El juez Fredy Orellana, ordenó este 13 de febrero que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) abra una investigación contra Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.

En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar,  Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaran en arresto domiciliario y reprochó que Alfaro haya acudido a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución.

La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.

Morales le pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.

“Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites del apoyo que esta -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.

La fiscal recordó que los hechos imputados contra las trabajadoras del TSE ocurrieron antes de que  Alfaro tomara el cargo de magistrada presidenta y que eso causa suspicacia. Además, dijo que Alfaro ya tiene petición de retiro de derecho de antejuicio, – pendiente de resolverse- por intentar interferir en una diligencia en el TSE.

“que mejor para destruir, modificar, ocultar, suprimir u falsificar medios de prueba que contar con el apoyo de la máxima autoridad. Esta representación, por ese motivo considera que existe la grave sospecha que, las sindicadas, puedan tener todo el acceso que quieran a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, impunemente, y jamás alguien podría enterarse”, dijo la fiscal.

Resolución

El juez Orellana resolvió arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición absoluta de comunicarse o visitar a cualquier empleado o funcionario activo en el TSE, prohibición absoluta a cualquier sede del TSE en toda la república y prohibición comunicarse con cualquier persona que en el actual proceso aparezca como coimputada, procesada o personas condenadas en el caso.

Orellana también accedió a la petición del MP y ordenó a la Feci investigar a la presidenta del TSE por obstaculización a la acción penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que el juez ligó a proceso a las empleadas del TSE por incumplimiento de deberes y señaló que dos de ellas aceptaron someterse al procedimiento de aceptación de cargos y contra las otras dos, el MP tendrá seis meses para investigar.

Dijo que el 14 de febrero se llevará a cabo el proceso de aceptación de cargos contra las sindicadas Katherine Johanna Quezada Villatoro y Luz Elena de León Carreto y allí se decidirá su situación jurídica.

Las otras dos sindicadas fueron las que recibieron arresto domiciliario.

En cuanto a la orden de investigar a la magistrada Alfaro, Curruchiche dijo que fueron testigos cuando ella mostró apoyo a las trabajadoras del TSE, pero que la Feci considera que ese acto tiene implícitamente tiene un componente de mando de autoridad, una relación entre ella y las trabajadoras.

Sancionados

El pasado 2 de febrero, la fiscal Leonor Morales; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana – junto a la jefa del MP, Consuelo Porras y al secretario de la institución Ángel Pineda-, fueron sancionados por la Unión Europea el  por acciones que socaban la democracia y el estado de Derecho en Guatemala.

Se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y el juez Orellana también están sancionados por Estados Unidos, pues fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos en Centro América.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, declaró que se sentía “honrada” ante la solicitud de antejuicio que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, presentó en su contra.

Alfaro considera esta acción como un reconocimiento. “Me siento muy honrada teniendo un antejuicio del fiscal Curruchiche. Esa es señal de que lo hemos hecho bien. Que hemos dicho que los resultados están validados, oficializados y que son inalterables, y reacción a eso es el antejuicio”, afirmó este viernes 15 de diciembre en una conferencia de prensa.

Con una actitud firme, Alfaro expresó: “Lo recibo con la gratitud de ser una mujer de Estado” y afirmó que no emprenderá acciones legales al respecto, argumentando: “No tengo por qué”.

En su respuesta a la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Alfaro dijo que Curruchiche “está iniciando una pesquisa que por si sola se cae”.

Alfaro también hizo hincapié en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial al señalar que “en ningún momento el Ministerio Público podía llevarse las actas”.

Según sus palabras, las actas solo podrían ser copias certificadas, y destacó que el voto ciudadano fue “vulnerado” cuando se llevaron las actas originales durante el allanamiento.

En este contexto, subrayó: “Hoy no podemos nosotros ser garantes de esas actas. Hoy son ellos los que tendrán que responder a la historia de este país de lo que han hecho con esos documentos”.

Por su parte, el magistrado Carlos Barahona, quien estuvo presente durante el allanamiento, rechazó que hubo insultos durante la diligencia de allanamiento, desmintiendo las declaraciones de Curruchiche a los medios.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de enfrentar una solicitud de retiro de antejuicio, Barahona afirmó que la intervención del TSE se llevó a cabo dentro del marco legal y, conscientes de ello, están dispuestos a defenderse ante cualquier acusación que surja.

“Nosotros estamos conscientes que nuestra intervención es en el marco de la ley, si a pesar de eso surgen ese tipo de cuestiones, pues estaremos aprestos a ejercer la defensa que corresponde”, enfatizó.

