En una conferencia que brindaron el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, acompañado del titular del ministerio de Gobernación, David Napoleón Barrientos, y Sandro Testelli, representante de Marhnos, dieron a conocer los últimos detalles de la nueva administración de la autopista Palín-Escuintla, la cual dejará de ser concesionada a partir de este 1 de mayo de 2023.

Aunque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) publicó en el Diario de Centro América, el Acuerdo 438-2023 en el que restringe la circulación de vehículos de carga y sus combinaciones, las autoridades dijeron que estas disposiciones podrían cambiar, dependiendo del comportamiento de los usuarios y la viabilidad del plan en los próximos días.

“En el transcurso de una semana, más o menos, daremos otras -disposiciones- porque utilizaremos esta semana para ver cuál es el comportamiento de toda la población, cómo es el comportamiento en el flujo de tránsito, qué complicaciones puede haber, qué nuevas ideas podemos tener en consenso y conjunto con transportistas y las gremiales”, dijo.

“Si hay necesidad de reformar algún acuerdo ministerial para dar un mejor servicio, lo vamos a hacer”, aseguró Maldonado.

Una de las medidas que anunciaron los funcionarios fue la implementación de reductores de velocidad, pero descartaron la colocación de túmulos en los 23 kilómetros que ocupa la carretera.

Otra de las nuevas normativas fue la que anunció el ministro de Gobernación, Napoleón Rojas, quien aseguró que se colocará una nueva delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) que tendrá aproximadamente 60 agentes que prestarán seguridad en la ruta. 

Por otro lado, uno de los temas en los que enfatizó Maldonado fue la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, pero solicitó que a este rubro se le agregarán candados, porque según él, estos podrían moverse a otros destinos financieros. La justificación del ministro fue que el dinero se utilizará para mantener la autopista en buenas condiciones.

“De una vez le hago un llamado a los honorables congresistas, pedirles que, como guatemaltecos, aprueben el presupuesto y que le pongamos los candados al tema presupuestario de todo lo que será para el mantenimiento de este tramo”, enfatizó el ministro Maldonado.

El ministro de Comunicaciones aseguró que los diputados colocan el monto para la reparación, pero no de dónde llegarán los recursos.

“Muchas veces los congresistas dicen: le damos tanto dinero al ministerio, y a lo interno, busquen presupuesto y hagan el mantenimiento. Eso es lo que nos pasa y por eso no nos alcanza el dinero”, aseguró Maldonado.

Ante la situación, varias cámaras, empresarios y analistas han manifestado su preocupación por el inminente deterioro de la ruta. Así lo manifestaron la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y otras entidades.

La CCG y el Cacif, por ejemplo, indicaron que es imperativo poner en marcha un proceso competitivo, riguroso y transparente para una nueva adjudicación de la operación y mantenimiento de la ruta, a una entidad privada con la capacidad técnica y financiera adecuada para ejecutar el proyecto. Y tal gestión debería ponerse en marcha de inmediato, considerando el tiempo que puede durar la adjudicación de una nueva concesión.

Faltan reparaciones

La autopista Palín-Escuintla estuvo bajo la administración de Marhnos durante 25 años y esta será la primera vez que la ruta será administrada por el Gobierno Central.

Durante la conferencia de prensa, Sandro Testelli, representante de Marhnos, fue cuestionado, por una parte, del tramo carretero que no ha sido reparado, llegando a Puerto Quetzal. Él afirmó que esto será concluido en las próximas semanas, para ya finalizar la administración de la empresa sobre la ruta nacional.

Testelli también dijo que el 2 de mayo brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre cómo se dio la entrega de la ruta al Gobierno.

Disposiciones que regirán la ruta

El Ministerio de Comunicaciones publicó el 27 de abril, en el Diario de Centro América, el Acuerdo 438-2023.

En el artículo 1, menciona que con el objeto de preservar la vida y la seguridad de los usuarios de la carretera CA- 9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, a partir del 1 de mayo de 2023, a las 0 horas, “se restringe la circulación de vehículos automotores de carga y sus combinaciones mayores o iguales a seis ejes”.

Se establece que se exceptúan de esta regla el transporte de pasajeros, vehículos de emergencia, seguridad nacional y grúas por ser un equipo de servicio.

Velocidad máxima

Según el artículo 2, para garantizar la seguridad en la autopista, por medio del control de la velocidad de circulación de la carretera, la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora.

