La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativa amparó provisionalmente al partido Prosperidad Ciudadana (PC) y permite la participación de candidatos a diputados por 11 distritos, sumado a candidatos a alcaldes.

El 26 de mayo recién pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó de manera unánime las apelaciones que buscaban validar la candidatura de Carlos Pineda y el resto de los candidatos del partido PC.

El pleno constitucional resolvió en sesión extraordinaria, declarar sin lugar dos apelaciones, lo que dejaría fuera a más de mil 200 candidatos de la organización partidaria en las próximas elecciones generales el domingo 25 de junio.

En esa ocasión, los magistrados rechazaron la acción que presentó Pineda y otra que promovió, sin éxito, Edwin Lux, candidato a diputado por la misma agrupación política.

Lilian García, secretaria general de PC y actual diputada de la UNE, explicó el contenido de la resolución. Indicó que “están preparados nuevamente para competir, para participar este 25 de junio gracias a la resolución de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo”.

Dijo que con la resolución tienen la oportunidad de participar en 11 departamentos. “Se está viendo aún a través de la Sala Sexta el siguiente grupo que serían todos los órganos formales”, indicó.

Añadió que los candidatos a diputados por el listado nacional y el Parlacén estarían en el segundo grupo, el cual ven cómo los pueden “rescatar”.

Según García, el director del Registro de Ciudadanos manifestó públicamente que no tenían ningún impedimento legal para participar en esta contienda electoral.

“Son 11 departamentos en los cuales ya podemos empezar a hacer nuevamente campaña electoral y que vamos a estar participando en las urnas el 25 de junio”, destacó.

Resaltó que con esta resolución vuelven a la vida política, luego de que levantaran la suspensión.

Departamentos

Los 11 departamentos:

• Guatemala
• Quetzaltenango
• Huehuetenango
• Chimaltenango
• Jutiapa
• Alta Verapaz
• Santa Rosa
• Izabal
• Sacatepéquez
• Totonicapán
• Escuintla

García afirmó que el partido PC “siempre le dio a él -Carlos Pineda- el respaldo como persona para que él pudiera desempeñarse como candidato presidencial”.

Cuando le preguntaron a García sobre qué le responde a Pineda que públicamente ha dicho que “el partido lo dejó vendido” y que ahora ella no mencionó que se podría rescatar la candidatura presidencial, respondió: “Él siempre dijo que yo no estaba presente, no me gusta a veces el actuar de algunos abogados de los cuales él tenía en su equipo”.

Añadió que muchas veces le dijo a Pineda que la dejara trabajar y que él viera lo de su candidatura y ella se ocuparía de lo político y lo legal por su papel como secretaria general.

Según García, Pineda le decía que tenía buenos abogados y ella le decía “dele pues”.

Lea también: CSJ rechaza amparos con los que Carlos Pineda intentaba frenar impresión de papeletas

Afirmó que no conoce a los abogados y “no es que lo estemos dejando fuera – a Pineda-, la otra parte lo incluye a él -es decir otra resolución.”

Agregó: “Él no es legal, sino aquí estuviera, fue postulado en la segunda asamblea que nosotros hicimos de postulación y por ende es que están todos los diputados por lista nacional y los diputados al Parlacén y los diputados por los departamentos no legales”.

Respecto del por qué desistieron de la primera apelación cuando Pineda también apeló para estar en la contienda electoral, García indicó que “de buena fuente” se enteró que la CC iba a dejar afuera a toda la agrupación, entonces decidió desistir de esa apelación para “intentar salvar al partido”.

No quiso especificar cómo obtuvo esa información y negó que lo hizo para dejar a Carlos Pineda afuera de la contienda.

Por esta resolución a favor del partido PC, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que está evaluando apelar ante la CC debido a que tienen un amparo a favor y otro en contra de la participación de los candidatos y que sea la CC quien resuelva.

#DecisionLibre2023 | Sala Quinta de lo Contencioso Administrativa ampara provisionalmente al partido Prosperidad Ciudadana y permite la participación de candidatos a diputados por 11 distritos, sumado a candidatos a alcaldes. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/p4Nkgwoqyg

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) June 9, 2023

Carlos Pineda, quien busca participar como candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana, presentó este lunes 29 de mayo una denuncia penal contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el jefe del Registro de Ciudadanos (RC), porque según él le ocultaron información a la Sala Sexta que conocía una acción que finalmente frenó su candidatura y la de todos los aspirantes de esa organización política.

