La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que 32 bienes vinculados al excandidato presidencial Manuel Baldizón seguirán inmovilizados, pues dio sin lugar una apelación interpuesta por varias entidades que tienen relación con el político.

La resolución está incluida en el expediente 2183-2022 y está fechada el 22 de noviembre de 2022.

El documento detalla que se examinó la sentencia de 25 de noviembre de 2021, que dictó la Corte Suprema de Justicia , a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, sobre una acción constitucional de amparo que promovieron varias entidades.

La apelación había sido presentada por Proyectos del Orbe, Sociedad Anónima; Circuito Norte, Sociedad Anónima; JB Exirium, Sociedad Anónima; Meridan, Sociedad Anónima; y Servicios para Turismo, Sociedad Anónima -vinculadas a Baldizón-.

La acción estaba presentada contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal y Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, por un fallo del 19 de diciembre de 209 emitido por dicha sala que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por las ahora postulantes contra la resolución que decretó la medida cautelar de inmovilización de 32 bienes inmuebles de su propiedad.

Los postulantes estiman vulnerados los derechos y el principio jurídico enunciados porque “la autoridad reprochada profirió una resolución arbitraria, por cuanto avaló la decisión de decretar la medida cautelar de inmovilización sobre sus bienes inmuebles, sin consignar una relación fáctica congruente, sustentada probatoriamente, sobre la presunción razonable del origen ilícito o delictivo de aquellos, aun cuando nominalmente se indicó que la acción ilícita corresponde a la de Lavado de dinero u otros activos, limitándose a indicar que la resolución se ajusta a los postulados y presupuestos preestablecidos en la Ley de Extinción de Dominio, siendo que tales enunciados carecen de contenido jurídico”, se lee en los antecedentes del caso.

Los postulantes solicitaban a la CC que se otorgara el amparo y con eso se dejara en suspenso definitivo el acto reclamado y se ordenara dictar nueva resolución, haciendo los demás pronunciamientos que conforme a la ley corresponden.

Luego del análisis de los argumentos de los señalados, la CC declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Proyectos del Orbe, Sociedad Anónima; Circuito Norte, Sociedad Anónima; JB Exirium, Sociedad Anónima; Meridan, Sociedad Anónima; y Servicios para Turismo, Sociedad Anónima – postulantes– y, como consecuencia, confirma la sentencia venida en grado.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) entregó, este jueves 21 de julio, a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), una finca ubicada en Vista Hermosa, zona 15, de la capital, la cual era propiedad de una empresa vinculadas al excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Según dio a conocer el MP, en la finca entregada a la Senabed funcionaba una canal de televisión, pero que se permitió la devolución del equipo de transmisión y telecomunicaciones a los propietarios del medio.

Añadió que esto se hizo para no vulnerar el derecho a la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento.

La finca entregada forma parte de siete fincas inmovilizadas a Baldizón y que ya están en administración de la Senabed.

El caso Baldizón

Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el 21 de enero del 2018, por una orden de captura internacional en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, vinculado al caso Odebrecht.

Estados Unidos acusó a Baldizón de lavado de dinero, se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, en noviembre del 2019, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

El pasado 7 de junio Manuel Baldizón dejó la prisión  McRae del estado de Georgia en Estados Unidos y salió 18 meses antes de cumplir su condena que finalizaba el 16 de diciembre de 2023.

Baldizón recibió la pena de 50 meses de cárcel porque aceptó dinero del narcotráfico para financiar sus campañas en Guatemala; sin embargo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del MP, mantiene activa una alerta roja internacional contra Baldizón porque sospechan que también participó en la red internacional de sobornos, conocida como el Caso Oderbrecht.

Durante el proceso en el que Baldizón ha estado inmerso en estos problemas judiciales las autoridades le han inmovilizado varias propiedades.

Entre ellas una ubicada en la 13 calle 02-52 zona 1, atribuido a la sociedad Proyectos del Orbe, S.A.

También un edificio ubicado en el Periférico de la zona 8 de Quetzaltenango, en donde iba a funcionar un hotel.

La construcción se inició en el 2015 y el inmueble está a nombre de Regal Group S.A. una empresa que de acuerdo con la fiscalía está relacionada con una investigación por lavado de dinero que involucra a Baldizón.

De acuerdo con evaluadores se estima que el costo del edificio podría ser de Q30 millones.

El edificio habría funcionado como hotel, ya que la empresa propietaria Regal Group es propietaria de los otros hoteles de Baldizón.

También el hotel lujoso Casa Imperial o Jardín Inglés, ubicado en la aldea El Durazno, Villa Canales, kilómetro 24.5, carretera a El Salvador que hospedó a empresarios y turistas alguna vez, fue un inmueble propiedad de Manuel Baldizón, pero luego de ser vinculado con casos de corrupción la propiedad extinguida a favor del Estado y se ha convertido en una nueva sede de la Policía Nacional Civil (PNC).

La decisión de desestimar el embargo de la aeronave de Martinelli Berrocal fue decretada el pasado 21 de abril por el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad del Organismo Judicial guatemalteco, según confirmaron a Efe el jueves fuentes judiciales.

La avioneta fue retenida inicialmente en febrero de 2021 y su embargo fue ordenado en octubre del mismo año, investigada por el supuesto traslado de narcóticos, a petición de Estados Unidos.

Sin embargo, tras no encontrar indicios al respecto, solamente faltas administrativas, el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad decretó “la devolución de la avioneta tipo jet”, con “matricula estadounidense y modelo 2005”.

De acuerdo a la judicatura, el representante del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el proceso, Enrique Sosa Ordóñez, “no se opuso a la devolución” de la aeronave “siempre y cuando fuere en calidad de depósito” pues “existe una investigación pendiente por parte de otra fiscalía”.

Según fuentes judiciales, la otra fiscalía a la que se refiere el Ministerio Público es la de Extinción de Dominio, que tiene un proceso abierto para trasladar la aeronave a posesión del Estado de Guatemala.

Será, por tanto, decisión del Ministerio Público si solicita que se retire el proceso en marcha en la Fiscalía de Extinción de Dominio.

La aeronave, de matrícula N799 RM, fue decomisada el 26 de febrero de 2021 en el momento en el que presuntamente la esposa de Martinelli llegaba a Guatemala, donde se encontraban en prisión sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero.

La extradición de ambos se concretó a finales de 2021 y los dos hermanos permanecen en prisión en Estados Unidos.

La avioneta fue incautada en el aeropuerto internacional La Aurora, ubicado en el sur de la Ciudad de Guatemala, cuando supuestamente varios familiares de los hermanos Martinelli Linares, además de su madre, viajaban para visitarlos en la prisión donde se encontraban desde 2020.

La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada en 2010 en Guatemala y permite a las autoridades locales decomisar de manera permanente los bienes de procedencia ilícita.

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público informó este martes 6 de julio que fueron entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) un total de 17 bienes, luego de un proceso judicial.

Se trata de diez vehículos, dos lanchas, cuatro motores marinos y un arma de fuego.

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Además, se dictaron medidas cautelares sobre otros 25 vehículos, tres armas de fuego y cuatro fincas ubicadas en Cobán, Alta Verapaz, mientras concluyen las investigaciones para determinar la procedencia de los bienes.

Según el Ministerio Público, las sentencias y medidas cautelares se obtuvieron durante de mayo y junio del año en curso, por investigaciones contra actividades ilícitas o delictivas descritas en la Ley de Extinción de Dominio.