Al concluir la conferencia, Alfaro, en un gesto público manifestó: “Al finalizar, quiero enviarle un regalo al fiscal Curruchiche”, y acto seguido, mostró un peluche del Grinch.

Feci requiere documentos

Este viernes 15 de diciembre, también se dio a conocer que la Feci ha requerido al TSE que entregue, en un plazo no superior a 5 días, información y papelería.

Entre los documentos solicitados se encuentran copias certificadas del acta de asignación de cargos, toma de posesión y cese de funciones de los miembros de las juntas electorales. Además, se ha pedido la certificación del acta inicial de al menos 38 mesas receptoras de votos.

La Feci también ha requerido copias certificadas del decreto 1-2023, vinculado a la convocatoria a elecciones generales.

Asimismo, se ha solicitado la entrega de copias certificadas de todas las actas denominadas “Acta final de cierre y escrutinio” de las mesas de las Juntas Receptoras de Votos en el departamento de Guatemala, Distrito Central, específicamente en la elección de la Corporación Municipal durante las elecciones generales del 2023.

Curruchiche solicita retiro de antejuicio

El 14 de diciembre, el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de la inmunidad de Alfaro, por supuestos delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

El MP detalló en un comunicado que la solicitud de retiro de inmunidad se basa en presuntas irregularidades en la custodia de cajas electorales, la falta de uniformidad en formatos, incumplimiento de publicación de acuerdos y alteración de resultados.

También se señala la falta de coincidencia en datos de documentos oficiales y la no aplicación de requisitos legales en actas finales. Además, se mencionan supuestas ilegalidades en la impresión de material electoral y la “obstrucción violenta” al allanamiento.

Este comunicado del MP establece que la investigación técnica ha revelado “opacidad y falta de transparencia en el proceso electoral 2023”, lo que, según ellos, “permitió acciones ilegales”.

La solicitud busca iniciar investigaciones para determinar si se cometieron delitos en relación con estos hallazgos.

Este jueves 14 de diciembre, el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro.

El fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, informó que la solicitud es contra Alfaro por el supuesto delito de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

Según el fiscal, el primer delito señalado es porque el 30 de septiembre recién pasado “todo el pueblo de Guatemala observó, están los videos, cómo se obstruyó, cómo se agredió físicamente, verbalmente, psicológicamente, había mujeres fiscales ahí y había magistrados ahí, y entonces todo eso está plenamente documentado”.

Agregó que en su momento tomarán las acciones correspondientes, pero por ahora solo han presentado la solicitud del retiro de la inmunidad.

Respecto de los otros cuatro magistrados, a quienes ya les fue retirada la inmunidad, el fiscal indicó que extraoficialmente sabe que no están en Guatemala

El 30 de septiembre recién pasado, la Feci efectuó cateos en la sede del TSE, donde secuestraron cajas con material electoral.

Al fiscal le preguntaron sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad que ordena se garantice la transición de los funcionarios electos y respondió que no leído el fallo y que dentro del marco constitucional del MP que es investigar, ya le entregaron una copia al TSE para que establezca qué pueda proceder, esto en el caso contra Semilla.

“Nosotros de forma puntual, ya establecido, qué es lo que nosotros hemos encontrado en la investigación penal y eso es lo que lo hemos trasladado”, indicó.

También le consultaron si la solicitud contra Alfaro corresponde a un caso nuevo o si corresponde en el marco de la investigación del caso Semilla, a lo que el fiscal informó que es una fase que se ha presentado como las otras fases y recordó que hay una fase de la investigación contra Bernardo Arévalo, presidente electo, por supuesto lavado de dinero.

Afirmó que el MP ha trabajado con instituciones de Estados Unidos, entre estas la DEA y el FBI, “que son muy independientes del Departamento de Estado” y que “con ellos hay muy buena relación” y por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales se va a comunicar, según cómo avance el trámite del antejuicio, a efecto de que el gobierno de EE. UU. colabore con la investigación del MP y que lo han hecho en otras ocasiones.

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Cuando le preguntaron de cómo ve las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra su persona y que ahora el Parlamento Europeo solicita restricciones contra él y otros integrantes del MP, el fiscal respondió: “Mire, lo que diga la Unión Europea, la ONU, la OEA y gobiernos extranjeros a mí no importa, ni me interesa, esa es una forma de amedrentar al Ministerio Público, me tiene sin cuidado, no veo yo por qué tanta bulla solo porque uno se somete, uno se sujeta a lo que piensan ciertos gobiernos”.

