La Corte Suprema de Justicia de El Salvador anunció el viernes que dio luz verde para que el presidente Nayib Bukele pueda postularse a la reelección si lo estima conveniente.

La sala constitucional de la Corte sentenció que “una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, dice el fallo dirigido al Tribunal Superior Electoral.

Los magistrados de la Sala Constitucional que reinterpretaron la constitución son los que fueron nombrados el pasado 1 de mayo, luego de que la Asamblea Legislativa oficialista destituyera a los cinco magistrados que la conformaban. También fue destituido el Fiscal General Raúl Melara.

La resolución se dio en respuesta a un proceso de “pérdida de derechos de ciudadanía” promovido por el abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya en febrero pasado, luego de que la diputada electa Nanci Díaz, promoviera la reelección presidencial

El abogado Anaya basó su demanda en el artículo 75 de la Constitución que ordena la pérdida de derechos de ciudadano a quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la república, o emplee medios directos encaminados a ese fin”.

Los anteriores magistrados de la Sala Constitucional sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien “haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.

Lo anterior obligaba a que un presidente esperara dos períodos para postularse nuevamente.

Bukele aniquila oposición

Bukele, de 40 años, y perteneciente a la generación millennial, goza de un elevado nivel de popularidad lo que le permitió alcanzar la presidencia en 2019 dando el tiro de gracia al bipartidismo arraigado de la derecha-izquierda en El Salvador durante tres décadas.

Calificado por algunos como cercano al pueblo, pero criticado por la oposición por sus matices tildados de autoritarios, la popularidad de Bukele aumentó por su gestión de la pandemia covid-19 con la construcción de un moderno hospital y un acelerado plan de vacunación, según analistas.

Desde mayo pasado, su partido Nuevas Ideas domina el Congreso donde dispone de mayoría lo que le permite gobernar sin obstáculos

Tras conocerse el fallo que permite la reelección en San Salvador y su periferia se escuchó el estruendo de pirotécnicos sin que fuente alguna informara si se trataba de una celebración.

El Centro de Estudios Jurídicos, integrado por abogados, por medio de su cuenta en Twitter calificó la noche del viernes de “inconstitucional la resolución”.

Ciudadanos en redes sociales recordaron que el artículo 154 de la Constitución establece que el período presidencial será de cinco años “sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.

Para leer más: Bukele llama “ladrones” a opositores que critican el bitcóin y asegura que infunden “miedo” a la población sobre la criptomoneda

Hacia la media noche del viernes, el presidente Bukele no había comentado la resolución de la Sala Constitucional.

El martes, la Asamblea Legislativa promulgó un decreto para retirar magistrados y jueces mayores de 60 años o que cumplieron 30 años de servicio por lo que, según el juez Antonio Durán, serían reemplazados al menos 156 administradores de justicia.

Los jueces afectados, adelantaron que podrían suspender labores si Bukele o la Corte no dan marcha atrás con lo que denominaron una “purga”.

El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este domingo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.

En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad” y “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Blinken -agregó la nota- destacó “el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador”, mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la separación de poderes, la defensa de una prensa libre y una sociedad civil vibrante y el apoyo al sector privado.

Todo ello, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, depende de un estado de derecho para “hacer crecer un futuro exitoso para el pueblo salvadoreño”.

Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año.

Juan González, el principal asesor del presidente de EE.UU., Joe Biden, para Latinoamérica, se pronunció el mismo sábado sobre la situación, al igual que la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.

“Así no se hace”, escribió en español González en su cuenta de Twitter.

Chung, por su parte, indicó en la misma red social que “la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas”.

La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 2, 2021

La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rechazó este domingo la destitución de las autoridades en El Salvador y además las acciones del Ejecutivo liderado por Bukele “que guiaron estas decisiones”.

Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre la situación en El Salvador:https://t.co/yXh0WQwzZq pic.twitter.com/umQVPgMhPO

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 2, 2021

La iniciativa, que no se encontraba en agenda y no fue discutida por ninguna comisión, fue aprobada por 64 votos de los partidos Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Esta moción se presentó después de que los mismos legisladores votaran por destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La iniciativa se produjo, según el decreto aprobado, por un supuesto vínculo de Melara con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Melara asumió como fiscal general en enero del 2019 para un período de tres años, con la opción de buscar la reelección.

El letrado negó, al iniciar su gestión, tener dichos vínculos con Arena y aseguró que solo era amigo de un excandidato a la Presidencia.

“No tengo ninguna vinculación ni de tipo material ni de tipo formal con ningún partido político” y “niego que haya existido una donación directa a Arena”, dijo a periodistas.

Ante la publicación de fotografías con el entonces aspirante presidencial por Arena, Carlos Calleja, y sin confirmar la veracidad de las imágenes, dijo que únicamente “ha existido una amistad por muchos años”.

Diferentes sectores criticaron a Melara por no levantar cargos contra los involucrados en el ingreso del presidente Nayib Bukele con militares armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa en febrero del 2020.

“Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado”, dijo Melara en una entrevista televisiva.

Juramentan a sustituto

Tras la votación de la destitución, el partido NI propuso a Rodolfo Delgado para ocupar el cargo, quien fue juramentado durante la misma jornada.

Delgado, quien ha sido asesor del exfiscal Douglas Meléndez y jefe de la Unidad Fiscal Especializada del Ministerio Público, fue elegido con 64 votos de los 84 diputados.

Al ser preguntado por la prensa, Delgado negó escuetamente tener vínculos con el partido NI, dirigido por un primo del presidente Nayib Bukele.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, destituyó este sábado a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamente cometer “fraude a la constitución” y violar la separación de poderes. La iniciativa fue propuesta por la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Suecy Callejas.

Luego de aprobada la iniciativa, la Sala de lo Constitucional anunció una resolución para revertir el decreto. Sin embargo, por medio de su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele desacreditó la acción.

En el mandamiento judicial de inconstitucionalidad la Sala declara la inconstitucionalidad del decreto de destitución de magistrados de ese tribunal. pic.twitter.com/ceQ7KOktJ5

— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) May 2, 2021

“Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar. Ah no, ya recordé que huyó a Honduras”, dijo en su cuenta de Twitter el mandatario.

La destitución, que deja incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo y despertó las alertas de altos funcionarios de los Estados Unidos.

Los votos fueron dados por los partido

Los partidos que votaron para admitir la iniciativa son los de Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Esta es la primera acción tomada por la nueva Asamblea Legislativa a solo horas de haber tomado posición.

Los magistrados destituidos son el presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jose Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia de la covid-19.

El 9 de agosto de 2020, el presidente salvadoreño dijo en una cadena nacional de medios de comunicación que, “si fuera de verdad un dictador”, hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema por declarar inconstitucionales los decretos emitidos en el marco del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

“Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vidas a cambio de cinco”, dijo en referencia a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional.

OEA manifiesta rechazo

La Organización de los Estados Americanos emitió un comunicado en el que manifestó que las “acciones que lleven a la erosión del Poder Judicial solamente conducen a una sociedad injusta, basada en la impunidad y en la persecución política”.

Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre la situación en El Salvador:https://t.co/yXh0WQwzZq pic.twitter.com/umQVPgMhPO

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 2, 2021

EE.UU. expresa preocupación

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, dijo que s preocupante la propuesta de los diputados oficialistas.

“Vemos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso”, dijo en su cuenta de Twitter.

La existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 2, 2021

De igual forma, el secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este domingo al presidente Bukele su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de ese país de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara.

En una conversación telefónica, Blinken señaló que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que Melara “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

HWR acusa a Bukele de intentar “concentrar todo el poder”

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, acusó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de intentar “concentrar el poder”, después de que la Asamblea Legislativa admitiera una iniciativa para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En su primer día con mayoría, los partidarios de Bukele en la Asamblea Nacional (Legislativa) de El Salvador solicitan la destitución de todos los magistrados de la Sala Constitucional”, publicó Vivanco en Twitter y añadió que “Bukele ataca el estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos”.

