La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado este jueves 14 de septiembre en el que “rechaza acciones que irrespetan la Constitución, la democracia y el estado de derecho”.

Destacó que ninguna ley ordinaria está por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pidió que la Corte de Constitucionalidad debe hacer valer Carta Magna y que se deduzcan responsabilidades a funcionarios del Ministerio Público (MP) y al juez Fredy Orellana.

La APG afirmó que es fiel a su fines de velar y que se respete la libertad de expresión y la alternabilidad en el poder y el Estado de derecho en el país.

También expresó su profunda preocupación y rechazo a las acciones efectuadas el martes 12 de septiembre por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al allanar las instalaciones del Registro Electoral y bodegas del TSE en el parque de la Industria, “lo cual representa un delito y violación a lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la propia Constitución de la República”.

La APG mediante su Junta Directiva y la Comisión de Libertad de Expresión reitera, “que dichas acciones ilegales por parte del MP y el juez Fredy Orellana, vulneran el proceso electoral, el cual ha sido reconocido por su transparencia y amplia participación ciudadana, tanto por sectores nacionales como por las misiones que verificaron su realización”.

Destacó que a raíz de la oficialización de los resultados y la entrega de credenciales a todos los candidatos ganadores en los comicios para diputados, alcaldes y presidencia de la República, no procede ninguna acción que tenga como propósito poner en duda o socavar la credibilidad del proceso electoral.

“Cabe recordar que ninguna ley ordinaria o penal está por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del TSE”, enfatizó.

Por tal circunstancia, la APG demanda de la CC la resolución que ponga fin a estas acciones y se proceda conforme a la ley a la inmediata destitución de las autoridades del MP “por violar el orden constitucional y atentar contra el estado de derecho, cuando su mandato es de velar por su estricto cumplimiento y respeto”.

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Asimismo, hizo un llamado a las distintas organizaciones políticas participantes en las elecciones, al Colegio de Abogados, las universidades, el sector privado y otras instancias, pronunciarse y defender la democracia.

A la sociedad guatemalteca a estar atenta a cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia democrática en Guatemala y hacer valer su derecho de manifestación, expresión y resistencia pacífica para rechazar todas estas acciones reñidas con la construcción de una sociedad respetuosa de las leyes.

En medio de la preocupación por los constantes ataques a periodistas y La criminalización de estos y medios de comunicación la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) en conjunto con las cámaras de prensa del país presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia con la que se busca se deje de criminalizar la libre expresión del pensamiento y violentar el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Las entidades de prensa APG, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe El Miedo Guatemala presentaron un amparo que va encaminado a que se respete la Constitución y que no se vulnere con una ley ordinaria.

Según las entidades de prensa, la acción de amparo fue presentada ante una sala de apelaciones, por considerar que: “a la fecha se pueda incurrir en vulnerar la Constitución con una ley ordinaria, y con ello el debido proceso y la libertad de expresión, al perseguir judicialmente a periodistas y ciudadanos que hacen uso de ese derecho establecido en la carta magna”.

El objetivo de la acción, según un comunicado, es que se respete la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero también solicitarle al sistema de justicia penal de Guatemala garantizar el debido proceso y al Ministerio Público, el estricto cumplimiento de las leyes constitucionales del país.

Las entidades de prensa firmantes destacan que prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el MP se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la Libertad de Prensa.

“La procedencia del amparo en este caso, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”, se lee en el comunicado.

Preocupacion

Las entidades de prensa señalaron que les preocupa que se esté utilizando la Ley Contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su artículo 9: Obstrucción de justicia, en contra de la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional y que especifica: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

Es por ello que estas organizaciones piden que se declare con lugar el mencionado amparo, con el objeto de que se mantengan los derechos fundamentales que se encuentran amenazados y como consecuencia se ordene al MP, que con base al principio de objetividad y velando por el estricto cumplimiento de la ley, “se abstenga de ejercitar la acción penal y se agote el procedimiento establecido en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento”.

También resaltaron que el artículo 35 de la ley constitucional, establece que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Añadieron que esto también , situación que incumbe a la población guatemalteca en general que tiene el derecho de expresarse por el actuar de los gobernantes y autoridades de su comunidad.

“Por tal motivo, la instancia de entidades de prensa, hace un llamado para que cese el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación que, haciendo uso de su derecho a investigar y de informar, promueven la libertad de expresión en la sociedad, ya que sin periodismo critico e independiente no hay democracia”, se lee en el comunicado.

Byron Barrera, presidente de la APG, comentó que esperan que este recurso sea resuelto favorablemente y se instruya al MP y a los jueces a que respeten la ley y que cumplan con el debido proceso.