Pineda explicó que la denuncia la interpuso en el Ministerio Público y que el registrador de ciudadanos – Ramiro Muñoz-  tiene consecuencias penales por haber quebrantado la ley de mil maneras. La denuncia también va para los magistrados del TSE.

Comentó que suspendieron la participación de Prosperidad Ciudadana argumentando que no había reportes financieros, que en la asamblea no se había hecho el método d’Hondt o para asignación por minoría y que no había listado de delegados del partido.

Afirmó que en la mencionada asamblea hubo participación de delegados del TSE que dieron fe de que lo actuado fue correcto.

Señaló que cuando se hace una revisión de documentos, se descubrió que sí se contó con la documentación que supuestamente hacía falta.

“El registrador de ciudadanos omitió información a la Sala Sexta y a la Corte de Constitucionalidad. La CC certificó lo conducente para que el  Ministerio Público pudiera investigar, tanto el actuar del registrador de ciudadanos; que él definitivamente se va preso. Osea hoy, mañana o cuando haya justicia, pero él sí cometió delitos inconstitucionales”, dijo Pineda.

Señaló que el registrador Muñoz fue acusado por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes.

Además, la denuncia también va para los magistrados del TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera, Mynor Franco Flores y Álvaro Cordoon, por incumplimiento de deberes y violación a la Constitución.

En la denuncia se menciona que el partido Cambio presentó un amparo en el que señaló que en la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana, del 22 de noviembre de 2022, no se cumplieron varios requisitos.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar, el viernes 19 de mayo,  el amparo provisional interpuesto por partido Cambio de Manuel Baldizón, con el cual impugnaron una asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana, que dejó provisionalmente afuera de la contienda electoral a Carlos Pineda.

La Dirección General del Registro de Ciudadanos (RC) informó el domingo 21 de mayo que dejó en suspenso la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana en la que proclamaron al binomio presidencial y otros puestos de elección popular. 

En cumplimiento a lo resuelto por una sala judicial el viernes 19 de mayo el RC decidió “dejar en suspenso, mientras dure la tramitación del amparo, el acta donde se documenta la segunda asamblea nacional ordinaria del partido político Prosperidad Ciudadana”, revela un comunicado.

Con esta decisión, el RC suspende en forma provisional la candidatura del presidenciable Carlos Pineda y de más de 1,200 postulaciones para diputaciones y corporaciones municipales, según datos del mismo TSE.

Como consecuencia de esto el RC determinó:

• Suspender la resolución por medio de la cual la Dirección General del Registro de Ciudadanos ordenó la inscripción de la certificación del acta de la asamblea nacional extraordinaria donde se eligieron y proclamaron candidatos a cargo de elección popular.
• Suspender las resoluciones de inscripción de las candidaturas a nivel nacional.
• Instruir al Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos para que proceda de inmediato a bloquear el código de verificación QR de las credenciales emitidas, así como solicitar la devolución de las mismas, las cuales fueron entregadas oportunamente

El 26 de mayo se supo que desde esa semana el TSE anuló las credenciales de Carlos Pineda y de todos los candidatos de Prosperidad Ciudadana.

Abogado explica supuestos delitos

El abogado de Carlos Pineda, Erick Castillo, indicó que la denuncia presentada va dirigida a “defender el orden institucional”.

Dijo que tienen elementos de convicción, en los cuales se determina que hubo omisión de remitir información por parte del director general del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, hacia la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, como cuando remitió informe a la Corte de Constitucionalidad.

Según Castillo, hay información que el partido Prosperidad Ciudadana (PC) remitió oportunamente a los órganos electorales, entiéndase al director general y al mismo TSE.

A Muñoz lo denunciaron por lo supuestos delitos de desobediencia a la autoridad, en este caso a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque esta Sala señaló que el director no le envió la información completa y el informe circunstanciado fue escueto y la documentación al ser incompleta, se incurre en desobediencia.

