En un intento por reducir una eventual condena, María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, solicitó este lunes 12 de septiembre al Juzgado de Mayor Riesgo “A” que le aceptara acogerse a la figura de aceptación de cargos, en el caso por la muerte del capitán Byron Lima, ocurrida el 18 de julio de 2016 en la cárcel Pavón.

Castañeda Torres y otros 15 señalados, entre ellos Marvin Montiel, alias “el Taquero”, fueron enviados a juicio el 17 de julio de 2019 por el caso en el que se investiga la muerte de Lima en dicha prisión.

De esa cuenta, este lunes Castañeda Torres hizo la solicitud al juzgado, pero esta fue rechazada, por lo que deberá enfrentar a la justicia de manera regular.

La intención era reducir una eventual condena al aceptar la culpa por el delito de encubrimiento propio, por el cual es procesada.

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De acuerdo con la resolución del Tribunal, la petición de Castañeda Torres fue rechazada porque el delito no aplica para el procedimiento de aceptación de cargos.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción vincula a Castañeda Torres con “el Taquero”, quien, según las autoridades habría impulsado la venta de drogas en Pavón.

Otro caso

Señalada de casos especiales de estafa, defraudación tributaria y lavado de dinero y otros activos, Castañeda Torres fue ligada a proceso penal el 18 de octubre de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), Castañeda Torre fue investigada porque “como propietaria y representante legal de la empresa AFINSA durante el 2004 al 2006 cobró la cantidad de Q710 mil por servicios que nunca efectuó a la Municipalidad de Comapa, Jutiapa” por supuestos servicios de asesoría financiera y gestión de préstamos ante bancos del sistema; sin embargo, la investigación determinó que esas gestiones las hizo el Instituto de Fomento Municipal (Infom).

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La Fiscalía agrega que “se logró determinar por medio de una auditoría tributaria” que Castañeda Torres, “en el régimen de pequeño contribuyente referente a las obligaciones formales al Impuesto al Valor Agregado IVA y así como del Impuesto Sobre la Renta ISR, no se cumplió con presentar los formularios del pago del IVA” y omitió pagar Q156 mil 29.38 que corresponde al 12%.

Además, con relación al ISR “presentó las declaraciones juradas y recibos, pero omitió el pago de Q53 mil 378.73 “de acuerdo al régimen general del 5%. Haciendo un total de Q209 mil 408.11 de impuesto más mora e interés que la Superintendencia de Administración Tributaria dejó de percibir”.

El MP también determinó que Castañeda Torres recibió en su cuenta monetaria Q 500 mil “a sabiendas que ese dinero era producto de la comisión de un hecho delictivo que dañó el patrimonio de la Municipalidad de Comapa, Jutiapa, aun así extendió diferentes cheques a nombre de terceras personas por cantidades mayores a Q 10 mil”.

En marzo de 2021, Castañeda Torres fue condenada a cuatro años de prisión conmutables y multada con Q10 mil por haber estafado a la municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché.

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La Fiscalía contra la Corrupción logró probar que Castañeda cobró a la comuna Q1.5 millones por una asesoría que no brindó.

Castañeda Torres tendría que haber asesorado a la referida municipalidad para la adquisición de un préstamo de Q10 millones, pero no hubo asesoría para el crédito.

El juicio en contra del narcotraficante guatemalteco Marvin Montiel, alias el Taquero, por la matanza en 2016 de 12 reos dentro de una cárcel, incluido uno de los asesinos del obispo Juan Gerardi, y una mujer argentina, fue reprogramado para abril de 2024.

El Tribunal de Mayor Riesgo A del Organismo Judicial guatemalteco tenía contemplado iniciar este martes 16 de agosto el inicio del debate oral y público contra Montiel, pero ante la ausencia de uno de sus magistrados y ante el exceso de casos en su corte lo agendó nuevamente para abril de 2024.

Montiel, conocido con el alias de “El Taquero”, enfrenta el proceso judicial en su contra por la masacre al igual que su esposa, Sara Cruz Mancilla, y otros 12 sindicados.

La matanza tuvo lugar durante el 18 de abril de 2016 dentro de la cárcel de Pavón, en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y tenía como objetivo al capitán retirado del Ejército Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato del sacerdote Juan Gerardi en 1998.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP), un comando armado de la estructura de Montiel se organizó para llegar hasta el lugar donde se encontraba Lima en la prisión y perpetró la matanza.

El militar retirado, 11 reos más y Joanna Birriel, una modelo argentina que lo visitaba en la prisión, murieron en el ataque.

El hecho se produjo supuestamente por la rivalidad que mantenían ambos presos con la finalidad de hacerse del control de la cárcel, de acuerdo con las pesquisas del MP que serán usadas en el juicio.

Lima Oliva cumplía una condena en Pavón de 20 años de prisión desde 2001 al haber sido hallado culpable como coautor por el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi.

El religioso fue asesinado a golpes el 26 de abril de 1998, unas 54 horas después de haber presentado el informe arquidiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más.

En ese informe se documentaron miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996) y más del 90 por ciento se le atribuyeron al Ejército.

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Cumple condena

Por su parte, Montiel cumple una sentencia de 820 años de cárcel por el asesinato de 15 turistas nicaragüenses y 1 holandés, hecho perpetrado por su estructura de tráfico de drogas en una carretera del oriente de Guatemala el 8 de noviembre de 2008.

