Lilian Virginia Laparra Rivas, jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, del Ministerio Público (MP), detenida por tres delitos, fue trasladada a la cárcel Mariscal Zavala la madrugada de este viernes 25 de febrero luego que fue suspendida la audiencia para darle a conocer el motivo de su detención.

La abogada fue detenida el pasado 23 de febrero en cumplimiento a una orden judicial que emitió el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango.

La jefa de la Feci en Quetzaltenango está señalada de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones y luego de su detención fue llevada a la Torre de Tribunales de la capital y permaneció en una de las carceletas del lugar a la espera de la audiencia judicial para hacerle ver el motivo de su captura.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en sus redes sociales que a eso de las 21 horas del jueves 24 de febrero se hicieron presentes para verificar la situación de Laparra dentro de la carceleta.

Explicó que la audiencia para que ella conociera el motivo de la detención se fijó a las 0 horas de este viernes 25 de febrero, pero finalmente fue suspendida, porque los querellantes del caso no fueron notificados.

La abogada Laparra fue trasladada en la madrugda a la cárcel de Mariscal Zavala, según confirmó la PDH.

La captura de la jefa de Feci Quetzaltenango

La fiscal Laparra, jefa de la Feci de Quetzaltenango, fue capturada el miércoles 23 de febrero en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango.

La detención fue coordinada por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP y la Policía Nacional Civil por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

“La investigación de la Fiscalía deriva de denuncia presentada en la cual se indica que Laparra Rivas interpuso múltiples denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y Supervisión de Tribunales presuntamente afirmando hechos falsos en contra del Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango y sin causa legítima, posiblemente ejerció actos en nombre del Ministerio Público, atribuyéndose carácter oficial para interponer dichas denuncias”, confirmó Comunicación Social del MP el día de la captura.

Detenciones de fiscales de la Feci

La detención ocurrió en momentos en que varios exfiscales de Feci afrontan señalamientos legales por parte del MP y varios de ellos han renunciado denunciando una persecución selectiva en contra de quienes lucharon contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

El caso más recientes es el de Darwin Zepeda, auxiliar fiscal de la Feci que llevaba el Caso La Línea, por temor a ser perseguido penalmente como varios excompañeros, según expresó.

Otras renuncias recientes son las de las auxiliares fiscales de Feci, Gilma Guerra y Masell Pérez, quienes tuvieron a su cargo casos como Traficantes de Influencias y Financiamiento UNE, quienes renunciaron a sus cargos el pasado lunes 21 de febrero.

El exfiscal de Feci Carlos Antonio Videz Navas renunció a su cargo y salió del país el 17 de febrero previniendo que se atente contra su vida y para evitar ser “una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones”.

Vídez Navas fue el fiscal que participó en el interrogatorio del Testigo A, quien acusó al presidente Alejandro Giammattei de financiar su campaña con sobornos de empresas constructoras y de haber negociado con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito el pago de Q20 millones a cambio de mantenerlo en el cargo.

Ese 17 de febrero también renunció Kevin Montes, quien actualmente estaba en el Fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci. El MP informó que ese mismo día también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.

El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.

Estas renuncias de fiscales se da luego que el pasado 10 de febrero las autoridades guatemaltecas detuvieron a la abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia.

El pasado 15 de febrero, la abogada Eva Siomara Sosa, quien también trabajó en Cicig y fue parte de la Feci se presentó al tribunal donde había sido citada para aclarar su situación legal, pero de forma inesperada fue detenida y llevada a la cárcel.

A mediados del año pasado, Washington suspendió la cooperación con la Fiscalía de Guatemala, a cargo de Consuelo Porras, tras la destitución del entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, quien salió del país por seguridad, según dijo.

Todos han denunciado de que la actual fiscal general, María Consuelo Porras, favorece a intereses particulares y ha emprendido una persecución en contra de operadores independientes de justicia.

El 20 de septiembre de 2021, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, fueron incluidos en la lista de actores corruptos y no democráticos de la sección 353 del informe sobre personas extranjeras que han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticos

Cuatro guardias del Sistema Penitenciario (SP) fueron capturados este sábado 19 de febrero durante allanamientos en seguimiento a la investigación sobre la fuga de Cristian Renato Rodríguez Gallardo, alias “el Patojo”, sobre quien hay un proceso de extradición a EE. UU. y que guardaba prisión en la cárcel Mariscal Zavala cuando escapó el 16 de noviembre de 2021.

Rodríguez Gallardo, quien ya fue recapturado tras su fuga, fue detenido en julio de 2020 a solicitud de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero en la nación norteamericana, aunque también cuenta con una acusación por violencia contra la mujer en Guatemala. Tras su fuga, ahora suma otro proceso en su contra.

