“Dejan nuestros hospitales sin recursos, veteranos y excombatientes sin su pensión, agricultores sin ayuda, cientos de miles de trabajadores y miles de empresas privadas sin subsidio”, publicó el mandatario en sus redes sociales este sábado.

Añadió que esta situación pone “en riesgo de perderse” la millonaria financiación del programa del Fondo del Milenio (Fomilenio II) otorgado por Estados Unidos al no contar con los fondos de contrapartida.

“El trabajo de meses consiguiendo esos fondos, tirado a la basura”, señaló el mandatario, quien añadió que el préstamo tenía una tasa de 2,1 % de interés con cinco años y medio de “gracia”.

Tras una jornada intensa de negociaciones la noche del viernes, los representantes de los dos órganos de Estado no alcanzaron un acuerdo para que se votara en la sesión plenaria del Congreso.

La asignación de cinco millones de dólares para la Alcaldía de la capital, solicitados por la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue el punto de quiebre, según la prensa local.

San Salvador es el epicentro de los contagios en El Salvador con el 13,3 % de los enfermos confirmados y presta a otras localidades su cementerio público para las inhumaciones de casos sospechosos y positivos.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló que no estaba facultado para mover esos fondos, dado que el decreto que autorizó al Gobierno para buscar la financiación no lo incluía.

Un punto que cuestionaron los legisladores de Arena fue la asignación de 55 millones de dólares para un subsidio a las empresas para pagar el 50 % del salario a sus empleados, dado que este mismo órgano autorizó la creación anteriormente de un fideicomiso para apoyar a las empresas.

De igual forma recordaron que el titular del Ministerio de Agricultura, Pablo Anliker, no se ha presentado ante una comisión del Congreso para explicar el supuesto uso de fondos para el pago de salarios en la compra de alimentos sin autorización legislativa.

La fracción legislativa del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) criticó que de los 250 millones de dólares únicamente 30 millones estarían destinados para el Ministerio de Salud.

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador prevé una caída de hasta el 8,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, baja que se podría acentuar por rebrotes locales o internacionales de los contagios.

Esta caída, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cifra en un 8,6 %, se prevé que sea la más grande de Centroamérica.

Además, el Gobierno salvadoreño espera perder al cierre de 2020 unos 990 millones de dólares en impuestos por los efectos de la pandemia.

Este nuevo episodio de los constantes enfrentamientos y de falta de acuerdos entre el Congreso y el Gobierno se da en momentos en los que el país registra una escalda “prácticamente incontrolable” de los contagios con 17.050 casos confirmados.

Una nueva aplicación móvil, denominada David-19, llegará la próxima semana a América Latina para combatir la propagación de la COVID-19. La iniciativa, liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pretende hacer “visible” al enemigo “invisible” y sentar las bases para un “pasaporte sanitario digital”.

Esta herramienta digital permitirá a los Gobiernos latinoamericanos obtener datos más precisos sobre el coronavirus y ajustar sus estrategias de distanciamiento social, sin tener que exponer la privacidad de sus ciudadanos, según el BID. “Todos nos sentimos muy indefensos contra este virus, sin embargo, si todos somos David-19 podemos vencer al Goliat del coronavirus”, afirmó Alejandro Pardo, especialista del laboratorio de innovación del BID.

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El objetivo es administrar de manera rigurosa información sobre si una persona permanece confinada, si es inmune, si es asintomática, si presenta síntomas o si está enferma. De este modo, se podrá generar un registro común sobre el estado de los usuarios e identificar mapas de posibles situaciones de riesgo. “Con estos datos se van a tomar mejores decisiones para temas tan importantes como dónde mandar mascarillas o qué poblaciones se pueden empezar a desconfinar”, explica Pardo y asegura que los datos personales entregados serán “estrictamente privados”.

¿Acceso para todos?

Sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia no solo la brecha social del continente, sino también la brecha digital. Millones de latinoamericanos en situación de pobreza no cuentan con aparatos móviles, y mucho menos con acceso a Internet.

Otro factor relevante es la diferencia entre personas que viven en ciudades contra los que viven en zonas rurales, donde en muchos casos todavía no llega Internet. Asimismo, la brecha de habilidades y de conocimiento existente, por ejemplo, en adultos mayores, para poder entender cómo funciona David-19.

Las primeras semanas de confinamiento bastaron también para poner en evidencia los obstáculos que existen en el continente con el “teletrabajo”. La mayoría de latinoamericanos no cuenta con un empleo formal y vive del día a día. Del mismo modo, muchos niños no pueden acceder a educación virtual por no tener la tecnología necesaria en casa.

Según un último reporte del portal alemán de estadísticas Statista, hay 425 millones de usuarios de Internet en América Latina, de los 630 millones de habitantes que tiene el continente. Es decir, más de 200 millones de latinoamericanos no podrían utilizar la aplicación del BID. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que alrededor 185 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza y 65 millones en extrema pobreza.

La experiencia autoritaria

Una interrogante aparte es la disponibilidad que muestren los latinoamericanos para entregar el control de su privacidad a los Gobiernos de turno, teniendo en cuenta la experiencia en varios países de la región con dictaduras. Hasta el momento no se ha informado qué países empezarán a implementar esta herramienta digital.

Asimismo, no quedan claras las posibles consecuencias negativas que podría tener un usuario, por ejemplo, si no respeta las reglas de confinamiento y si en ese caso sería denunciado ante las autoridades locales.

