Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña y tranquila ciudad mexicana de Cocula, se dijo que un basurero fétido y cubierto de basura en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más evidentes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una comisión de la verdad creada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del secuestro, algunos de los actores clave del caso han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exfiscal general

El viernes 19 de agosto, el exfiscal general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como fiscal general del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, el presidente López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones en la corte el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora irá a juicio. Si bien no se ha anunciado una fecha para el proceso, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de México

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios del gobierno se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda a los pocos días del secuestro. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión cumpliendo condena por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

El 14 de septiembre un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de México, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes, Guerreros Unidos, sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros anónimos de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas por arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares -todos vinculados al caso- han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno mexicano contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

El Ejército mexicano

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a los infantes de marina mexicanos, parte de la Marina, manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, el principal funcionario de derechos humanos de México, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

El subsecretario de Seguridad del gobierno, Ricardo Mejía, informó que el general retirado José Rodríguez, quien para época en que ocurrió la desaparición de los jóvenes era el jefe castrense de Iguala, es uno de los tres militares detenidos por el caso.

“Se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano, al momento se han ejecutado tres de ellas”, dijo Mejía durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron las desapariciones, Rodríguez tenía el rango de coronel y era comandante del 27 batallón de Infantería, que tiene su base en Iguala. Al año siguiente fue ascendido a general y, poco después, pasó a situación de retiro.

En agosto pasado, la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa presentó un informe en el que se calificaba el caso Ayotzinapa como un “crimen de Estado”, echando por tierra la versión del gobierno anterior sobre lo ocurrido, la cual había sido muy criticada por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos.

Ese mismo mes, fue detenido Jesús Murillo Karam, el exfiscal que llevó las indagatorias iniciales, y que ahora está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en este caso.

La investigación de Murillo Karam había concluido en su momento que los estudiantes habían sido víctimas de una banda local de narcotraficantes, que trabajaba con policías corruptos, había matado a los jóvenes tras confundirlos con miembros de un grupo rival.

El reciente estreno del documental ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’ en Netflix impactó a los suscriptores de la plataforma. Así como este testimonio de una desgarradora historia, dentro del catálogo de la compañía se pueden encontrar producciones similares que nos invitan a reflexionar.

Los documentales, un género cinematográfico que muestra un aspecto de nuestra realidad, brindan la oportunidad de conocer de fondo historias que muchas veces son desconocidas por la mayoría para señalar, exponer, y dar difusión a las problemáticas que forman parte de la trama.

En el catálogo de Netflix se puede encontrar una cuidadosa selección de documentales que nos acercan a poderosas miradas a través de sus creadores. A continuación te presentamos algunas de estas producciones necesarias para ver en la línea de ‘Las tres muertes de Marisela Escobedo’.

1.- La libertad del diablo

Un impactante documental psicológico que nos enfrenta a los testimonios de víctimas y victimarios  que forman parte del fenómeno de la violencia en México. El dolor de quienes lo sufren y quienes lo provocan se hace presente, contraponiendo los extremos de la violencia que se ha insertado en nuestro consciente colectivo.

https://www.youtube.com/watch?v=kHhb68o7vJo&feature=emb_logo

2.- Los días de Ayotzinapa

En formato de docuserie de dos episodios, esta producción también aborda el polémico caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La producción disputa el informe del gobierno mexicano sobre cómo y por qué desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el año 2014.

3.- Hasta los dientes

Un polémico caso se hace presente en este documental. El gobierno presumía la muerte de dos supuestos sicarios peligrosos; pero detrás de esta realidad se encontraba un oscuro suceso. Los relatos comprueban que el ejército fue el responsable de torturar y asesinar a los jóvenes, quienes en realidad eran alumnos de excelencia pertenecientes al Tecnológico de Monterrey. Una producción llena de impotencia ante las autoridades.

4.- Ayotzinapa, el paso de las tortugas

Uno de los sucesos que ha marcado a la sociedad mexicana en los últimos años; cuenta su historia en este documental en Netflix. Como un testigo de la desaparición de los estudiantes, la producción relata la historia de estos aspirantes a maestros .

En el video, fechado el 15 de enero de 2015, se observa al entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) interrogando a Felipe Rodríguez “El Cepillo”, quien está sentado, esposado y encapuchado.

“Ya valió madres. La primera ma… que me digas, cambiamos el tono”, advierte Zerón a El Cepillo, sicario del cártel Guerreros Unidos que fue liberado en 2018 por un juez al considerar que no había pruebas suficientes para su encarcelamiento.

“Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos”, insiste Zerón en el interior de una sala junto a otras personas.

En la grabación, inaudible en algunos momentos, se escucha a El Cepillo decir “Cocula”, municipio donde fueron asesinados los estudiantes según la versión oficial, y “los de color”, en referencia al cartel rival los Rojos.

