Y, sin embargo, allí encontraron también lo mejor de sus días, un amor del que esperan que dure para siempre.

Es la paradójica y asombrosa historia de Angelis y Jhosman, Jhosman y Angelis, dos jóvenes venezolanos a los que la vida les cambió el día que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los encerró en su centro de detención conocido como el Helicoide, uno de los de peor fama de toda Venezuela.

Ahora, con 29 años ella y 26 él, echan la vista atrás en el salón de su cálido apartamento a una hora escasa de Caracas y recuerdan las difíciles circunstancias en las que nació su relación.

Su memoria de pareja quedará para siempre ligada a el Helicoide, el lugar al que las autoridades chavistas envían habitualmente a los que consideran los presos más peligrosos.

Según las denuncias de presos, familiares, y asociaciones pro derechos humanos, allí son frecuentes los malos tratos, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los lugares más temidos del país.

El reciente informe sobre Venezuela emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo incluyó entre los centros de detención en los que se cometen abusos, y afirmó que allí algunos de los guardias presionan a las mujeres presas aprovechándose de su cautiverio para que se presten a mantener relaciones sexuales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, negó el contenido del informe de Bachelet y le envió una carta en la que exigía una “inmediata rectificación” de sus “graves errores” y “falsas acusaciones”.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una petición de información de BBC Mundo.

• El Helicoide, el centro comercial que se convirtió en un sitio de torturas

• Qué está pasando en el Sebin, el temido servicio de inteligencia de Venezuela al que señalan de conspirar contra Maduro

¿Cómo acabaron ellos entre sus rejas?

Jhosman Paredes era en 2014 uno de los estudiantes más activos en las protestas que se llevaban a cabo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en San Cristóbal.

Venezuela vivía una de las olas de manifestaciones en las que la oposición ha exigido la renuncia de Maduro en los últimos años, pero Jhosman se desmarca de aquello.

“Nosotros estábamos protestando desde mucho antes, por todos los problemas que tenía la universidad”, recuerda.

El 18 de septiembre, dice, empezó su calvario.

“Entre seis y ocho personas me metieron a golpes en una camioneta. Dentro de la camioneta me dieron más golpes y choques eléctricos”

“Me llevaron a un lugar en el que me colgaron de las manos de una barra de metal. Apenas me alcanzaban los pies al suelo. Allí guindando, me dieron patadas en las costillas“, cuenta.

Sus captores tardaron en identificarse como funcionarios del Sebin. Cuando lo hicieron lo subieron a una avioneta rumbo a Caracas.

“Volé con los ojos vendados y tirado boca abajo en el piso”.

En el aeropuerto militar en el que aterrizó se le presentó a la fiscal que después lo acusaría de conspiración para la rebelión y lo llevaron directo al Helicoide.

“Nunca pudieron probar nada”, dice él.

Ni ella ni los otros funcionarios a los que dijo haber sido golpeado hicieron caso de sus denuncias.

Los primeros treinta días los pasó solo en una celda sin ventanas iluminada por un tubo fluorescente siempre encendido.

“No sabía qué hora del día era y tenía una cucaracha como mascota”, relata.

Después de un mes lo trasladaron a una celda con otros cinco presos y le permitieron empezar a recibir visitas.

Pero pasarían hasta siete meses hasta que pudo salir al patio a caminar y ver la luz del sol.

El mal negocio de Angelis

Jhosman daba sus primeros paseos con otros internos cuando Angelis Quiroz llegaba al Helicoide.

Graduada en leyes, trabajaba en el departamento jurídico de la empresa de venta de automóviles de su padre cuando el gobierno decidió su intervención y acusó a sus directivos de haberse quedado el dinero de los compradores que esperaban vehículos importados que ya habían pagado.

Su padre dio una rueda de prensa defendiendo su inocencia y a ella, también acusada, la mandó a Colombia, donde se pasó casi un año.

“Estaba indocumentada y sola, y en Venezuela me reclamaban por legitimación de capitales, estafa y asociación para delinquir. Sabía que no había hecho nada malo y sentía que me habían arruinado la vida, así que decidí entregarme”, rememora.

Cuando llegó al Helicoide, los agentes del Sebin no se lo creían, pero pronto le encontraron hueco en una celda repleta de mujeres.