Exigen que el MP se apegue a la ley

“No estamos en contra de que el Ministerio Público cumpla sus funciones,  lo que exigimos es que se apegue a la ley, que se apegue a lo establecido, principalmente en la Constitución de la República de Guatemala. Si las autoridades no respetan la Constitución de la República creo que estaríamos ante una situación de inestabilidad y de irrespeto a la misma institucionalidad del país”, comentó Barrera.

“Cualquier ciudadano que emita una opinión en un determinado asunto corre el riesgo de ser enjuiciado por la vía penal por parte del Ministerio Público y jueces irresponsables que no conocen la Ley de Emisión del Pensamiento y que por lo tanto irrespetan la constitución”, dijo Barrera.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se pronunció este 15 de mayo sobre el cierre de elPeriódico de Guatemala y dijo que acciones como esa equivalen a la muerte del periodismo. En esta fecha circuló la última edición diaria de ese medio de comunicación debido a la persecución

En un comunicado de prensa, la APG, señaló: “ante el anuncio del cierre de elPeriódico manifiesta públicamente su solidaridad con su presidente y personal de redacción y denuncia nacional e internacionalmente que los motivos de esta infausta noticia no es más que el constante acoso, criminalización y ahogamiento económico del que ha sido objeto este rotativo por su lucha contra la corrupción y la libertad de expresión en el país”.

Agrega que la decisión del cierre de este medio de comunicación por esas razones, “representa un retroceso a la libertad prensa y fundamentalmente a la democracia en donde los medios de comunicación juegan un papel importante en el debate público de los problemas nacionales y en mayor medida la auditoría social a las instituciones del Estado”

Hace referencia a la declaración de Chapultepec, en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México el 11 de marzo de 1994, en donde se estableció que sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia y sin libertad de expresión no puede haber libertad.

Cita la aludida declaración y menciona que: “Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.

La APG demanda y exige que cesen las medidas y políticas dirigidas a “censurar, perseguir y criminalizar a medios y periodistas, quienes, al amparo de la Ley de Emisión del Pensamiento, que ostenta rango constitucional, realizan su labor en defensa del derecho de buscar, indagar e informar a la población”.

También solicita el debido proceso y libertad a Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, quien está preso por un caso la APG señala de “malicioso y a todas luces político que pone en duda el sistema judicial en Guatemala. En este momento crucial y atentatorio a la libre expresión”.

Hace un llamado a las distintas organizaciones de prensa y la sociedad guatemalteca a cerrar filas y defender este derecho que es de toda la sociedad.

Cierre de elPeriódico

El pasado 12 de mayo, elPeriódico anunció el cierre definitivo de su edición diaria a partir del 15 de mayo.

El medio de comunicación atribuyó la decisión a la persecución en su contra, de sus periodistas y columnistas, así como de sus anunciantes.

Explicó que el 29 de julio de 2022 su presidente Jose Rubén Zamora fue capturado, pues el Ministerio Público lo señala de supuesto lavado de dinero, pero que fue un caso que se articuló en 72 horas luego de varias publicaciones de corrupción en el Gobierno.

Diez meses antes de la captura, el medio ya había denunciado que se estaba fabricando un caso en contra de Zamora.

Debido a la captura de Zamora, el 22 de noviembre de ese 2022 elPeriódico dejó de publicar su edición impresa, pero mantuvieron la edición digital y una publicación diaria en PDF.

Este 15 de mayo, fue el último día de ambas publicaciones.

En la última edición de elPeriódico se publican artículos de opinión sobre el cierre del medio, un artículo de Zamora y de trabajadores de ese medio, pero además noticias relevantes que el medio publicó durante los últimos años sobre corrupción en el Gobierno.

Uno está titulado “Los contratos turbios del gobierno de Alejandro Giammattei”, que detalla que este gobierno ha tenido los presupuestos más altos de la historia del país. Sin embargo, una porción de los recursos públicos ha sido comprometida en negocios cuestionados.

Como el de proyectos a la empresa Asfaltos y Petróleos, cuyos propietarios fueron señalados por EE. UU. de incurrir en “importante corrupción” por entregar sobornos a cambio de contratos estatales. La empresa habría obtenido Q919.21 millones en contratos.

También el otorgamiento de contratos millonarios a entidades mercantiles vinculadas a partidos políticos o diputados.

El informe Terrorismo judicial acecha a la Prensa fue presentado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en el que detalla la situación de la Libertad de Expresión en el país y los ataques y limitaciones que enfrentaron los reporteros en 2022.

Según la APG, se han registrado 105 ataques y limitaciones a la libertad de expresión de enero a octubre de 2022.

Además, reporta que en total ha habido 389 agresiones en lo que va este gobierno.

