El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Byron Barrera Ortiz, concedió este 2 de marzo una entrevista a La Red, en donde dio detalles de la reunión que sostuvieron el pasado miércoles con la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por el tema de la decisión de un juez de investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico y a medios de comunicación, esto en medio de un caso que se sigue contra Jose Rubén Zamora.

Barrera dijo que fue una reunión que duró unas 3 horas y que en ella participaron la fiscal general, Consuelo Porras, acompañada de sus asesores, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthya Monterroso y el secretario contra la Corrupción.

Por parte de la APG participaron Barrera, el vicepresidente de esa entidad, Mario Recinos Lima y el asesor jurídico Walter Juárez Estrada.

Barrera puntualizó que la reunión giró en torno a las amenazas de persecución penal que existen contra varios periodistas.

Comentó que la APG ha emitido pronunciamiento bastante fuerte sobre esta situación denunciándola como una persecución contra la prensa.

El presidente de la APG dijo que les explicaron a los funcionarios del MP que durante el conflicto armado hubo muchos asesinatos de periodistas, persecución, desaparición, y exilios, pero que la entidad de prensa no deseaba que se volviera a una situación similar a esa.

“-Les dijimos que – Veíamos con preocupación estas formas de proceder por parte del Ministerio Público y de algunos jueces al iniciar procedimientos penales contra periodistas, lo cual no es normal ni tampoco legal”, dijo Barrera en la entrevista con La Red.

Añadió que plantearon que existe la Ley de Emisión del Pensamiento y que es muy clara en cuánto a que los periodistas e incluso las personas que cometan algún tipo de delito o falta contra la moral, vida privada, honor, la imagen deben ser remitidos a dicha legislación.

Dijo que las personas que se sienta agraviada por la difusión de mensajes de esta naturaleza a través de los medios de comunicación puede recibir apercebimiento a través de la citada Ley de Emisión del Pensamiento, que es un tribunal de imprenta.

“Solicitamos concretamente que el Ministerio Público se regule, en  su relación con los periodistas y la prensa, a esta Ley de Emisión del Pensamiento, ese fue nuestro planteamiento central”, dijo Barrera.

Además, comentó que se solicitó al MP que se agilice el procesamiento de denuncias de amenazas contra periodistas.

No hay política de persecución

Según Barrera, el MP les afirmó que no tiene una política de persecución contra la prensa, que lo que existe son procedimientos ligados al caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.

Dijeron que esa petición se planteó en la audiencia del caso Zamora, pues parecía que había indicios de una campaña que buscaba crear obstáculos al proceso y que estaba orquestado, que estaba planificado y que eso habían sido expuestos ante el juez. (Juez Décimo Penal, Jimi Bremer).

El MP explicó, según Barrera, que fue el juez  el que solicitó el procedimiento que se iniciaran las diligencias -contra los periodistas- dentro de un procedimiento penal, pero que jurisdiccionalmente a dicho juzgador le corresponde trasladar a otro esta solicitud y un juez determinará si existen indicios o no y si no se encontrara nada podría sobreseerse el caso e incluso desestimarlo.

Sin embargo, en la audiencia en donde el juez décimo, Jimi Bremer, ligó a proceso a Zamora por obstrucción de la justicia, la fiscal Cinthia Monterroso le pidió al juzgador que investigara a los comunicadores pues habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia.

La fiscal Monterroso cree que los comunicadores colaboran con Zamora y señaló directamente a  Édgar Gutiérrez, Jerzón Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexánder Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar.

Se siente acosada

El presidente de la APG también dijo en la entrevista que la fiscal Monterroso les dijo que se siente presionada y acosada mediáticamente, pero ellos le hicieron ver que es normal y que cualquier persona en una situación de trabajo público está expuesto a eso.

Barrera dijo que entendían la presión del caso, pero que eso no puede dar lugar a acciones y penales contra un periodista que escriba una opinión o que un medio publique una determinada información que no le guste o no le parezca.

Afirmó que los tribunales de imprenta o la Ley de Emisión del Pensamiento existe y aunque no guste a algunos, hay que aplicarla.

Reuniones mensuales

Según Barrera, en la reunión se llegó a la conclusión de que el MP asegura que no existe una política de persecución contra la prensa; que el MP reconoció que los tribunales de imprenta existen y los van a respetar y finalmente que ahora corresponde al juez determinar si hay indicios o no hay indicios de alguna falta en el caso de estos periodistas.

Agregó que por último se estableció una mesa de trabajo entre la APG y el MP para tratar mensualmente las denuncias de casos que puedan presentarse de algún tipo de amenaza y otras que pudieran existir y afecten a la labor periodística, de periodistas o medios de comunicación.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó este sábado 14 de enero que se ha generado una política de terror y persecución contra periodistas y medios de comunicación, lo que se demuestra con “las reiteradas acciones del poder público para censurar, criminalizar y atacar” a los detractores “del actual régimen autoritario”.

A través de un comunicado de prensa en ocasión del cumplimiento de los primeros tres años de gobierno, la APG dijo que las acciones del Gobierno y sus aliados dejaron en ese lapso, 404 ataques y limitaciones de libertad a la prensa, entre los que se cuentan, limitaciones en las coberturas, dos casis de exilio y muchos de acoso judicial a la prensa.

En este último, la APG dijo que el acoso a los periodistas se concreta a través de los órganos jurisdiccionales “mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar las publicaciones de determinados temas” o citaciones a periodistas por desarrollar su labor.

Dentro de los casos, el comunicado menciona la “criminalización” de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, cuyo fin sería el cierre del medio. También el caso de Robinson Ortega, periodista de Santa Lucía Cotzumalguapa, quien fue víctima de violencia policial pero el Ministerio Público en lugar de investigar a los agresores, procuró que el reportero fuera acusado y ligado a proceso por “atentado”.

Respecto a las limitaciones en la cobertura, la APG indicó que existen “reiteradas” denuncias de acoso cuando periodistas hacen grabaciones en el Palacio Nacional de la Cultura. Enfatizó en que hace unos meses la seguridad presidencial dijo a un periodista que debía solicitar permiso para hacer tomas.

También denunció que han existido limitaciones en las coberturas relacionadas al proceso legal que enfrenta la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango Virginia Laparra, e incluso señalamientos de que la Prensa tergiversa la información para pedir la reserva del caso.

Estas acciones “contrastan con el discurso del gobierno sobre un presunto respeto a la libertad de expresión”, precisó la Asociación.

La APG también mostró preocupación porque este clima de acoso a los periodistas, por ejemplo, con discursos que estigmaticen a la prensa como “enemiga de la democracia”, empeore en el año electoral como, asegura, ha ocurrido en procesos anteriores.

El comunicado finalizado con un llamado a la comunidad internacional a vigilar de cerca a Guatemala que “podría padecer retrocesos más graves en los últimos meses del actual Gobierno”, en materia de derechos humanos y libertad de expresión.