“Al principio éramos doce y la convivencia era difícil; luego llegamos a ser 35“.

“El hacinamiento era tal que había que esperar horas para ducharnos y a veces los funcionarios no nos dejaban usar el baño, así que tocaba hacer las necesidades en botellas de plástico o papeles de periódico”.

Recuerda una rutina de peleas entre reclusas y falta de espacio e intimidad.

También experiencias escalofriantes cuyo recuerdo, dice, aún la angustia. “Escuchábamos cómo golpeaban a los presos en la madrugada; una noche incluso oímos cómo violaban a una muchacha”.

Privada de libertad, cayó en depresión e intentó suicidarse dos veces. Además, su salud comenzó a deteriorarse.

Las cartas del coronel

Pero entonces una imagen inesperada llamó la atención de Angelis.

Un muchacho con el pecho tatuado empezó a pasar a diario junto a la celda de las mujeres.

Era Jhosman, que con tal de respirar algo de aire puro se ofrecía como voluntario para sacar la basura de la celda que compartía con otros hombres.

En su trayecto, cuando los guardias no se lo impedían, se asomaba a la reja de la celda de las mujeres y entregaba una carta allí.

Era el recado que le pedía cada vez el coronel José Gámez, militar compañero suyo en la celda, que buscaba así la manera de comunicarse con su esposa, recluida junto a Angelis.

Gámez sigue hoy en otro centro penitenciario pendiente de juicio por “terrorismo y asociación para delinquir”, y recientemente la diputada opositora Adriana Pichardo ha denunciado que presenta “un grave cuadro de salud” ante la negativa de las autoridades a facilitarle la atención médica adecuada.

https://twitter.com/apichardob/status/1151610640336920578?s=20

Angelis y Jhosman nunca lo olvidarán ni a él ni a su esposa.

“Ambos conspiraron para que Jhosman me escribiera también a mí”, recuerda Angelis.

Tampoco olvidará lo que decía el primer mensaje de quien hoy es su esposo: “Si tiemblas ante la injusticia, entonces eres mi amiga”.

“Un rayo de luz”

Iniciada esa relación epistolar, en enero de 2016 sucedió algo que los acercaría aún más.

“El coronel sufrió un infarto y nadie venía a ayudarle. Yo lo veía sufriendo y, desesperado, solo se me ocurrió empezar a arrancar las cámaras de seguridad para llamar la atención”.

Entonces, dice, sí llegaron los funcionarios, que se llevaron al coronel a que lo viera un médico y a él lo encerraron como represalia en una celda de presos comunes.

El castigo, no obstante, le acercó a la zona de el Helicoide en la que estaba Angelis y ambos empezaron a recibir visitas en el mismo sitio y a la misma hora, lo que les daba una oportunidad inesperada para compartir como nunca antes.

Así se conocieron más y se conocieron más las familias de ambos.

Como todo en la cárcel, tampoco la vida de pareja resultaba fácil.

“Había un huequito para los encuentros conyugales, pero los presos teníamos que pagarle al funcionario para que nos dejara usarlo. Nunca teníamos tiempo más que para algo rapidito; a los 15 minutos ya nos estaban llamando”, afirma entre risas Jhosman.

“Para mí aquello fue como un rayo de luz. Era tan agradable que entre tanta basura alguien te hiciera sentir persona“, dice Angelis.

En abril de 2016, en la sala de visitas del Helicoide, Jhosman le pidió que se casara con él.

Muchos en su círculo cuestionaron ese paso. A él le decían que podría encontrar otras mujeres cuando saliera. A ella, que él la dejaría cuando fuera libre.

Pero ambos estaban convencidos.

“Supe que había encontrado algo bueno y quise asegurarlo”, dice Jhosman.

“En la cárcel estás emocionalmente desnudo; si alguien te acepta allí, es que te acepta tal y cómo eres”, afirma Angelis.

La hora de la libertad

El 23 de diciembre de 2017 ocurrió algo inesperado.

En el marco de las negociaciones con la oposición en República Dominicana, finalmente infructuosas, el gobierno anunció la liberación de un grupo de presos “señalados como responsables de hechos de violencia con fines políticos”.

