El Gobierno de Guatemala y la Cámara del Agro (Camagro) manifestaron su rechazo a una resolución del Parlamento Europeo en la cual el organismo regional manifiesta su “preocupación” por el “deterioro” del Estado de Derecho en el país, situación que lo ubica al lado de Rusia y de Corea del Norte respecto al respeto de los derechos Humanos.

“Reconocemos los retos en materia de certeza jurídica y Estado de derecho y la importancia de continuar procurando su fortalecimiento. Hemos sido testigos de los grandes desafíos que representa la débil institucionalidad del país, la impunidad y la falta de aplicación de la Ley a quienes cometen delitos flagrantes y violaciones a los ddhh de la mayoría de los ciudadanos como es el caso de invasiones a la propiedad, bloqueos a la libre locomoción, entre otros”, señala un comunicado de Camagro.

Añade que “desde 1985 a la fecha en Guatemala se han vivido procesos democráticos que garantizan la altemancia en el poder. Todos ellos han sido observados y avalados por observadores intencionales, incluyendo misiones de la Unión Europea. Como sector hemos sido y seguiremos siendo vigilantes de los procesos democráticos, la independencia de poderes y el Estado de Derecho”.

Por lo anterior, Camagro señala que “exhortamos a las distintas instituciones de la Unión Europea y Estados miembro que previo a emitir este tipo de resoluciones, amplíen su información sobre Guatemala, sus sectores y el resto de las instituciones. De tal manera que les permita una aproximación más integral a partir de un diálogo abierto verdaderamente inclusivo que tome en cuenta a todos los actores de la sociedad de la que también las empresas y los productores somos parte”.

En tanto, el Gobierno de Guatemala manifestó el jueves último su “rechazo” a la resolución del Parlamento Europeo.

“El Gobierno de Guatemala expresa su total rechazo a la resolución del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Guatemala”, aseguró el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, en un mensaje divulgado por el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, la resolución “no abarca todas las posturas que resaltaron el trabajo hecho en el combate a la corrupción”.

Búcaro añadió que el anuncio del Parlamento Europeo “no es vinculante para Guatemala” y argumentó que en el país “hay democracia y hay Estado de Derecho”.

El canciller guatemalteco también resaltó que la nación ha “participado” de “la mano de la Unión Europea” en “un papel activo en el liderazgo de la invasión contra Ucrania”.

La resolución del Parlamento Europeo fue divulgada ese mismo jueves y enfatiza su “preocupación” por el “deterioro del Estado de Derecho”.

Además, el enunciado del organismo regional “condena la criminalización y el acoso contra defensores de los derechos humanos y periodistas”.

El lunes, el periodista guatemalteco Juan Luis Font, director de un programa radial crítico del Gobierno del presidente Giammattei, informó que dejaba temporalmente el país por denuncias “espurias” en su contra.

El comunicador, exdirector de la revista política ContraPoder, indicó en su programa de radio “Con Criterio” que “en este momento de tanta tensión, provocada por denuncias espurias, he optado por poner distancia”.

Font, de 55 años, había sido arraigado en 2021 por un caso que se encuentra bajo reserva y del cual el Ministerio Público (MP) no ha facilitado información.

La salida de Font del país es la primera de un periodista reciente, pero se suma a las de 15 juristas, entre fiscales y jueces, que han dejado Guatemala en los últimos meses y años debido a la persecución política en su contra por su protagonismo en la lucha anticorrupción entre 2014 y 2020.

La mayoría de ellos ha señalado la persecución judicial de la fiscal general y jefa del Ministerio Público guatemalteco, Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos con el retiro de su visa acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto.

“La Cámara critica las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general de Guatemala contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas”, apostilló este jueves el Parlamento Europeo.

Además de Font, en las últimas semanas tuvo que salir del país la reconocida jueza Erika Aifán, quien llevaba varios casos de alto perfil en un tribunal de máximo riesgo debido a hostigamiento de todo tipo en su contra, según afirmó en reiteradas ocasiones desde 2019.

La corrupción y el deterioro del estado de derecho en Guatemala profundizan en la desigualdad y la pobreza. Restaurar la democracia pasa por promover la justicia social. La mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. @PDE_EDP @RenewEuropa @eajpnv pic.twitter.com/A31FHdgTr4

— Izaskun Bilbao (@IzaskunBilbaoB) April 6, 2022

Con información de EFE

Docenas de pilotos de transporte de pasajeros y carga bloquearon el lunes y martes últimos varias carreteras del país como medida de presión para exigir al Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, la eliminación de un seguro obligatorio para terceros en caso de accidentes de tránsito, acciones que, según la Cámara del Agro (Camagro), constituyen delitos.

La contratación del seguro obligatorio de los transportistas se debe a los constantes accidentes de tránsito que solo en los últimos cinco meses han dejado al menos 167 muertos en las carreteras del país, de acuerdo con registros oficiales.

El acuerdo que los obliga a contratar un seguro fue aprobado en 2020 durante la Administración del presidente Jimmy Morales, pero aún no cobra vigencia debido a la negativa de los transportistas, que mantienen negociaciones con el Gobierno.

Pero de acuerdo con Camagro, las acciones de los transportistas constituyen delitos, puesto que decenas de personas se quedaron varados por horas ante los bloqueos, por lo que exige al Ministerio Público (MP) que investigue e individualice a los responsables.

