Una nueva regla propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos condicionaría la elegibilidad para el asilo de los migrantes que entren irregularmente a EE. UU., anunció el DHS el martes.

La medida propuesta, que estará en periodo de revisión hasta el 27 de marzo, establece que las personas que eluden las vías establecidas disponibles para la inmigración legal “estarían sujetos a una presunción refutable de inelegibilidad de asilo en los Estados Unidos a menos que cumplan con excepciones específica”.

El público podrá someter comentarios sobre la propuesta una vez se publique en el Registro Federal.

Entre las vías disponibles de inmigración legal mencionadas por el DHS se encuentra el parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, así como la petición de citas para presentarse en un puerto de entrada a través de la aplicación CBP One.

La regla aplicaría también a aquellos migrantes que no busquen protección o asilo en uno de los países por los que tienen que cruzar para llegar hasta Estados Unidos, en caso de desplazarse por vía terrestre, dijo DHS.

“Las personas que no puedan establecer un reclamo válido de protección bajo los estándares establecidos en la regla propuesta estarán sujetas a una pronta remoción bajo las autoridades del Título 8, que conlleva una prohibición de reingreso de cinco años”, agregó DHS en el comunicado.

La medida responde a los planes de contención que se preparan para el 11 de mayo de 2023, cuando se espera que se levante el Título 42, que establece la expulsión rápida de migrantes que entren irregularmente a EE. UU. por motivos de salud pública.

“La regla propuesta es una medida de emergencia que pretende responder a los niveles elevados de encuentros que se esperan después del levantamiento de la Orden del Título 42”, indica la regla propuesta. “Como tal, está diseñado para tener una duración temporal y se aplicaría a quienes ingresaran a EEUU por la frontera terrestre del suroeste durante los 24 meses posteriores a la fecha de vigencia de la regla y posterior al levantamiento de la orden del Título 42”.

Las excepciones disponibles para quienes entren irregularmente y quieran solicitar asilo son: tener una autorización para viajar a EEUU conforme a un proceso de parole aprobado por DHS; usar la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada, o presentarse en un puerto de entrada sin usar la aplicación CBP One y establecer que no le fue posible acceder o usar la aplicación debido a una barrera del idioma, analfabetismo, falla técnica significativa u otro obstáculo; o probar que se les negó asilo en un tercer país en ruta a EEUU, indicaron las autoridades.

La medida no aplicaría a los menores no acompañados.

Por otro lado, los migrantes podrán refutar su presunción de ilegibilidad a pedir asilo si logran demostrar que se enfrentan a una emergencia médica grave, una amenaza extrema e inminente a su vida o seguridad -como una amenaza inminente de violación, secuestro, tortura o asesinato- o fueron víctimas de tráfico humano.

“Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a EEUU, al mismo tiempo que proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no utilizan los procesos que EEUU y sus socios regionales han puesto a su disposición”, dijo el martes en comunicación escrita Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

“Como hemos visto una y otra vez, es menos probable que las personas a las que se les brinda un camino seguro, ordenado y legal a EEUU arriesguen sus vidas atravesando miles de millas en manos de traficantes despiadados, solo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal”, agregó.

Más de 26 mil aprobados para el parole humanitario

Hasta el 17 de febrero, más de 26.000 cubanos, nicaragüenses y haitianos fueron examinados y recibieron una autorización de viaje para entrar a EE. UU. bajo el parole humanitario, según indicó el DHS.

En el caso de los venezolanos, para quienes aplicaba el programa desde octubre, unos 33 mil 800 han sido evaluados y aprobados para una autorización de viaje hasta finales de enero.

“El DHS y el DOJ están tomando estas medidas mientras continúan pidiendo al Congreso que modernice nuestro sistema de inmigración, incluidas nuestras leyes de asilo. El DHS continuará monitoreando los desarrollos en la frontera suroeste y acelerará o implementará medidas adicionales, según sea necesario”, indicó el DHS.

