Las autoridades identificaron a siete reos de la Mara Salvatrucha como responsables del motín en la prisión El Boquerón, en Santa Rosa, donde guardias fueron retenidos y un traslado de reos se suspendió por fallas en el procedimiento.

“Preliminarmente se informa del fallecimiento de un guardia del Sistema Penitenciario (DGSP) y un recluso”, añadió el ente de seguridad pública, que no detalló el origen del enfrentamiento.

Imágenes divulgadas por cuerpos de socorro mostraron la movilización de varias ambulancias por prevención al centro penal donde un contingente de policías ingresó para retomar el control de la cárcel.

Las cárceles guatemaltecas, escenario de múltiples matanzas, son consideradas polvorines debido al hacinamiento y un sistema débil de rehabilitación.

En mayo de 2021, siete presos fueron asesinados, varios de ellos decapitados, durante un presunto enfrentamiento entre dos bandas dentro de una cárcel en el municipio de Cantel, unos 205 km al oeste de la capital.

Tercer incidente en la semana

Con esta riña en la cárcel suman tres los incidentes en los que hay involucrado personal de Sistema Penitenciario.

El caso más reciente ocurió el pasado sábado 22 de julio cuando el director de la cárcel de Zacapa, Eulalio Avisai Arriaza Ramírez, de 38 años, murió tras ser blanco de una ataque armado.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el hecho ocurrió sobre la calzada “Miguel García Granados” en donde fue asesinado el funcionario a cargo del Centro de Detención Preventiva Para Hombres y Mujeres “Álvaro Arzú Irigoyen”, mas conocido como “Centro Preventivo Los Jocotes”.

De acuerdo al informe preliminar, el director se movilizaba en su vehículo con dirección a Jutiapa, pues había salido de descanso. Sin embargo, fue interceptado por un hombre que le disparó en múltiples ocasiones.

Rescatan a reo y matan a guardias

El 19 de julio pasado, dos agentes del Sistema Penitenciario (SP) murieron en una emboscada para rescatar a un reo cuando se desplazaban en el kilómetro 203 de la ruta al Suroccidente, Finca Morazán, Colomba, Quetzaltenango, reportaron fuentes oficiales.

El ataque se produjo este miércoles 19 de julio cuando la unidad en la que iban a bordo los dos agentes y el privado de libertad fue emboscada por hombres armados, que luego de ultimar a los policías se llevaron con rumbo desconocido al reo.

El reo que fue liberado fue identificado como German Eduardo Mazariegos López, de 24 años, quien, de acuerdo con los registros de la PNC, fue detenido el pasado 4 de marzo luego de una persecución y enfrentamiento armado con agentes que lo señalaban de ser uno de los responsables de la muerte de un hombre de 70 años que había retirado una fuerte suma de un banco en Retalhuleu.

Mazariegos López, además es sindicado del delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa por supuestamente haber participar en el robo y muerte de un contratista y sus dos hijos en la zona 4 de Retalhuleu, el pasado 4 de marzo de este año.

Según el comisario de la PNC, Darwin Fuentes, los agentes del SP retornaban al centro preventivo de Mazatenango, Suchitepéquez, tras haber acudido a una audiencia en el Juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango.

“Se dio un hecho armado donde lamentablemente fallecen dos agentes del Sistema Penitenciario, en el sector de Quetzaltenango. No teníamos ningún registro de que hayan sacado a algún reo, pero estaba en el juzgado de instancia penal de Coatepeque, según nos informan que venían de Suchitepéquez y estaban de retorno, ya alertamos a  nivel nacional para poder dar con el paradero del prófugo”, indicó Fuentes.

“El vehículo donde era trasladado el reo fue localizado por nuestras unidades y damos seguimiento a las investigaciones porque el reo definitivamente se escapó. Utilizó a otras personas y tenemos a un grupo de inteligencia trabajando; además, varias capturas de sistemas de cámaras para lograr determinar qué fue lo que ocurrió en este caso”, dijo el jefe policial.

