Roger Kibbe, de 81 años, fue encontrado inconsciente en el suelo de su celda en la prisión estatal de Mule Creek, California, según dijeron funcionarios penitenciarios estatales.

Era un asesino en serie de California conocido como el “estrangulador I-5” y ha muerto en prisión.

Kibbe fue trasladado al centro de salud de la prisión, donde más tarde fue declarado muerto, informó ABC.es.

Su muerte está siendo investigada como homicidio, según indicaron las autoridades.

Kibbe estaba cumpliendo varias cadenas perpetuas en la prisión estatal de Mule por condenas por asesinato en primer grado.

Fue declarado culpable por primera vez de asesinato en primer grado en 1991 por el homicidio en 1987 de Darcine Frackenpohl, de 17 años, por el que fue sentenciado a de 25 años a cadena perpetua, según el Sacramento Bee.

Pruebas de ADN a principios de la década de 2000 relacionaron a Kibbe con otros seis asesinatos.

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Sus otras víctimas fueron Lou Ellen Burleigh en 1977 y Bárbara Ann Scott, Stephanie Brown, Charmaine Sabrah, Katherine Kelly Quinones y Lora Heedrick, todas en 1986.

En 2009, Kibbe se declaró culpable de varios nuevos cargos de asesinato, violación y secuestro.

Fue condenado a cadenas perpetuas consecutivas por la confesión, lo que le permitió evitar la pena de muerte.

Un tribunal de Perú emitió la pena máxima contra un hombre, cuya identidad permanece reservada, por abusar sexualmente de su hija durante los años 2016 y 2017, según demostró la fiscalía local.

La declaración de la víctima señala que desde que tenía nueve años su progenitor la tocaba de manera indebida, pero cuando llegó a los 13 años de edad, la abusó sexualmente durante al menos dos años.

Como consecuencia de las agresiones del hombre la adolescente resultó embarazada. El agresor, en un intento por ocultar su conducta criminal, obligó a la menor de edad tomar pastillas que interrumpieron el embarazo y pusieron en riesgo su vida.

Por temor, la víctima relató en ese momento que el padre de su hijo era un joven de su misma edad, pero finalmente confesó  a su progenitora quien la instó a presentar una denuncia.

El proceso se ventiló en los tribunales de Perú llegando apenas el pasado 5 de febrero a una sentencia de carácter condenatoria, pero para evitar poner en riesgo la vida del agresor en prisión su identidad no será revelada.

*Con información de Perú 21

La reforma fue aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, pero todavía tiene que ser ratificada en segunda legislatura para entrar en vigencia.

En junio de este año Colombia también aprobó la cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad, pero la medida todavía no ha sido reglamentada y además enfrenta demandas por inconstitucionalidad.

Los otros países latinoamericanos que contemplan penas a perpetuidad en sus códigos penales son Argentina, Chile, Honduras, México y Perú, y este tipo de condenas también se aplican en Cuba, como alternativa a la pena de muerte.

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Como explica la organización Reforma Penal Internacional, sin embargo, el término “cadena perpetua” puede tener “diferentes significados en diferentes jurisdicciones”.

“En algunos países los presos condenados a cadena perpetua no tienen derecho a ser considerados para su liberación prematura. En otros, los presos condenados a cadena perpetua son considerados rutinariamente para su liberación después de un cierto período. También hay otras condenas que no están formalmente identificados como cadena perpetua, pero que pueden mantener a una persona en prisión hasta la muerte”, se lee en un análisis de 2018.

Para ese año, siempre según Reforma Penal Internacional, la cadena perpetua formal existía en 183 países y territorios, siendo la pena más severa disponible “en 149 de estos”.

Y los casos de Colombia y Nicaragua son emblemáticos de una clara tendencia al aumento de este tipo de sentencias, que a nivel global crecieron en un 84% entre 2000 y 2014 para afectar a medio millón de personas en todo el globo.

Las razones de Nicaragua

Los delitos por los que se puede ser condenado a prisión a perpetuidad en América Latina incluyen versiones agravadas de asesinato, homicidio, violación, secuestro, desaparición forzada y tortura, así como por pertenencia al crimen organizado y traición a la patria.

Los parlamentarios nicaragüenses, sin embargo, aprobaron la pena de “prisión perpetua revisable” para los llamados “delitos de odio”.