Añadió que trabajadores del TSE y ciudadanos han llegado a la Feci por este caso contra Semilla. Recordó que cuando iniciaron la investigación, llegaron los digitadores del TSE para que indicaron que antes de que se iniciara el conteo de votos los retiraron y otras personas se encargaron de la base de datos.

También mencionó la manifestación frente al MP y según él, las personas manifiestan donde no tienen que estar.

Además le consultaron si hay alguna investigación o denuncia en contra de Miguel Martínez, exfuncionario del Centro de Gobierno, y el fiscal indicó que desconoce si hay.

Afirmó: “Cuando yo asumí en le Feci, a mí se me invitó por un gobierno extranjero a ir a su embajada a analizar procesos de investigación de la Feci y como no accedí, usted sabrá las consecuencias que hubo hacia mi persona”.

En su cuenta en la red social X, el TSE manifestó que “nuevamente el Ministerio Público intenta vulnerar a la máxima autoridad electoral del país con otra persecución legal”.

MP amplía detalles

En un comunicado, el MP amplió detalles de la solicitud del retiro de antejuicio contra la magistrada Blanca Alfaro.  Informó que derivado del caso llegalidades cometidas por el TSE en el proceso electoral 2023, la Feci considera que, Alfaro en su calidad de magistrada del TSE podría haber incurrido en múltiples ilegalidades tales como:

Irregularidades en el resguardo de las cajas electorales, inobservando la normativa legal aplicable para su custodia.

El MP estableció que, en las cajas electorales, no se encontraba depositada la copia del documento 4, el cual es de suma importancia ya que en el mismo se consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos.

Así también, estableció que como garante de la pureza del proceso electoral, la magistrada pudo cometer posibles ilegalidades al no velar por la uniformidad en los formatos empleados. Esto contradice la propia normativa de acuerdos emitidos por ella misma en compañía de los demás magistrados titulares del TSE, lo que según el MP, denota que Alfaro no tenía la intención de garantizar las medidas de seguridad que debían observar tan importantes documentos, por lo que habría incumplido con sus obligaciones como magistrada titular.

Además, según el MP, el TSE, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, está obligado a publicar todos los acuerdos emitidos por el Pleno de magistrados; sin embargo, Alfaro y los demás magistrados incumplieron su deber de publicar en la página oficial del TSE la totalidad de acuerdos emitidos. Estos fueron un total de 88, los cuales no se hicieron públicos, afectando la transparencia con que deben conducirse sus autoridades electorales.

El hallazgo concatenado con los otros descritos, denotan la opacidad y falta de transparencia en la forma en que los magistrados del TSE llevaron a cabo el proceso electoral 2023 con su dolosa omisión en publicar todos los acuerdos emitidos de conformidad con la ley, siendo permisivos y facilitadores para la comisión de delitos que atentaron contra el proceso electoral permitiendo una serie de acciones que probablemente les consentiría emitir acuerdos con posterioridad, con el propósito de avalar la comisión de acciones ilegales, señaló el MP.

Agregó que de tal forma, “la investigación técnica, objetiva e imparcial de la fiscalía permitió advertir irregularidades o ilegalidades atribuibles a personal del Tribunal Supremo Electoral y personajes ajenos al mismo, en el proceso electoral 2023”.

Además, la falta de coincidencia de los datos contenidos en el documento electoral número 4 (acta final de cierre de escrutinios) con los acuerdos número 9-2023 y 50-2023 del TSE estableció que los formatos utilizados, no son los que fueron aprobados mediante el acuerdo 50-2023 de dicho tribuna lo cual no podía ser modificado arbitrariamente ni discrecionalmente por el TSE, ya que los formatos a emplear, habían sido autorizados previamente en el acuerdo citado, lo que revela “el propósito de alterar los resultados contenidos en dichos documentos con anterioridad”.

Según el MP, tal circunstancia “dio lugar a la arbitrariedad de que cualquier persona interesada en alterar los resultados electorales, imprimiera su propio formato a voluntad, al no haber un control de la autenticidad de los formatos utilizados”.

Afirmó que en continuidad a la investigación efectuada y por estar directamente relacionado a los hechos se procedió a solicitar información sobre las empresas adjudicadas para la impresión de material electoral, “advirtiendo múltiples ilegalidades e irregularidades, tales como una entidad cuyo giro comercial no es la impresión de documentos sino la administración y comercialización de un centro de convenciones, no obstante, de forma completamente ilegal se suscribió contrato administrativo para que efectuara la impresión de documentos de actas de escrutinio”.

Así también, las actas finales de cierre de escrutinios, documento número 4, en su llenado, “no cumplen, en su mayoría, con todos los requisitos de la información requerida por cada acta, por lo que se encuentran incompletas”.