Filtran una grabación en la que aparece el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, interrogando a 'El Cepillo', inplicado en la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/lpe6e6svz2

— Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) July 13, 2020

Caso Ayotzinapa

El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) concluyó que policías corruptos arrestaron en la noche del 26 de septiembre de 2014 a los 43 estudiantes y los entregaron a Guerreros Unidos.

Este grupo criminal, que habría confundido a los estudiantes con miembros de Los Rojos, los asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

No obstante, esa versión, conocida como “verdad histórica”, fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Sobre Zerón, quien lideró esa investigación y actualmente está investigado por tortura e irregularidades en el caso, pesa una orden de captura internacional.

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó el viernes pasado que Zerón fue localizado en Canadá y se ha iniciado un proceso para su detención y extradición a México.

El actual fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, anunció la semana pasada la orden de detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero acusados por desaparición forzada y delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.

Además, el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio un duro golpe a la “verdad histórica” de Peña Nieto al identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.

“Se acabó la verdad histórica”, dijo en un mensaje a periodistas el martes 30 de junio.

Gertz se refería a la versión del gobierno del entonces presidente Enrique peña Nieto sobre el destino de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los jóvenes desaparecieron la madrugada del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el sur del país.

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La versión oficial eestablecía que una banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos los secuestró y ordenó su asesinato.

Según esa versión, sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula, en el mismo estado.

Sin embargo, familiares de las víctimas no creyeron el argumento de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General).

De hecho la versión fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación.

Desde el inicio de su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a localizar el destino de los estudiantes.

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El caso toma ahora un nuevo giro. El fiscal Gertz anunció que se solicitó a un juez la captura de 46 exfuncionarios, incluido el jefe de la investigación de la PGR Tomás Zerón.

BBC Mundo te presenta 5 puntos clave para entender el significado de la nueva etapa en el que, según activistas, es uno de los mayores escándalos de abuso a derechos humanos en la historia del país.

1. ¿Qué es la “verdad histórica“?

“Verdad histórica” es como se conoce la versión establecida por la PGR tras investigar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. El nombre surge por una frase del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, al presentar el resultado de las pesquisas.

De acuerdo con la versión oficial, ese día un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa llegó a Iguala con la idea de tomar algunos autobuses para viajar a Ciudad de México.

Sin embargo, cuando pretendieron abandonar la ciudad fueron atacados por policías apoyados por hombres armados, quienes dispararon a los estudiantes.

Según documentó la PGR, esa noche ocurrieron tres agresiones donde murieron cinco estudiantes y cuatro personas más.

Otros 43 estudiantes desaparecieron. La Procuraduría afirmó que fueron secuestrados por la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos.

La versión oficial dice que el grupo confundió a los jóvenes con sicarios de una banda rival, los Rojos. Según la PGR, los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Los restos fueron arrojados en bolsas de basura al río San Juan, cerca del tiradero.

“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, dijo el entonces procurador Murillo Karam.

2. ¿Qué implica terminar con la verdad histórica?

En esta nueva etapa, la FGR solicitó la aprehensión de 46 exfuncionarios de Guerrero a quienes se acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Contra algunas de estas personas existían elementos para presumir alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa, dijo el fiscal Gertz.

Pero en los casi seis años de la desaparición, los expedientes no se habían procesado.

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“Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR”, dijo el fiscal Gertz Manero.

Uno de los personajes a quienes se pide capturar es Tomás Zerón de Lucia, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y responsable de las pesquisas que concluyeron en la “verdad histórica”.

Según el fiscal Gertz el exfuncionario huyó del país y ahora es buscado por la Interpol.

En esta nueva etapa se descarta por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero. La investigación se enfoca ahora en conocer el paradero de los jóvenes.

Parte de esa información la pueden aportar los exfuncionarios a quienes se quiere arrestar, así como también otro personaje que fue detenido el 29 de junio.

Se trata de José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, uno de los líderes de la banda Guerreros Unidos y quien según la FGR ordenó la desaparición de los 43 estudiantes.

3. ¿Quién es Tomás Zerón y por qué se le considera clave en el caso?

Tomás Zerón fue el jefe de la primera investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Su equipo aseguró que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.

Sin embargo, el GIEI acusó al jefe policial de cometer varias irregularidades en las pesquisas.

En su último informe, el grupo de expertos presentó un video donde aparece Zerón de Lucio en el mismo lugar donde, un día después de la filmación, se encontraron las bolsas con los restos de los estudiantes.

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Las imágenes muestran al exdirector de la AIC caminando junto a uno de los acusados de la desaparición, Agustín García, el Chereje.