“El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incomodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”

Agrega que las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la APG.

El informe señala que con estos datos suman 389 casos registrados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mientras que en el 2020 hubo 149 y en 2021 se reportaron 135.

El comunicado de la APG explica que dentro de las cifras de este 2022, año destacan 10 casos de acoso judicial, en los que se incluye la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones.

“Los actos más emblemáticos dentro de este patrón de acoso son el encarcelamiento de Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente. La persecución contra elPeriódico es solo una muestra de los límites que está dispuesto a cruzar la Presidencia y aliados para pisotear la libertad de expresión y minar los derechos humanos”, señala el documento.

Temen persecución penal contra periodistas

“Para la APG existe una enorme preocupación de que el proceso en contra de Zamora y personal de elPeriódico sea la antesala de un recrudecimiento de la persecución penal en contra de la prensa, que alcance el extremo de más detenciones, el envío a prolongados períodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores (incluyendo la imposición de multas económicas), la intervención de medios, el embargo de sus cuentas o el ahogamiento financiero, para provocar el cierre de sus operaciones”, se lee en el comunicado.

Criminalización

La APG dice que la criminalización de la libertad de expresión, emprendida por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y Rafael Curruchiche, responsable de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, causó también además del exilio del Juan Luis Font, integrante de ConCriterio, el de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, quien también debió salir del país por el acoso en su contra y de su familia.

“Mientras Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, muestra displicencia para investigar los ataques en contra de la prensa. En los últimos meses del 2022 fueron públicos los diversos casos que la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas desestimó y se negó a investigar, incluyendo algunos de violencia policial. Solo este año, el MP archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, según datos proporcionados por esa fiscalía”, agrega la información.

Según la APG, esto hechos harán que disminuya aún más la “ínfima confianza de los periodistas al MP y al sistema de justicia general”.

“La APG reitera que mientras en una agresión o crimen contra periodistas no exista una sentencia condenatoria en contra de todos los responsables, así como haya una reparación digna para las víctimas y existan acciones para garantizar la no repetición de los hechos, el caso permanecerá en la impunidad. Desestimar casos o cerrar las investigaciones, por el desinterés de los fiscales, solo promueve la impunidad y no contribuye a la generación de justicia”, agrega la APG.

Otros factores

La APG afirma que aunque el acoso judicial es una de las principales causas de limitación a la prensa, existen otros patrones de acoso en los que están involucradas autoridades y empleados públicos o se sospecha fuertemente sobre su participación.

Entre estos está las limitaciones para que reporteros cubran actividades donde participan funcionarios gubernamentales, la negativa de autoridades a facilitar información de carácter público o la renuencia de distintos funcionarios de brindar declaraciones o entrevistas a periodistas críticos, mientras si lo hacen con periodistas que consideran aliados o medios que utilizan como sus plataformas de relaciones públicas.

El OJ

La APG también menciona que Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron como política impedir el acceso de reporteros a las audiencias de casos vinculados con actos de corrupción o criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y también periodistas, aunque estos casos no se encuentren bajo reserva.

Añade que jueces en distintos departamentos argumentan el tamaño reducido de las salas o las antiguas limitaciones por la pandemia para negar el ingreso de reporteros y observadores de derechos humanos.

También los fiscales del MP implementaron la práctica de alegar cuestiones de seguridad personales o quejarse de la “mediatización de los casos para impedir la labor periodística, según la APG.

“Las actitudes de estos administradores de justicia responden al interés de mantener ocultas falencias o ilegalidades en las investigaciones o irregularidades que ocurran en las audiencias. Pero mientras el OJ y el MP limitan la cobertura periodística, no tienen reparo en compartir datos a operadores de cuentas falsas en redes sociales, quienes usualmente adelantan operativos que se realizarán, divulgan resoluciones antes que las partes procesales seanvnotificadas oficialmente o comparten información bajo reserva y participan activamente en campañas de acoso y desprestigio en contra de periodistas”, se lee en el comunicado.

La información también establece que el sistema de justicia también continúa protegiendo a los responsables de estas cuentas falsas, pese a las múltiples acciones de acoso sexual en contra de mujeres periodistas, amenazas de muerte y comentarios racistas que divulgan.

“Detrás de estas redes, que la APG catalogó como “nuevos grupos de choque”, no solo estarían personas pagadas por el Estado sino también empleados públicos”, dice el comunicado.

“Los esfuerzos del actual Gobierno por menoscabar la libertad de expresión también se han centrado en las manifestaciones públicas y en los estudiantes, activistas, ciudadanos y líderes que participan en estas. La consigna es clara en este tema: perseguir y desarticular cualquier movimiento o iniciativa que se oponga a las políticas o acciones del régimen, con la intención de imponer un estado general de autocensura. Por la intolerancia a la libertad de expresión y por su actitud autoritaria, este gobierno pasará a la historia como el de más acciones en contra de este derecho ciudadano”, cierra el comunicado de la APG.

