Pese a que meses atrás varios diputados de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE) aparecían apoyando en conferencias de prensa a Carlos Barreda, exjefe de bloque, este martes 26 de octubre, algunos reaparecieron respaldando a Sandra Torres, quien recientemente recuperó la Secretaría General del partido.

Entre los rostros conocidos están los diputados: Carlos Mencos, Merana Oliva, Juan Ignacio Quijada, Vasny Maldonado, César Fion, Karla Cardona, Inés Castillo y Mario Gálvez.

Hasta hace algunas semanas, la fracción de Barreda contaba con 31 diputados y 21 respaldaban a Sandra Torres; hoy, la fracción de la excandidata presidencial presume contar con el apoyo de 33 parlamentarios.

Los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informaron este martes 5 de octubre que presentaron una denuncia penal contra la exministra de Salud, Amelia Flores, por cinco delitos que según ellos cometió al permitir que Rusia con cumpliera con el contrato de compra de vacunas Sputnik V.

Los congresistas ofrecieron una rueda de prensa en la que informaron que el contrato de compra con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), a través de Human Vaccine LLC, estipulaba que el 5 de octubre sería la fecha en la que Guatemala recibiría el total de dosis compradas y eso no sucedió.

Orlando Blanco, jefe de la bancada de la UNE, afirmó que la denuncia contra Flores es por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción, fraude, resolución violatoria de la Constitución y violación a la Constitución Política de Guatemala.

Explicó que la denuncia es en el marco del incumplimiento del contrato por parte de Rusia y recordó que durante los últimos seis meses como bancada anunciaron que había una fecha importante en el convenio, la cual se venció este 5 de octubre.

Según los diputados, la exministra Flores permitió que ese contrato se incumpliera y por eso accionaron penalmente.

#CongresoGT | La @UNEBancada presenta una denuncia penal en contra de la exministra de Salud, Amelia Flores, por el “incumplimiento” de diversos aspectos en la negociación con Rusia para la compra de vacunas Sputnik V. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/IvrA8FTgHO

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) October 5, 2021

El contrato con Sputnik V

Guatemala inicialmente encargó a Rusia 16 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus Sputnik V y en abril pasado pagó unos US$79.6 millones por la mitad de la compra. Sin embargo, el retraso en las entregas provocó que el país llegara a plantear la devolución del dinero.

Tras la polémica, Guatemala y Rusia pactaron en julio concretar solo la compra de 8 millones de vacunas, las que el país ya había pagado, y se informó por parte del presidente Alejandro Giammattei y la entonces ministra Flores que las entregas de las dosis concluirían en diciembre 2021.

Hasta el momento, Guatemala ha recibido 2 millones 660 mil dosis. Esto representa el 33.25% de las vacunas compradas a Rusia, que son 8 millones de dosis.

Diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ofrecieron este martes 20 de julio, una conferencia de prensa en la que informaron de dos acciones que tomaron en relación a la vacunación en Guatemala y el contrato de compra de vacunas Sputnik V.

Los diputados accionaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que por medio de ellos se obligue a Salud a abrir la vacunación para todos los mayores de 18 años y también enviaron una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, para pedirle que se pronuncie sobre el contrato de compras de vacunas Sputnik V y que señale si se cumplirá o no.

Orlando Blanco, jefe de bancada de la UNE, informó que ese bloque del Congreso inició una acción de amparo dirigida contra la ministra de Salud, María Amelia Flores González, por violentar los derechos de los guatemaltecos, principalmente el derecho a la vida y a la salud que están en la Constitución Política, en otras leyes y en tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que han sido firmados por Guatemala.

Agregó que el segundo acto que le incriminan a la ministra Flores es el de discriminación, por las políticas públicas que se están tomando en el ministerio, específicamente en el tema de vacunación.

El tercer aspecto que le reprochan los diputados a la funcionaria es que con sus acciones está evitando el acceso libre a la población que voluntariamente quiera inmunizarse contra el covid-19, pues actualmente se le está impidiendo a la población mayor de 18 años poder vacunarse.

Blanco dijo que se entiende que en el marco de la pandemia era necesario hacer una priorización de las personas que debían inmunizarse y eso estaba establecido en el Plan Nacional de Vacunación, en donde se incluía a los adultos mayores.