La visita al margen del río fue irregular, afirmó el GIEI, y no fue incluida en el expediente del caso. Según el grupo, el video fortalece la sospecha de que Tomás Zerón sembró evidencias.

Algo que confirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también participó en la investigación independiente y determinó que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el basurero.

El equipo de Zerón fue acusado de arrestar ilegalmente y torturar a varios detenidos, lo que provocó que algunos de ellos fueran liberados por los jueces.

4. ¿Qué esperan las familias de los estudiantes?

Para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos la decisión de cancelar la “verdad histórica” es un símbolo positivo, dice su abogado Vidulfo Rosales.

Pero todavía hace falta romper lo que llama “pacto de impunidad” que se creó en el caso para proteger a autoridades federales.

El gobierno ofreció destrabar todos los asuntos pendientes en el caso Ayotzinapa. Uno de ellos era descartar por completo la versión sobre el crimen en basurero de Cocula, pero no basta, insiste Rosales.

Los familiares esperan que se investigue a otros que, insisten, participaron en la desaparición de los jóvenes.

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Se trata de elementos del Ejército y de la Policía Federal asignados a Iguala, y a quienes el gobierno de Peña Nieto aparentemente protegió, señala el abogado a medios locales.

“Creemos que participaron los grupos delictivos y las fuerzas de seguridad asignadas a Iguala, todas, municipales, estatales y federales”, insiste Rosales.

“Ellos saben el paradero de los 43 estudiantes, pero se trató de crear un pacto de impunidad a nivel federal, por alguna razón no sancionaron a las autoridades federales”.

Los familiares de los estudiantes esperan, además, que se investigue la versión de que los jóvenes fueron llevados a varios lugares para desaparecerlos.

5. ¿Qué ha hecho distinto AMLO en el caso Ayotzinapa?

A diferencia del expresidente Peña Nieto, quien nunca dialogó con los familiares de los estudiantes desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido varias veces con ellos.

Los encuentros, dice el abogado Vidulfo Rosales, han permitido acelerar la investigación. Pero no es lo único distinto que se ha hecho.

Por ejemplo en junio de 2019 se designó a un fiscal especial para atender el caso. Se trata de Omar Gómez Trejo, quien formó parte del equipo de investigación del GIEI.

También se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, una demanda que los familiares habían presentado desde hace varios años.

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Y desde enero pasado el gobierno de López Obrador aceptó reinstalar al GIEI, como lo había solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Algo distinto a la decisión de Peña Nieto quien rechazó prorrogar la colaboración de los expertos internacionales.

A exactos cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala (México), el gobierno de ese país –que se comprometió a realizar una nueva investigación del caso– está buscándolos en 200 puntos de interés, informó este miércoles (25.09.2019) Félix Santana, secretario técnico de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el presidente Manuel Andrés López Obrador para esclarecer los hechos.

“Se ha desarrollado un conjunto de operativos de búsqueda en diferentes lugares, tanto búsquedas en vida como en fosas, en más de 200 puntos de interés”, dijo Santana, luego de que el martes trascendiera que la comisión, la Fiscalía y el Ejército excavaban el hasta ahora inexplorado vertedero de Tepecoacuilco, muy cerca de Iguala, en busca de los cuerpos.

Santana explicó que esta operación “es una búsqueda más en campo de las que se han venido desarrollando en estos meses de trabajo” y reveló que, hasta el momento, no se han encontrado indicios de los jóvenes. “Se han identificado varios lugares y esperemos que a la brevedad tengamos algún tipo de resultados”, dijo el funcionario de la entidad creada el 1 de diciembre de 2018.

Exigen justicia

Por su parte, padres y familiares de los 43 estudiantes reclamaron ante la Fiscalía veracidad en una nueva investigación para dar con el paradero de los jóvenes. “Hay que esperar la nueva investigación, que no nos digan que nuestros hijos fueron quemados. Este gobierno dijo que nos va a ayudar, esperamos que sea cierto, ya son cinco años y no sabemos dónde están”, dijo a AFP Francisco Lauro Villegas, un campesino de 52 años, padre de Magdaleno, que en 2014 tenía 19 años.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes, denunció que autoridades de la Fiscalía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) realizaron una investigación que “falseó” los hechos para “construir una teoría a base de torturas a detenidos para que confesaran que asesinaron e incineraron” a los jóvenes en un basurero. Por eso la fiscalía anunció hace unos días que realizará la investigación de nuevo, desde cero.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros. En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes desaparecieron.

AMLO se comprometió a reunirse con los padres de los desaparecidos para dar seguimiento a la investigación. El presidente además pedirá a la Secretaría de la Defensa Nacional que el ejército entregue toda la información que tiene sobre el caso. Y la Fiscalía General de la República deberá recibir a los familiares.