Postura del MP

El Ministerio Público fue consultado respecto al informe de la APG en cuanto a la criminalización de periodistas y respondió que son respetuosos de la opinión de la APG , pero no la comparten, puesn “en ningún momento se han promovido acciones que busquen limitar la libertad de expresión”.

“Tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley. El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, por tanto, debe velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados. En ese sentido, ninguno de los casos mencionados guarda relación con el ejercicio de la labor periodística sino es en seguimiento a denuncias presentadas por la posible comisión de hechos ilícitos que el Ministerio Público, por mandato legal, tiene obligación de investigar”, dice la postura del MP.

Añade que en el caso de la periodista Michelle Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que carece de fundamento lo que afirma el comunicado de la APG, señala el MP.

“Así también es importante recordar que fue la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, menciona el MP.

Explica que esa fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos.

“Respetuosamente se invita a los miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala a acercarse al Ministerio Público en donde con gusto se atenderá cualquier inquietud, tal y como se ha hecho en reiteradas ocasiones”, se menciona.

Gobierno rechaza señalamientos

El Gobierno de Guatemala, rechazó los señalamientos que hace la APG relacionados con la libertad de expresión en Guatemala.

En una comunicación enviada por la Presidencia se menciona que “el Gobierno rechaza los señalamientos vertidos de manera irresponsable por medio de la APG y reitera su respeto a la institucionalidad del país y al derecho de libertad de expresión, mismo que ha sido promovido en diversos espacios de instancias gubernamentales”.

Señala que durante el 0022, se ha convocado y transmitido más de 60 conferencias de prensa y diariamente se responden consultas de medios, contabilizando más de 800 este año.

“No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad. Por otro lado, nuestra plataforma de recursos multimedia “Sala de Prensa”, alcanza los 2.8 millones de visitas, poniendo a disposición información de más de 140 instituciones gubernamentales. Se reitera el respeto a la independencia de poderes por lo que no se emitirá comentario alguno sobre procesos judiciales de ninguna naturaleza”, se lee en la información.

OJ se pronuncia

Por aparte, el OJ señaló que se cumple con el debido proceso y respeta la libertad de expresión.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, señaló que no se inicia acciones en contra de personas, incluidos comunicadores sociales o periodistas y “el Organismo Judicial actúa únicamente mediante la denuncia de hechos a través de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público”.

Además, dijo que “se aclara y se informa que las personas señaladas de un delito no están siendo juzgadas por su opiniones o inclinaciones políticas, sino por estar sindicadas de la posible comisión de un delito o delitos, en cuyo caso los honorables juzgadores actúan, ya que esa es su función constitucional, la de juzgar y ejecutar lo juzgado, posteriormente de haber conocido los hechos y pruebas del ente acusador”.

Añadió que el OJ “cumple con el debido proceso, observando la presunción de inocencia y la defensa de los procesados, dando cumplimiento a las garantías procesales. El OJ respeta y promueve una lucha de respetar la libertad de expresión creyendo fielmente en la labor periodística”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó este miércoles 30 de noviembre los ataques contra la libertad de prensa que, según un comunicado, durante este año se han transformado en por lo menos “cien acciones de censura y limitaciones a la labor periodística”.

La APG emitió el comunicado en el marco de la celebración del Día del Periodista, fecha en la que reconoce el trabajo de los comunicadores que “continúan firmes en su compromiso de informar sobre temas trascendentales que amenazan el Estado de Derecho, como son el abuso del poder público y económico, actos de corrupción en el sector estatal, violaciones a derechos humanos, los actos de persecución política y el incumplimiento de deberes por parte de empleados públicos y funcionarios en diversas instituciones”.

La APG agrega en su comunicado que “por desgracia, esta importante conmemoración se encuentra opacada por la censura, el acoso y la criminalización que sectores gubernamentales y el sistema de justicia mantienen en contra de periodistas críticos y de investigación que, con su labor, provocan escozor a funcionarios corruptos e incomodan los intereses de autoridades dentro del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el Organismo Judicial”.

De esa cuenta, datos del Observatorio de los Periodistas de la APG señalan que “la actitud del gobierno y sus aliados, en contra de la libertad de expresión provocaron que solo durante este año se conocieran más de cien acciones de censura y limitaciones a la labor periodística, mientras que durante el transcurso de la actual administración las agresiones en contra del gremio periodístico sobrepasan las 375”.