También señalan al funcionario por supuesto incumplimiento de deberes por enviar información incompleta; además, abuso de autoridad porque los tribunales constitucionales no contaron con la información necesaria y vital para conocer las peticiones de revocatoria y amparo provisional.

Dijo que también presentaron una denuncia contra los magistrados del TSE por el delito de violación a la Constitución e incumplimiento de deberes, porque hay documentación en la que se constata que los integrantes del TSE ya conocían que sí había informes financieros por parte de PC y que “en ningún momento velaron porque el director general lo remitiera a los tribunales, entiéndase Sala Sexta y Corte de Constitucionalidad”.

Añadió que la Ley Electoral y de Partidos Políticos manda que el TSE haga una investigación cuando determine que sus órganos electorales no están cumpliendo con la ley y sus obligaciones.

“Sobre todo la afectación que produce estas actitudes que son delictivas cuando lo que están afectando son los derechos ciudadanos, no solamente de los postulados de Prosperidad Ciudadana, sino de todo el pueblo de Guatemala que está pidiendo certeza jurídica en las actuaciones de esos tribunales electorales”, manifestó el abogado.

Según el abogado Castillo, esto está vinculado con lo que sucede en el tema de las cortes en el trámite del amparo.

Señaló que: “se le ha dado trámite a una acción de amparo, un amparo en el que el partido político Cambio no cumplió absolutamente nada con la ley y si se tratara de un ciudadano común, ya le hubieran rechazado su amparo, pero como se trata de una organización política, le han dato trámite que la ley no lo permite y eso es una violación no solo el debido proceso, sino al estado de Derecho guatemalteco”.

Según él, el amparo “no tiene vida, no tiene materia y jamás ninguna corte del país lo ha utilizado como base para atropellar los derechos constitucionales a ser electo de los guatemaltecos, en este caso el candidato Carlos Pineda y de los postulados por Prosperidad Ciudadana”.

Luego Pineda preguntó a su abogado si pueden poner una demanda con remuneración económica al Registro de Ciudadanos y que el TSE sería codeudor de esa demanda. Según Pineda, la demanda sería por Q100 millones y “regalarle a la gente pobre ese dinero”, a lo que Castillo le respondió que la ley lo contempla si se logra acreditar la existencia de los referido delitos.

Pineda afirmó que hizo su campaña de lo “más limpio y transparente posible” y que “no lo dejaron los corruptos”. También advirtió que las consecuencias legales “van a llegar hasta lo último” y que tarde o temprano la justicia va a llegar a Guatemala.

“Hoy los políticos fueron cobardes, porque me hubieran vencido en las urnas, entonces me hubieran derrotado, pero me fortalecieron más”, aseguró.

Dijo que el director del Registro de Ciudadanos tiene consecuencias penales por haber “quebrantado la ley de mil maneras”.

Afirmó que le parece extraño que la Dirección y los abogados del partido PC no estén accionando legalmente y él es el que toma la batuta para hacer el esfuerzo por salvar a las 1 mil 269 candidaturas del partido.

“Me han llamado todos los partidos”

Afirmó: “Me han llamado todos los partidos políticos, sabes qué hacen, te llaman y te preguntan ‘mirá, si tu decís que voten por mí, entonces yo te doy 14 ministerios me dijo uno’”.

Cuando le preguntaron qué partidos lo han llamado, Pineda se negó a ampliar información y dijo: “te dije todos, hay 29, tú sabes quiénes son todos, todos, son todos”.

También insistió en el voto nulo para según él rechazar las elecciones y se obligaría a repetir asambleas, reacomodarse los partidos y entrar nuevos candidatos a la contienda.

Ahora, Pineda espera que la Sala Sexta resuelva en definitiva y si lo favorece podría volver a la contienda electoral.

Decenas de simpatizantes de Carlos Pineda presenciaron este viernes 26 de mayo su llegada a la Corte de Constitucionalidad, luego de que se emitiera el fallo que lo mantiene fuera de la contienda electoral.

Los supuestos seguidores de Pineda y el partido Prosperidad Ciudadana pedían a magistrados de la Corte de Constitucionalidad que emitieran una resolución para que candidatos de la agrupación política pudieran participar en las elecciones generales.