La decisión se dio por solicitud del presidente Daniel Ortega, quien empezó a defender públicamente la necesidad de penas más duras luego de la violación y asesinato de dos niñas en septiembre pasado.

Pero tanto el mandatario como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también han calificado como “crímenes de odio” numerosas acciones de grupos opositores, que han denunciado la medida como un nuevo intento de intimidación.

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El diputado oficialista Carlos Emilio López la defendió como “un mecanismo de protección al derecho humano de la vida, porque protegerá a mujeres, niños y adultos mayores de quienes pretendan cometer delitos horrendos contra ellos”

Por lo pronto, la reforma el Artículo 37 de la Constitución nicaragüense -que establece que no se pueden imponer penas que “aisladamente o en conjunto duren más de 30 años” – permitirá excepciones para “la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.

Pero los diputados nicaragüenses no modificaron el Artículo 39 de la Carta Magna que establece que en Nicaragua “el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad.

Curiosamente, tanto ese principio como la limitación de la pena o penas a un máximo de 30 años fueron introducidos durante la reforma constitucional impulsada por el primer gobierno sandinista (1979-1990) presidido por Daniel Ortega.

Y antes de la reforma de este martes la única mención expresa al concepto de cadena perpetua en una Carta Magna nicaragüense había sido su prohibición expresa por la Constitución de 1893, popularmente conocida como “La Libérrima”.

En el resto de América Latina

En América Latina la pena de prisión perpetua no está contemplada en los ordenamientos jurídicos de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay ni Venezuela.

En Argentina, sin embargo, el Código Penal contempla las penas de reclusión perpetua y prisión perpetua para los delitos de homicidio agravado, abuso sexual en el que resultara la muerte de la víctima, desaparición forzada de personas agravada (por ejemplo si las víctimas son menores, ancianos o sufren alguna discapacidad, así como en el caso de mujeres embarazadas), torturas en las que se causara la muerte y traición a la patria.

Pero el mismo código establece en su artículo 13 que los condenados pueden salir en libertad condicional después de 20 años si cumplen con ciertos requisitos.

De la misma forma, en Chile los condenados a prisión perpetua o presidio perpetuo calificado pueden acceder a beneficios penitenciarios después de 20 y 40 años, respectivamente.

Y estas penas están restringidas a un puñado de delitos graves: el secuestro con homicidio o violación, la violación con homicidio, el robo con violación y homicidio, el homicidio de ciertos funcionarios en el ejercicio de sus funciones y atentar contra la seguridad exterior de la República.

En México, por su parte, la prisión vitalicia solamente existe en algunos estados. En Coahuila, por ejemplo, está contemplada para los secuestros, homicidios de periodistas y policías, asesinatos múltiples y extorsión, mientras que en el Estado de México puede aplicarse a casos de feminicidio y violación.

Otros estados que la aplican son Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Veracruz.

Varios de esos delitos también pueden conllevar cadena perpetua en Perú, donde la pena se aplica en casos agravados de robo, sicariato, secuestro, feminicidio y violación.

Los agravantes incluyen la pertenencia a crimen organizado y la existencia de víctimas fatales y/o la identidad de esas víctimas, pero la prisión perpetua debe ser revisada de oficio una vez cumplidos 35 años de cárcel.

Finalmente, en Cuba la cadena perpetua no está expresamente contemplada en el actual Código Penal, que tiene como máxima pena de privación de libertad 30 años, pero en la práctica se dicta como alternativa a la pena de muerte, a menudo en casos de asesinato.

Al anunciar su sentencia, la jueza que preside el tribunal criminal de Londres explicó haber tenido en cuenta la premeditación del acusado, Jonty Bravery, de 18 años, quien fue juzgado por intento de asesinato, y su peligrosidad en libertad. También subrayó la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, un turista francés de seis años que visitaba el museo con su familia, cuya vida “nunca volverá a ser la misma”.

En una declaración leída por la fiscal, los padres de la víctima afirmaron que “las palabras no bastan para describir el horror”. En la incertidumbre sobre el futuro de su hijo, temen que este no pueda volver a confiar en nadie y que vea a cualquier extraño como una “amenaza”.

Durante su juicio en diciembre, Bravery, que tenía 17 años en el momento de la agresión en agosto de 2019, se declaró culpable de empujar al pequeño desde la décima planta. El niño, que aterrizó unos 30 metros más abajo sobre un tejado de la quinta planta, sufrió una hemorragia cerebral y fracturas en la columna vertebral, las piernas y los brazos.

