La quiebra ayudará a “compensar equitativamente” a las víctimas a través de la creación de un fideicomiso y permitirá que la organización continúe operando a nivel local, indicó el texto.

“La BSA se preocupa profundamente por todas las víctimas de abuso y se disculpa sinceramente con cualquiera que haya resultado perjudicado durante su permanencia” en la organización, dijo su presidente ejecutivo, Roger Mosby, en el comunicado.

Con 110 años de historia y 2.2 millones de miembros entre 5 y 21 años, BSA ha sido acusada de encubrir abusos contra miles de sus jóvenes integrantes durante generaciones y de no haber hecho lo suficiente para acabar con los pedófilos en su seno.

Más de 12 mil de sus miembros han sido víctimas de abuso desde 1944, dijo el año pasado el abogado Jeff Andreson, quien agregó que dentro de la organización había más de siete mil 800 abusadores.

La existencia de esos datos figura en lo que dio en llamarse “archivos de perversión” se conoció por primera vez en un caso judicial de 2012.

Asimismo, la organización admitió que su respuesta al escándalo ha sido “claramente insuficiente, inapropiada o equivocada”, en tanto inició que había revisado su forma de proceder para proteger a sus miembros.

“La BSA tiene hoy algunas de las políticas de protección juvenil más sólidas con el asesoramiento de expertos que puedan encontrarse en cualquier organización que sirve a los jóvenes, incluida un capacitación obligatoria de protección juvenil y verificación de antecedentes para todos los voluntarios y el personal”, dijo la organización en su comunicado de este martes.

La organización estima pasivos de hasta US$1 mil millones, según los documentos presentados ante el tribunal el martes.

El Consejo Nacional de los Boy Scouts y los consejos locales afiliados tienen activos por un total de US$5 mil millones, incluyendo inmuebles, de acuerdo con un informe del diario The Wall Street Journal del mes pasado.

Podrían seguir trabajando

“Mi temor real es que todavía haya autores de abusos que trabajen con menores y que sigan de ‘scouts”, dijo a la agencia EFE Josh Peck, uno de los abogados que representan a las víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de miembros de Boy Scouts of America (BSA, en inglés).

La medida de BSA es considerada por los letrados como una argucia para evitar la publicación de los nombres de los presuntos perpetradores de abusos: “Su objetivo es que la información nunca se haga pública”, denunció Peck, que trabaja para el bufete Jeff Anderson & Associates, en una entrevista telefónica.

Esta firma legal representa a 200 víctimas en distintas partes del país, como Minesota, California, Nueva Jersey y Nueva York, con edades comprendidas entre los 20 y los 90 años, que sufrieron presuntos abusos cuando eran menores.

En 2019, la experta en psiquiatría de la Universidad de Virginia Janet Warren declaró ante un tribunal que había tenido acceso a los “archivos de la perversión” y que había detectado casi un millar de agresores sexuales entre 1944 y 2016.

Pese a estos indicios, la declaración de bancarrota de BSA conseguirá que todo el proceso judicial se alargue.

“Una de las cosas principales que ocurrirá es que los litigios actuales, cualquier pleito en marcha, se detendrá, de acuerdo a la ley de bancarrota, que lo denomina estado automático”, detalló Peck, que subrayó que, aun así, “es importante que los supervivientes sepan que todavía pueden traer sus denuncias, lo único que habrá que llevarlas a una corte de bancarrotas en vez de a los canales habituales”.