Sin embargo, la resolución emitida por los magistrados fue negativa para Pineda y los más de 1 mil candidatos que buscaban distintos puestos de elección popular.

La Alta Corte rechazó la acción solicitada por Pineda, luego de que el partido Cambio fuera amparado contra Prosperidad Ciudadana, por supuestas anomalías en los procesos de las asambleas partidistas.

Con el fallo dado a conocer este jueves, las posibilidades de participación de Pineda y demás candidatos de Prosperidad Ciudadana quedan casi nulas, debido al poco tiempo que queda para efectuarse las elecciones y a que el Tribunal Supremo Electoral procederá a imprimir las papeletas electorales.

En los alrededores de la Corte de Constitucionalidad permanecen decenas de simpatizantes de Pineda, quienes continúan mostrando carteles y gritando consignas a favor de Pineda.

Imágenes

*Fotos y videos por Érick Ávila y María René Barrientos

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó las apelaciones que buscaban mantener en la contienda electoral a Carlos Pineda y al resto de candidatos del partido político Prosperidad Ciudadana, según informó el máximo tribunal.

Con esta resolución, fallo que fue unánime, el partido político quedaría fuera del próximo evento de votaciones previsto para el domingo 25 de junio.

El Pleno constitucional resolvió en sesión extraordinaria, este viernes 26 de mayo, declarar sin lugar la apelación que presento Carlos Pineda, quien aspiraba a la presidencia por el partido político Prosperidad Ciudadana.

El mismo destino obtuvo una segunda apelación presentada por Edwin Lux, candidato a diputado por la misma agrupación política que accionó, sin éxito, ante la CC.

Esas no fueron los únicos mecanismos legales con los que Carlos Pineda pretendía aferrarse a las elecciones, también presentó dos acciones de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La primera de ellas buscaba frenar la impresión de todas las papeletas, y la segunda que fueron incluidos al menos en la boleta presidencial, pero las dos acciones fueron rechazadas por los magistrados de la CSJ.

Todavía queda pendiente que la Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo resuelve en definitiva el amparo que otorgaron, de manera provisional, el viernes de la semana pasada.

Esa resolución anuló la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana, celebrada el 20 de noviembre, y en consecuencia se disolvieron el resto de actos políticos, incluidas todas las proclamaciones de candidatos.

El pasado miércoles 24 de mayo, el equipo legal de Carlos Pineda, quien hasta hace unos días era el candidato a la Presidencia por Prosperidad Ciudadana, interpuso dos amparos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con los que pretendían frenar la impresión de las papeletas electorales y que el binomio fuera incluido en estas; sin embargo, este jueves el pleno de magistrado rechazó ambas acciones legales.

La candidatura de Pineda y la de otros mil 200 ciudadanos, aproximadamente, que optaban a cargos de elección popular con Prosperidad Ciudadana fueron anuladas por el Tribunal Supremo Electoral, luego de que la Sala Sexta de lo Contencioso otorgó un amparo provisional al partido Cambio, de Manuel Baldizón, en relación con la legalidad de la segunda asamblea nacional de Prosperidad Ciudadana, donde quedó integrado el Comité Ejecutivo Nacional.

“El día de hoy fueron resueltos en pleno extraordinario de la CSJ los amparos 1605-2023 y 1621-2023 interpuestos por el ciudadano Carlos René Pinea Sosa, los cuales fueron acumulados y suspendidos por doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad”, señaló Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial.

El objetivo de Pineda era dilatar el proceso de impresión de papeletas, previsto para este jueves 25 de mayo, pues aún está pendiente una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se debe definir si se ordena la inscripción para participar en las elecciones generales del 25 de junio próximo o si queda fuera de los comicios; sin embargo, no obtuvo el respaldo de la CSJ.

Primeras acciones legales

Pineda, líder de las encuestas para las elecciones generales, interpuso el sábado pasado un recurso legal ante la CC para revocar la suspensión de su candidatura.

El recurso legal fue solicitado personalmente por Pineda ante la CC, el máximo tribunal de Guatemala, acompañado por decenas de seguidores frente a las instalaciones de la entidad.

