“Los desarrollos antidemocráticos representan una amenaza creciente para el futuro de Centroamérica”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado para conmemorar el bicentenario en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En los últimos tres meses, 36 opositores han sido detenidos en Nicaragua, incluidos siete aspirantes a la presidencia para las elecciones del 7 de noviembre, donde Ortega, en el poder desde 2007, aspira a un cuarto mandato consecutivo.

“El gobierno de Nicaragua ha llevado al país por el sombrío camino del autoritarismo a través de un poder judicial subordinado, la toma de los partidos políticos y el encarcelamiento de periodistas, líderes de la oposición y otros que defienden elecciones libres y justas”, señaló Blinken.

Por otro lado, Ortega y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, promovieron reformas constitucionales que permitieron sus reelecciones inmediatas. Y ahora en El Salvador, el presidente Nayib Bukele también podrá buscar renovar su mandato tras una decisión de la Corte Suprema, cuya Sala Constitucional fue remozada por la Asamblea Legislativa afín al mandatario.

En Guatemala, por otro lado, el gobierno de Alejandro Giammattei destituyó en julio al principal fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, quien dijo que se le había pedido no investigar al presidente sin el consentimiento de la fiscal general.

“Las amenazas a las instituciones democráticas y los derechos humanos en varios países centroamericanos nos obligan a priorizar el fortalecimiento de los principios esenciales de la democracia: transparencia, estado de derecho, igualdad y respeto por los derechos humanos”, subrayó Blinken.

También enfatizó que “la terrible pandemia mundial” exige esfuerzos para generar “oportunidades económicas más equitativas” para superar las “desigualdades históricas en la región”.

Más 1.5 millones de migrantes indocumentados de El Salvador, Guatemala y Honduras, fueron detenidos desde 2018 en la frontera sur estadounidense, adonde llegan huyendo de la violencia y la pobreza en sus países, uno de los temas más espinosos que enfrenta el gobierno de Biden.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua conmemoran este miércoles el bicentenario de la firma del Acta de Independencia de América Central, el 15 de septiembre de 1821, por la cual rompieron con el dominio español.

María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), le envió una carta por la vía diplomática al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, en el que justificó la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval.

La carta tiene fecha del 28 de julio de 2021 y es dirigida a Blinken, y fue recibida en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el 29 de julio, quien deberá hacer llegar el documento al Departamento de Estado de EE. UU.

En la misiva, la fiscal Porras habla sobre la buena relación y cooperación entre el MP y el gobierno de Estados Unidos y que gracias al apoyo de ese país ha habido avances en el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

También afirma que durante su administración, se ha fortalecido el trabajo para combatir la corrupción y prueba de ello es haber incorporado al esquema organizacional a la Feci y dotarla de capacidades técnicas al personal, así como la incorporación de más recurso humano, técnico y financiero.

También justifica la salida de Sandoval de la Feci y afirma que es debido a sus reiterados desacatos a las ordenes que se le giraban.

Porras le dice a Blinken que luego de la destitución de Sandoval diversos grupos sociales ejercen medidas de presión en su contra y en contra del MP, materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional, con el único fin de coaccionar a la fiscal general.

La fiscal general también pide que Blinken que se haga del conocimiento de su despacho la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, a efecto se puedan tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan.

Esto debido a que pasado martes 27 de julio, Estados Unidos anunció que paralizará “temporalmente” la cooperación con el MP de Guatemala después de la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, que ya había sido condenada por Washington.

La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter.

Según información de La Voz de América, Porter especificó que, como resultado de la destitución de Sandoval “hemos perdido la confianza en la fiscal general (María Consuelo Porras) y en sus decisiones e intenciones de cooperar con el gobierno de Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe”.

Carta íntegra que envió la fiscal al Departamento de Estado

Respetable Señor Secretario

Cordialmente le saludo deseándole éxitos en sus actividades cotidianas. Atentamente me dirijo a usted en atención a las relaciones de amistad y cooperación que se han desarrollado entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Ministerio Público de la República de Guatemala, las cuales nos han permitido avanzar de manera importante en el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Como es de su conocimiento, dicha cooperación ha significado un aparte importante para nuestro país toda vez que la justicia constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática, la cual debe ser administrada de manera objetiva, imparcial y eficiente. Por ello, nuestras relaciones de cooperación, enmarcadas históricamente bajo los principios de reciprocidad y buena fe, han coadyuvado a que el Ministerio Público cumpla con su mandato en beneficio de ambos países.