“Mientras los actos contra la prensa aumentaban, también crecían las acciones dentro del Estado para violar su derecho de acceso a la justicia y perseguirlos penalmente. Muestra de ello son las distintas denuncias desestimadas por la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas del Ministerio Público (MP), las cuales generaron críticas debido al evidente desinterés de la institución de investigar estos actos, en los que se encuentran casos de violencia policial en Alta Verapaz, Escuintla, Izabal y Guatemala, este último relacionado con las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020”, añade el documento de la APG.

Además, dice que “a estos hechos se suman la cacería que la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, mantiene en contra del gremio periodístico y que, sumada al acoso proveniente del Estado, provocó el exilio de al menos dos periodistas: Juan Luis Font y Michelle Mendoza. También se suman la censura judicial dictada por tribunales y salas de femicidio en contra de distintos periodistas”.

“Los burdos discursos de funcionarios y defensores del régimen autoritario, mediante los que pretenden desacreditar las posturas de la APG e impedir su pronunciamiento en los temas antes mencionados, solo demuestran su interés en menoscabar la libertad de expresión”, refiere la nota.

Le entregan un limón

Como parte de la conmemoración del Día del Periodista, reporteros de varios medios de comunicación que cubren la fuente del Organismo Ejecutivo entregaron un limón a Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, como símbolo del poco acceso a declaraciones e información.

Se suele entregar un membrillo al funcionario menos accesible, pero esta vez se optó por un limón. No se entregó la naranja a ninguna persona, la que representa la accesibilidad.

Posturas

Respeto al comunicado, el MP señaló que “es respetuoso de la opinión de los respetables miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, más no se comparte ya que afirmar que existe una ´cacería´ tal como lo indican carece de veracidad”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, esto lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

“El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, es erróneo indicar que velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de un hecho sea un motivo de exilio, aunado a que el propio sistema de justicia establece la presunción de inocencia y del derecho de defensa. Es a través de la vía legal que se debe plantear cualquier inconformidad”, dice la Fiscalía.

Agrega que “es importante mencionar que en el caso de la sra. Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que el comunicado es impreciso”.

“También es importante recordar que fue la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, agrega el MP.

“Esta fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos”, concluye.

Por su parte, el gobierno de Guatemala dijo que “rechaza estas aseveraciones sin fundamento, puesto que desde la SCSP (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia) se promueven acciones de acceso a la información y que favorecen la labor periodística”.

Añaden que “durante el año 2022 se ha convocado y transmitido más de 60 conferencias de prensa y diariamente se responden consultas de medios, contabilizando más de 800 este año”.

“No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad”, agrega la postura de Presidencia.

Añade que “Qnuestra plataforma de recursos multimedia Sala de Prensa, alcanza los 2.8 millones de visitas, poniendo a disposición información de más de 140 instituciones gubernamentales”.

La aprobación de la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia” por parte del Congreso de la República es vista como una amenaza a la libre emisión del pensamiento, según la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), Acción Ciudadana (AC) y Transparencia Internacional.

Un comunicado de la CGP señala que “la normativa incurre en graves amenazas a la libre emisión del pensamiento, derecho constitucionalmente garantizado y reconocido en el artículo 35 de la norma suprema (Constitución)”.

Además, señala que “el artículo 9 de dicho decreto, si bien puede tener la intención de sancionar el acceso ilegal y posterior difusión de información confidencial de carácter personal o comercial, restringe peligrosamente la libertad que debe tener todo periodista y medio de comunicación a poder informar sobre posibles hechos de interés público”.

LA CGP detalla que “el artículo 19 es aún más preocupante pues tipifica como delictuosas conductas que pueden ser realizadas en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”.

También señala que “preocupa, tanto más, que funcionarios públicos que estén sujetos al escrutinio y señalamientos puedan hacer uso de esa norma para acallar críticas y perseguir opositores”.

“La experiencia da cuenta de que cuando normas contenidas en los artículos 9 y 19 del referido decreto entran en vigor, más que proteger los derechos de los ciudadanos, habilitan a quienes ostentan el poder para usarlas de modo represivo”, refiere el comunicado.

“Esta Cámara se pronuncia de manera enfática en contra de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, tal como fue aprobada por el Congreso de la República. Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, concluye el documento.

“Es inconstitucional”

Por aparte, AC y Transparencia Internacional emitieron un comunicado conjunto en el que muestra su preocupación por los efectos que podría tener dicha ley sobre la libertad de expresión.

“La reciente aprobación del decreto 39-2022 Ley de Prevención y Protección contra la cibercrimen por parte del Congreso de la República de Guatemala es inconstitucional y atenta contra el derecho de libre emisión del pensamiento y libertad de expresión”, señala el documento.