Jhosman era uno de ellos y recibió orden de prepararse para salir. Junto a otros, fue llevado a presencia de Delcy Rodríguez —hoy vicepresidenta, entonces canciller—, una de las figuras políticas más poderosas de la Venezuela chavista, a la que Maduro había colocado al frente de la “Comisión de la Verdad”, creada con el fin declarado de aclarar los “delitos cometidos por la oposición” y “restablecer la tranquilidad pública”.

Aquello se televisó por la cadena estatal y todo el país pudo ver cómo Jhosman y los otros presos escuchaban impasibles las palabras de la dirigente

“Fue un show político”, dice Jhosman, que aún no había recuperado la libertad del todo cuando ya estaba pensando en la de Angelis.

“Pedí hablar en privado con Delcy Rodríguez y le hablé de Angelis;le pedí que también la liberaran a ella“.

Rodríguez ordenó a un asistente tomar nota de la petición de Jhosman. “Me dijeron que estudiarían su caso”.

Jhosman se pasó los meses siguientes llamando y acudiendo a la “Comisión de la Verdad”, entregando documentos e informes que apoyaran la petición de libertad de Angelis.

Para entonces, los problemas de ovarios que sufre la habían debilitado aún más.

El 1 de junio de 2018, por fin, también ella fue liberada. “No me lo creí hasta que lo vi a él allá afuera. Sé que salí por todo lo que él empujó”.

En octubre ya se habían casado.

Ahora viven felices, pese a que tienen que presentarse periódicamente ante las autoridades, no pueden salir del área metropolitana de Caracas sin notificarlo y no pueden hacer declaraciones de tipo político.

Aunque mantienen el contacto con alguna de la gente que conocieron en el Helicoide, quieren mirar hacia el futuro. “Algunos se han quedado atrapados en el asunto de la política y nosotros queremos cosas positivas, no quedarnos en eso”, dice Angelis.

Ella está ahora volcada en sus proyectos de fotografía, una vocación nueva que le apasiona y le ayuda a curar las heridas que aún tiene por cerrar.

“Se que aún no he superado todo aquello”, admite.

Él se centra en una prometedora carrera como cocinero en la que dice que le va mejor de lo que esperaba.

¿Qué será lo próximo?

“Vamos a tener un perro. Si nos va bien iremos por los niños”.

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Los datos oficiales de los sistemas penitenciarios del istmo son reveladores y alarmantes para los analistas, pues la mayoría de las 125 cárceles, con infraestructura obsoleta, no dan abasto y no permiten resocializar a los internos para que puedan incorporarse a la vida productiva al cumplir sus penas.

“Que se encierre a las personas no resuelve el problema de la crisis social que afuera de los muros de los centros penales tiene la sociedad“, advierte el coordinador del programa de justicia penal de la salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Héctor Carrillo.

Apunta al deterioro en las condiciones de vida de la población regional y a la falta de oportunidades como causas del alto nivel de encarcelamiento.

En 2013, el sistema penitenciario regional sumaba 92.565 presos en 114 cárceles, pero en los últimos cinco años el número se incrementó en 42.000 personas. Pese a la construcción de 11 cárceles nuevas, el hacinamiento persiste.

Para el especialista costarricense Marco Feoli, el hacinamiento “en el largo plazo condena al sistema penitenciario a ser un sistema fallido, que no sirve para nada más que para castigar a la gente, tenerla engavetada, y en el largo plazo se sigue gestando la violencia”.

Después de constatar la realidad carcelaria como exministro de Justicia, la conclusión de Feoli es lapidaria: “Ninguna cárcel con los niveles de hacinamiento que tenemos en estos momentos es un medio para reeducar o resocializar a alguien”.

Triángulo de violencia

Los países con más encarcelados son los del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala con 24.681 reclusos, El Salvador con 40.090, y Honduras con 21.052, que en conjunto suman el 63,6% del total regional de presos.

De ese total, 19.840 (23,1%) son pandilleros.

Por ser una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, el Triángulo Norte registra elevados promedios de encarcelamiento: El Salvador tiene 627 presos por cada 100.000 habitantes, Honduras 216, y Guatemala 140, según la base de datos World Prison Brief.

Eso refleja su elevado nivel de criminalidad, con una tasa de homicidios en 2018 de 22,4 por cada 100.000 habitantes en Guatemala, 40 en Honduras y 51 en El Salvador, niveles considerados entre los más altos del mundo para países sin conflicto armado.