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“Estas tres instituciones están obligadas a coadyuvar para encontrar a los estudiantes. Los familiares de los desaparecidos les reclaman mayor compromiso”, le dijo a BBC Mundo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

“Es muy preocupante, a casi cinco años de la desaparición, que pase el tiempo y no tengamos respuesta de dónde están nuestros hijos”, dijo tras la reunión Hilda Legideño, una de las madres.

Los familiares de los estudiantes no aceptan la versión sobre la desaparición de los 43 jóvenes considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto y que en México se conoce como “verdad histórica”.

“Mentira histórica”

Según esa versión, los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura de Cocula.

En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.

Además de familiares y activistas, tampoco el gobierno de López Obrador acepta “la verdad histórica”. De hecho, su primer decreto fue establecer la Comisión por la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo. pic.twitter.com/ChFJDnkLuG

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 11, 2019

Los familiares insistieron en señalar a la Fiscalía General por la lentitud de las investigaciones y por la liberación de personas implicadas en el caso. También pidieron que se investigue la supuesta responsabilidad del mando militar durante el gobierno anterior.

“Creemos que es necesario que se investigue a los que fabricaron la gran ‘mentira histórica‘“,dijo Legideño, una de las madres.

“Ellos deben saber qué es lo que realmente pasó ese día o por qué. ¿Por qué fabricar esa gran mentira que tanto daño ha hecho? Por eso pedimos que se les investigue y que se proceda contra ellos si tienen algún delito”, continuó.

“Hemos llegado a un punto en el que si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos durante la misma, muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, que representa legalmente a los familiares.

Según informaron en la conferencia, el presidente reconoció que no se ha avanzado en las investigaciones al ritmo que se debería.

“A casi cinco años de la desaparición de nuestros hijos la herida sigue abierta, sigue doliendo. No hay paz en nuestros corazones, en nuestras familias”, dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes.

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El izquierdista, ampliamente conocido por sus iniciales como AMLO, ha prometido una ruptura con el pasado, y la inició con una nueva investigación de un caso que es una de las manchas más oscuras del gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

“Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”, dijo López Obrador tras firmar el decreto que crea la comisión investigadora.

“Espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país”, agregó.

Según la hipótesis que manejó la fiscalía bajo Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa para maestros rurales estaban en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías locales.

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Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto fue fustigado por el ombudsman de México -que lo acusó de difundir información falsa o parcial del caso-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones de derechos humanos.

La nueva comisión se conformará formalmente en 30 días hábiles y estará integrada por los padres de los estudiantes y miembros del gobierno, así como expertos y técnicos profesionales.

Retomará las investigaciones y recomendaciones emitidas por el ombudsman y otros organismos, según informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

“Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste ni en ningún otro”, añadió López Obrador.

Conferencia madrugadora

Más temprano, el gobierno de López Obrador rompió con el estilo más distante de la administración anterior al anunciar reuniones diarias con el gabinete de seguridad seguidas de conferencias de prensa.

“De lunes a viernes, a las seis de la mañana como lo hicimos hoy, nos vamos a reunir los integrantes del gabinete de seguridad pública porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos”, dijo AMLO durante la conferencia, similar a las que sostenía cuando era alcalde de Ciudad de México (2000-2005).

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Las conferencias de prensa abiertas casi no existían bajo el gobierno de su antecesor, Peña Nieto, quien pocas veces aceptó preguntas de la prensa.

México se ha visto fuertemente golpeado por la violencia ligada al narcotráfico desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) desplegó al ejército para combatir al crimen organizado.

López Obrador dijo el sábado que mantendrá al Ejército en tareas de seguridad y que creará una guardia nacional que será coordinada por los militares, lo que le trajo críticas de defensores de derechos humanos, quienes sostienen que la participación de las fuerzas armadas agrava la violencia.

Con “las riendas del poder”

El nuevo mandatario agregó que su gobierno arrancó sin problemas, en una conferencia en la que abordó también temas de migración y la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

“¿Cómo empezamos? Bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos para que se mantenga la esperanza”, dijo.

Afirmó que mantiene una relación respetuosa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se refirió a un plan de desarrollo que trabaja actualmente con El Salvador, Guatemala y Honduras para contener la migración a través del desarrollo económico.

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Trump, por su parte, está presionando por un acuerdo donde los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos desde la frontera sur del país permanezcan en México mientras esperan que sus pedidos sean procesados, una posible fuente de tensión con la administración de AMLO.

López Obrador aseguró también que están garantizadas las inversiones en el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, obra valuada en unos 13.000 millones de dólares que canceló tras una consulta popular que registró irregularidades.

“No vamos nosotros a incumplir, se va a garantizar la inversión en bonos que se destinó para el aeropuerto de Ciudad de México”, dijo.