Refiere que el artículo 9 de la ley es contrario a: al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.

Además, refiere que contradice al Artículo 5 de La Ley de Emisión del Pensamiento: “La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información”.

También dice que riñe con el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

De igual forma dice que el artículo 19 de la ley cuestionada es contrario al artículo 35 de La Constitución de la República de Guatemala: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

“Cómo se observa, las normas aprobadas por el Congreso vulneran de forma flagrante e ilegal el derecho sagrado de libertad de expresión, coartando el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana hacia los funcionarios públicos. Por lo anterior, consideramos que es obligación del presidente Alejandro Giammattei vetar el decreto 39-2022, de no ser así, confirmaría la tendencia autoritaria a la que nos esta arrastrando su gobierno.

APG se pronuncia

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado el martes 9 de agosto en el que rechaza contenido de la Ley contra la ciberdelincuencia y la iniciativa de Fortalecimiento de la fuerzas de seguridad.

La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.

Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.

Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado este martes 9 de agosto en el que rechaza contenido de la Ley contra la ciberdelincuencia y la iniciativa de Fortalecimiento de la fuerzas de seguridad.

La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.

Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.

Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.

Así también las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos de información, “como sucedió con la investigación por actos de corrupción en el caso de la minera rusa que operaba en Izabal”.

Advierte de que, aunque en dicha normativa se indica que se excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en los convenios y tratados aprobados por Guatemala, “no existe la garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia, no empleen esta norma para perseguir a medios, periodistas, ciudadanos y organizaciones sociales”.

Respecto de las posibles sanciones a los periodistas que dicha ley estipula, estas alcanzarían a socios y accionistas de los medios. Además, las autoridades podrían disponer de los objetos utilizados en los supuestos delitos como computadoras, discos duros o celulares, lo cual contraviene el artículo 35 de la Constitución Política, que establece que no podrán ser decomisados ese tipo de artilugios pertenecientes a los medios de comunicación social.

Algunos artículos de esta normativa también podrían ser utilizados, agrega el texto, para prohibirles actividades comerciales al medio y el cierre definitivo o parcial de “establecimientos de la empresa”. Esto podría significar el cierre de negocios relacionados con el medio o al medio en sí.

En cuanto a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, iniciativa 6076, la APG señala que esta busca involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de manifestaciones ciudadanas y “brindarles la potestad a los órganos de seguridad de utilizar la fuerza letal en estas circunstancias”.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) manifestó su preocupación esta jueves 26 de mayo ante la censura que la dirigencia del Club Municipal comete contra periodistas de varios medios de comunicación, luego de que se publicará información sobre un gesto obsceno de unos de sus jugadores durante un partido oficial.

“El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa su preocupación ante las limitaciones establecidas por autoridades deportivas para que periodistas de varios medios cubran eventos deportivos en recientes fechas”, señala el comunicado de la PDH.

La institución recuerda que “la Constitución Política de la República garantiza la libertad de expresión y de emisión del pensamiento, lo que incluye el libre acceso a las fuentes de información pública. Este es un derecho que no puede ser conculcado por ninguna otra disposición, y es esencial para el ejercicio de la población a estar informada”.

De esa cuenta, la PDH muestra su rechazo a “la censura que se ha impuesto a periodistas deportivos para que puedan dar cobertura noticiosa e informativa a juegos de futbol nacional del torneo 2022. Espera que los dirigentes de los equipos implementen acciones de respeto y apertura hacía los medios informativos y sus trabajadores, tanto redactores como fotógrafos, camarógrafos y personal técnico”.

La PDH “recomienda a los dirigentes de la Liga Nacional de Futbol, en su calidad de autoridad deportiva, tomar acciones urgentes para que se garantice el libre ingreso de periodistas y medios, sin censura previa, como lo establece el marco constitucional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

#ComunicadoPDH | El @PDHgt @JordanRodas expresa su preocupación ante las limitaciones establecidas por autoridades deportivas para que periodistas de varios medios cubran eventos deportivos en recientes fechas pic.twitter.com/iPqSSQdnfx

— PDH Guatemala (@PDHgt) May 26, 2022

Además, recientemente, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa rechazan la censura que el Club Social y Deportivo Municipal impuso a varios periodistas para que cubrieran el partido de vuelta de semifinales ante Guastatoya, disputado el domingo pasado, debido a las publicaciones sobre un gesto obsceno que su jugador Matías Rotondi hizo en el partido anterior.

“La noche anterior al partido, Prensa Libre y Guatevisión denunciaron que, pese a que habían completado los requisitos de acreditación, el club ordenó que no se les permitiera el ingreso. El gerente y exjugador de Municipal, Selvyn Ponciano, argumentó que la medida se debía a que se sentían “afectados” por las publicaciones realizadas sobre el gesto que hizo su jugador Matías Rotondi”, señala la APG.