Superan de lejos el promedio mundial de 5,3 por 100.000 habitantes en 2016, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.

Las cifras son menores en el resto de Centroamérica: Nicaragua tiene 15.000 presos, Costa Rica 16.000 y Panamá 16.680. En Belice hay 1.297 internos.

Hacinamiento desbordado

Guatemala es el país centroamericano de mayor hacinamiento, con 400%, y Panamá el de menos con 1,1%.

Los espacios que El Salvador tenía habilitados en sus presidios a febrero de 2017 eran para 9.975 internos, por lo que registraba un hacinamiento del 373%, pero con diferentes iniciativas lo redujo a un 153% en febrero pasado.

El Director de Centros Penales de El Salvador, Marco Tulio Lima, declaró a AFP que desde 2017 el país ha invertido 58 millones de dólares en infraestructura y está por completar en junio próximo 30.603 nuevos espacios.

“Es la inversión más alta en toda la historia” del sistema penitenciario salvadoreño, que impulsó el programa “Yo Cambio” para capacitar a los internos en oficios variados.

Honduras, después de tener hacinamiento histórico de más de 100%, lo redujo al 30% actual, al construir nuevos recintos.

El gobierno hondureño hizo frente al hacinamiento tras sufrir en febrero de 2012 la peor tragedia carcelaria de Latinoamérica, cuando en un incendio murieron calcinados 362 reos en la Penitenciería Nacional de Comayagua.

Costa Rica, uno de los países con menor índice de violencia en el istmo, hoy se alarma por tener 37% de hacinamiento.

Los analistas coinciden en que las cárceles se mantienen llenas porque los gobiernos no promueven la prevención, y ante una sociedad que demanda castigo, han privilegiado populistas planes represivos de mano dura, sumado a un sistema de justicia altamente punitivo.

El exsecretario general del Ministerio Público de Guatemala y ahora activista de derechos humanos Mynor Melgar, atribuye la sobrepoblación a una “cultura carcelaria”.

En Guatemala delitos de “menor relieve” o faltas son castigadas con prisión preventiva, por eso Melgar propone reformas al Código Procesal Penal para buscar alternativas a la detención.

En Guatemala, entre 2008 y 2018, la población privada de libertad aumentó de 8,400 a 24,400 personas, equivalente a un crecimiento de 190%.

Es decir en 2018 la capacidad de las cárceles se había superado en un 350%, provocando un hacinamiento que ha generado un descontrol en los establecimientos carcelarios, señaló la investigadora de CIEN, Corinne Dedik, esto porque la institución opera con un déficit de personal e instalaciones sobrecargadas.

“Durante más de una década no se ha invertido en suficientes espacios carcelarios para ampliar la infraestructura” indicó Dedik.

La tasa de prisionalización es de 139 reclusos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, a pesar del aumento, sigue siendo la más baja de todo Latinoamérica. Resalta que del total población de presos un 47% está en prisión preventiva, pero al hacinamiento se suma la problemática de los pandilleros recluidos.

Población reclusa la mañana de hoy 30/01/2019 a nivel nacional, en los centros carcelarios a cargo de @DGSPG pic.twitter.com/ZN6TXjHh2M

— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 30, 2019

CIEN propone readecuar la infraestructura carcelaria, construir nuevos espacios para cumplimiento de condena bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

Además de diseñar e implementar la carrera penitenciaria que incluya una estructura jerárquica con ascensos basados en el mérito, esto con el objetivo de evitar que los guardias se presenten a actos corruptos, como ingresar armas o aparatos tecnológicos que contribuyan a seguir generando que las cárceles se conviertan en “los centros neurálgicos” de los líderes pandilleros que pese a estar presos, indicó Dedik.

Deficiencia en el sistema de justicia

El Centro concluyó que el flujograma de justicia criminal que es una herramienta que permite medir la eficiencia del sistema de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran(MP y OJ) señaló que la eficiencia del sistema de justicia criminal en Guatemala fue 26.6% en 2017. Eso significa que de cada 100 casos que se encontraban en el sistema, se le dio salida a 27.

Pero desde 2014 se observa un comportamiento opuesto en las eficiencias de las instituciones como el Organismo Judicial (OJ) y  el Ministerio Público (MP).