Dijo que la fase de vacunación para adultos mayores no ha concluido y se fueron abriendo otros rangos de edad para inmunizar, pese a que en áreas rurales no se ha terminado de colocar el biológico a las personas de mayor edad.

Agregó que otros rangos de edades ya pueden vacunarse contra el coronavirus e incluso empleados públicos que, independientemente de la edad que tienen, pueden acceder a los biológicos, tal es el caso de agentes de la Policía, Ejército, empleados del Organismo Judicial.

Expresó que aunque hay en existencia más de 2 millones de vacunas, la ministra Flores se niega a abrir la posibilidad de vacunación a las personas comprendidas entre 18 y 39 años.

“Todos los guatemaltecos, por derecho somos iguales ante la ley y no hay ninguna diferencia en el ejercicio de un derecho entre las edades de los guatemaltecos”, dijo Blanco.

Añadió que la pandemia no discrimina, que el coronavirus contagia por igual a adultos, jóvenes y niños y por eso es que todos deben vacunarse.

Blanco dijo que han venido solicitando a la ministra Flores que abra la vacunación para todos los mayores de 18 años y ella se ha negado.

“No hay derecho a que se discrimine a un guatemalteco de 20 años, en contra de uno de 30 o 40 años. Todos tenemos los mismos derechos y hay vacunas para que se pueda abrir la vacunación”, señaló el diputado Blanco.

Envía carta a Vladimir Putin

El diputado Blanco también afirmó que enviaron a la Embajada de Rusia en Guatemala una misiva al presidente de esa república, Vladimir Putin, para pedirle que se pronuncie en relación al cumplimiento o no del contrato que el Gobierno de Guatemala suscribió con la empresa Human Vaccine LLC, subsidiaria del Fondo de Inversión Directo de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés).

Refirió que la misiva que enviaron como diputados del Congreso es debido a la inacción del presidente Alejandro Giammattei y de la ministra Flores y esperarían que Putin se pronuncie en dos vías, sobre dicho contrato.

Una opción es que, si se determina que el contrato con Guatemala sigue, se deberían cumplir varias condiciones, como entrega de un cronograma de cumplimiento de las entregas de vacunas Sputnik V.

También que antes que finalice julio Rusia envíen al menos 3 millones de dosis de vacunas Sputnik V para que los guatemaltecos tengan una muestra de confianza de que hay buena voluntad del gobierno ruso para cumplir el contrato.

Blanco agregó que además piden que antes del 15 de agosto se garantice el envío de al menos 800 mil dosis del segundo componente del biológico ruso pues hay muchas personas en Guatemala que ya no quieren ser inmunizadas con la Sputnik V, ante el temor de que no llegue nunca el segundo componente.

Los legisladores también exigen a Rusia que en dos meses se cumpla con la entrega total de las 16 millones de dosis que estipula el contrato, y por las que Guatemala ya pagó el 50%.

La otra opción

Blanco dijo que si existe algún impedimento para cumplir el contrato de las vacunas Sputnik V, los diputados piden que se establezca claramente la rescisión del mismo, no si antes garantizar la entrega del segundo componente de la totalidad de las dosis que Guatemala ya recibió.

Además, dijo que Rusia debería dar una forma viable de devolverle el dinero a Guatemala.

Blanco recordó que hasta ayer en Guatemala se han vacunado poco más de 1 millón de personas con primera dosis y 250 mil con esquema completo y que en semanas anteriores se vacunaban un promedio de 60 mil guatemaltecos semanalmente, pero la pasada se logró inmunizar a 248 en ese mismo período, lo que demuestra que el sistema de Salud tiene cierta capacidad para responder de esa forma y mantener ese promedio si hay vacunas y por eso la carta a Putin busca garantizar que haya bilógicos.

La compra de la vacuna Sputnik V

El 5 de abril Guatemala le pagó a Limited Liabulity Company Human Vaccine Q614.5 millones (US$79 millones 600) por el 50% de las 16 millones de dosis de Sputnik V.

Hasta el momento Guatemala únicamente ha recibido 860 mil dosis del biológico, de las cuales 60 mil son segundas dosis de Sputnik V. A diferencia de otras vacunas, el biológico de Rusia tiene dos componentes, uno que se utiliza para la primera dosis y otro para el refuerzo.

