El Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, resolvió este miércoles 3 de enero que se suspenda la persecución penal contra el militar en situación de retiro Manuel Antonio Callejas y Callejas, vinculado al caso Genocidio; además, determinó que Benedicto Lucas García siga en prisión preventiva a la espera de juicio por el mismo proceso.

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta enfrentarán proceso por genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados. La pesquisa señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas.

Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado, recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Dijo que luego de la entrada en vigor del Decreto 900 -reforma agraria- y la creación la Franja Transversal del Norte, estas normativas causaron conflictos en el área debido a la tenencia de tierras.

Además, Gálvez manifestó que luego de la creación del Decreto 900 varias caballerías de terreno pasaron a ser posesión de cooperativas y después del golpe de Estado de 1954, estas tierras regresaron a sus antiguos dueños, por esa razón se mantenía un alto grado de conflictividad en el área ixil

El juzgador presentó algunos documentos históricos y explicó que otro detonante de conflictividad en el área fue la muerte de José Luis Arenas Barrera, quien tenía más de 115 caballerías en posesión, a manos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

La defensa de los militares retirados, luego de escuchar la resolución de Gálvez, recriminó que hubo actividad procesal defectuosa porque el juzgador “no detalló quiénes eran los agraviados”.

Blanca Mariola Castañeda López, la fiscal del caso, argumentó que el juez no “individualizó a los agraviados” debido a que ese procedimiento lo efectuó el MP cuando expuso la imputación a cada uno de los tres procesados.