La Cámara baja, dominada por la oposición demócrata, aprobó por 305 votos contra 102 la ley que había sido votada en el Senado el miércoles, de mayoría republicana, que asigna los US$4 mil 600 millones para la recepción de migrantes en la frontera con EE. UU.

Los demócratas intentaron que el proyecto incluyera protección explícita para los menores migrantes, pero cedieron ante la negativa republicana.

“Al final del día, tenemos que asegurarnos que estén disponibles los recursos necesarios para proteger a los niños”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

En tanto, EE. UU. nombró este jueves como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza a Mark Morgan, un veterano del Gobierno de Barack Obama a favor de la mano dura en inmigración, en medio de la polémica por las condiciones de arresto de los menores migrantes y las denuncias por la continuación de las separaciones de familias.

“Morgan regresa a la Patrulla Fronteriza (…) Confío en que traerá el mismo compromiso a la agencia mientras continúa abordando la actual crisis humanitaria y operativa”, dijo el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, en un comunicado.

La llegada de Morgan a la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) se produce después de que su predecesor en el cargo, John Sanders, dimitiera el martes afectado por la controversia desatada por las acusaciones sobre las condiciones de detención de menores inmigrantes en un centro en Clint, en el estado de Texas.

Mientras, grupos proinmigrantes denuncian que la práctica de las separaciones familiares de los indocumentados que llegan se mantiene, pese a la orden ejecutiva de Trump emitida hace un año para bloquearlas tras el escándalo generado.

La Corte sostuvo la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco en contra de la orden ejecutiva de Trump que buscaba rechazar automáticamente las solicitudes de asilo de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera de Estados Unidos desde México.

La corte no hizo comentarios sobre su fallo, pero observó que cuatro de los nueve jueces votaron a favor de la prohibición que pedía el gobierno.

Los cuatro jueces que respaldaron al presidente fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y los magistrados nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.

El 9 de noviembre, Trump firmó la orden, que buscaba frenar el flujo de migrantes sobre todo orientada a las personas que intentan cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos desde Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Muchos de ellos solicitan asilo debido a la violencia en sus países de origen.

La orden de Trump fue cuestionada inmediatamente por grupos de derechos que aseguraron que la medida violaba los estándares internacionales y las leyes estadounidenses sobre asilo.

Una corte menor estableció una suspensión en la promulgación, que luego fue apoyada por el tribunal de apelaciones.

Sin embargo, el pronunciamiento de este viernes de la Corte Suprema podría no hacer mucha diferencia para los migrantes.

Si bien aún pueden entregarse y solicitar asilo después de cruzar la frontera, la administración de Trump anunció el jueves que todos los inmigrantes ilegales serán devueltos a México mientras sus solicitudes son procesadas.

El gobierno de Trump espera que la larga espera para una resolución sobre las solicitudes de asilo, junto con el hecho de verse obligados a quedarse en México, disuada a otros de hacer el largo viaje a la frontera desde sus países de origen.

Varios reveses en la justicia

La política de tolerancia cero con la inmigración impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump acumula varios reveses judiciales.

El miércoles, el juez federal Emmet Sullivan invalidó la postura del exfiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que en junio planteó excluir del derecho de asilo a las víctimas de la violencia doméstica y a quienes buscan escapar de las pandillas.

El juez estimó que estas restricciones son “arbitrarias, caprichosas y están en contradicción con las leyes de inmigración”.

En septiembre de 2017 Trump decidió cancelar el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama para proteger a los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores.

El 8 de noviembre, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que el gobierno de Trump debía mantener el programa que protege de la deportación a los beneficiarios del programa, unas 7000.000 personas. 

Este viernes, el fiscal general del estado de Hawái, Russell A. Suzuki se expresó en contra del fin del programa de protección a los jóvenes beneficiarios del DACA.

“La práctica ilegal del gobierno está infligiendo un daño irreparable a los beneficiarios del DACA que va a sentirse en los próximos años”, dijo el fiscal.

El gobierno de Trump también anunció el fin del estatuto de protección temporal (TPS) para ciudadanos de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal y otros ocho países.

Esta fórmula jurídica impide la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países que sufren situaciones de conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales.

Con el fin de los programas para estos países unas 400.000 personas enfrentan el riesgo de ser deportadas.

Sin embargo, muchos de ellos lograron que la justicia tramitara recursos de protección, que tienen por el momento bloqueado el proceso.

Un juez falló a favor de beneficiarios del programa originarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Sin embargo, el gobierno apeló.