Pineda quedó supuestamente suspendido de participar en los comicios, a falta de confirmación del Tribunal Supremo Electoral, por decisión divulgada el viernes de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

La decisión de la Sala, de carácter provisional, obedece a que el partido que acogió a Pineda, Prosperidad Ciudadana, supuestamente incurrió en varias irregularidades cuando realizó la asamblea donde se proclamaron a todos los candidatos de dicha organización.

Es por ello que el empresario solicitó este sábado un amparo o recurso legal ante la CC, para que revoque el fallo de la Sala Sexta y así pueda participar en los comicios.

Las elecciones generales de Guatemala se llevarán a cabo el próximo 25 de junio para definir a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.

Con información de EFE

Los guatemaltecos elegirán en un mes un nuevo presidente, en unas elecciones tensionadas por denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario.

La última suspensión fue la del empresario Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas presidenciales. Fue excluido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo del organismo judicial.

Pineda accionó este jueves 25 de mayo un segundo recurso legal para intentar revocar la suspensión de su candidatura.

Pineda se catapultó al primer lugar de las encuestas al popularizarse en las redes sociales, en especial en TikTok. Ahora su única esperanza es que la Corte Constitucional resuelva una apelación a su favor.

Durante el proceso electoral, las cortes de Guatemala también excluyeron de la contienda a la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y el empresario Roberto Arzú.

Este jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala tiene previsto enviar a imprimir las papeletas de las próximas elecciones con los 22 binomios presidenciales que están habilitados para competir.

“Estos recursos son en favor del sistema democrático, para que se garantice la participación del candidato Pineda”, explicó a una radio local el abogado Érick Castillo, defensor del empresario.

El pasado 21 de mayo, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado donde externó su “preocupación” por las suspensiones de candidaturas electorales de aspirantes presidenciales en Guatemala e instó a las autoridades del país a no “obstruir” su registro.

Deficiencias del proceso

A 30 días de las elecciones, centros de monitoreo y analistas han advertido que las autoridades electorales aún no han contratado a un jefe de informática, quien debe ser el responsable legal de la transmisión de los datos el día de la votación.

Además, durante el proceso fueron admitidos al menos una docena de candidatos que en el pasado han sido juzgados por diversos delitos, que van desde lavado de dinero hasta homicidio.

Cinco diputados que han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por actos de corrupción también fueron aceptados para que busquen su reelección en el Congreso.

El miércoles pasado, la consultora costarricense Cid Gallup colocó a Sandra Torres (23%) y al diplomático Edmond Mulet (21%) como los dos candidatos con la mayor intención de voto, tras la salida de Carlos Pineda.

En los comicios, previstos para el 25 de junio, 9.3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista Alejandro Giammattei, reprobado por el 75% de la población, según otra encuesta.

Si un candidato no alcanza el 50% más uno de los sufragios, los dos punteros irán a un balotaje (segunda vuelta) el 20 de agosto. La reelección presidencial está prohibida.

“Fraude”

“Los poderes ocultos que han estado alrededor del gobierno (…) están confabulando para poder sacarme a mí de la contienda electoral”, denunció Pineda.

Antes de su exclusión, la campaña ya generaba críticas porque el TSE había dejado fuera a la dirigente indígena Thelma Cabrera (izquierda) y a Roberto Arzú (derecha), hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), dos fuertes aspirantes a la presidencia.

Analistas y políticos vetados consideran que el “fraude” no se basa en manipular los resultados, sino en imponer candidatos para mantener cooptado el Estado.

Con la expulsión de candidatos por la justicia lo que se pone en “peligro” es “el Estado de derecho, la democracia y las garantías y libertadas para toda la población”, dijo a la AFP el director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Edie Cux.

“Hay un diseño preconfigurado de quiénes son los candidatos, sacar a los que resulten incómodos y dejar a quienes resultan favorables para el mismo sistema”, lamentó.

El vetado candidato a vicepresidente de Cabrera y exómbudsman, Jordán Rodas, afirmó que en el país se está cometiendo una nueva modalidad de “fraude electoral” por el involucramiento del “Estado por medio de la estructura orgánica judicial” para excluirlos.