Agrega que “entre los reporteros a los que el Club les vedó el ingreso al estadio Luis Felipe Carrera, en la zona 7 capitalina en cercanías del Trébol, se encuentran Fernando López de Prensa Libre, así como Julio Palacios y Ronald Motta, presidente y vicepresidente de Cronistas Deportivos de Guatemala (CDG)”.

La APG refiere que “la disposición del club no solo viola la Ley de Emisión del Pensamiento y el Artículo 35 de la Constitución Política, sino también la Ley de Espectáculos Públicos, que garantiza el ingreso de reporteros a este tipo de actividades”.

Además, reitera que “ni el equipo ni sus dirigentes pueden argumentar las críticas negativas o señalamientos a sus miembros para vedar arbitrariamente la presencia de medios de comunicación y reporteros. Dichas acciones constituyen censura y una amenaza a lo que establece la ley en cuanto al libre acceso a las fuentes”.

“Municipal ni ningún otro equipo puede aceptar con beneplácito únicamente las notas o comentarios positivos sobre la institución y rechazar, con represalias, las publicaciones que señalan aspectos negativos. Esperamos que todos los equipos mantengan una política de respeto y apertura hacia la Prensa, en especial los que se hacen llamar equipos grandes”, agrega la APG.

Además, dice que “la APG demanda al Club Municipal y al Club Comunicaciones garantizar el libre acceso de los reporteros a los partidos que se realizarán en los próximos días por la final de la Liga Mayor de Futbol. Solicitamos a la Liga Nacional de Futbol de Guatemala estar vigilantes y tomar acciones sobre estas medidas que afectan la libertad de expresión”.

Preocupación

Además, la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD) mostró su rechazo ante la censura que fueron víctimas varios periodistas por parte del Municipal y señaló en un comunicado que manifiesta su “rechazo por esta decisión que atenta contra el derecho a informar y ser informado y fundamentalmente contra la libertad de prensa y de emisión de pensamiento, contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agrega que la Constitución “manda que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y que es libre el acceso a las fuentes de información. Incluso, señala el camino para quienes se crean ofendidos y les otorga el derecho a la publicación de sus respectivas defensas, aclaraciones y rectificaciones, pero dice claro que ninguna autoridad podrá limitar el derecho a la libre emisión del pensamiento”.

“Manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en las que en ese mismo partido trabajaron los periodistas deportivos nacionales, mezclados entre el público, sin las facilidades para desarrollar su labor dignamente”, refiere la entidad.

Agrega que “estas prácticas recurrentes, lamentablemente, no solo vienen de un club específico, sino en el pasado reciente se ha dado con otros equipos de la Liga Nacional y de Primera, Segunda y Tercera División, los cuales no solo limitan el acceso, sino que en algunos casos se han registrado agresiones físicas y verbales de personal de seguridad y directivos contra miembros de la prensa nacional”.

Por lo anterior, la ACD “demanda a la Federación Nacional de Futbol que accione como máxima instancia del futbol nacional, para que cesen estas actividades que coartan la libertad de prensa y crean un clima hostil contra el gremio periodístico nacional”.

Además, a la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División “que instruyan a sus clubes para que se respete el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Emisión de Pensamiento”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa rechazan la censura que el Club Social y Deportivo Municipal impuso a varios periodistas para que cubrieran el partido de vuelta de semifinales ante Guastatoya, disputado el domingo pasado, debido a las publicaciones sobre un gesto obsceno que su jugador Matías Rotondi hizo en el partido anterior.

“La noche anterior al partido, Prensa Libre y Guatevisión denunciaron que, pese a que habían completado los requisitos de acreditación, el club ordenó que no se les permitiera el ingreso. El gerente y exjugador de Municipal, Selvyn Ponciano, argumentó que la medida se debía a que se sentían “afectados” por las publicaciones realizadas sobre el gesto que hizo su jugador Matías Rotondi”, señala la APG.

Agrega que “entre los reporteros a los que el Club les vedó el ingreso al estadio Luis Felipe Carrera, en la zona 7 capitalina en cercanías del Trébol, se encuentran Fernando López de Prensa Libre, así como Julio Palacios y Ronald Motta, presidente y vicepresidente de Cronistas Deportivos de Guatemala (CDG)”.

La APG refiere que “la disposición del club no solo viola la Ley de Emisión del Pensamiento y el Artículo 35 de la Constitución Política, sino también la Ley de Espectáculos Públicos, que garantiza el ingreso de reporteros a este tipo de actividades”.

