La abogada Claudia González, exfuncionaria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sabrá hasta el próximo 18 de marzo si enfrentará juicio por supuesto abuso de autoridad por ser acusada de haber ordenado procedimientos anómalos en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Este 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia para discutir el acto conclusivo en el Juzgado Décimo B, a cargo del juez Jimi Bremer.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Al finalizar la audiencia, la abogada González, quien es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, informó que el Ministerio Público (MP) dio los argumentos y pidió que la ligaran a proceso.

Añadió que la querellante adhesiva -Blanca Stalling-, se adhirió a la petición que hizo el MP, mientras que las abogadas de González pidieron el sobreseimiento del caso.

“El juez dice que como tiene que analizar todos los medios de prueba, tiene que diferir la audiencia, y lo pasó, se había puesto una fecha próxima, pero para concordar agendas con los demás abogados, quedó el 18 de marzo. Hasta el 18 de marzo sabemos si el juez nos resuelve, qué va a resolver, si me mandan juicio o declara sobreseimiento”, dijo González.

Expresó que con todo el análisis que hizo su equipo de abogados consideran que cabría el sobreseimiento.

“Con todo el análisis que hizo mis mis abogadas y el análisis del expediente consideramos que cabe el del sobreseimiento, pero vamos a tener que esperar hasta el dieciocho de marzo a ver qué sucede”, mencionó González.

Afirmó que seguirá con las medidas que le otorgó una corte en noviembre de 2023, en la cual se le daba libertad condicional, lo que se cumplió el 16 de noviembre pasado.

“Sigo con las mismas medidas y esperando lo mejor porque sí hubo una actitud muy agresiva de la de la querellante en la audiencia, pero bueno, tendríamos que pedir siempre en forma de derecho que se respete la dignidad de los sujetos procesales y el respeto en la audiencia”, señaló la exmandataria de Cicig.

La abogada señaló que hay muchos medios de prueba que corresponden en contra de ella y por eso confía en el sobreseimiento del caso.

Al consultarle si ella sabía por qué no habían dejado entrar a la prensa a la audiencia o si el caso se había declarado en reserva, la abogada respondió que el caso no está en reserva, pero que el juez argumentó su decisión de impedir el ingreso de periodistas pues se tergiversaba la información y se sentían intimidados.

González dijo que esa decisión es contraria a la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la publicación de las decisiones jurisdiccionales y control social sobre las decisiones de los jueces.

El caso

La abogada fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El 19 de septiembre de 2023, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

El pasado miércoles, el exjuez penal Carlos Ruano anunció que decidió exiliarse de Guatemala debido a “persecución política” en su contra, y este jueves 28 de septiembre el Ministerio Público (MP) confirmó que hay una orden de captura en contra del exjuzgador por la supuesta comisión de varios delitos, cometidos al haber denunciado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling.

El MP denomina el caso de Ruano como “Persecución penal ilegal fase I”, en el que la Fiscalía de Asuntos Internos “presentó indicios razonables ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente mediante los cuales giró orden de aprehensión en contra del exjuez Carlos Giovanni Ruano Pineda por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica, acusación y denuncias falsas y falso testimonio”, informó el MP.

La Fiscalía agrega que el actuar del exjuez son “conductas que devienen de la persecución penal ilegal instaurada en contra de la magistrada y querellante adhesivo en forma provisional, Blanca Aida Stalling Dávila”.

Agrega que por ese mismo caso “en días anteriores se habían girado ordenes de aprehensión en contra de los exfuncionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval Alfaro, Eva Siomara Sosa Pérez y la exmandataria de Cicig, Claudia González Orellana ,quien ya fue ligada a proceso por el delito de abuso de autoridad”.

“Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida”, denunció Ruano por medio de un video difundido en sus redes oficiales.

Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que, en 2016, denunciara a Stalling porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción.

Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.

“Este es el peor momento para la justicia de Guatemala”, indició Ruano y responsabilizó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de orillarle a renunciar a su cargo porque aceptaron un antejuicio en su contra que, a su criterio, “contiene datos falsos”.

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.

Con información de EFE

El exjuez penal Carlos Ruano anunció este miércoles 27 de septiembre que decidió exiliarse de Guatemala debido a “persecución política” en su contra y acusó a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling de estar detrás de los ataques a su persona.

“Me forzaron a renunciar del cargo y me encuentro en riesgo de sufrir daños irreparables a mi vida”, denunció Ruano por medio de un video difundido en sus redes oficiales.