En este sentido, el Ministerio Publico de la República de Guatemala es una institución con funciones autónomas, que persigue la realización de la justicia con apego al principio de legalidad. Dicho principio ha garantizado que durante mi administración, el Ministerio Público desarrolle su actuar de manera íntegra, siempre en beneficio de la población guatemalteca, procurando ante todo el respeto al Estado de Derecho.

Por esta razón, desde que asumí la jefatura del Ministerio Público, he reafirmado mi compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, flagelos que históricamente han socavado los derechos de nuestra población. Dicho compromiso se ha visto reflejado a través de diversas acciones, como lo es la incorporación al esquema organizacional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, a través del Acuerdo 59-2019, luego de la culminación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- en el año 2019. Dicho esfuerzo también contempló la dotación de capacidades técnicas al personal, así como la incorporación de más recurso humano, técnico y financiero, a efecto de que la FEC continuar con sus labores al servicio de la población guatemalteca.

A su vez, es importante resaltar que, en su Acuerdo de creación, se establece que dicha Fiscalía, por su especialidad y coordinación estratégica, depende jerárquicamente del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, siendo este el único responsable de la asignación de los casos que conoce.

Es por ello que, constantemente se velaba porque el ex Fiscal de Sección desarrollara su actuar de manera objetiva, sin sesgos de ningún tipo, a efecto de que les investigaciones que se llevan a cabo, se realizaran apegadas al principio de legalidad. Sin embargo, incumplía reiteradamente con las directrices emanadas por la superioridad, dirigidas estrictamente al fortalecimiento de la persecución penal.

Por consiguiente, en observancia a los principios rectores de esta institución, así como de acuerdo a lo preceptuado en la demás normativa nacional que regula el funcionamiento del Ministerio Público, tomé la decisión de destituir al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien ostentaba el cargo de Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, toda vez que es imprescindible que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicas y apegada estrictamente al principio de legalidad.

Al respecto, quisiera llamar la atención de su respetable persona a efecto de hacer de su conocimiento que el Código de Trabajo Guatemalteco, preceptúa en su artículo 24 que “La falta de cumplimiento de la relación de trabajo, solo obligo a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea las prestaciones que determinen este Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso puedo hacerse coacción contra las personas”.

Sin embargo, en este caso, desde el sábado 24 de julio, diversos grupos sociales ejercen medidas de presión contra la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, y en general en contra de la institución, materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional, con el único fin de coaccionar a la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.

A su vez, nuestra Ley laboral establece que el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo, con justa causa la puede ejercer el patrono en cualquier momento. Así también, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y su Reglamento, la suscrita dio por terminada la relación laboral con el trabajador Juan Francisco Sandoval Alfare con cauta justa, primero por ser trabajador de confianza y segundo porque la decisión se encuentra ajustada a derecho. Por consiguiente, lo sucedido se debió a que el trabajador citado se negó de manera abierta, reiterada y por escrito a acatar las instrucciones que el patrono le indicó con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en sus labores.

En el mismo orden de ideas, el ordenamiento jurídico interno establece un sistema de justicia en caso de controversias entre patrones y trabajadores, el cual permite acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para garantizar el debido proceso, y no mediante campañas de desprestigio y actos de coacción en contra de funcionarios y la institución, lo cual contribuye al debilitamiento institucional de Guatemala.

Consecuentemente, a pesar de que la decisión fue tomada en concordancia con las facultades que la normativa guatemalteca me confiere, ello ha significado que el Ministerio Público de Guatemala sea objeto de comentarios malintencionados, fundamentados esencialmente en hechos selectivos e ideológicos, lo cual atenta gravemente contra la institucionalidad.

Por tal motivo, respetuosamente deseo solicitar sus buenos oficios a efecto de que por su intermedio se informe al Congreso y al Senado de los Estados Unidos de América, sobre estos graves hechos que atentan arbitrariamente contra la justicia guatemalteca.

Finalmente, respetuosamente solicito se haga del conocimiento de este despacho la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, a efecto se puedan tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar nuevamente mi compromiso en continuar trabajando frontalmente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Deferentemente

Dra. María Consuelo Porras Argueta
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público

Honorable Señor
Antony J. Blinken
Secretario de Estado
Gobierno de los Estados Unidos de América
Su despacho

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este martes sanciones por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo; su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, y los tres hijos de ambos.

Las sanciones impiden la entrada en Estados Unidos de Lobo y su familia, explicó en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.

“Cuando estuvo en el poder, el presidente Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa Lobo se implicó en actos significativos de corrupción mediante fraude y malversación de fondos públicos para su propio beneficio”, aseguró Blinken.