Además, es acusado de robo a cajas rurales en Génova, Quetzaltenango, y en Ayutla y Pajapita, San Marcos.

Los cuatro reos fueron sorprendidos cuando excavaban un túnel en el sector 7, conocido como “basurero”, de dicha prisión, señaló la Policía Nacional Civil (PNC), que, además, refirió que “dicha excavación tiene 10 metros de largo por tres de profundidad, la cual trabajaban para escapar”.

“Cuatro privados de libertad que guardan prisión en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, en Fraijanes, fueron sorprendidos por Policía Nacional Civil y guardias del Sistema Penitenciario cuando excavaban un túnel en el sector conocido como El Basurero”, informó la PNC.

“Por el delito flagrante, los privados de libertad fueron puestos a disposición de juez”, agrega la PNC.

Señalados de cavar el túnel en la cárcel de Pavón

De acuerdo con fuentes policiales, los reos que efectuaban la excavación tienen un alto perfil criminal.

Estos fueron identificados como Adelso Contreras Ruiz, de 40 años, quien fue detenido en 2014 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, proveniente de un vuelo de Estados Unidos y señalado de doble asesinato. Estuvo preso 6 años en la cárcel de Canadá, en Escuintla, y el resto en Pavón.

Mario Roberto García Jiménez, de 28 años, detenido por robo en Escuintla en 2017.

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Rodrigo Humberto Menéndez, de 34 años, detenido por trata de personas, en Tecpán, Chimaltenango en 2021.

Marco Basilio Godoy Trujillo, alias “Pastor falso”, de 48 años, detenido por plagio y secuestro en 2014 en Escuintla. Estuvo recluido cuatro años en la cárcel de Matamoros y tres en Escuintla; además, se fugó en 2015 de Granja Penal Canadá, en Escuintla, y fue recapturado en 2016.

Las autoridades investigan si solo estas personas están involucradas en el plan de fuga o si hay otros internos.

Esto derivado de la publicación este jueves 9 de septiembre del decreto 10-2021 que oficializa la improbación del decreto 08-2021 que contemplaba el estado de Calamidad que fue improbado por el Congreso.

Anuncia que además, por el incremento de contagios de covid-19 a escala nacional se tomarán medidas en el tema de visitas.

Al 6 de septiembre, el SP registraba 24 mil 981 privados de libertad en prisiones a cargo de esa institución. De esta cifra, hay 11 mil 438 hombres sentenciados y 1 mil 420 mujeres en la misma condición.

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Medidas para visitas en cárceles

Estas medidas anunció el SP este jueves 9 de septiembre.

• Se autoriza nuevamente las visitas a las cárceles a partir de este jueves 9 de septiembre.
• Solo podrá ingresar una persona por privado de libertad.
• No pueden recibir la visita dentro de su sector, solamente el día y horario asignado y cumpliendo con el aforo permitido.
• Únicamente pueden permanecer en las áreas abiertas que se les indiquen.
• Deben respetar protocolos de bioseguridad como uso de mascarilla, distanciamiento de 1.5 metros por persona y uso de gel.
• No se permite el ingreso de menores de edad ni de mayores de 60 años.

Pide respetar disposiciones

El SP hace la advertencia de respetar las medidas correspondientes, pues de lo contrario será suspendida la visita de manera indefinida.

Pide a las visitas apoyo y comprensión en su estancia en los diferentes centros carcelarios.

El activismo de Ramazzini fue más notorio desde redes sociales en los últimos años, por medio de esas plataformas expuso videos que aseguró le enviaban informantes desde las prisiones y que denunciaron la corrupción en el Sistema Penitenciario.

Velásquez fue implicado en el caso por su puestamente haber autorizado la extensión de un convenio administrativo por Q17 millones para la remodelación el 29 diciembre del 2009, cuando había una auditoría en curso y cuyos resultados de irregularidades no fueron tomados en cuenta.

