“Movilidad verde” es el nombre de la prueba piloto impulsada por el Ministerio de Energía y Minas, la Universidad del Valle, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación de Combustibles Renovables.

La idea es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con EcoPower que es gasolina con etanol que es un alcohol fabricado por fermentación, hecho a base de caña de azúcar que es utilizado, en otros países, como combustible.

“Existen en Guatemala 5 destilerías que tienen una capacidad instalada para producir 65 millones de galones al año, o sea que en Guatemala sí podemos producir etanol y a gran escala” dijo Mónica Stein de la Universidad del Valle.

En el 2019, el país consumió 633 millones de gasolina, el 100% es importada. El costo de importación fue de mil 137 millones de dólares.

Si se utilizará el etanol, producido en el país, se ayudaría a darle un componente de combustible renovable a la gasolina.

El programa piloto, que durará 10 semanas y se aplicará a 30 vehículos, es financiado por el BID por US$240.

“Durante las próximas cinco semanas estos vehículos van a transitar por las calles de Guatemala utilizando únicamente la mezcla de combustible con etanol al 5% y al cabo de esas cinco semanas volverán a pasar una inspección para medir las emisiones de sus gases y, por supuesto, para medir el estado general del vehículo” mencionó Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas.

Si todo funciona correctamente, las siguientes cinco semanas se continuaría la prueba, pero con 10% de etanol. Luego se hará la misma revisión.

Toda la información será publicada con los resultados del funcionamiento de EcoPower y posiblemente, en noviembre, iniciaría la segunda etapa que impulsará los cambios regulatorios para que en un futuro la utilización de la mezcla de etanol sea posible en el país.

En América Latina ha habido un “derroche” del gasto público en las últimas dos décadas.

Eso dice un un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asegura que los países latinoamericanos han “malgastado” unos US$220.000 millones, equivalente al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Con esa cantidad de dinero se podría eliminar la pobreza extrema de toda la región”, le dice a BBC Mundo Alejandro Izquierdo, economista jefe del organismo.

Para calcular lo que consideran como “despilfarro” estudiaron tres cosas: las compras del Estado (incluyendo desvío de fondos o corrupción), el salario de los empleados públicos y los subsidios.

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El estudio concluyó que países como Chile, Perú y Guatemala son los que mejor utilizaron sus fondos públicos, mientras que Argentina, El Salvador y Bolivia, son los que más gastaron.

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Este planteamiento tiene fuertes detractores que creen que el gasto social es irrenunciable, aunque tenga una gran costo para el Estado, porque le permite a la gente vivir en condiciones más dignas.

Y si eso provoca déficit, el fisco debería subir los impuestos a los que tienen más dinero.

En esta vieja disyuntiva sobre subir impuestos o recortar gastos, los economistas del BID dicen que el camino para no “hipotecar el futuro” de las arcas fiscales y el crecimiento económico, es focalizar los fondos fiscales, reducir el gasto y evitar los desvíos de fondos.

Esta lista a continuación solo incluye los países de la región que tienen información disponible, por lo que no se incluye a países como Venezuela o Cuba.

Compras públicas y la corrupción

Las compras gubernamentales incluyen de todo: compra de computadores para una escuela, la construcción de una carretera, o el suministro de servicios básicos como agua y electricidad.

En la región se gastaron cerca de US$450.000 millones en esta área, pero en muchos casos los precios no fueron competitivos o los mecanismos de asignación de contratos no fueron lo suficientemente transparentes.

“Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción”, dice el estudio.

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Y aunque la investigación plantea que “es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta”, estima que al menos un 17% de las compras públicas en América Latina termina en desvío de fondos, restándole al Producto Interno Bruto regional un 1,4%.

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En esto, el ejemplo más cercano es el caso Odebrecht, relacionado con el pago de sobornos para asegurar contratos públicos en 14 países de la región.

De hecho, “el malgasto de fondos públicos en sobornos y presupuestos abultados parece ser enorme”, llegando a cerca del 26% del costo de los proyectos de construcción.

Y la mayoría de los países, con la excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica, se sitúan en el “extremo alto de la corrupción”.

El salario de los empleados públicos

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En países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina, el Estado gasta más del 29% del total del gasto público en salarios.

El problema, dicen los investigadores, es que esos sueldos no están relacionados con los resultados en el desempeño.

“Uno sospecha es que detrás de eso están las negociaciones con los sindicatos”, dice Alejandro Izquierdo.

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En promedio, el estudio arrojó que casi un 25% de los trabajadores del sector público gana más dinero del que recibiría en el sector privado por la misma función.

Los subsidios

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Según el economista, en muchos casos el objetivo inicial de los subsidios es cubrir a los más pobres a través de programas sociales, el pago de pensiones o de una parte de la cuenta por el servicio eléctrico en los hogares.

“El problema es que prácticamente la mitad de estos subsidios llega a personas que no son pobres”, lo que provoca un “error de inclusión”, dice Izquierdo.

“Terminas favoreciendo proporcionalmente más a los ricos que a los pobres”, agrega.

Un ejemplo de este malgasto es Argentina, que aparece como el país que más ha malgastado los fondos públicos de la región.

Pero como el tema de los subsidios es tan controvertido, cuando el presidente Mauricio Macri cambió la política, hubo indignación y miles salieron a las calles a protestar.

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Argentina es una de las naciones que más aumentó el gasto público pasando de un 25% del PIB a fines de los años 90 a un 42% en 2015.

Eso, que es considerado un logro por algunos, es visto por el BID como un error que le ha costado caro al país.

“Hay que reducir las pensiones”

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¿Gastar más en los viejos o en los niños? La respuesta del organismo a esta pregunta es bastante clara: los países deberían recortar las jubilaciones.

El argumento es que por cada dólar gastado en un niño, los gobiernos latinoamericanos “malgastan” US$4 en un jubilado, y eso es fiscalmente insostenible.

El contraargumento es que muchos jubilados en la región reciben pensiones consideradas “indignas” que apenas les permiten comer.

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En este punto suele haber un diálogo de sordos, donde los jubilados protestan porque no les alcanza y los economistas de organismos internacionales prenden todas las luces rojas porque el Estado no puede asumir ese costo sin hipotecar el futuro.

En el caso de Brasil, la situación es considerada crítica: actualmente gasta un 12,5% del PIB en pensiones y salud y -si la tendencia siguiera igual- el país terminaría gastando un 50,1% en el año 2065.

La investigación propone que es más eficiente reasignar el gasto de los países hacia infraestructura y educación (especialmente mejorar las habilidades a nivel escolar y laboral), dado que esas dos cosas pueden elevar las tasas de crecimiento a largo plazo.

Pero al mismo tiempo, reconoce que esa política “puede ser dolorosa”, un costo que a muchos les ha tocado vivir en carne propia cada vez que suena la palabra ajuste.