El pasado miércoles, el exjuez penal Carlos Ruano anunció que decidió exiliarse de Guatemala debido a “persecución política” en su contra, y este jueves 28 de septiembre el Ministerio Público (MP) confirmó que hay una orden de captura en contra del exjuzgador por la supuesta comisión de varios delitos, cometidos al haber denunciado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.

El MP denomina el caso de Ruano como “Persecución penal ilegal fase I”, en el que la Fiscalía de Asuntos Internos “presentó indicios razonables ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente mediante los cuales giró orden de aprehensión en contra del exjuez Carlos Giovanni Ruano Pineda por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica, acusación y denuncias falsas y falso testimonio”, informó el MP.

La Fiscalía agrega que el actuar del exjuez son “conductas que devienen de la persecución penal ilegal instaurada en contra de la magistrada y querellante adhesivo en forma provisional, Blanca Aida Stalling Dávila”.

Agrega que por ese mismo caso “en días anteriores se habían girado ordenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez y la exmandataria de Cicig, Claudia González Orellana ,quien ya fue ligada a proceso por el delito de abuso de autoridad”.

“Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida”, denunció Ruano por medio de un video difundido en sus redes oficiales.

Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que, en 2016, denunciara a Stalling porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción.

Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.

“Este es el peor momento para la justicia de Guatemala”, indició Ruano y responsabilizó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de orillarle a renunciar a su cargo porque aceptaron un antejuicio en su contra que, a su criterio, “contiene datos falsos”.

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.

Con información de EFE

El exjuez penal Carlos Ruano anunció este miércoles 27 de septiembre que decidió exiliarse de Guatemala debido a “persecución política” en su contra y acusó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de estar detrás de los ataques a su persona.

“Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida”, denunció Ruano por medio de un video difundido en sus redes oficiales.

Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que, en 2016, denunciara a la magistrada Stalling porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción.

Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.

“Este es el peor momento para la justicia de Guatemala”, indició Ruano y responsabilizó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de orillarle a renunciar a su cargo porque aceptaron un antejuicio en su contra que a su criterio “contiene datos falsos”.

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.

Tras anunciar su exilio, Ruano se une a los jueces de alto impacto Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes también salieron del país en 2021 y 2022 tras ser perseguidos por actores a los que anteriormente habían juzgado por casos de corrupción.

Desde 2020, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política por parte de los aparatos de justicia de Guatemala han tenido que salir al exilio y la mayoría se encuentra en Estados Unidos.

Por Kenneth Monzón

Antes de entrar a conocer un debate, Carlos Ruano, vocal segundo del Tribunal Noveno Penal, pudo leer varios mensajes en su celular. Eran familiares y amigos que le indicaban que habían otorgado libertad condicional a la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling.

Ruano conversó con Prensa Libre y dijo estar “sorprendido” por la decisión Abelina Cruz, suplente del Juzgado Décimo Penal, de haber otorgado libertad condicional a Stalling, a quien él denunció por querer obligarlo a otorgar un beneficio a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, quien enfrenta un debate por el caso IGSS-Pisa, un fraude en el Seguro Social.

La decisión de la jueza Cruz se conoció durante una sorpresiva audiencia a puerta cerrada. Solo estuvieron su abogada y Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Lee también: FECI se queja por la falta de apoyo de la PNC en operativo anticorrupción

El juez Ruano espera leer la resolución y saber en qué se basó la libertad condicional otorgada a Stalling. “Pone en amenaza mi integridad”, dijo el juez, al recordar que a la magistrada separada la detuvieron utilizando una peluca y portando una pistola en febrero de 2017.

¿Qué opina de la resolución?

Me enteré por las redes sociales. Estoy sorprendido. Realmente desconozco los argumentos y fundamentos de la jueza. Solo he escuchado su nombre, nunca he tenido acercamiento con ella.

La audiencia se realizó a puerta cerrada ¿Qué opina?

Llama mucho la atención. El artículo 12 del Código Procesal Penal estipula que todas las audiencias son públicas. Es legal solo cuando se decreta la reserva del caso. Siempre debe haber acceso al público y a la prensa. Están los casos debidamente establecidos en la ley que se deben fundamentar el motivo, todos los actos de administración de justicia son públicos.

Este caso pasó por cuatro juzgados. La magistrada separada Stalling estuvo de juzgado en juzgado, ¿Cuál es su análisis?

¿Qué le puedo decir? Pudieron ser estrategias de la defensa, valiéndose de esa circunstancia. Lo que se concluye es que logra tener una resolución a su favor. Lo que reitero nuevamente y deseo es escuchar los argumentos en los que la jueza se basó y fundamentó su resolución, porque si están los hechos como evidencia en los cuales no se les otorgaba medida sustitutiva, pues ahora cuáles son los argumentos para concederle la libertad. Es claro, tienen que variar las circunstancias porque se le denegó una medida sustitutiva en su oportunidad y ahora se le otorga.

¿Qué opina de que se le otorgó la libertad sin necesidad de pagar una fianza?

Incluso así fue, sin caución económica. Escuché las declaraciones del fiscal Juan Francisco Sandoval -titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad- que la jueza le otorgó libertad porque es pobre.

Usted la denunció en 2016 y le otorgaron medidas cautelares. ¿Cree que la libertad de Stalling representa algún peligro?

Tendría que esperar el análisis de riesgo con relación a esta circunstancia porque es nuevo. Eso se revisa. Esto, considero aumenta mi situación de vulnerabilidad o me pone en otra situación de amenaza a mi integridad o seguridad se tiene que tomar en cuenta.

¿Ese análisis deberá incluir el hecho que Stalling portaba un arma de fuego cuando fue capturada?

Ese fue el primer análisis que se hizo. Ella usaba una pistola y que incluso amenazó a agentes de la Policía Nacional Civil que estaban armados. Entonces todo eso se analizó y me tiene con medidas de seguridad y esto puede agravar la situación. De manera particular al momento de su aprehensión amenazó a los policías qué no le puede hacer a otra persona.

¿Se debe analizar la decisión de la jueza suplente? 

Responde analizar los argumentos. No lo analizaría de colega a colega sino como persona que denunció los hechos. Ahí están las pruebas y los argumentos que deben ser rebatidos por otros argumentos de mayor peso. Está claro que para que una persona no goce de medida sustitutiva son dos situaciones que no impida la obstaculización a la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. ¿Qué sospecha se va a evitar, si para impedir su detención andaba disfrazada y con una arma de fuego?”