Restricciones a la publicidad y comercio

La normativa también establece que se prohíbe la colocación “de cualquier tipo de rótulos, vallas, mantas, mupis o anuncios publicitarios en la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, sin la previa autorización de la Dirección General de Caminos”, según se lee en el artículo 3.

Además, el artículo 4, prohíbe “todo tipo de comercio de productos, artículos o servicios dentro el derecho de vía de la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, así como cualquier objeto que impida, obstaculice u obstruya la visibilidad de las señales de tránsito, puentes, intersecciones de vías o cruces en el tramo”.

Reductores de velocidad y retornos

El acuerdo establece en el artículo 5, qué derivado de las circunstancias especiales y con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de las personas, “se faculta a la Dirección General de Caminos para la colocación de reductores de velocidad en áreas técnicamente necesarias de la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla”.

Además, se prohíbe la creación de retornos viales o cualquier corte a los arriates en la carretera CA-9 Sur “A” tramo Palín-Escuintla, según establece el artículo 6.

Control

El CIV estableció, en el artículo 7, que las dependencias que estarán a cargo del control y aplicación de las disposiciones de este acuerdo serán la Dirección General de Caminos (DGC); Dirección General de Transportes, (DGT) y la Dirección General de Seguridad Vial (Provial).

Plazo

Estas restricciones tendrán vigencia de 1 año y estarán comprendidos entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Estados Unidos lamentó que Guatemala haya rechazado la rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal mediante alianza público privada (APP), en el cual brindaría apoyo financiero y técnico, y avisó que echar adelante el proyecto mediante un contrato tradicional frenaría el crecimiento económico y disminuiría la transparencia del gobierno.

Con 50 votos en contra, el Congreso sepultó el proyecto el 29 de octubre. De acuerdo con los diputados, sería una privatización de la ruta y tendría un impacto negativo para el comercio y la población.

Empresarios, por su parte, repudiaron la decisión del Legislativo porque será un retroceso al desarrollo.

Para el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, quien a su vez es director de la Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), la decisión del Congreso es preocupante y pone en aprietos el proyectos porque ahora habrá que buscar fondos públicos para la construcción, cuando el decreto permitiría que lo hiciera un privado -alrededor de US$80 millones-.

En ese contexto, un vocero de la embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo este 6 de noviembre que ese proyecto “habría permitido a Guatemala construir infraestructura esencial mediante el método comprobado, transparente y económico de las APP”.

Además, alertó que cambiar el proyecto de APP por uno de contrato tradicional, específicamente con un proveedor único por emergencia “podría frenar el crecimiento económico de Guatemala y disminuir la transparencia del gobierno”.

El portavoz expresó que las APP “son un modelo comprobado que ha ayudado a países a lo largo de América Latina a mejorar su infraestructura y crecer económicamente” cuando se seleccionan mediante un proceso abierto y competitivo.

“Es por eso que Estados Unidos apoya en gran medida su uso aquí en Guatemala”, puntualizó la fuente.

El Legislativo liquidó el proyecto Escuintla-Quetzal a pesar de que días antes se hizo público que la Millennium Challenge Corporation (MCC) había comunicado a Acisclo Valladares, ministro de Economía, que Guatemala tenía hasta el 31 de octubre para aprobar el proyecto o de lo contrario quitarían su apoyo al Metrorriel.

La MCC es una agencia estadounidense de apoyo financiero y técnico para países pobres y en vías de desarrollo, y con la cual Guatemala ha suscrito programas para mejorar la administración tributaria y aduanera, más fondos privados para infraestructura y ayudar a que jóvenes adquieran capacidades para insertarse en el mercado laboral.

El proyecto

El de Escuintla-Puerto Quetzal sería el primero mediante la modalidad APP. Implicaba rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista con cobro de peaje.

El proyecto se había adjudicado al consorcio Convía, que ha encontrado una posible falla del Congreso al momento de la votación contra la autopista.

René Muñoz, director de Convía, dijo el 5 de noviembre que la votación fue anómala y viciada -había menos diputados de los que marcaba el tablero, según el congresista Oliverio García Rodas, quien en su momento pidió sin éxito que se verificara el quórum- y accionarían legalmente.

El objetivo, según el ejecutivo, es que el proyecto regrese al tercer debate, pero diputados aseguran que eso es ilegal.