Los analistas señalaron que el MP registró un comportamiento al alza, que pasó de una eficiencia de 15% en 2014 a 29.8% en 2017, mientras que el OJ ha experimentado un comportamiento hacia la baja, pasando de una eficiencia de 20.7% en 2014 a 17.8% en 2017.

Homicidios bajan pero extorsiones y secuestros suben

En el año 2009, Guatemala registró la cantidad y la tasa anual más alta de homicidios. Hubo 6,498 homicidios, lo cual representó una tasa de 46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Desde entonces, la tasa se ha reducido todos los años y en 2018 fue 22.4.

Pero pese a ello incrementaron las denuncias por extorsión, secuestro y robo de furgones con mercadería. Algo que según Menchú sigue generando “un ambiente de temor pues la población aún percibe altos índices de violencia”. 

A nivel geográfico, las tasas más bajas de homicidios por departamento se registran en el Altiplano, seguido de los departamentos del sur-occidente del país.

En el sur-oriente se registra el segundo grupo de departamento con tasas más altas y los departamentos con las tasas más altas vuelven a ser los mismos que en años anteriores: Zacapa, Escuintla, Izabal, Guatemala y Chiquimula.

A nivel municipal, 18 municipios concentran el 51% de todos los homicidios, diez de los cuales son del departamento de Guatemala y otros cinco son cabeceras departamentales.

Por otra parte, 12 municipios aumentaron 196 homicidios, entre los cuales sobresalen cuatro que aumentaron más de 20 homicidios: Chimaltenango, La Libertad, San Pedro Ayampuc y Amatitlán.

Proponen reformar PNC para evitar corrupción

CIEN señaló en su informe que la PNC  juega un papel preponderante dentro de la prevención y contención del delito, pero que cada día es más común ver a agentes involucrados en hechos delictivos. Además de resaltar que la impunidad en temas delictivos en el país representa más del 90%.

El Centro de Investigaciones señaló que una de las cosas que se debe mejorar en el ámbito justicia, es la manera en la que se hacen las convocatorias para la aplicación a un puesto de Policía Nacional.

El ingreso de una persona a la PNC, es por medio de su Academia, donde se selecciona y forma a los aspirantes, pero que muchas veces no obtiene ascensos.

Agentes y tasa de policías

Ascensos con irregularidades

Se resaltó que pese a que los agentes tienen una constante formación policial que abarca especialmente la capacitación para el ascenso durante la carrera, “desafortunadamente durante el año 2018, alumnos ya formados no fueron tomados en cuenta para los ascensos“.

De enero a julio a 2018, el Ministerio de Gobernación había realizado 167 ascensos en diferentes rangos en la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales se señaló que el 81% tenían alguna irregularidad, según lo denunciado en su momento por  bancada de Encuentro por Guatemala (EG) .

CIEN propone implementar un programa de evaluación y capacitación del personal docente de la Academia de la PNC. Así como desarrollar todo un nuevo modelo de gestión en la PNC, que involucre planificación, asignación de recursos, compras y adquisiciones vinculadas a la disminución de índices delictivos.

También se plantea regular, revisar y documentar todos los procesos atinentes a los ascensos dentro de la carrera policial,  y para ellos será necesario seguir fortaleciendo la Inspectoría General.

“A pesar de los esfuerzos que se han hecho en la contención de las extorsiones pues hemos visto aún desafíos que afrontar aún temas de controles de seguridad, por ejemplo en los últimos días se han visto capturas de policías que han estado vinculados con pandilleros que cobraban extorsión, es un tema pendiente la depuración de las fuerzas de seguridad” señaló Walter Menchú, analista de Seguridad Ciudadana del CIEN

DIGICI y DIGICRI no cumplen con sus funciones

Existe una percepción generalizada en los expertos, que señala que los entes de inteligencia no están cumpliendo con sus funciones adecuadamente, sobre todo luego de que La Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación, fuera sindicada de supuestos casos ilegales de espionaje, desde allí ha perdido la importancia que tenía, y se sabe que no está respondiendo en la formulación de productos de inteligencia criminal que le corresponden.

También se propone esclarecer en el plano de la gestión estratégica interinstitucional el modelo del diseño institucional de la investigación criminal, particularmente el rol de PNC y DIGICRI, para evitar duplicidad de funciones.