NI, que posee 56 diputados, fue fundado por un movimiento de Bukele y es dirigido por un primo suyo, mientras que GANA fue utilizado por el político para ganar la Presidencia en 2019.

La diputada opositora Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló que “estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados”.

“Su iniciativa es antidemocrática, no fundamenta causas previamente establecidas; no garantizó el derecho de audiencia y defensa; y, no justificó la dispensa de trámite”, agregó.

Por su parte, el presidente Bukele apoyó la iniciativa desde sus redes sociales.

“La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa) es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República”, señaló el mandatario.

La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la @AsambleaSV es una facultad INCONTROVERTIBLE expresada CLARAMENTE en el artículo 186 de la Constitución de la República. pic.twitter.com/WMVkHT8moD

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 2, 2021

Relator de ONU condena intento de destitución

El relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, condenó este sábado la iniciativa de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“Condeno los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional”, publicó en Twitter el relator de la ONU.

Añadió que “todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la @ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”.

Manifiesta preocupación

Jordán Rodas, procurador de los derechos humanos en Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, manifestó su preocupación por las pretensiones de los diputados oficialistas e hizo un llamado para respetar a las instituciones democráticas del país.

El presidente de la @OmbudsmanFi @JordanRodas manifiesta su preocupación por los riesgos que estás acciones conllevan para la separación de poderes y la democracia en #ElSalvador https://t.co/gQQDmNJ6de

— FIOmbudsman (@OmbudsmanFi) May 2, 2021

La Fiscalía de El Salvador acusó este domingo al Ejecutivo de usurpar facultades del Congreso por decretar una prórroga de un mes al estado de emergencia por el nuevo coronavirus, y anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

“Un estado de emergencia decretado por el presidente de la república debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa”, consignó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

#Comunicado | A raíz de Conferencia de Prensa brindada por el Consejo de Ministros en la que se decreta Estado de Emergencia en el marco de la Pandemia por #COVID__19, la @FGR_SV señala: pic.twitter.com/Trqn7ZLDV4

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 17, 2020

A la medianoche del sábado, el titular de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Conan Castro, amparado en una ley de Protección Civil, anunció la prórroga del decreto de estado de emergencia que finalizaba, luego de que el jueves la Asamblea Legislativa había declinado extenderlo.

Adjunto decreto de Estado de Emergencia https://t.co/RkPh9mnAkz

— ConanCastro (@CONANCASTRO2) May 17, 2020

Para la FGR, el anuncio del gobierno del presidente Nayib Bukele “resulta un acto de usurpación de facultades”.

“Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país han tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa”, reaccionó Bukele en Twitter.

“¿Se le impedirá por primera vez, a un presidente, ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?”, agregó.

Todos los Presidentes en la historia democrática de nuestro país, han tenido la facultad de declarar Estado de Emergencia y la han ejercido, sin aprobación legislativa.

¿Se le impedirá por primera vez, a un Presidente, ejercer esa facultad vital del Sistema de Protección Civil?

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 17, 2020

La prórroga del estado de emergencia, según Castro, es para preservar la salud de la población cuando el país está a “días del colapso” por el incremento de casos de coronavirus.

El estado de emergencia, aprobado el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa, expiraba la noche del sábado por lo que, amparándose en un artículo de la Ley de Protección Civil, el gobierno lo prorrogó a partir de la hora cero de este domingo y con vigencia de un mes.

En virtud de lo actuado por el Ejecutivo, la Fiscalía adelantó que presentará una “demanda de inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema de Justicia “contra el decreto ejecutivo que establece un nuevo estado de emergencia”.

La Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse en estos momentos por lo que tiene “legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia”, consignó la Fiscalía.