Aseguró el MP que digitadores contratados por el TSE han prestado declaración testimonial ante el ente investigador, informando que cuando los miembros de las Juntas Receptoras de Votos se retiraron en la primera vuelta electoral, el día 25 de junio del 2023 a las 11 de la noche aproximadamente, empezaron a entregarles para su escaneo muchas actas de cierre total de escrutinio, es decir “Acta 4″ que llevaban múltiples tachones y testados, así mismo declaran que los coordinadores de digitadores instruyeron que se dejaran pasar las actas así, tal cual se las estaban entregando.

Dicha situación también se indicó en declaración testimonial en la que se refiere que “se instruyó que incluso sino cuadraba el total con los votos, que lo dejaran pasar así”.

Esto significa, a decir del MP, que al retirarse los miembros de Juntas Receptoras de Votos, en su mayoría en el área metropolitana, “personas colaboradoras del TSE alteraron y falsearon los datos de las actas 4, testándolas, tachando resultados y cambiando los mismos a afecto de que cuadrara con los datos que probablemente se cargaron ilegalmente al sistema Trep”.

Este martes 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por finalizado el período de elecciones en Guatemala, conforme al calendario electoral, y con ello rechazó las peticiones que habían hecho los 48 Cantones de Totonicapán, Alianza por las Reformas, la Convergencia Nacional de Resistencia y algunos partidos políticos, entre otros actores de la sociedad civil, que buscaban ampliar el periodo de elecciones hasta el 15 de enero.

Las peticiones de estos sectores estaban basadas en el temor de que las investigaciones del Ministerio Público (MP) y resoluciones judiciales afecten los resultados electorales que ya se han oficializados, o que se le impida tomar posesión de algunos de los ciudadanos electos en las votaciones del 25 de junio y 20 de agosto, en especial del presidente electo Bernardo Arévalo.

La presidenta del TSE dijo que los funcionarios están sujetos a las normas y que había un decreto, el 1-2023 que contenía las fechas en las que había que cumplir con el calendario electoral y que esta tercera etapa finalizaba este 31 de octubre.

“Por supuesto que no ha sido fácil ni para mis compañeros ni para mi persona. Ustedes que han pasado con nosotros aquí mucho tiempo, han visto cuántas horas y cuántos días ha llevado a tomar una decisión en medio de un tiempo de polarización de confortación muy triste y muy doloroso para el país”, le dijo Alfaro a los periodistas.

Al consultarle si ella u otros magistrados del TSE había recibido algún tipo de presión para que no ampliaran el período electoral en Guatemala, respondió: “No hemos recibido -presiones-. Sería ingrato e injusto decir que algunas personas influyeron sobre nosotros para que pudiésemos no dar la ampliación de plazos, un tema eminentemente jurídico legal”.

Al consultarle sobre qué sucede ahora con los resultados electorales oficializados y si podría haber algún cambio, Alfaro respondió que el TSE ha cumplido con la tercera fase del proceso electoral y que para ellos los resultados de las elecciones están oficializados y validados.

Agradeció el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Municipales y Juntas Electorales Departamentales que son órganos temporales que hicieron posible las elecciones y que el 14  15 de enero los funcionarios electos puedan tomar posesión.

“Agradecemos también a esos más de 125 mil voluntarios, porque también tenemos que saber que había un voluntariado cívico, también estaba la academia incluida y algunas organizaciones que apoyaron para la logística del evento electoral”, señaló Alfaro.

Expresó que tanto el TSE como etas personas cumplieron con su trabajo y con la democracia y que los gobernantes electos puedan cumplir con lo que han ofrecido a la población y lo hagan de forma correcta, ética y moral.

Todos votaron a favor

Según Alfaro, ningún magistrado votó distinto a la decisión que se tomó de no ampliar el período electoral. Señaló que hay madurez política en el pleno y que entre ellos pueden tener algunas diferencias, hay planteamientos que se hacen, por ser un cuerpo colegiado, pero las discusiones que hubo fue planteando los escenarios posiblemente que podían haber si se tomaba una u otra decisión.

Alfaro expresó que con el cumplimiento de la tercera etapa electoral, esperan contribuir a darle confianza y seguridad a las 340 corporaciones municipales electas,  a los diputados del Congreso de la República, Parlamento Centroamericano y al binomio presidencial.

“Con esto esperamos que nosotros podamos ver que vaya disminuyendo esa crisis de polarización y confrontación política, que no nos representa. Los guatemaltecos somos gente de paz… hoy esperamos que la clase política con esa madurez tome su papel protagónico y empecemos nosotros a caminar en una Guatemala que salga fortalecida de todo esto”, comentó Alfaro.