Ruano, quien ejerció como juez penal durante 14 años, aseguró que la persecución en su contra inició después de que, en 2016, denunciara a la magistrada Stalling porque le solicitó que dejara en libertad a su hijo que estaba acusado dentro de una trama de corrupción.

Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada. Sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.

“Este es el peor momento para la justicia de Guatemala”, indició Ruano y responsabilizó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de orillarle a renunciar a su cargo porque aceptaron un antejuicio en su contra que a su criterio “contiene datos falsos”.

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.

Tras anunciar su exilio, Ruano se une a los jueces de alto impacto Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes también salieron del país en 2021 y 2022 tras ser perseguidos por actores a los que anteriormente habían juzgado por casos de corrupción.

Desde 2020, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política por parte de los aparatos de justicia de Guatemala han tenido que salir al exilio y la mayoría se encuentra en Estados Unidos.

Un juzgado de Guatemala decidió suspender este martes 18 de septiembre la audiencia de primera declaración contra Claudia González, exabogada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) de Naciones Unidas (ONU) que cumple 22 días detenida por un supuesto caso de abuso de autoridad.

El juez penal Jimi Bremer decidió no realizar la audiencia debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora y trasladó la cita para el próximo 27 de septiembre.

La defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley guatemalteca establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

Bremer, a cargo del caso contra la exfuncionaria de la Cicig, fue sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

El Organismo Judicial (OJ) aceptó la renuncia de Carlos Ruano como titular del Tribunal Noveno de Sentencia, quien presentó su dimisión tras haber denunciado una persecución política en su contra, como resultado de haber señalado a la magistrada Blanca Stalling de interceder para retirar cargos de corrupción contra su hijo.

La aceptación de la renuncia fue confirmada este lunes 18 de septiembre por el Departamento de Comunicación del OJ, aunque no profundizaron en el tema.

Recientemente Ruano argumentó que su salida obedece a un proceso penal en su contra por el supuesto delito de abuso de autoridad.

El exjuez expuso ante periodistas temer por su integridad debido a constantes hechos de acoso y hostigamiento en su contra.

La persecución penal contra Ruano, protagonizada por la Fundación Contra el Terrorismo, inició porque en 2017 el exjuzgador denunció a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling de interceder para retirar cargos de corrupción contra su hijo.

Derivado de la denuncia de Ruano, Stalling fue procesada; sin embargo, el año pasado recobró su libertad y su puesto como magistrada.

En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció al juez Ruano como uno de los actores anticorrupción más importantes del país y destacó su “labor por la independencia judicial”.

Este jueves, Ruano aseguró que la Corte Suprema de Justicia aún no ha aceptado su renuncia al cargo.

El juez se une a la lista de al menos 50 operadores de justicia, periodistas, abogados y activistas que han denunciado persecución política del país, y la mayoría de ellos se exilió en Estados Unidos.

Carlos Geovanni Ruano Pineda, juez del Tribunal Noveno de Sentencia confirmó este 14 de septiembre que presentó su renuncia al cargo y que esperaba que el pasado miércoles fuera aceptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no ha sido notificado.

Ruano, quien enfrenta un proceso de retiro de inmunidad, informó que presentó su renuncia al cargo el pasado 6 de septiembre, pero no ha sido notificado sobre si fue aceptada o no.

El juez Ruano enfrenta un proceso de retiro del derecho de antejuicio que presentó la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) con el argumento de que incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, al haber denunciado a la magistrada de la CSJ Blanca Stalling.

El pleno de magistrados de la CSJ le dio trámite el 8 de febrero de 2023 al retiro de inmunidad del juez Ruano, quien denunció a la magistrada de esa Corte, Blanca Stalling, por supuestamente interceder para que su hijo no fuera vinculado a un caso de corrupción.

La mencionada denuncia causó que Stalling perdiera su inmunidad y ordenaran su captura, por lo que permaneció prófuga durante un tiempo, hasta que fue ubicada disfrazada con una peluca roja y anteojos en una abarrotería de la zona 9 capitalina el 8 de febrero de 2017.

El 4 de agosto, el juez Ruano presentó pruebas de descargo ante el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien tendría que elaborar un informe en el que sugiere a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si se viable o no retirar el derecho de antejuicio.

Ruano dijo ante el pesquisidor que la denuncia que interpuso la FCT era una “venganza política”.

Esa Fundación argumenta que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.

Stalling estaba vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Juez premiado por Estados Unidos

El 8 de diciembre de 2022 Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter los nombres de las personas que fueron premiadas por su lucha contra la corrupción y entre ellos está el juez Ruano Pineda.