Castro reaccionó denunciando una “postura (…) bastante atrevida” de la Fiscalía. “La Asamblea se puede reunir en cualquier momento pero no se reunió”, dijo.

El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios de agua, electricidad y teléfonos, además de permitirle utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia.

“Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias”, aclaró la FGR.

Según un último balance oficial, El Salvador registraba hasta el sábado 1 mil 338 casos de contagios del nuevo coronavirus, con 27 personas fallecidas.

"Sabemos que todos los sistemas de salud son insuficientes, hasta la fecha tenemos 1,338 pacientes positivos de #COVID19 y 1,122 pacientes sospechosos", Ministro de @SaludSV, @FranAlabi. pic.twitter.com/IBS0URR6y3

— Gobierno de El Salvador (@Gobierno_SV) May 17, 2020

En la jornada, tres personas fallecieron en ataques armados de paramilitares y turbas progubernamentales contra las barricadas de manifestantes en Nagarote (noroeste), Tipitapa (Managua) y Masatepe (sur), indicó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra.

Mientras, el paro fue casi general en Managua y en los departamentos de Masaya, Granada (sur), Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia (norte) y León (noroeste).

En la capital, las calles lucían desoladas con algunos autobuses de transporte público circulando casi vacíos y presencia policial en varios puntos de la ciudad, observó AFP.

El paro de 24 horas fue convocado el martes por la opositora Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, que agrupa a empresarios, estudiantes y sectores de la sociedad civil, como una forma de presionar al gobierno a detener los violentos ataques contra manifestantes y pobladores, a manos de fuerzas antichoques y “turbas” afines al gobierno.

El paro “es una forma de presionar a este gobierno que está haciendo atrocidades, queremos una Nicaragua libre”, dijo una habitante de un barrio capitalino, donde la gente sonó las cacerolas en repudio al mandatario.

Nicaragua vive un clima permanente de protestas que tiene bloqueadas sus principales rutas con casi 900 tranques y barricadas en ciudades semiparalizadas desde que el 18 de abril estallaron las manifestaciones contra una fallida reforma a la seguridad social.

Sin embargo, las protestas se extendieron como una muestra de disconformidad contra el gobierno de Ortega, quien gobierna desde 2007 con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente y mano derecha, bajo cargos de autoritarismo y de controlar todos los poderes del Estado.

Amplio apoyo

Los mercados, bancos, supermercados, tiendas, gasolineras y la mayoría de pequeños expendios de comida en los barrios de Managua y otras ciudades no abrieron sus puertas, mientras que en los colegios públicos los maestros quedaron esperando a los alumnos.

“Está palmado (vacío) todo, la huelga la está apoyando la población”, dijo el taxista Pablo Ramírez, quien desistió trabajar por falta de pasajeros.

El popular mercado oriental de Managua, con más de 20.000 negocios y 2.000 vendedores ambulantes que inician sus actividades en la madrugada, lucía abandonado, custodiado a su alrededor por barricadas que la gente levantó para defenderse de eventuales saqueos.

“El mercado está apoyando el paro”, dijo a la AFP Liliam Gámez, empleada de una tienda turca, que llegó a trabajar porque el jefe le pidió que cuidara el negocio.

“Hoy nadie está trabajando”, dijo a la AFP Carlos Sánchez, un vendedor ambulante de 58 años, que estaba sentado en una acera del mercado leyendo el periódico, y quien espera que el paro empuje al gobierno a solucionar la crisis.

La inmensa mayoría de tiendas del mercado Roberto Huembes, en otro punto de la ciudad, no trabajaron, mientras que el resto de centros comerciales de la capital tampoco abrieron.

“El paro es para presionar al gobierno para que se siente a dialogar y dar una solución a esta crisis”, dijo a la AFP Heriberto Ruiz, un vendedor golosinas que llegó a cuidar su negocio.

“Que (Ortega) salga por la puerta de adelante, no por la  trasera”, dijo Ruiz, quien afirma que Nicaragua se ha convertido en “tierra de nadie” por la violencia y saqueos.