Presupuesto también influyó

Al consultarle a Alfaro si los recursos económicos del TSE también habían influido en la decisión de dar por finalizado el proceso electoral tal y como estaba calendarizado, dijo que sí y que se necesitaban cerca de Q2 millones mensuales solamente para pagar a los trabajadores contratados bajo renglón 0-21, y que ese dinero ya no lo tienen.

Explicó que consideran que más de 300 personas dejaron de laborar con la finalización del proceso electoral y señaló que en septiembre y octubre habían tenido problemas para pagar a los empleados 0-21, pero que en noviembre hubiera sido imposible

en septiembre habíamos tenido difíciles los momentos para poder pagar a los ceros veintiuno.

Lo logramos en octubre, pero muy difícil hubiésemos logrado en noviembre.

Cancelación de Semilla

Alfaro fue consultada sobre información que dio el Registro de Ciudadanos del TSE que mencionaba que a partir del jueves se suspendía provisionalmente al partido político Movimiento Semilla, y señaló que no tenía conocimiento de esa información y que van a conversarlo y darán a conocer lo que sea procedente.

En cuanto a las cajas electorales que el Ministerio Público secuestró durante allanamientos en el TSE, la presidenta de esa entidad comentó que no han tenido información del ente investigador sobre si van a devolverlas o cuándo.

La magistrada Blanca Alfaro, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo un llamado al presidente electo, Bernardo Arévalo, y también al actual mandatario Alejandro Giammattei, para que retome la transición y pidió madurez política en beneficio de Guatemala.

Alfaro fue abordada por periodistas en el Congreso de la República en donde se llevó a cabo la sesión solemne por los 202 años de Independencia de Guatemala y se le cuestionó por la actual coyuntura política del país.

Alfaro señaló que están convencidos que hay roles que las instituciones tienen distintos roles en una democracia y lo que se pide esa paz en el mes patrio.

Señaló que el binomio presidencial fue electo por la bendición de Dios y del pueblo pues fue favorecido con el voto ciudadano.

Alfaro comentó que le sorprendió el hecho de que se hayan suspendido las comisiones y pláticas de la transición de mando pues las nuevas autoridades tienen que conocer qué van a recibir a partir del 14 de enero de 2024.

“Nosotros, principalmente, lo que llamamos es a la reflexión , que le señor presidente electo,  Bernardo Arévalo, pues pueda retomarlas, porque es compromiso muy grande con el pueblo de Guatemala”, dijo Alfaro.

Expresó que a partir del 15 de enero de 2024, los guatemaltecos van a disfrutar de esa alternancia del poder.

“Lo que esperamos es que con la madurez política, sabemos que no es fácil para él -Arévalo-, para su equipo, no es fácil tampoco para el pueblo de Guatemala, no es fácil para las autoridades, porque es de reconocerlo, tenemos una polarización muy triste y muy dolorosa para el país, pero el pueblo de Guatemala espera de él hoy esa madurez política y, sobre todo, pues esa confianza en que puedan seguir sentados en una mesa las autoridades actuales y las autoridades que en el mes de enero tomarán esa gobernanza”, expresó Alfaro.

Señaló que espera que esa transición se haga por respeto a la población, con amor y dentro del marco de legitimidad y de legalidad.

“Que podamos platicar, porque si no hay diálogo, pues la madurez política que cada día va a ser más lastimada, y aquí la población guatemalteca también, con más desconfianza, hacia la clase política”, dijo la magistrada Alfaro.

“Le toca ahora al señor presidente electo Bernardo Arévalo, retomé en esa madurez, y pues yo estoy consciente que para él y su equipo ha sido muy difícil, pero esperamos que esto vuelva a la paz, y que la clase política podamos de nuevo sentarnos a una en una mesa”, puntualizó la magistrada del TSE.

Afirmó que la comisión de modernización tiene que jugar un papel protagónico y que la clase política con la experiencia, con la madurez y con el respeto hacia sus afiliados y hacia los ciudadanos guatemaltecos, pueden encaminar en búsqueda de fortalecer y ser referente de la democracia.

Tiempo de la transición

“Me parece también que hay que analizar el tema de estos seis meses tan difíciles en que tenemos prácticamente con la primera vuelta dos presidentes, tenemos duplicidad de diputados, tenemos duplicidad de gobiernos municipales, y eso hace ya más difícil la goberanza en un país, pues, como nosotros, tenemos actualmente, ya debiese de ser como era antes… teníamos uno o dos meses nada más en la sustitución de la alternancia del poder, y creo que permitía menos polarización, menos estiras y encoges o diálogo que no favorecen, y que tampoco nos dan un referente de madurez política y de respeto hacia los ciudadanos que votaron”, señaló Alfaro.

