.

Los jueces avalaron la petición del Ministerio Público (MP) de expulsar a Bitkov aunque dejó en suspenso su sentencia debido al pedido de refugiado que planteó el ciudadano ruso.

Yoc explicó que quedó probado el ingreso legal de Bitkov al país y la manera en que obtuvo los documentos de identidad falsos. “El acusado en ningún momento fue objeto de trata de personas, tampoco existió objeto de tráfico ilícito”, dijo.

En la misma condena, el Tribunal ordenó al MP investigar a los exalcaldes y exsecretarios de Guazacapán y Taxisco, ambas en Santa Rosa; y Villa Canales, Guatemala, así como a Mayra Veliz, exsecretaria del MP y exfuncionaria de Migración, por la posible comisión del delito de lavado de dinero.

El Tribunal también ordenó al MP certificar lo conducente contra César Landino Franco López, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) por posible comisión de lavado de dinero y otros activos.

También fue ordenada una investigación contra Wolfang Janeiro Barrera Bravo, quien fue funcionario de Migración; Manuel Estuardo Roldán; Thelma Cecilia Leiva Ávila, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio Público (MP) acusó a Bitkov de los delitos de usurpación del estado civil, uso de documentos falsificados y supresión, y alteración del estado civil, solicitó una pena de 14 años de cárcel y que se ordenara la expulsión del ruso después del cumplimiento de la sentencia.

Señaló que empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, usurparon los bienes de los Bitkov. Sin embargo, autoridades rusas aseguran que Bitkov y su familia defraudaron a accionistas de una empresa papelera que poseían en Rusia y que huyeron a Guatemala.

Posturas

“Acá dicen que no soy migrante y sí lo soy. Lo importante es que acá se ordenó investigar a la estructura criminal, así como a Mayra Veliz”, mencionó Bitkov al finalizar la lectura de la sentencia.

Bitkov recordó que ya estuvo en prisión más de tres años por lo que la sentencia lo deja en libertad debido a que cualquier sindicado al cumplir la mitad de la pena puede optar a la redención.

Uno de sus abogados, Rolando Alvarado, explicó que el trámite de refugiado aún está en espera de la resolución. Además, adelantó que van a interponer la apelación especial debido a que su cliente sí es migrante.

En tanto, Veliz al ser consultada vía telefónica dijo: “No tengo ningún inconveniente. Estoy dispuesta a enfrentar una investigación. Me someto a las pruebas de grafotecnia para verificar los documentos originales porque no es mi firma la que avaló los documentos como me han señalado”.

El representante del MP, Rudy Herrera, adelantó que el fallo se va a apelar.

Ya había sido condenado

Después de una apelación de Bitkov, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó repetir el proceso a la fase intermedia y dejar sin efecto la condena.

El nuevo debate inició el 5 de diciembre pasado. Fueron planteadas cien pruebas documentales y la declaración de peritos propuestos por el Ministerio Público (MP).

En una intervención ante el tribunal, Bitkov apeló a su condición de migrante y recordó que el Convenio de Palermo y la Ley de Migración establecen que los migrantes no pueden ser criminalizados.

La familia rusa fue capturada el 15 de enero del 2015, cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sacaron a luz el caso Migración.

Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

La resolución de beneficiarlo con arresto domiciliario fue oficializada por Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien dictaminó que por motivos de salud, también se ordenaba su inmediata libertad.

La medida sustitutiva incluye una prohibición para salir del país.

“Debe notificarse a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Publico cada ocho días”, aseveró Aifán.

Por su lado, la defensa de los Bitkov pidió a la juzgadora que también dictaminara medidas sustitutivas para Anastasia e Irina Bitkova, argumentando que también padecen de problemas de salud.

Lea también: Por qué la solicitud de asilo de los Bitkov está en un enredo legal

La jueza Éricka Aifán otorgó arresto domiciliario y prohibición de salir del país al ruso Igor Bitkov. También ordenó su libertad inmediata por cuestiones de salud. pic.twitter.com/lig4ArQwiL

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) May 28, 2018

El caso

El pasado 18 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a 39 implicados en el caso Migración, los cuales estaban procesados por la existencia de una red dentro del registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.

Igor, Irinia y Anastasia fueron sentenciados por uso de documentos falsos y supresión al estado civil, las penas fueron entre 14 y 19 años de prisión (a Igor también se le condenó por usurpación al estado civil).

El pasado 26 de abril, una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó que el proceso regresara a la etapa intermedia.

La CC avaló la sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones emitida el pasado 19 de octubre de 2017, que amparaba a Igor Bitkov contra la jueza de etapa intermedia del Juzgado de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, por lo que dejaba sin efecto su resolución del 20 de febrero de 2017 en la que enviaba a juicio a la familia rusa, junto a la red de falsificadores.

El juicio siguió su curso pese a la apelación de Igor Bitkov en la Sala Tercera, debido que la Cicig y la Fiscalía buscaron ampararse ante la CC, algo que el máximo tribunal declaró “sin lugar”, por lo que mandó a retrotraer el proceso hasta la audiencia del 20 de febrero.

Los magistrados ordenaron a la jueza fundamentar su decisión en la repetición de la audiencia para determinar o no la apertura a juicio, con base en lo explicado por las Sala Tercera de Apelaciones.

El fallo califica de migrantes a los Bitkov, por lo que no podrían ser perseguidos por falsificación de documentos de acuerdo con la Convención de Palermo y la Ley de Migración.

Nuevo juicio

Después de conocida la resolución de la CC, Aifán, resolvió el 9 de mayo que Igor Bitkov debía volver a ser juzgado.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, explicaba la resolución escrita.

El 22 de mayo, la Sala Tercera de Apelaciones, constituida en tribunal de amparo, anuló la resolución en la que la jueza Éricka Aifán envió a nuevo juicio al ruso Igor Bitkov.

Los jueces de la Sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó en octubre de 2017 en favor del ruso y que a su vez avaló la CC en la resolución del 26 de abril.

Además, los magistrados señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia, sino que corresponde a la misma jueza Éricka Aifán.