 “La Fiscalía de Delitos Administrativos en coordinación con la PNC realizó un operativo en el que se ejecutaron las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de los guardias Penitenciarios”, refiere el MP.

Agrega que “a través de diligencias técnicas se ha determinado que los detenidos son presuntos responsables de haber facilitado la evasión y de permitir las reuniones nocturnas dentro del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Mariscal Zavala”, agrega la Fiscalía.

Detenidos

• Reginaldo Efraín Xol Maquín
• William René Rodríguez Esquivel
• Érick Estuardo Ramos Méndez
• Éber Geovanni Sarceño Sarceño

Otras capturas

Las fuerzas de seguridad detuvieron el 11 de diciembre de 2021 a nueve trabajadores del SP por la fuga Rodríguez Gallardo. La PNC informó que las capturas se registraron en las oficinas de dicha institución y en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, de donde Rodríguez Gallardo pudo escapar el 16 de noviembre.

Entre los detenidos de esa oportunidad se encuentra el director de la prisión, Óscar Matías Pichiyá Pathán, al igual que el alcaide, Óscar Vidal Sanic Samol.

La cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala está ubicada al norte de la Ciudad de Guatemala y en ella se encuentran más de 200 reos de alto perfil como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015), encarcelado por corrupción, o el futbolista Marco Pablo Pappa, sindicado de violencia contra la mujer.

A solicitud del Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, fue ligado a proceso penal por el delito de evasión, Christian Renato Rodríguez Gallardo alias el patojo.

Gallardo se escapó del centro preventivo Mariscal Zavala el 17 de noviembre, y el domingo 19 de diciembre fue recapturado.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Rodríguez Gallardo, alias el Patojo, fue localizado y detenido en la zona 9 capitalina.

Rodríguez Gallardo, de 46 años, fue aprehendido la primera vez, el 2 de septiembre de 2020 durante un operativo en el km 6.5 de la ruta al Atlántico.

Estados Unidos lo requiere por conspiración de lavado de dinero y lo señala como parte de una organización que opera a gran escala en Guatemala y aquel país.

El miércoles 17 de noviembre, personal de Mariscal Zavala notificó que Rodríguez Gallardo no fue localizado, por lo que comenzaron las investigaciones para lograr ubicarlo.

Luego del escape, fueron detenidos nueve agentes del Sistema Penitenciario, el director de la prisión, Óscar Matías Pichiya Pathán, al igual que el alcaide, Óscar Vidal Sanic Samol.

El escape de Rodríguez Gallardo habría sido una de las causas por las que fue destituido Luis Rodolfo Escobar como director del Sistema Penitenciario, ocurrido la semana última.

Según la información policial, Rodríguez utilizaba un pasaporte falsificado con el nombre José Fabio Perón Arango, con el que intentaba evadir a las autoridades guatemaltecas, pero fue identificado mediante el dispositivo MI3.

Fue aprehendido en la Avenida de la Reforma y 14 calle, zona 9 capitalina, cuando viajaba en un picop junto a otra persona que también fue detenida.

Las autoridades analizan si Rodríguez se sometió a algún tipo de cirugía plástica, pues cuando fue detenido tenía el rostro cubierto con vendas.

Luis Rodolfo Escobar dejó de ser el director del Sistema Penitenciario de Guatemala, luego que la noche del 16 de diciembre fuera destituido del cargo.

Autoridades del Ministerio de Gobernación informan este viernes 17 de diciembre que el director del Sistema Penitenciario (SP), Luis Rodolfo Escobar, fue removido del cargo.

En su lugar, quedará de manera interina Alejandro Chang, quien es subdirector de Rehabilitación Social.

Escobar llegó al Sistema Penitenciario el 1 de abril de 2020, cuando resaltó que se mejorarían las condiciones de los guardias penitenciarios, pero ocho meses después es destituido del cargo.

La salida de Escobar se da luego de un escándalo en el SP por la fuga de Cristian Rodríguez Gallardo, reo con proceso de extradición a EE. UU., que escapó de la cárcel Mariscal Zavala el 16 de noviembre pasado.

Rodríguez Gallardo enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, luego de que el Tribunal Tercero ordenara su envío a ese país para enfrentar las acusaciones.

Rodríguez Gallardo, de 46 años, alias el Patojo,  había sido capturado el 20 de septiembre de 2020 durante un operativo en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico.

Desconoce motivo de su destitución

Luis Rodolfo Escobar, quien hasta ayer era el director del SP de Guatemala, ofreció una entrevista radial a La Red, en la que aseguró que desconoce el motivo por el que lo destituyeron.