Llamado a Giammattei

Alfaro también hizo un llamado al actual presidente, Alejandro Giammattei para que continúe con la transición y que se dé dentro de ese marco de respeto y el amor con el que él un día tomó el cargo.

“También a todos los diputados y a los gobiernos locales, que ahora el país necesita gobernantes con más respeto, que cuiden de los erarios nacionales y que cuiden la gobernanza, porque estamos viviendo momentos polarizados”, les comentó Alfaro a los periodistas.

“Los guatemaltecos somos personas capaces y estoy segura que podemos cerrar este capítulo y empezar uno nuevo para este país tan hermoso que nos vio nacer”, puntualizó Alfaro.

 La custodia del voto

Alfaro fue cuestionada también sobre que algunos magistrados del TSE habían mencionado que las acciones del MP en allanamiento que hacen en el Parque de la Industria significaba una violación a la custodia del voto, y qué significaba tal situación, pero respondió que ella respeta los marcos legales.

“Lo he dicho y sostengo, el Ministerio Público tiene un rol protagónica. Lo que yo pedí fue la prudencia debida por el tiempo en el que nosotros estamos… en el 2015 hay más de 200 cajas que están en la bodega del Naranjo por procesos que también se traen de eventos electorales, en el 2012 empezó el tema del  acarreo, también hay cajas que no se pueden tocar, que están resguardadas, porque hay también acciones penales, o sea, eso es parte del trabajo y ha sido, y seguirá siendo”, puntualizó.

Afirmó que lo que se debe hacer en este momento es cooperar para que esa transición se lleve en completa paz y que los guatemaltecos también vivan estas fiestas de alegría.

“Nosotros debemos de ser maduros en el tema político, en el tema de la justicia, la justicia engrandece los pueblos. El Tribunal no puede oponerse a que haya una investigación. Lo que estamos pidiendo es esa serenidad y esta prudencia que debe de estar en cada gobernante”, manifestó la magistrada.

Al volverle a cuestionar si ella creía que se había violado la custodia del voto, respondió que ojalá y ella fuera juez para poderle contestar, porque solo podría determinarlo a un juez en una sentencia firme.

Se le mencionó si entonces ella no estaba de acuerdo con la opinión de sus colegas magistrados y afirmó que respeta cada opinión, pero que solo en una sentencia se va a ver quién es culpable o inocente y cuáles fueron los elementos que coadyuvaron, pero por el momento es una investigación.

También se le preguntó si con la actual coyuntura política se corría el riesgo de que el presidente electo no asumiera el cargo, y afirmó que no había ni qué decirlo, porque es como desconfiar de la fortaleza del proceso democrático.

“En estos momentos yo, como funcionario electoral, confío en la madurez política a los actuales, gobernantes y también del binomio, porque todos tenemos que dar acciones, no es difícil. Está siendo complicado, claro, pero tenemos que tener la madurez”, refirió Alfaro.

“Se tiene que retomar -la transición-, los guatemaltecos somos, sobre todo, muy capaces, muy tolerantes, pero el presidente actual – Arévalo- ahora pasa a ser el referente de lo que somos los guatemaltecos… es un diplomático, es una persona muy educada por lo que yo he visto, no lo he tratado mucho, y me parece que con la madurez que yo he visto que ha estado actuando va a retomar un tema tan sagrado, porque es la alternancia del poder, que no fue decisión él, el pueblo fue el que decidió que así fuera, y estoy segura que así va a ser”, concluyó Alfaro.

El jueves recién pasado, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre la supuesta denuncia que la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, hizo a Estados Unidos sobre supuestos sobornos provenientes del Ejecutivo, y fue hasta este domingo 25 de junio que el presidente Alejandro Giammattei se refirió brevemente al tema.

Este domingo el mandatario acudió a votar y al ser consultado por periodistas respecto a los supuestos sobornos a magistrados del TSE señaló que “la mentira luce mientras la verdad prevalece”, según publicó El Faro en su cuenta de Twitter.

Respecto a los señalamientos de corrupción en su gobierno, Giammattei agregó que “quien crea que hay justicia en este país que presente denuncia porque hasta el momento todo es puro bla bla bla y no hay ninguna denuncia”, según la misma cuenta.

Según la publicación del Times, Alfaro entró a una reunión en la embajada de EE. UU. acreditada en el país y sacó una gran cantidad de dinero en efectivo que, según dijo, era un soborno de uno de los aliados más cercanos del presidente Giammattei.