Sin embargo, el Tribunal estableció que el exfuncionario no tuvo acceso a ese informe, pues los resultados fueron entregados el 15 de enero de 2010, cuando el convenio ya había sido firmado; además, solo se envió a la Fundación para el Desarrollo y Tecnología que tenía a cargo el proyecto y no a la cartera del Interior.

El juez a cargo del proceso argumentó que “existe duda” y “no hay certeza de los hechos tipificados” que acusó el Ministerio Público (MP).

En el mismo caso fueron absueltos Luis Antonio Álvarez y Francisco Javier Villatoro, quienes eran auditores de la Contraloría General de Cuentas.

El MP acusó que hubo irregularidades en la extensión de un convenio administrativo para la remodelación de la cárcel Fraijanes Dos, pero informes de auditorías advirtieron que atrasos de la obra podían “subsanarse” debido a que el contrato estaba vigente.

Las irregularidades correspondían a acabados que no llenaban las especificaciones que habían sido establecidas.

Además, el juez determinó que el MP no pudo probar que el exministro de Gobernación dio la orden para trasladar reos a Fraijanes Dos en marzo de 2009.

El Ministerio Público (MP) pidió seis años de cárcel para el exministro de Gobernación, Raúl Velásquez Ramos, por las deficiencias en la construcción de la cárcel Fraijanes 2.

El exministro de Gobernación, Raúl Velásquez Ramos, es absuelto por el Tribunal Octavo en el caso Fraijanes. El juez argumentó que "existe duda" y "no hay certeza de los hechos tipificados" que acusó el @MPguatemala. pic.twitter.com/eP76N3bQqx

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 30, 2021

Ese caso es solo uno de tantos que a diario ocurren en las cárceles del Sistema Penitenciario (SP), según representantes de organizaciones sociales, que lo ven como el reflejo de la corrupción que está plagada en esa institución, la cual alcanza tanto a internos como guardias.

“El sistema Penitenciario es el reflejo de cómo se encuentra la sociedad y la justicia. Si tenemos crisis en el sistema de justicia hay mega crisis en el SP y parte de ello es por la corrupción como se ha administrado ese servicio del Estado. Hemos visto a distintos directores que han sido señalados de corrupción y eso es lo que hay que combatir, porque todos sabemos que cuando una persona va a prisión preventiva lo primero que les exigen es la talacha, no hay controles reales y cada quien hace lo que quiere”, comentó Eddie Cux, director de Acción Ciudadana.

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que las prisiones “tienen mucho tiempo de no tener orden” y que las acciones de parte de las autoridades son momentáneas y de corto plazo y que dan es una “tensa tranquilidad mientras se hace requisar, pero en realidad no tienen efectos a largo plazo”.

Añadió que para evitar el cobro de talacha y otras irregularidades en las prisiones es necesario hacer una restructuración general del SP, por medio de la cual se establezca una carrera para los guardias penitenciarios y clasificar a los privados de libertad, así como contar con más prisiones y establecer programas de reincorporación a la sociedad para los internos.

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que el cobro de talacha es un problema arraigado en las prisiones guatemaltecas, un fenómeno en el que intervienen tanto reos como guardias y autoridades del SP.

“Es un cobro ilegal que hacen entre los privados de libertad, pero muchas veces también están involucradas parte de las autoridades que reciben parte de ese cobro ilegal que se hace”.

Agregó que en varias administraciones se ha intentado atacar ese problema, pero no ha sido posible, por lo que considera que lo más importante es denunciar los abusos; sin embargo, para eso se requiere que el SP fortalezca los controles internos para proceder en contra de los agentes que incurran en ilegalidades.

“La Inspectoría del SP debe vigilar que el personal haga su trabajo acorde a la ley y si hay un indicio de cobros ilegales debe investigarse para evitar esa práctica”, refirió.

Además, dijo los internos ingresar artículos prohibidos y que para lograrlo muchas veces pagan a los guardias para que faciliten el proceso ilegal.

Se intentó conocer la versión del SP, pero al cierre de esta nota los encargados de Comunicación Social no respondían las llamadas telefónicas.