“Trabajando juntos, evitaremos que los actores corruptos operen con impunidad. @StateDept reafirma nuestro compromiso con todos aquellos que trabajan para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Felicitaciones a nuestros campeones anticorrupción 2021”, destacó Blinken en esa oportunidad.

“¡Felicitaciones a Carlos Giovanni Ruano Pineda de Guatemala, uno de los Campeones Anticorrupción 2021 de @StateDept!”, resaltó en Twitter la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Destacó que Ruano Pineda se ha desempeñado en el sector de la justicia guatemalteca durante más de 13 años y ha sido un firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas.

Congratulations to Carlos Giovanni Ruano Pineda of Guatemala, one of @StateDept’s 2021 Anticorruption Champions! pic.twitter.com/kn6rcT43mt

— US Dept of State INL (@StateINL) December 8, 2021

El subsecretario adjunto para Centroamérica de Estados Unidos, Eric Jacobstein, acompañó este miércoles 6 de septiembre a la abogada Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de Naciones Unidas (ONU), durante una audiencia en su contra.

Jacobstein expresó su solidaridad con González, quien fue detenida el 28 de agosto, señalada por el Ministerio Público (MP) por un supuesto caso de “abuso de autoridad”

González, quien es defensora de operadores de justicia que han tenido que salir exiliados, indicó al subsecretario que se encuentra preocupada por su caso, ya que el juez penal Jimi Bremer decidió declararlo bajo reserva, evitando el acceso a los medios de comunicación y observadores internacionales.

“Lamento que mi caso no sea público porque quería que todo mundo viera que es un caso nuevo de criminalización y no hay elementos de prueba, ni investigación”, denunció la abogada previo a la audiencia.

La exfuncionaria de Naciones Unidas fue denunciada por supuestas acciones anómalas cuando estaba a cargo de la persecución penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

Previo a su detención, González era la responsable de la defensa del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, así como de otros cinco funcionarios que han denunciado ser víctimas de persecución política.

Lea también: Sectores reaccionan ante allanamientos en casa de exfical Juan Francisco Sandoval y captura de su abogada

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, luego de que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras iniciara procesos penales en su contra. EFE

La captura de González ha causado preocupación en sectores internacionales, al tiempo que Claudia González ha señalado que su detención es un caso de persecución política.

De acuerdo con la Fiscalía, González es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite este miércoles 8 de febrero a la solicitud de retiro del derecho de antejuicio al juez Carlos Ruano, quien denunció a la magistrada de esa Corte, Blanca Stalling, por supuestamente interceder por su hijo que fue vinculado a un caso de corrupción.

La denuncia del juez motivó que Stalling perdiera su inmunidad y ordenaran su captura, por lo que permaneció prófuga durante un tiempo, hasta que fue ubicada disfrazada con una peluca roja y anteojos en una abarrotería de la zona 9 capitalina el 8 de febrero de 2017.  Estaba armada y, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil de aquel entonces, Stalling intentó disparar contra los agentes y suicidarse al momento de su aprehensión.

Fue la Fundación contra el Terrorismo la que solicitó ante la CSJ el retiro de la inmunidad del juez Ruano con el argumento de incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, al haber denunciado a Stalling.

Se libra de cargos y la reinstalan

El 29 de junio de 2022, el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, resolvió el sobreseimiento a favor de Stalling, quien estaba señalada de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica; sin embargo, Stalling pidió ser reinstalada en su cargo como vocal de la CSJ y lo logró.

Stalling estaba vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Premiado por EE. UU.

El pasado 8 de diciembre Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter los nombres de las personas que fueron premiadas por su lucha contra la corrupción y entre ellos está el juez Ruano Pineda.

“Trabajando juntos, evitaremos que los actores corruptos operen con impunidad. @StateDept reafirma nuestro compromiso con todos aquellos que trabajan para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Felicitaciones a nuestros campeones anticorrupción 2021”, destacó Blinken en esa oportunidad.

“¡Felicitaciones a Carlos Giovanni Ruano Pineda de Guatemala, uno de los Campeones Anticorrupción 2021 de @StateDept!”, resaltó en Twitter la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Destacó que Ruano Pineda se ha desempeñado en el sector de la justicia guatemalteca durante más de 13 años y ha sido un firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas.

El Organismo Judicial (OJ) confirmó este jueves 22 de septiembre que a partir de este día se hizo efectiva la reinstalación de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila en la vocalía VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y como integrante de Cámara Civil.