Rodas no fue inscrito al ser denunciado por un supuesto acto de corrupción, y al defenderse, sus apelaciones fueron rechazadas por la justicia.

La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), considera al sistema judicial guatemalteco como el “brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a opositores.

Corrupción y “dictadura”

Para algunos analistas, desde 2019 Guatemala vive un retroceso democrático por el fin anticipado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ordenado por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020).

Como un ente de la ONU, la CICIG destapó emblemáticos casos de corrupción y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), sentenciado por fraude aduanero.

Bajo el mandato de Giammattei, empezaron a ser capturados varios exfiscales que trabajaron con la CICIG, la mayoría acusados de supuesto abuso de autoridad.

Los procesos penales, considerados como una “venganza”, fueron abiertos a pedido de la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Giammattei e incluida por Washington en 2021 en una lista de actores “corruptos”, por lo que fue sancionada tras despedir a un fiscal que intentó investigar al mandatario.

En Guatemala hay “una dictadura corporativa con intereses económicos, de corrupción e incluso del crimen organizado”, declaró el exrelator de libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, quien comparó la situación con una obra de teatro.

“Se ve al director que es el presidente y como mueve sus piezas, pero lo que no se ve es quién escribe el guion y quién financia la obra. Estamos yendo hacia un modelo mucho más autoritario con consecuencias muy severas”, alertó.

El país también enfrenta denuncias de ataques a la libertad de expresión por el arresto de José Rubén Zamora, dueño del diario elPeriódico, quien enfrenta un polémico juicio por lavado de dinero.

Las elecciones generales de Guatemala se llevarán a cabo el próximo 25 de junio para definir a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.

La Corte de Constitucionalidad (CC) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un “auto para mejor fallar”, en el caso que conoce sobre Carlos Pineda y la suspensión de su participación en las elecciones generales en Guatemala, al igual que la del resto de aspirantes de ese partido.

Según se conoció, la CC pidió el expediente del dictamen de la Unidad de Organizaciones Políticas que concluyó en qué asambleas del partido Prosperidad Ciudadana tendría irregularidades.

La CC había solicitado el expediente para que el pleno de magistrados lo conocieran en la reunión de este viernes 26 de mayo, pero ahora pidió al TSE el expediente para mejor fallar, pues deben leerlo, analizarlo y ver los fundamentos de ley de la Unidad de Organizaciones Políticas y decidir si está en lo correcto.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar, el viernes 19 de mayo, el amparo provisional interpuesto por partido Cambio de Manuel Baldizón, con el cual impugnaron una asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana, celebrada el 20 de noviembre de 2022.

Cambio informó que detectaron una serie de aparentes irregularidades en la asamblea nacional de Prosperidad Ciudadana y estas fueron incluidas en el amparo que presentaron.

Esta resolución derivó en que el 21 de mayo, el Registro de Ciudadanos del TSE emitiera la resolución SRC-R-1830-2023 que dejó en suspenso la candidatura de Carlos Pineda y los candidatos de Prosperidad Ciudadana a nivel nacional.

Con esa resolución, Pineda y el resto de los candidatos de ese partido político quedaron inhabilitados para continuar en campaña electoral mientras dure la tramitación del amparo que otorgó la Sala Sexta.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este 25 de mayo un comunicado en el que da su respaldo a los magistrados de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y rechaza los señalamientos a los señalamientos y ataques que según esa corte se han hecho contra los togados.

En el comunicado, la CSJ dice que a la opinión pública hace saber: “Su respaldo total y absoluto a las señoras Magistradas, doctoras Juana Solís Rosales, Alba Susana López Racanac de Teni y Nadia Amabilia Morales De León, integrantes de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

Señala que las magistradas se han destacado por su labor profesional y transparente que han ejercido su función jurisdiccional “en estricta observancia de los principios y garantías constitucionales que rigen nuestro sistema de justicia”.

Rechazo a señalamientos

En el comunicado, la CSJ menciona: “Resulta imprescindible enfatizar nuestro rechazo categórico ante las recientes acusaciones infundadas y los ataques dirigidos a menoscabar la integridad ética y profesional de las señoras magistradas integrantes de dicha Sala, derivadas de la decisión adoptada en un caso concreto que ha recibido la atención de la opinión pública y, asimismo, condenamos cualquier acción dirigida a nuestros funcionarios que vulnere el principio de la independencia judicial y el Estado de Derecho”.