Reconoció que fue removido del cargo la noche del 16 de diciembre, a eso de las 21.30 horas, y señalo que hay que respetar las decisiones.

“Desconozco cuál fue el motivo de la destitución, pero la respeto”, afirmó.

Señaló que en su momento se habló sobre la fuga del reo de la cárcel Mariscal Zavala, pero que directamente no le dijeron que su destitución fuera por ese motivo.

El exfuncionario dijo que él había presentado su renuncia al cargo y que las autoridades optaron por removerlo.

Pidió a la población denunciar cualquier información que pudiera dar con el paradero de la persona que se fugó y pidió a quien ocupe el cargo de director del SP, que continúe con los proyectos, con el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, porque merecen una segunda oportunidad.

Guardias detenidos

Las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado 11 de diciembre a nueve trabajadores del Sistema Penitenciario por la fuga el pasado 16 de noviembre de Cristian Renato Rodríguez Gallardo.

Entre los detenidos se encuentra el director de la prisión, Óscar Matías Pichiya Pathán, al igual que el alcaide, Óscar Vidal Sanic Samol.

Los detenidos están acusados de “incumplimiento de deberes, evasión culposa y abuso de autoridad”, según puntualizaron las autoridades.

Autoridades investigan el paradero de Cristian Rodríguez Gallardo, reo que escapó de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina.

Rodríguez Gallardo enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, luego de que el Tribunal Tercero ordenara su envío a ese país para enfrentar las acusaciones.

Sin embargo, Rodríguez Gallardo debía resolver otro proceso en Guatemala por un caso de violencia contra la mujer.

Este miércoles 17 de noviembre, personal de Mariscal Zavala notificó que Rodríguez Gallardo no fue localizado, por lo que autoridades comenzaron las investigaciones.

Peritos del Ministerio Público se encuentran en el centro de detención para recabar indicios y testimonios de los custodios del Sistema Penitenciario.

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Rodríguez Gallardo, de 46 años, fue aprehendido el 20 de septiembre de 2020 durante un operativo en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico por agentes de la Policía Nacional Civil.

El hombre viajaba en una camioneta agrícola y se le notificó que era requerido por Estados Unidos por conspiración para lavado de dinero.

Según la investigación, Rodríguez Gallardo formaba parte de una organización a gran escala de lavado de dinero, que operaba en Guatemala y EE. UU.

El Ministerio Público indicó que Rodríguez Gallardo recibió grandes cantidades de dinero en efectivo, luego de haber organizado negocios en Estados Unidos, producto de narcotráfico.

El dinero habría sido blanqueado en las cuentas con las que se organizaron los negocios.

El señalamiento contra Rodríguez Gallardo es por el delito de conspiración de lavado de dinero.

Las autoridades del cumplimiento de la ley de Estados Unidos revelaron una organización a gran escala de lavado de dinero operando en Guatemala y Estados Unidos. pic.twitter.com/va4wUAMrr1

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 3, 2020

La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) le autorizó Gustavo Alejos, el uso de la oficina administrativa de la cárcel de Mariscal Zavala para recibir a sus visitas, según consta en un oficio emitido por esa dependencia y enviado al Ministerio Público y hecho público este viernes 20 de noviembre.

Según se detalló al MP, el “privilegio” para el uso de la oficina del alcaide se basó en una petición que hizo Alejos, además aseguran que ello no es un “beneficio”, sino que únicamente se le prestó la oficina de la alcaidía de Mariscal Zavala para reunirse con sus abogados.

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Alejos podrá utilizar esta oficina administrativa durante 1 año.

Gustavo Alejos guarda prisión y está procesado en cinco casos de corrupción,  Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado).

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El lunes 8 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una designación pública contra Alejos en la que lo señala de haber cometido actos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom, y como consecuencia, lo declaró no elegible para ingresar al territorio estadounidense. La medida también aplica para su familia en primer grado.

Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses, un narcotraficante que se fugó de Mariscal Zavala en marzo de 2019, es uno de los muertos relacionados con el accidente de un jet Hawker 800 cuando intentaba aterrizar en una pista clandestina en Santa Marta Salinas, Chisec, Alta Verapaz.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sánchez Meneses tenía 26 años. La causa de muerte fue laceración hepática, seguido de trauma cerrado de abdomen. Su identificación fue posible gracias a las impresiones dactilares (cotejo dactiloscópico).

En la morgue del Inacif aún hay dos cuerpos levantados de la escena del accidente a la espera de que sean identificados.

Según la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP, el hallazgo fue a unos 20 kilómetros del área donde ocurrió el accidente aéreo, que dejó dos personas muertas. Una de esas es Sánchez Meneses.