Montiel fue sentenciado en enero de 2016 por el asesinato de los turistas, que se transportaban en un autobús cuando fueron secuestrados y posteriormente asesinados e incinerados, supuestamente confundidos como narcotraficantes rivales.

El relato de cómo ocurrió la masacre de los nicaragüenses fue develado por un expolicía guatemalteco que se convirtió en “colaborador eficaz”, de acuerdo con una investigación que realizó en aquel momento la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). EFE

Este lunes 11 de abril quedó ligado a proceso penal por peculado el exdirector de Emetra, Howard Yang, por el Caso Caja de Pandora.

Entre las medidas sustitutivas que el juez le otorgó están: que puede desplazarse en el departamento de Guatemala, prohibido acercarse a la municipalidad capitalina y prohibido tener comunicación con coimputados.

También cada mes debe presentarse a control biométrico al Ministerio Público (MP) y tiene prohibido salir del país

En la audiencia, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) reprodujo la declaración que brindó en 2017 Alejandra Ochoa, quien fue conviviente de Byron Lima y quien reveló cómo se fraguó el caso de corrupción.  

Además, se expusieron revelaciones que salpican a funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de Guatemala.

Ochoa en la declaración de 2017 en anticipo de prueba le explicó a la Feci que Byron Lima pidió a Arzú plazas para ella y su madre, la petición fue atendida.

“La plaza la muni me la anuló en 2013 cuando se me vinculó al Caja de Pandora”, explicó.

En la declaración añadió que Lima tenía una maquila en Pavoncito y esta se llamaba Torre Fuerte y que uno de los clientes al principio fue el Partido Patriota, pero entre el 2013 y 2014, uno de los clientes más fuertes fue la municipalidad de Guatemala.

Recordó que en ese tiempo el enlace era una persona que se llama Soraida y la conoció porque Lima la mandó a dejar 10 mil pachones con el logo de la municipalidad y el producto lo encargó en una bodega de Villa Nueva.

Dijo que Soraida era el enlace para el entonces alcalde. “Arzú el alcalde era el que le daba el trabajo a Byron”, señaló.

Contacto con coronel en la comuna

Ochoa conoció a Lima en el 2007, cuando le indicó que estaba cansado que los abogados le robaran, luego le dijo que fuera a la municipalidad y que contactara a un coronel que se llama Reyes Palencia.

La indicación era ir al sótano de la comuna a donde llevó una carta que era para el alcalde Arzú. “pero Byron no le decía Arzú, le decía oro”, dijo.

Ochoa recuerda que Lima mandó muchas cartas a Arzú y decían “señor oro” y le recordaba su lealtad hacia él-Arzú-.

Una de las cartas indicaba que recordaba el caso del lechero y que había sido seguridad de la esposa, luego iba una serie de peticiones, entre estas, pedía boletos para Ochoa, para una persona llamada Luis Alberto y para un testigo del Caso Gerardi. Los boletos eran para Costa Rica y Washington.

Plazas fantasma

Ochoa recordó que no trabajó en la comuna, pero recordó que por el 2007, Lima le dijo que se hiciera su currículum porque en una de las cartas él solicitó que le den unas plazas.

Agregó que hizo su currículum y el de su madre y los fue a dejar a Emetra, donde los atendió Howard Yang.

Les daban cheques en Emetra

Yang le afirmó en esa ocasión que ya estaba todo listo y las asistentes les indicaron que fueran a firmar un contrato, aunque los primeros cinco días del mes iban a traer cheques a Emetra.

Cada cheque superaba un poco los Q2 mil y aumentaba los Q100 cada año.

En el 2013, cuando a Lima lo capturaron en la calle, a Ochoa le quitaron la plaza en la comuna y en el 2014 le quitaron la plaza a su madre, cuando Ochoa fue capturada.

Indicó que cuando salió libre buscó a Reyes Palencia, quien no estaba en la comuna, era alcalde auxiliar de la zona 5. Lima la mandó a hablar con él para que los ayudara y Ocho expresó su preocupación porque en las investigaciones podría haber algo de las plazas fantasma.

Reyes le dijo que no se preocupara y que cuando le preguntaran dijera que trabajaba tres veces por semana revisando semáforos y que por eso ella y su mamá no estaban en la comuna.

Luego a Ochoa le depositaban en una cuenta bancaria y su mamá siempre iba por el cheque.

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Señaló que cuando se le solicitaba dinero a Arzú, siempre el enlace fue Reyes Palencia, pero cuando este estuvo enfermo, la mandaron con Héctor Cifuentes.

Más de Q100 mil en un caja

“La primera vez que yo recibí bastante dinero fue porque me lo bajaron en una caja de regalo y eran Q100 mil, pero no me iba a llevar eso en el carro, entonces me dice Reyes, llama a un amigo de Byron que también trabaja en la municipalidad”, recordó.

Afirmó que la acompañaron a una banco cercano para que depositara el efectivo.

También recordó a una persona de avanzada edad que Reyes Palencia le decía doña Estelita, quien llegaba en un carro gris y era “respetada”.

La referida persona mandó un cheque de unos Q10 mil, pero este no tenía fondos, por lo que regresó a la comuna para decirle al coronel.

Este le indicó: “Cómo va a pensar Alejandra, si ella es la que le maneja el dinero al alcalde”.

Luego llamó a Estelita y como a los cinco minutos el depósito estaba hecho. También mencionó de dos o tres depósitos más de Q50 mil de parte de la referida señora.