Aunque en el comunicado no lo dice expresamente, la mencionada Sala Sexta es la que le otorgó un amparo provisiona al partido Cambio, que señaló anomalías en la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana, que derivó en que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral suspendiera la candidatura de Carlos Pineda, presidenciable de ese partido, y del resto de postulados de esa organización.

“De conformidad con lo que establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “(…) Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público (…)”.”se lee en el documento.

“Es inadmisible que los fallos judiciales sean mediatizados de manera tendenciosa, ya que los procesos se ventilan en los tribunales de justicia y no por los medios de comunicación. Para manifestar la inconformidad sobre los mismos, la ley admite los medios de impugnación idóneos y no es aceptable que se opte por ataques personales”, añade el comunicado de la CSJ.

El documento añade que: “En ese sentido, manifestamos nuestro total rechazo a cualquier interferencia en las resoluciones emitidas y expresamos nuestro pleno respaldo y solidaridad a las señoras magistradas”.

Agrega que la CSJ reafirma su compromiso “inquebrantable con la imparcialidad, la integridad y la legalidad en el ejercicio de la administración de justicia”.

Hacen un llamado a la sociedad guatemalteca para que, en conjunto, preserven y fortalezcan los pilares fundamentales del sistema judicial, promoviendo el respeto a la autonomía de los jueces y la confianza en su “delicada función de juzgar”.

Carlos Pineda, candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana, presentó un recurso de nulidad ente el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  con el que busca revertir la decisión del Registro de Ciudadanos que suspendió su candidatura presidencial.

Según informó Erick Castillo, del equipo legal de Pineda, con esa impugnación se exige que se revoque la decisión del director general del Registro de Ciudadanos (RC) – Ramiro Muñoz- pues consideran que no estaba facultado para ejecutar un amparo provisional de una resolución de un tribunal de amparo que no está firme y que fue apelada ante la Corte de Constitucionalidad.

Es por ello que Pineda y sus abogados creen que Muñoz no debió suspender las inscripciones de los candidatos postulados por Prosperidad Ciudadana y que al hacerlo el registrador violentó el debido proceso y el derecho político a ser electo, que garantizan los artículos 12 y literal b) 136 la Constitución Política de la República de Guatemala.

Castillo añadió que por la vía de la nulidad que presentaron, Pineda solicita al TSE que revoque lo que ordenó el director del RC y que reivindique y mantenga la vigencia y ejercicio de su derecho político a ser electo, así como el derecho a ser electo de todos los ciudadanos postulados por Prosperidad Ciudadana.

Añade que esta acción que presentaron es en defensa y respeto del derecho político a ser electo de todos los postulados por el partido político y el respeto al derecho a elegir, que le corresponde al pueblo de Guatemala.

La suspensión de la candidatura

El 19 de mayo pasado, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial, constituido en Tribunal de Amparo, otorgó un amparo provisional a integrantes del partido Cambio y anuló las asambleas de Prosperidad Ciudadana, lo que dejó sin efecto sus más de 200 candidaturas.

El partido político Cambio informó que detectaron una serie de aparentes irregularidades en dicha asamblea nacional de Prosperidad Ciudadana y estas fueron expuestas mediante una acción de amparo que fue resuelta a su favor el 19 de mayo.

El 21 de mayo, el RC emitió la resolución SRC-R-1830-2023 que dejó en suspenso, mientras dure la tramitación del amparo que otorgó la Sala Sexta, “el acta donde se documenta la segunda asamblea nacional ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2022 por el partido político Prosperidad Ciudadana, así como las actuaciones y actos administrativos realizados con posterioridad por el Comité Ejecutivo Nacional”.

El Ministerio de Gobernación, a través del ministro David Napoleón Barrientos Girón, informó que se autorizaron 16 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para que le den protección a Carlos Pineda, candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana.

Según Barrientos, Pineda hizo una solicitud por escrito a la Policía Nacional Civil para que se le otorgara un esquema de seguridad.