Las sospechas sobre la participación se originaron desde que el Ministerio Público confirmó el hallazgo de esos dos cuerpos. El MP detalló que la relación de identidad se hizo al comparar fotografías obtenidas en la escena donde se ubicaron los cadáveres y las imágenes del prófugo de la justicia. Ahora está confirmado.

Óscar Alejandro Mendoza Mendoza, de 25 años, es otro de los fallecidos que ya está identificado. La causa de muerte fue laceración cardiaca, seguida de trauma cerrado de tórax.

Quién es Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses

Es conocido como “Jan” y era un supuesto narcotraficante que había sido capturado el 19 de enero del 2019 y tenía pedido de extradición de Estados Unidos, por narcotráfico.

La detención ocurrió en la colonia Lourdes, zona 17 capitalina. Es sindicado del delito de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, hallados en un avión registrado en EE. UU.

La alerta para su detención se emitió el 12 de julio de 2016 por un tribunal distrital del estado de Virginia.

Su captura sucedió tras un allanamiento en la 9a. avenida 1-23 colonia Lourdes, zona 17. Las autoridades especificaron sus características: Tez morena clara, boca mediana, tiene tatuajes, utiliza barba completa, estatura de 1.68 metros, labios medianos, cabello lacio y ojos oblicuos medianos.

El 17 de marzo, en el conteo de reos en el Mariscal Zavala, las autoridades se dieron cuenta que Sáchez Meneses no estaba y que se había fugado.

De acuerdo con las investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), se identificó a Sánchez Meneses como piloto de un avión que habría transportado cocaína de Venezuela a Guatemala, y que era parte de una organización que trasegaba droga desde Sudamérica para llevarla a Estados Unidos.

En marzo de 2014 fue el copiloto de un avión que voló de Guatemala hacia Apure, Venezuela, con el propósito de recoger mil kilos de cocaína. La operación falló porque las fuerzas policiales de aquel país interceptaron el cargamento.

Sin embargo, ya en el 2014 y 2015, Sánchez Meneses había hecho dos viajes con éxito transportando droga en la cola de las aeronaves.

El proceso de extradición estaba dentro del plazo de los 40 días a la espera de que el gobierno de Estados Unidos remitiera los documentos para completar el trámite, pero el “Jan”, se fugó.

Las redes sociales de la Dirección General del Sistema Penitenciario anunciaron un amplio operativo dentro del centro carcelario de la zona 17, Mariscal Zavala, donde guardan prisión exfuncionarios acusados por posible corrupción.

Incluso el portavoz de la institución, Carlos Morales, explicó por medio de una entrevista telefónica que la medida fue emitida por las máximas autoridades.

“Es una requisa por órdenes del director general Rodolfo Escobar que se inició a las nueve de la mañana en el centro carcelario Mariscal Zavala con todo nuestro personal de inteligencia del grupo elite”, refirió el portavoz.

Pero horas después el propio director aclaró que no se trataba de ninguna requisa, sino por el contrario, era una charla enfocad a buscar que los privados de libertad tuvieran medidas de higiene para evitar el coronavirus.

“No puedo venir y darles un resultado donde tuvimos que encontrar algún ilícito porque no hicimos la búsqueda por la cuestión del respeto que debemos de tenerle al privado de libertad en cuanto que ellos estén bien…ningún centro de detención tiene (casos de coronavirus) y la visita nuestra puede alterar eso”, refirió el director.

Dentro del centro de detención Mariscal Zavala figuran altos exfuncionarios que fueron señalados por investigaciones del Ministerio Público (MP) por posibles actos de corrupción, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina.

El retorno de Torres a la prisión fue ordenado por Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, quien conoce el caso contra la política.

Este mismo día el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) había informado que la expresidenciable no ameritaba continuar hospitalizada por posibles problemas cardíacos y dejó la decisión en manos de la juzgadora.

Torres guarda prisión provisional desde el 2 de septiembre pasado cuando fue detenida en su residencia.

La excandidata por el partido UNE fue ingresada a un sanatorio privado en la zona 2 capitalina el pasado 2 de octubre, y se tenía previsto que el domingo 6 de octubre regresara a la referida prisión en la zona 17, pero una resolución judicial prolongó la hospitalización hasta este 9 de octubre.

La salida de Torres de Mariscal Zavala se dio luego de que médicos del Sistema Penitenciario (SP) la evaluaron de la presión y detectaron que era variable y el cardiólogo recomendó enviarla a un centro asistencial.

El Ministerio Público señala a Torres de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, los cuales supuestamente cometió durante la campaña electoral del 2015.

La audiencia de primera declaración para Torres continuará el 16 de octubre, cuando se sabrá si Torres es ligada o no a proceso.