Los procesados recién llegados a las cárceles del Sistema Penitenciario deben pagar una cuota —talacha— para asegurarse una plancha de concreto donde dormir, evitar que los golpeen, extorsiones y no hacer limpieza.

En 2016, Prensa Libre constató ese cobro en cinco prisiones, en las cuales se explicó que las “cuotas únicas” oscilan entre Q1 mil  —ingreso por ebriedad— hasta Q50 mil —por  defraudación tributaria—. Por otros delitos como violación, secuestro o asesinato los reclusos deben pagar entre Q5 mil y Q25 mil, según la capacidad económica.

Además del primer pago, en el reclusorio Preventivo para Hombres de Quiché se cobraban Q50 por acceso a agua y Q200 semanales por el derecho a tres tiempos de comida al día.

“El dinero se entrega a los encargados de sector del Preventivo”, contó un abogado defensor que pidió no ser identificado, al salir del Centro Preventivo para Hombres de Huehuetenango.

En la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, los reclusos pagaban una cuota de ingreso de Q2 mil, y cada semana les piden un monto para comprar tarjetas para celulares, comida o lo deben entregar en efectivo.

En Jalapa, la talacha comenzaba en Q3 mil y podía llegar a Q5 mil, según el delito señalado al reo y su capacidad de pago.

En la prisión de Retalhuleu, el pago inicial oscilaba entre Q1 mil y Q1 mil 500.

Todo comenzó cuando un grupo de reclusos de la referida cárcel manifestó su malestar por el traslado de reos desde el Preventivo de la zona 18 hacia otras cárceles.

Autoridades del Ministerio de Gobernación informaron que el objetivo de trasladar a distintas presiones a integrantes del Barrio 18 es para contrarrestar las extorsiones.

Las horas pasaban y los guardias continuaban retenidos, por lo que unos 12 mil agentes de la Policía Nacional Civil fueron enviados a esta prisión en Escuintla para retomar el control.

El viceministro de Seguridad, Gendry Rivera, afirmó que los reos accedieron a liberar a los rehenes a sabiendas de que no ganaban nada con retenerlos ya que el Ministerio de Gobernación no iba a flexibilizar su posición.

“No es posible que los reos son los que tengan el control de la cárceles en Guatemala”, manifestó el ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas.

Los guardias fueron liberados la madrugada de este martes 1 de septiembre.

Videos cortesía Presidencia 

Viceministro de Seguridad, Gendri Reyes.

Sin embargo, las autoridades del SP aseguran que las estadísticas de casos confirmados se mantienen bajas. Así lo dio a conocer este lunes 31 de agosto el director de esa institución, Rodolfo Escobar, quien asegura que la estadística de casos está baja pese a las condiciones del SP por el hacinamiento.

Escobar dijo que son 311 casos positivos confirmados, de los cuales 254 se han recuperado, por lo que a la fecha hay 28 casos activos; además, agregó que 26 reos han muerto de coronavirus.

Del total de reos infectados con el Covid-19, 278 son hombres y 33 mujeres.

Según Escobar, a la fecha no se ha hecho un barrido general para determinar cuál es la situación real en cuanto a casos de coronavirus en las prisiones, debido a que no hay suficientes pruebas para la cantidad de internos, la cual supera los 25 mil 500.

Agregó que se han hecho varias solicitudes para hacer más pruebas en las prisiones y que además se ha discutido con Salud para determinar si eso es viable o no.

Más médicos

De acuerdo con Escobar, el SP cuenta con 16 médicos, pero debido a que algunos de ellos superan los 60 años fueron enviados a sus casas por ser considerados de alto riesgo ante la pandemia, por lo que solo trabajan siete; sin embargo, hay una convocatoria para la contratación de 25 facultativos, pero solo ocho han aplicado.

“Tenemos especio suficiente con un salario bastantes competitivo”, dijo Escobar al referirse a la contratación de médicos.

Además, dijo que buscan que personal del SP haga los hisopados para luego trasladar al ministerio de Salud.