Agregó que el Ministerio Público también había recomendado otorgarle a Pineda un esquema de seguridad y que la Unidad Especializada de Protección a Personalidades hizo el análisis del riesgo el cual determinó que sí era pertinente otorgarle la seguridad a Pineda.

Afirmó que el esquema de seguridad está listo para que a partir de este 24 de mayo se presente ante el candidato Carlos Pineda, pero será él el que decida si lo acepta.

“Entiendo que hoy en la mañana se presenta al señor Carlos Pineda el equipo de seguridad y luego de eso pues hay un procedimiento donde se firma una apertura de ese servicio de seguridad personalizada y a partir de ese momento pues él ya queda con la protección de la Policía Nacional Civil”, dijo Barrientos.

El ministro puntualizó que en el caso de Pineda, se asignó un dispositivo de 16 efectivos de Policía Nacional Civil, los cuales se están haciendo presentes a la sede del partido para iniciar este servicio.

Al ser consultado sobre si se sabía si Pineda ha recibido alguna amenaza de muerte, Barrientos detalló que el MP ha recomendado que se le dé seguridad.

“Él -Pineda- ha solicitado la seguridad… la Policía Nacional Civil ha hecho el análisis y dadas las circunstancias que está viviendo el señor Carlos Pineda se considera pertinente proporcionarle la seguridad”, dijo Barrientos.

El ministro de Gobernación dijo que en cuanto Pineda acepte, el equipo de seguridad se quedará de una vez con él.

Afirmó que Pineda está en libertad de también de rechazar la seguridad y si eso ocurre el Mingob tiene que documentar que él ha rechazado la seguridad.

Lo rechaza

Respecto al ofrecimiento del Ministerio de Gobernación para asignarle seguridad a Pineda, el empresario emitió un breve comunicado en el que se niega a aceptar a los agentes policiales.

“No utilizaré recursos del Estado para mi seguridad. Mi deseo es que los 16 agentes de la Policía Nacional Civil sigan sirviendo y protegiendo a todos los guatemaltecos”, dice la nota.

Amenazas

Pineda reveló el miércoles 12 de abril la existencia de un supuesto plan para asesinarlo y ofreció una recompensa para quien lo apoyara en la ubicación y captura de los sicarios que, según él, fueron contratados en Petén.

Pineda denunció el hecho en el MP y dijo que extremaría sus medidas de seguridad.

“Bueno, llegó lo que tanto temía. Me enteré de que ya me mandaron a matar, me enteré de buena fuente y por tres diferentes fuentes genuinas de que contrataron un grupo de sicarios de San Andrés, Petén, liderado por una tal Patrona, de Sayaxché, (…) y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos, pero veo que ahora ya los tengo, y eso es porque le estoy tocando el bolsillo de la corrupción a mucha gente poderosa”, dijo Pineda en una publicación en sus redes sociales.

El político agregó que “ya me están averiguando quién fue quien dio la orden de matarme, me quitaron mi paz, porque a mí no me gusta andar con gente, no me gusta andar en carros blindados (…) pero hoy si me van a conocer. Me voy a equipar con todo el respeto que se merecen todos mis seguidores y toda la gente honorable de Guatemala, ahora me van a ver equipado, con seguridad y en carros blindados y aquí los voy a estar esperando”.

Señaló que quienes contrataron a los sicario pudieron haber sido integrantes de una familia de políticos, algún candidato político o un partido corrupto.

Capturan a la Patrona

Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, alias la Patrona, de 25 años, fue capturada la mañana del jueves 11 de mayo de 2023 durante allanamientos contra el narcotráfico que efectuaron en Petén la PNC, MP y el Ejército de Guatemala.

La mujer fue vinculada al cartel de Sayaxché que opera en esa región.

La autoridades creen que Herrera Alvarado coordinaba aterrizajes de aeronaves que trasladaban cocaína.

Extraoficialmente las autoridades vincularon a Herrera con las amenazas que había sufrido un candidato presidencial.

La audiencia de primera declaración se había programado para el 18 de mayo, pero no se llevó a cabo porque, otros involucrados en el caso no fueron llevado a la Torre de Tribunales.

Fue por esa razón que esta se reprogramó para el 29 de mayo.