“Las cosas se salieron de control, las amenazas fueron tan fuertes que nos pedían cifras que no juntábamos ni vendiendo un riñón”, dice a la AFP la mujer desde Tapachula, una ciudad mexicana fronteriza con Guatemala.

“Antes de tomar la decisión (de irse), las llamadas eran que iban a asesinar a nuestras hijas”, agrega.

La historia de Jimena -quien evita dar su apellido- y su familia es común para muchas personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, que huyen de sus países ante el acoso de las pandillas criminales o de la pobreza.

“Hay muchísima persecución del crimen organizado, de las pandillas, hacia diferentes puntos de la población”, dice Kristin Riis Halvorsen, jefa en Tapachula de la ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para refugiados.

“Nadie está a salvo. Vemos obviamente que las personas intentan tomar las mejores decisiones que les quedan. Se trata de salvar su vida”, dice.

 “No podemos seguir ahí”

Tapachula es la ciudad donde muchos migrantes inician su viaje a través de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos para cruzar de forma ilegal o solicitar asilo.

No es un viaje sencillo, en el camino enfrentan abuso de las autoridades mexicanas o corren el riesgo de toparse con diversos grupos criminales.

Cerca de Tapachula está el río Suchiate, que divide a México y Guatemala y en donde es común ver improvisadas balsas en las que cruzan familias enteras con su vida encerrada en maletas, comerciantes o gente que hace su vida entre los dos países.

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“Aquí nada más pegamos uno o dos pasos y estamos del lado mexicano”, dice un hombre que se dedica a transportar gente en una de esas balsas improvisadas al explicar el movimiento que se ve casi diario en el río.

Con la vida de sus hijas en riesgo, Jimena y su esposo no dudaron en cruzar a través del río para llegar a México, en donde están esperando un trámite ante las autoridades para decidir los pasos a seguir.

“Nosotros decidimos salir huyendo porque la situación es tan complicada en nuestro país que no podemos seguir ahí, que nuestra vida corre peligro, no puedo arriesgar la vida de mis hijas”, dice.

“Que Dios toque el corazón de ellos”

Quedarse en México no fue una opción por la cercanía con Guatemala y el riesgo de que los criminales los siguieran. Además, no conocen a nadie.

“Pensábamos hacer vida acá, veo complicada la situación sin conocer a nadie, sin tener un apoyo de alguien, la vida acá es dura”, dice el esposo de Jimena, quien evita dar su nombre.

Sin embargo, al llegar a Estados Unidos la familia, enfrentará al igual que cientos de personas, el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha hecho del tema uno de los ejes de su administración.

Esa nueva política mostró su cara más amarga con la práctica de separar a los migrantes de sus hijos, que desató una ola de indignación y acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Trump terminó cediendo a una enorme presión política y firmó una orden ejecutiva que acaba con la práctica de separar a las familias de migrantes. Aún así, unos 2.000 menores siguen alejados de sus familias, ante la confusión reinante sobre el calendario y los criterios para las eventuales reunificaciones.

“Primero lo voy a intentar, entregarme directamente en migración y pues creyendo que Dios toque el corazón de ellos, que me dejen quedarme dentro”, agrega el esposo de Jimena.

“Tenemos pensado entregarnos pero han estado diciendo que ya no están recibiendo. Si no, no me importaría brincar los muros, lo que fuera con tal de rescatar la vida de mis hijas”, agrega la mujer.

Según cifras de autoridades estadounidenses, de marzo a mayo de este año, más de 50.000 personas han sido detenidas por cruzar ilegalmente la frontera desde México.

Aproximadamente el 15% llegan como familias y el 8% son menores no acompañados.

Mientras deciden la forma en la que cruzarán México, Jimena desea que las autoridades estadounidenses se pusieran por un momento en sus zapatos.

“No hay manera lógica o correcta que puedan entender lo que está sucediendo”, dice.

“Lo más difícil que como seres humanos podemos hacer es dejar a tu familia, es dejar a la gente que te vio crecer, a tus padres, llorando con el temor que te suceda algo en el camino”, dice.

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