“El día de hoy -28 de enero- presentamos una denuncia penal en el Ministerio Público en contra de todo autor material e intelectual, líderes, posibles financistas y cómplices, por los posibles delitos incurridos en los bloqueos realizados en diversas carreteras del país los días veinticuatro y veinticinco de enero del año dos mil veintidós”, dice el comunicado de Camagro.

Además, agrega que “exigimos a las autoridades del MP investigar lo sucedido para que estos delitos no queden en la impunidad y se aplique todo el peso de la Ley a quienes resulten responsables.

Hechos lamentables

Como resultado de esas protestas, ocurrieron varios hechos que atentaron contra la seguridad de los guatemaltecos, pues en uno de los casos una mujer perdió la vida en una ambulancia que no pudo pasar y una mujer policía que fue “secuestrada” por transportistas inconformes.

Era la mañana del 24 de enero y miles de personas se alistaban para salir a sus labores diarias en Guatemala, pero la rutina cambió cuando transportistas bloquearon las principales carreteras.

Una historia impactante se registró en Alta Verapaz, donde una mujer perdió la vida al no recibir atención médica a causa de los bloqueos, como lo conformaron autoridades de ese departamento.

Romel Manuel Véliz Castro, gobernador de Alta Verapaz, informó que se coordinó con el Ministerio de Salud para que enviara una ambulancia, ya que una mujer estaba en trabajo de parto en la aldea Campamac, en Cobán.

Añadió que la paciente, cuyo nombre no fue proporcionado, fue atendida por una partera, pero por las complicaciones que tuvo era de urgencia trasladarla al Hospital Regional de Cobán.

Ya iban en el recorrido para que la mujer recibiera asistencia médica, pero lamentablemente se toparon con los bloqueos por parte de mototaxis en la aldea Siguanhá.

El funcionario indicó que a pesar de que los manifestantes se percataron de la emergencia, estos negaron el paso a la ambulancia, lo que causó retrasos.

La salud de la paciente empeoró y murió en la ambulancia el lunes 24 de enero cuando era trasladada, pues ya había dado a luz en la aldea Campamac. El bebé de la paciente está con vida.

Además, un enfrentamiento se produjo el martes 25 de enero por la tarde entre la Policía Nacional Civil (PNC) y manifestantes en San Antonio Suchitepéquez, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas dijeron que dos agentes quedaron heridos en el enfrentamiento y fueron trasladados al Seguro Social de Mazatenango.

Los manifestantes pertenecen a propietarios y conductores del transporte público y mantienen bloqueados varios puntos del país porque no están de acuerdo en la adquisición de un seguro para terceros.

Los problemas comenzaron en el cruce conocido como El Aguacatal, donde, de acuerdo con videos, los descontentos volcaron autopatrullas de la Policía, y donde, al parecer, hubo varios arrestos y vehículos consignados por las autoridades.

Este cruce comunica a San Pablo Jocopilas con Santo Tomás La Unión y San Antonio Suchitepéquez.

Posteriormente, cuando se habló de que la PNC liberaría el paso en San Antonio Suchitepéquez, un grupo de manifestantes se desplazó a ese lugar “para acuerpar a los compañeros”.

En medio de los enfrentamientos, un grupo que supuestamente provenía de la Boca Costa de Sololá se dirigió a Santo Tomás La Unión y retuvo a la agente Paola Argueta de la subestación de esa localidad.

Los descontentos grabaron un video en el que obligan a la misma agente a pedirle a sus superiores que liberen a los capturados, tanto manifestantes como vehículos, a cambio de su propia liberación.

Trascendió más tarde también el secuestro de un comisario a manos de un grupo de manifestantes en el llamado cruce del Aguacatal, también en esa área.

A eso de las 20 horas de ese martes, ambos agentes fueron liberados, aunque no se revelaron detalles de las negociaciones con pobladores.

Con 113 votos a favor, la iniciativa 4849 conocida también como Ley de armonización para prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala fue aprobada en su tercera lectura, quedando pendiente la aprobación por artículos y redacción final para que entre en vigor.

Esta iniciativa fue presentada en 2014 y se quedó estancada en febrero de 2018 cuando el Congreso, presidido por Álvaro Arzú Escobar, no logró reunir los 105 votos para aprobarla en tercera lectura.

Esta iniciativa pretende reformar varios artículos del Código de Trabajo, Código Civil y la Ley de Protección Integral de la Niñez para establecer los 16 años como edad mínima para ser contratado.

La iniciativa también prohíbe los trabajos nocturnos y las jornadas extraordinarias en los menores de edad.

La Comisión del Menor y la Familia tenía contabilizado que en el país existen alrededor de 850 mil niños que desempeñan trabajos como la agricultura y ganadería.

Pero pese a esto, la iniciativa de ley había quedado dormida en el Congreso los últimos dos años y fue hasta ahora que el tema del trabajo infantil en Guatemala salió a relucir en un documentad del Reino Unido, que los diputados decidieron retomar la discusión.

IMPORTANTE: "Felicitamos a los 113 Diputados del Congreso de la República que aprobaron hoy en tercera lectura la Iniciativa 4849 que permitirá a Guatemala armonizar la edad mínima con los convenios y estándares internacionales." pic.twitter.com/eY4tkhhe4u

— Cámara del Agro (@CamagroGuate) March 4, 2020