El anuncio es fruto de un acuerdo con el Gobierno mexicano que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Como parte de ese acuerdo, el Ejecutivo mexicano se ha comprometido a crear un “espacio internacional multipropósito” en el sur de México para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país, detalló la Casa Blanca.

Demanda

Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.

La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.

“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.

El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.

El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.

Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.

La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.

“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.

El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.

El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.

Este mes las autoridades informaron que entre enero y junio 170.000 personas programaron a través de CBP One una cita para presentarse ante un puerto de entrada.

Sin embargo, decenas de migrantes apostados en ciudades fronterizas de México e imposibilitados para presentarse personalmente ante la frontera en busca de asilo han criticado el recurso desde su activación en enero, al igual que activistas.

Acceder a la aplicación exige tener un teléfono inteligente, internet y electricidad, lo que no es común entre migrantes que realizan largos y peligrosos periplos huyendo de sus países de origen.

“Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita”, dijeron las organizaciones demandantes este jueves en un comunicado.

El documento legal establece que al devolver a los migrantes que no tengan una cita en la aplicación son expuestos a mayores peligros.

“La nueva política de devolución de la administración Biden es solo la última manifestación del esfuerzo de varios años del gobierno de los Estados Unidos para bloquear el acceso al asilo en la frontera sur”, dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que representa a las organizaciones y a los migrantes en la demanda.

“Al mantener el asilo detrás de una aplicación de teléfono inteligente inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados”, agregó.

Esta demanda es el más reciente desafío legal que enfrenta en materia fronteriza la administración Biden, que se ha enfocado en desarrollar programas y alternativas de migración legal en un intento de disminuir las estadísticas de cruces no autorizados.

Durante la VII Reunión de Ministros y Secretarios del Triángulo Norte de Centroamérica, McAleenan se refirió a la situación de identificar a menores migrantes a través de pruebas de ADN.

“Las pruebas de ADN se van a hacer para proteger a los niños”, aseguró el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. “Vemos situaciones donde los niños son explotados. Nos preocupa mucho que el número sea más alto, porque hay adultos que están trayendo niños que no son sus hijos con la expectativa de que se les permitirá quedarse en Estados Unidos”, dijo el funcionario.

Según McAleenan, se han detectado alrededor de 5 mil casos de menores que no tenían relación familiar con el adulto que los acompañaba y que en mayo hubo casi 60 mil niños en centros y albergues.

Al ser cuestionado por las condiciones en las que se encuentran los niños migrantes, aseguró que Estados Unidos ha invertido US$400 mil para proveer alimentación, frazadas e implementos de cuidados básicos.

Anteriormente, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, había anunciado el plan de identificar en Guatemala a menores a través de las pruebas de este tipo para evitar el tráfico de menores que son llevados a Estados Unidos por bandas delincuenciales.

Ante esta situación, grupos promigrantes consideraron el plan como “impráctico e innecesario” pues la cantidad de menores que viajan con sus padres “no es mínima”.

La fecha para comenzar con la identificación de menores a través de pruebas de ADN aún no ha sido establecida.

Con información de Andrea Domínguez

La Corte sostuvo la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco en contra de la orden ejecutiva de Trump que buscaba rechazar automáticamente las solicitudes de asilo de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera de Estados Unidos desde México.

La corte no hizo comentarios sobre su fallo, pero observó que cuatro de los nueve jueces votaron a favor de la prohibición que pedía el gobierno.

Los cuatro jueces que respaldaron al presidente fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y los magistrados nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

El 9 de noviembre, Trump firmó la orden, que buscaba frenar el flujo de migrantes sobre todo orientada a las personas que intentan cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Muchos de ellos solicitan asilo debido a la violencia en sus países de origen.

La orden de Trump fue cuestionada inmediatamente por grupos de derechos que aseguraron que la medida violaba los estándares internacionales y las leyes estadounidenses sobre asilo.

Una corte menor estableció una suspensión en la promulgación, que luego fue apoyada por el tribunal de apelaciones.

Sin embargo, el pronunciamiento de este viernes de la Corte Suprema podría no hacer mucha diferencia para los migrantes.

Si bien aún pueden entregarse y solicitar asilo después de cruzar la frontera, la administración de Trump anunció el jueves que todos los inmigrantes ilegales serán devueltos a México mientras sus solicitudes son procesadas.

El gobierno de Trump espera que la larga espera para una resolución sobre las solicitudes de asilo, junto con el hecho de verse obligados a quedarse en México, disuada a otros de hacer el largo viaje a la frontera desde sus países de origen.

Varios reveses en la justicia

La política de tolerancia cero con la inmigración impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump acumula varios reveses judiciales.

El miércoles, el juez federal Emmet Sullivan invalidó la postura del exfiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que en junio planteó excluir del derecho de asilo a las víctimas de la violencia doméstica y a quienes buscan escapar de las pandillas.

El juez estimó que estas restricciones son “arbitrarias, caprichosas y están en contradicción con las leyes de inmigración”.

En septiembre de 2017 Trump decidió cancelar el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama para proteger a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores.

El 8 de noviembre, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Trump debía mantener el programa que protege de la deportación a los beneficiarios del programa, unas 7000.000 personas. 

Este viernes, el fiscal general del estado de Hawái, Russell A. Suzuki se expresó en contra del fin del programa de protección a los jóvenes beneficiarios del DACA.

“La práctica ilegal del gobierno está infligiendo un daño irreparable a los beneficiarios del DACA que va a sentirse en los próximos años”, dijo el fiscal.

El gobierno de Trump también anunció el fin del estatuto de protección temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal y otros ocho países.

Esta fórmula jurídica impide la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países que sufren situaciones de conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales.

Con el fin de los programas para estos países unas 400.000 personas enfrentan el riesgo de ser deportadas.

Sin embargo, muchos de ellos lograron que la justicia tramitara recursos de protección, que tienen por el momento bloqueado el proceso.

Un juez falló a favor de beneficiarios del programa originarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Sin embargo, el gobierno apeló.