Según el reportaje, Alfaro afirmó que le habían dado el dinero para ganar influencia sobre el TSE, según un funcionario estadounidense informado sobre el encuentro y una persona que estuvo presente y solicitó el anonimato para discutir los detalles de una reunión privada.

The Times añade que Alfaro les dijo a los funcionarios estadounidenses que había recibido el soborno de Miguel Martínez, un hombre de confianza cercano de Giammattei y un funcionario clave de su partido, dijo la persona que asistió a la reunión y el funcionario estadounidense.

A Giammattei, periodistas le preguntaron sobre los supuestos sobornos entregados a nombre suyo a magistrados del @TSEGuatemala, como lo revelaron @nytimes, @_elfaro_ y @concriteriogt. “La mentira luce mientras la verdad prevalece”, fue lo único que dijo. : @victorpena84 pic.twitter.com/8e1TULkru4

— El Faro (@_elfaro_) June 26, 2023

“Dijo que el dinero que llevaba consigo ascendía a 50 mil quetzales guatemaltecos (el equivalente a más de US$6 mil)”, según la persona que estuvo presente.

“The Times no ha fundamentado la afirmación de la jueza Alfaro de que fue sobornada. En una entrevista, la Sra. Alfaro negó haber ido a la embajada y haber hecho la acusación”, continúa la nota.

Al día siguiente de esa publicación, El Faro y Con Criterio le dieron seguimiento al tema y ampliaron los detalles sobre la supuesta reunión en la embajada de EE. UU. y, según una persona que afirmó estar presente, el encuentro fue el 22 de marzo de 2022 a las 14 horas, en la antigua sede diplomática estadounidense en la zona 10 de la capital.

El reportaje señala que “allí, según tres fuentes, la magistrada del TSE de Guatemala contó que ella y el resto de miembros del pleno habían recibido, desde finales del año anterior (2021), sobornos del presidente de la República, Alejandro Giammattei”.

“Dos personas que participaron en la reunión, y una tercera fuente en Washington que fue informada de ella por cauces oficiales, confirmaron a El Faro y Con Criterio que el encuentro sucedió y lo que se habló en él”, refiere el artículo.

Agrega que “en un punto, tras relatar dos entregas distintas de dinero a todos los miembros del pleno, sostienen que la magistrada Alfaro sacó de su bolso Q50,000 en efectivo, como ya ha publicado The New York Times, y preguntó ´¿Qué puedo hacer con este dinero?´”.

Una persona de confianza de Alfaro, que pide proteger su nombre por miedo a represalias, según la publicación de Con Criterio y El Faro, contó que la magistrada había acudido días antes a ella para pedirle ayuda. Se vieron primero a solas y la magistrada le habló de una entrega de dinero sucedida cerca de la navidad de 2021.

“Me contó que en nombre del presidente Giammattei invitaron a los magistrados a una cena y Miguelito (Miguel Martínez) en persona les dio un paquete de regalo que contenía dinero”, dice la fuente. La magistrada pidió ayuda. “Estoy muy preocupada. Yo no soy corrupta”, dice que le dijo.

El Faro y Con Criterio aseguran que uno de los cinco magistrados del TSE, cuya identidad no fue revelada, relató otra entrega de dinero: “Fue Rafa”, dijo. “Pasó entregándolo de vocalía en vocalía”.

Detalla que “Rafa” es Ranulfo Rafael Rojas, presidente del TSE hasta agosto del 2021.

El reportaje detalla que la fuente cuenta que en una ocasión Rojas dejó en el despacho del resto de magistrados y magistradas, vocales del Tribunal, pagos de Q50 mil (unos US$6 mil) cada uno.

Asegura que todos sabían que el dinero venía del presidente Giammattei. “A mí no me pidieron nada, pero usted sabe que, si me mandaban dinero, era lógico…” dijo el magistrado del TSE.

El pasado sábado, Rojas fue cuestionado al respecto durante una conferencia de prensa del pleno de magistrados y señaló que “solo son publicaciones” y que respeta la libre emisión del pensamiento, pero que no le interesaba hacer comentarios al respecto.

El magistrado del TSE, Gabriel Aguilera, este viernes 24 de junio dio una postura institucional sobre el tema de una supuesta denuncia de una magistrada respecto a un intento de soborno por parte de allegados del presidente Alejandro Giammattei.

El funcionario indicó: “Lo recibimos como hemos recibido muchos ataques y desinformación”.

Añadió: “Realmente es totalmente falso, es parte de los ataques hacia el tribunal, lo recibimos como cualquier otro ataque”.