Para la creación de David-19, los especialistas se basaron en experiencias similares aplicadas en Corea del Sur y Singapur. Aproximadamente un mes necesitó el laboratorio de innovación del BID, junto a sus socios Everis, IOVlabs y World Data, para desarrollar la plataforma digital con tecnología blockchain. La diferencia con la versión asiática, subraya el BID, es que esta aplicación será voluntaria y anónima.

En América Latina ha habido un “derroche” del gasto público en las últimas dos décadas.

Eso dice un un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asegura que los países latinoamericanos han “malgastado” unos US$220.000 millones, equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Con esa cantidad de dinero se podría eliminar la pobreza extrema de toda la región”, le dice a BBC Mundo Alejandro Izquierdo, economista jefe del organismo.

Para calcular lo que consideran como “despilfarro” estudiaron tres cosas: las compras del Estado (incluyendo desvío de fondos o corrupción), el salario de los empleados públicos y los subsidios.

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El estudio concluyó que países como Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos públicos, mientras que Argentina, El Salvador y Bolivia, son los que más gastaron.

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Este planteamiento tiene fuertes detractores que creen que el gasto social es irrenunciable, aunque tenga una gran costo para el Estado, porque le permite a la gente vivir en condiciones más dignas.

Y si eso provoca déficit, el fisco debería subir los impuestos a los que tienen más dinero.

En esta vieja disyuntiva sobre subir impuestos o recortar gastos, los economistas del BID dicen que el camino para no “hipotecar el futuro” de las arcas fiscales y el crecimiento económico, es focalizar los fondos fiscales, reducir el gasto y evitar los desvíos de fondos.

Esta lista a continuación solo incluye los países de la región que tienen información disponible, por lo que no se incluye a países como Venezuela o Cuba.

Compras públicas y la corrupción

Las compras gubernamentales incluyen de todo: compra de computadores para una escuela, la construcción de una carretera, o el suministro de servicios básicos como agua y electricidad.

En la región se gastaron cerca de US$450.000 millones en esta área, pero en muchos casos los precios no fueron competitivos o los mecanismos de asignación de contratos no fueron lo suficientemente transparentes.

“Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción”, dice el estudio.

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Y aunque la investigación plantea que “es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta”, estima que al menos un 17% de las compras públicas en América Latina termina en desvío de fondos, restándole al Producto Interno Bruto regional un 1,4%.

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En esto, el ejemplo más cercano es el caso Odebrecht, relacionado con el pago de sobornos para asegurar contratos públicos en 14 países de la región.

De hecho, “el malgasto de fondos públicos en sobornos y presupuestos abultados parece ser enorme”, llegando a cerca del 26% del costo de los proyectos de construcción.

Y la mayoría de los países, con la excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica, se sitúan en el “extremo alto de la corrupción”.

El salario de los empleados públicos

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En países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina, el Estado gasta más del 29% del total del gasto público en salarios.

El problema, dicen los investigadores, es que esos sueldos no están relacionados con los resultados en el desempeño.

“Uno sospecha es que detrás de eso están las negociaciones con los sindicatos”, dice Alejandro Izquierdo.

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En promedio, el estudio arrojó que casi un 25% de los trabajadores del sector público gana más dinero del que recibiría en el sector privado por la misma función.

Los subsidios

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Según el economista, en muchos casos el objetivo inicial de los subsidios es cubrir a los más pobres a través de programas sociales, el pago de pensiones o de una parte de la cuenta por el servicio eléctrico en los hogares.

“El problema es que prácticamente la mitad de estos subsidios llega a personas que no son pobres”, lo que provoca un “error de inclusión”, dice Izquierdo.

“Terminas favoreciendo proporcionalmente más a los ricos que a los pobres”, agrega.

Un ejemplo de este malgasto es Argentina, que aparece como el país que más ha malgastado los fondos públicos de la región.

Pero como el tema de los subsidios es tan controvertido, cuando el presidente Mauricio Macri cambió la política, hubo indignación y miles salieron a las calles a protestar.

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Argentina es una de las naciones que más aumentó el gasto público pasando de un 25% del PIB a fines de los años 90 a un 42% en 2015.

Eso, que es considerado un logro por algunos, es visto por el BID como un error que le ha costado caro al país.

“Hay que reducir las pensiones”

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¿Gastar más en los viejos o en los niños? La respuesta del organismo a esta pregunta es bastante clara: los países deberían recortar las jubilaciones.

El argumento es que por cada dólar gastado en un niño, los gobiernos latinoamericanos “malgastan” US$4 en un jubilado, y eso es fiscalmente insostenible.

El contraargumento es que muchos jubilados en la región reciben pensiones consideradas “indignas” que apenas les permiten comer.

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En este punto suele haber un diálogo de sordos, donde los jubilados protestan porque no les alcanza y los economistas de organismos internacionales prenden todas las luces rojas porque el Estado no puede asumir ese costo sin hipotecar el futuro.

En el caso de Brasil, la situación es considerada crítica: actualmente gasta un 12,5% del PIB en pensiones y salud y -si la tendencia siguiera igual- el país terminaría gastando un 50,1% en el año 2065.

La investigación propone que es más eficiente reasignar el gasto de los países hacia infraestructura y educación (especialmente mejorar las habilidades a nivel escolar y laboral), dado que esas dos cosas pueden elevar las tasas de crecimiento a largo plazo.

Pero al mismo tiempo, reconoce que esa política “puede ser dolorosa”, un costo que a muchos les ha tocado vivir en carne propia cada vez que suena la palabra ajuste.