La confirmación la hizo Rudy Esquivel, vocero del OJ, mediante una comunicación que envió a periodistas.

El pleno de magistrados de la CSJ acordó el pasado miércoles 14 de septiembre que se reinstalara como togada a Blanca Stalling, quien había sido separada del puesto de vocal luego de que el Ministerio Público (MP) la vinculara con el caso Tráfico de Influencias.

De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión de la CSJ se debió a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del MP, no impugnó la resolución que cerró el caso en el que era señalada.

Esquivel agregó ese 14 de septiembre que “la decisión fue tomada en concordancia a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de la Carrera Judicial en su inciso E”, el cual señala que la suspensión sin goce de salario de un juez o magistrado se produce “cuando se haya dictado auto de procesamiento en contra del juez o magistrado”.

Afirmó que, en los casos que se sobreseyeren en definitiva o cuando se dicte sentencia absolutoria, el funcionario judicial deberá ser reinstalado en un término no mayor de 30 días siguientes a que la resolución se encuentre firme, debiéndole, además, hacer pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante el plazo de la suspensión”.

El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, resolvió el 29 de junio el sobreseimiento a favor de Stalling. La funcionaria estaba señalada de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.

El 7 de julio pasado, después de un fallo a su favor, Stalling pidió ser reinstalada en su cargo como vocal de la CSJ.

El 5 de julio último, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, explicó que, debido a que encontró varias falencias en el caso contra la exmagistrada, no presentarán ninguna apelación a lo resuelto por Cruz.

Stalling estaba vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó este miércoles 14 de septiembre que se reinstale como togada a Blanca Stalling, quien fue separada del puesto de vocal luego de que el Ministerio Público la vinculara con el caso Tráfico de Influencias.

De acuerdo con fuentes judiciales, la decisión de la CSJ se debió a que la Fiscalía Espacial contra la Impunidad (Feci) no impugnó la resolución que cerró el caso en el que era señalada.

Se informó que luego de la resolución de la CSJ, Stalling podría regresar a su cargo o bien a la Cámara Civil.

Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial (OJ) señaló que “el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su sesión ordinaria del 14 de septiembre del presente año resolvió reinstalar a la doctora Blanca Aída Stalling Dávila, que se encontraba separada del cargo por enfrentar un proceso legal del cual fue sobreseído”.

Esquivel agregó que “la decisión fue tomada en concordancia a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de la Carrera Judicial en su inciso E”, el cual señala que la suspensión sin goce de salario de un juez o magistrado se produce “cuando se haya dictado auto de procesamiento en contra del juez o magistrado”.

Afirmó que, en los casos que se sobreseyeren en definitiva o cuando se dicte sentencia absolutoria, el funcionario judicial deberá ser reinstalado en un término no mayor de 30 días siguientes a que la resolución se encuentre firme, debiéndole, además, hacer pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante el plazo de la suspensión”.

Añadió que “el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial señala abandono de funciones: ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones y ningún funcionario o empleado del organismo judicial dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de servicio, sino hasta que se presente su sucesor”.

“En consecuencia, que no se ha presentado sucesor para el cargo y tomando en cuenta las leyes anteriormente citadas se tomó la decisión de reinstalarla en el cargo como vocal séptimo de la corte suprema de justicia integrando cámara civil”, aseguró Esquivel.

El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, resolvió el 29 de junio el sobreseimiento a favor de Stalling. La funcionaria estaba señalada de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica.

El recién 7 de julio pasado, después de un fallo a su favor, Stalling pidió ser reinstalada en su cargo como vocal de la CSJ.

El 5 de julio último, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, explicó que, debido a que encontró varias falencias en el caso contra la exmagistrada, no presentarán ninguna apelación a lo resuelto por Cruz.

Stalling estaba vinculada al caso Tráfico de Influencias, por supuestamente aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

De momento la CSJ no ha informado de manera oficial sobre las condiciones en las que regresa Stalling y si percibirá los salarios que dejó de cobrar durante el proceso en el que fue vinculada.

Stalling fue capturada el 8 de febrero de 2017 durante un operativo coordinado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

La captura de Stalling se efectuó en una abarrotería de la zona 9 de la capital, cuando portaba una peluca y lentes oscuros, con los cuales, según los reportes de ese momento, buscaba pasar desapercibida ante las autoridades que la buscaban por los señalamientos antes descritos.

Stalling estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, pero en agosto de 2018 fue beneficiada por el Juzgado Décimo con arresto domiciliario, y cuatro años más tarde es respaldada por la CSJ que acuerda su reinstalación en el cargo.