Paro bajo fuego

En medio del paro, grupos paramilitares dispararon contra manifestantes que resguardaban barricadas en las ciudades de Nagarote, Tipitapa y Masatepe, causando al menos tres muertos y varios heridos, confirmó a la AFP el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que contabiliza hasta la fecha 161 muertos.

“¡Están disparando!, gritaba la población de Tipitapa, 22 km de la capital, donde centenares de mujeres salieron valientes a la calle a sonar las cazuelas y replegar a gritos a los armados, según videos.

También se produjeron enfrentamientos en las ciudades de Jinotepe, Diriamba, León y tiroteos en Managua.

En Managua, algunos barrios y la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), trinchera de estudiantes en protesta, fueron atacados por la madrugada, según la oposición.

Mientras en Masaya, paramilitares armados “dispararon a mansalva a las trincheras”, causando un herido de bala, indicó.

La policía de este antiguo bastión del oficialismo continúa sitiada con barricadas que son defendidas por jóvenes con piedras y morteros caseros.

La Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOTRACO) por su parte denunció que grupos delincuenciales secuestraron cinco unidades en Managua.

La Conferencia Episcopal convocó este viernes a reanudar el diálogo para dar a conocer la respuesta de Ortega a su propuesta de democratización.

“Estamos confirmando a nuestro pueblo que ahí estará la delegación del gobierno presidida por el canciller Denis Moncada” con el ánimo de trabajar “desde el diálogo por la paz”, dijo la vicepresidenta y portavoz oficial Rosario Murillo.

]]> 192720 https://www.guatevision.com/noticias/internacional/activistas-lanzan-sos-internacional-por-deterioro-de-derechos-en-nicaragua Wed, 30 May 2018 03:40:07 +0000 https://www.guatevision.com/?post_type=post-noticias&p=187476

“Hacemos un SOS internacional por la tutela de los derechos humanos, para denunciar la profunda crisis de derechos humanos que existe hoy en Nicaragua”, dijo a la AFP Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH).

Unos 10 activistas integran una comisión que inició contactos con autoridades, académicos y organizaciones civiles de Costa Rica para alertar sobre la situación que vive Nicaragua desde el estallido de las protestas antigubernamentales el 18 de abril.

El grupo visitó este martes la Asamblea Legislativa (congreso) de Costa Rica, que aprobó una moción de apoyo a las manifestaciones en Nicaragua e instó al presidente Carlos Alvarado a condenar “los actos de opresión sobre el pueblo de Nicaragua y exigir respeto a los derechos humanos”.

“La respuesta que demandamos de la comunidad internacional es una postura firme, de incidencia y presión sobre un gobierno que ha violentado todos los derechos fundamentales de la sociedad. Ya no es un gobierno civil, es una dictadura que provoca dolor y luto en Nicaragua”, señaló Leiva.

La ANPDH presentó un documento en el que denunció la muerte de 90 personas en los 40 días de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, además de 805 heridos y 85 desaparecidos.

Otros organismos de derechos humanos en Nicaragua han señalado 85 víctimas fatales de las protestas debido a la fuerte represión de la fuerza pública y a enfrentamientos entre manifestantes y grupos de choque del gobierno, que no ha presentado una cifra actualizada de muertos.

El también activista Carlos Felipe Huezo dijo que el grupo pretende que los gobiernos centroamericanos adopten una postura firme frente al “genocidio que vive Nicaragua”.

“Nos atrae mucho la atención que después de 40 días, los países centroamericanos todavía no han tomado una actitud más firme de condena de lo que vive Nicaragua”, comentó Huezo.

Apuntó que el presidente costarricense Alvarado podría levantar la bandera de la democracia y los derechos humanos como lo hizo su antecesor Oscar Arias en 1987 con el plan de paz para Centroamérica.

Arias fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz ese año por su gestión por la pacificación de Centroamérica.

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