Bravery, que sufre autismo y trastornos de personalidad, había advertido a sus cuidadores en el otoño de 2018 de que planeaba matar a alguien de este modo, según una grabación publicada en febrero por la radio BBC y el diario Daily Mail. “En los próximos meses, tengo en mente que debo matar a alguien”, se le oía decir, afirmando buscar un edificio alto de la capital. “Puede ser cualquier sitio mientras sea un lugar alto, podría subir, visitarlo y empujar a alguien desde allí”, agregó. (apf)

Así se expresó James Alex Fields Jr., este viernes antes de conocer su condena.

En agosto de 2017, este joven de 22 años condujo su auto contra una multitud de manifestantes en la ciudad estadounidense de Charlottesville, Virginia, y mató a una mujer.

Fields fue declarado culpable y este viernes fue condenado a cadena perpetua por numerosos delitos de odio federales cometidos en el ataque.

La víctima fatal del atentado fue Heather Heyer, de 32 años, que murió cuando Fields arremetió con su vehículo contra un grupo de personas que protestaban contra un encuentro de supremacistas blancos que se desarrollaba en la ciudad.

Fields, autodeclarado neonazi, también fue condenado por asesinato a nivel estatal en Virginia. Se espera que sea sentenciado en ese caso el próximo mes.

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Perdón

Antes de conocer su condena este viernes, Fields se disculpó por el “dolor y la pérdida” que había causado.

“Todos los días pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes y cómo lamento mis acciones. Lo siento”, dijo.

En marzo pasado, Fields se declaró culpable de 29 de los 30 delitos de odio federales tras un acuerdo con los fiscales que pactaron no pedir la pena de muerte.

Sus abogados pidieron una sentencia más indulgente que la cadena perpetua, argumentando su juventud, una infancia traumática y una enfermedad mental.

Por su parte, los padres de Heyer hablaron en el tribunal sobre el dolor de perder a su hija. El padre, Mark Heyer, le dijo a Fields: “Te perdono”.

“Espero que un día pueda sanar y ayudar a otros también”, dijo su madre, Susan Bro.

¿Qué pasó en Charlottesville?

Cientos de neonazis, nacionalistas blancos y miembros del Ku Klux Klan se reunieron en Charlottesville, Virginia, el 12 de agosto de 2017, en una de las mayores concentraciones de supremacistas blancos en EE.UU. en décadas.

La marcha Unite the Right (“Derecha Unida”) se convocó como protesta contra los planes para derribar una estatua del general Robert E. Lee, que luchó por la Confederación a favor de la esclavitud durante la Guerra Civil estadounidense.

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Grupos de manifestantes a favor y en contra se enfrentaron dejando docenas de heridos.

Imágenes de video compartidas en las redes sociales mostraron a Fields conduciendo su auto hacia los manifestantes y arrollando a Heyer, una asistente legal de 32 años, e hiriendo a otros.

¿Quién es James Alex Fields Jr.?

Fields, originario de Ohio, tenía 20 años en el momento del ataque.

Los fiscales federales dijeron que pensó en causar daño a otros mientras manejaba hacia el encuentro que se realizaba en Charlottesville.

Señalaron que había evidencia en sus perfiles de redes sociales en el que el joven expresaba “apoyo a las políticas sociales y raciales de Adolf Hitler y la Alemania de la era nazi, incluido el Holocausto”.

Menos de un mes antes del ataque, los fiscales dijeron que Fields publicó una imagen en Instagram que mostraba un auto conduciendo contra una multitud de personas.

“Usted tiene derecho a protestar, pero llego tarde al trabajo”, decía el mensaje que acompañaba la foto.

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Horas antes del ataque, fue fotografiado portando un escudo con el emblema de un grupo de odio de extrema derecha.

Incluso después, Fields no mostró arrepentimiento, dijeron los fiscales.

En una llamada telefónica desde la prisión en diciembre de 2017, el hombre criticó a la madre de Heyer. “Ella es comunista. Una liberal anti-blanca”, dijo Fields. Y la describió como “el enemigo”.

Los abogados de Fields argumentaron que el hombre se sintió intimidado y actuó para protegerse en el ataque de agosto de 2017.

Dijeron que darle una condena menor sería como una “expresión de misericordia”.