Las primeras 100 mil dosis que recibió Guatemala de Sputnik V corresponden al primer componente, y comenzaron a utilizarse el lunes 17 de mayo. De acuerdo con el sistema de registro, la segunda dosis de quienes fueron vacunados ese día debería colocarse la segunda dosis a partir del 7 de junio.

Cuando arribó a Guatemala el primer lote de vacunas Sputnik V, el 5 de mayo pasado, Larissa Planchinda, encardada de negocios de la Embajada de Rusia en Guatemala, dijo que los análisis recientes han determinado que se puede aumentar el tiempo entre la primera dosis y la segunda dosis de las vacunas Sputnik V. Anteriormente el período para hacerlo era de tres semanas, pero ahora se extendió hasta tres meses.

Vacunas en Guatemala

El Ministerio de Salud Pública de Guatemala compartió la siguiente gráfica que muestra la cantidad de vacunas que han llegado a Guatemala mediante donación o compra directa.

Al menos 1.5 millones de estudiantes del sector público no podrán regresar a las clases el próximo año, debido a que 10 mil escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria para implementar las medidas de prevención contra el coronavirus, según se resaltó este miércoles 28 de octubre durante una citación de diputados de la Bancada UNE a las autoridades de Educación.

El diputado Orlando Blanco cuestionó a las autoridades de Educación sobre los 10 mil establecimientos educativos que no tienen servicios sanitarios, agua entubada y drenajes, lo que imposibilita que sean habilitados de aquí a febrero del 2021, impactando en el proceso educativo de más de un millón de estudiantes.

“Si ustedes permiten que un estudiante regrese a una escuela que no tiene baños, agua o drenajes adecuados lo están exponiendo a ser contagiado -de coronavirus-”, cuestionó Blanco.

Los congresistas temen que el 30 por ciento de los estudiantes no retorne a las aulas por la falta de infraestructura y por las indicaciones que dé el tablero de alerta de coronavirus, pues 114 municipios están en rojo.

Durante la citación, el parlamentario Carlos Barreda lamentó que las autoridades de Educación no tengan un diagnóstico de cuántas escuelas más podrían estar inhabilitadas por recomendación del tablero de alertas.

Ante la situación del sistema educativo, Barreda duda que el Ministerio de Educación tenga capacidad de supervisar los protocolos de salud para el regreso a clases. Por lo anterior cree que es mejor reforzar un sistema de acceso a internet gratuito y dotación de computadoras a los estudiantes para fortalecer las clases virtuales.

Además, dijo que varias escuelas de 114 municipios no pueden abrir porque están en rojo y que carecen de datos de colegios privados. También agregó que no se tiene el dato de cuántos maestros son mayores de 60 años, pues son susceptibles a la enfermedad.

Barreda asegura que las escuelas más afectadas por falta de infraestructura se ubican en comunidades rurales, lo que ampliaría la brecha de desigualdades.

Sin embargo, Edwin Asturias, jefe de la Coprecovid, dijo que lo recomendable para abrir las escuelas es que los niveles de contagios sean bajos.

“Bajo los mecanismos ideales, quisiéramos que el nivel de contagio estuviera controlado para que una institución educativa abriera”, dijo Asturias.

De acuerdo con autoridades de Educación, en el 2020 no se construyó ni una escuela y edificaron 337 aulas, lo cual fue cuestionado por los diputados, pues consideran que la demanda educativa exige infraestructura de calidad.

Además, se consultó sobre el tratamiento que tendrá niños que requieren de atención especial por padecer alguna enfermedad crónica; sin embargo, las autoridades educativas no tenían esos datos al momento de la citación.

En tanto, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, reconoció que no están en capacidad para mejorar la infraestructura de las 10 mil escuelas que no podrán ser habilitadas.

“Definitivamente no tenemos los recursos para habilitar esas 10 mil escuelas”, dijo la ministra.

Además, señaló que hay posibilidades de que las clases para el sector publico no empiecen en enero, porque deben hacer ajustes en el calendario educativo.

Agregó que ya cuentan con protocolos para el regreso a clases, el cual incluye las estrategias de apertura y cierre de establecimientos educativos, identificación de casos y asilamiento de estudiantes en el aula, aunque en todos los casos dependen de lo que establezca el tablero de alerta covid-19.