El titular de Exteriores matizó que el expresidente Lobo (2010-2014) “no ha sido condenado todavía” en Honduras y que su esposa “ha sido liberada de prisión y espera un nuevo juicio”, que está previsto que comience esta semana.

No obstante, Blinken opinó que los “actos corruptos” de ambos “socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras”, y se comprometió a seguir “combatiendo la corrupción y el desdén del estado de Derecho que coarta el progreso” en el país centroamericano.

Tanto el expresidente Lobo como su esposa aparecieron en la llamada “lista Engel” que el Departamento de Estado publicó el pasado 1 de julio, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso estadounidense el pasado diciembre.

En esa lista, el Gobierno estadounidense señaló por corrupción a 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, entre ellos 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

A quienes aparezcan en esa lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a ese país, un veto que confirman las sanciones anunciadas este lunes contra Lobo y su esposa, Según lo establecido en la citada ley estadounidense.

Las restricciones también se aplican a los hijos adultos de Lobo y la ex primera dama, Fabio Porfirio Lobo y Ambar Naydee Lobo Bonilla, así como a su hijo menor, explicó Blinken en su comunicado.

Este lunes 26 de abril el Gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana por el papel que han jugado para promover la corrupción en Guatemala.

Estados Unidos sancionó tanto a Gustavo Alejos como a Felipe Alejos, mientras que el Reino Unido, solamente a Felipe Alejos.

Según un comunicado de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken., Gustavo Alejos y Felipe Alejos buscaron interferir con el proceso de selección judicial para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones de Guatemala.

Gustavo Alejos se desempeñó como jefe de gabinete de la administración presidencial de Álvaro Colom 2008-2012, y Felipe Alejos es un delegado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.

El documento agrega que ambos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

Ley Magnitsky

El comunicado detalla que Gustavo Alejos y Felipe Alejos son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. Para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Según se lee en el comunicado, estas sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción, como parte del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar mejoras en la gobernabilidad en Guatemala.

Hace referencia a que estos esfuerzos son liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Añade que estos compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

La sanción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que detalla la sanción que se aplicará a Gustavo y Felipe Alejos.

La información da cuenta que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos o bienes.

“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el autoenriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, según cita el comunicado.

Agregó que:  “Esta acción sirve para arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscarían frustrar el proceso judicial”.

Reino Unido sanciona a Felipe Alejos

El Reino Unido publicó este lunes 26 de abril su Reglamento Global anticorrupción, con el que sanciona a varios individuos alrededor del mundo, y en el listado incluye a Felipe Alejos Lorenzana.

Según un comunicado de la Embajada Británica en Guatemala, en su capacidad oficial, “Felipe Alejos Lorenzana se desempeñó como intermediario de funcionarios corruptos en un escándalo de corrupción a gran escala que involucró a la Administración Tributaria de Guatemala. Su conducta socavó la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza en Guatemala. Las sanciones incluyen la congelación de activos y prohibición de viajar”.

Esta designación se realiza en virtud del Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 del Reino Unido, lanzado este día y puesto en marcha para prevenir y combatir la corrupción grave. El Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 es legislación secundaria establecida en virtud de la Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 y estos reglamentos han reemplazado el sistema de sanciones de la UE.

La Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 establece que, en los casos en que el Secretario de Relaciones Exteriores “tenga información fidedigna que funcionarios de gobiernos extranjeros hayan estado involucrados en actos de corrupción significativa, se prevenga a los involucrados en hechos graves de corrupción, como Felipe Alejos Lorenzana, de entrar en el Reino Unido, así como impedir que sus activos puedan negociarse en el Reino Unido”.

El documento agrega que las acciones del Reino Unido apoyan los intereses de seguridad pública del Reino Unido y envían un fuerte mensaje político de que el Reino Unido considera que esta conducta es inaceptable.

Aclara que estas sanciones globales anticorrupción van dirigidas a personas, no a países y que actualmente el Reino Unido no tiene otras sanciones contra ciudadanos guatemaltecos.

“Estas medidas se han tomado en parte conjuntamente con los Estados Unidos, que hoy también anuncian nuevas sanciones por corrupción. Actuar juntos envía la señal más clara posible de que la corrupción tiene un alto precio”, cita el comunicado.

Agrega que el Reino Unido sigue apoyando iniciativas que se alinean con sus propios valores de democracia, el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho y que continuarán trabajando con Guatemala para fortalecer la relación económica bilateral y abordar otros temas de máxima prioridad, como enfrentar el cambio climático y seguir promoviendo la buena gobernanza.