Además, reitera que “ni el equipo ni sus dirigentes pueden argumentar las críticas negativas o señalamientos a sus miembros para vedar arbitrariamente la presencia de medios de comunicación y reporteros. Dichas acciones constituyen censura y una amenaza a lo que establece la ley en cuanto al libre acceso a las fuentes”.

“Municipal ni ningún otro equipo puede aceptar con beneplácito únicamente las notas o comentarios positivos sobre la institución y rechazar, con represalias, las publicaciones que señalan aspectos negativos. Esperamos que todos los equipos mantengan una política de respeto y apertura hacia la Prensa, en especial los que se hacen llamar equipos grandes”, agrega la APG.

Además, dice que “la APG demanda al Club Municipal y al Club Comunicaciones garantizar el libre acceso de los reporteros a los partidos que se realizarán en los próximos días por la final de la Liga Mayor de Futbol. Solicitamos a la Liga Nacional de Futbol de Guatemala estar vigilantes y tomar acciones sobre estas medidas que afectan la libertad de expresión”.

Preocupación

Además, la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD) mostró su rechazo ante la censura que fueron víctimas varios periodistas por parte del Municipal y señaló en un comunicado que manifiesta su “rechazo por esta decisión que atenta contra el derecho a informar y ser informado y fundamentalmente contra la libertad de prensa y de emisión de pensamiento, contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agrega que la Constitución “manda que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y que es libre el acceso a las fuentes de información. Incluso, señala el camino para quienes se crean ofendidos y les otorga el derecho a la publicación de sus respectivas defensas, aclaraciones y rectificaciones, pero dice claro que ninguna autoridad podrá limitar el derecho a la libre emisión del pensamiento”.

“Manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en las que en ese mismo partido trabajaron los periodistas deportivos nacionales, mezclados entre el público, sin las facilidades para desarrollar su labor dignamente”, refiere la entidad.

Agrega que “estas prácticas recurrentes, lamentablemente, no solo vienen de un club específico, sino en el pasado reciente se ha dado con otros equipos de la Liga Nacional y de Primera, Segunda y Tercera División, los cuales no solo limitan el acceso, sino que en algunos casos se han registrado agresiones físicas y verbales de personal de seguridad y directivos contra miembros de la prensa nacional”.

Por lo anterior, la ACD “demanda a la Federación Nacional de Futbol que accione como máxima instancia del futbol nacional, para que cesen estas actividades que coartan la libertad de prensa y crean un clima hostil contra el gremio periodístico nacional”.

Además, a la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División “que instruyan a sus clubes para que se respete el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Emisión de Pensamiento”.

Este 18 de mayo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicó un comunicado en el que se pronunció ante la reciente denuncia por parte de la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del medio El Periódico, calificando las acciones como “censura previa que atenta contra los principios constitucionales del país“.

El director de El Periódico, José Rubén Zamora, el jefe de Redacción, Gerson Ortiz, y el reportero Cristian Véliz recibieron el 11 de mayo una denuncia de “violencia contra la mujer” por parte de Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada, luego de que publicaran una nota el 22 de abril que mencionaba la renovación de su contrato como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibiendo un salario de Q20 mil mensuales.

La SIP denominó como “uso inapropiado la aplicación de la Ley del Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para bloquear información de interés público“.

Jorge Canahuati, presidente del SIP y presidente ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras, afirmó que “la orden de la jueza en contra del diario no es otra cosa que censura previa“.

“Una ley de este tipo siempre será beneficiosa para neutralizar la discriminación, prevenir femicidios e incentivar la igualdad de género; sin embargo, se debe examinar cómo su uso inapropiado puede ser un instrumento para amordazar a la prensa“, indicó.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz Interior de Argentina, complementó que “la utilización de demandas arbitrarias a partir de esta ley, sin el necesario fundamento, representa un abuso y sirve para acosar judicialmente a los medios“.

Jornet indicó que la decisión por parte de la hija de la magistrada afecta “varios preceptos de libertad de prensa expresados en la jurisprudencia interamericana, entre los que está el hecho de que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a las informaciones incómodas que los involucran”.

El lunes 16 de mayo, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa también se pronunciaron ante los hechos.

“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, indicó el comunicado emitido por la asociación.

Índice de Libertad

El comunicado del SIP también afirmó que Guatemala se encuentra en el puesto 17 de 22 en el denominado “índice Chapultepec”, que mide los niveles de libertad de expresión y de prensa y si no se encuentran restringidos y es catalogado como un país con “parcial restricción”.

“La violencia ejercida en contra de los trabajadores de la prensa puede ser directa mediante desacreditación, amenazas y coacción, prohibición para acceder a las fuentes o a la información o por medio de la criminalización utilizando el aparato de justicia”, indica el comunicado.