Agregó que no tienen ninguna relación en ese tema. Dijo que “seguramente” tomarán algunas medidas al respecto y luego dijo que respetan la libertad de expresión.

“Sabemos que muchas veces se escudan los ataques en la libertad de expresión y días de las elecciones también como magistrados estamos enfocados en la participación ciudadana, estamos enfocados en esta fiesta cívica democrática. No nos vamos a distraer porque está la intención de estas notas y realmente creemos que la población guatemalteca tiene que estar tranquila, vamos a tener una fiesta cívica, los invitamos a todos a participar este 25 de junio y que no le pongan atención a esa desinformación”, señaló.

Además, respecto a los señalamientos hechos en las publicaciones en The New York Timen, Con Criterio y El Faro, el gobierno de Guatemala señaló: “No existen posturas ante los hechos irreales, ficticios, hipotéticos y falsos. Es necesario aclarar, que el presidente de la República no ha tenido reuniones de ningún tipo con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que rechazamos cualquier señalamiento infundado, realizado de manera tendenciosa y maliciosa, que busca atentar contra la democracia de nuestro país”.

“Es deleznable que su medio promueva calumnias. Enfatizamos que es deleznable e irresponsable la promoción de calumnias”, concluye la respuesta de Presidencia.

Blanca Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante una capacitación a alcaldes de Quiché sobre campaña anticipada en la cabecera y convocada por la junta directiva del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM), atrajo la atención de los jefes ediles que asistieron a la charla cuando les habló de reelegirse en el cargo y apoyar al presidente Alejandro Giammattei.

Alfaro puso como ejemplo de una reelección al desaparecido alcalde de la capital Álvaro Arzú. “Un buen alcalde decía, – decía – el alcalde – Álvaro – Arzú, siempre se va a reelegir porque la gente mira y sabe lo que está pasando”, dijo la funcionaria.

A continuación, dijo: “Un presidente necesita buenos alcaldes y cómo el presidente – Alejandro – Giammattei representa la unidad nacional, necesita que ustedes lo acompañen en la ejecución de obras, necesita que sean conscientes de su planificación, necesita que sean cuidadosos con las reprogramaciones – de las obras–”.

El presidente de PPEM, José Francisco Mejía, alcalde de El Jícaro, El Progreso, explicó que, de los 340 alcaldes del país, 86 se reeligieron en las pasadas elecciones generales.

“Contamos con muchos alcaldes nuevos, quienes por mala asesoría podrían caer en campaña anticipada lo que provocaría multas de US$50 mil”, mencionó el jefe edil.

En reiterados momentos de la charla entre los alcaldes con la magistrada, Alfaro elogió el trabajo del presidente de la junta directiva del PPEM. La funcionaria mencionó que él no necesitaba acarrear votantes porque llenaba salones y se había reelecto en varias ocasiones, manifestó que era su amigo y que ambos pertenecen a la familia municipalista.

En otro tema, a Alfaro se le preguntó sobre qué opinaba de la presencia de los diputados oficialistas en las inauguraciones de obras municipales, y respondió que los parlamentarios tienen el privilegio de fiscalizar las obras y pueden estar presentes en esas actividades.

Con respecto a la invitación a que los alcaldes se reelijan, la funcionaria se limitó a decir que su presencia obedecía a una invitación que le hicieron parara capacitar a los alcaldes para tratar el tema de campaña anticipada.

Un juzgado resolvió no otorgarle el amparo a Edwin Escobar, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana, para que pudiera obtener el finiquito, requisito para estar inscrito.

El fallo del Juzgado Noveno fue confirmado por Mario Siekavizza, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ).

El 1 de mayo último, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el amparo provisional que recibió Escobar de un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que le permitió obtener su finiquito e inscribirse para las elecciones del 16 de junio.

De esa cuenta el trámite del amparo continuó su camino, siempre de forma provisional, pero la Corte ordenó que este fuera resuelto por un juzgado capitalino y no uno escuintleco, por razones de territorio, tras lo cual al Juzgado Noveno de Instancia Civil le correspondió el expediente.

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La CC resolvió con base en un ocurso de queja que presentó la Contraloría, la cual recibió la orden del juzgado escuintleco de otorgar el finiquito. En esa resolución también ordena que Audy Yanelli Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, sea invetigada por  la Supervisión de General de Tribunales del Organismo Judicial, que sea denunciada ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.

Hasta ahora Escobar está inscrito como candidato presidencial, a 12 días de las elecciones.

Escobar, actual alcalde de Villa Nueva, es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último.

En el ámbito judicial, y en su calidad de jefe edil, Escobar no tiene inmunidad porque la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro del antejuicio solicitado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por denuncias de 2017 de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).