Las mujeres argentinas seguirán sin poder abortar libremente tras el rechazo del Senado al proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo.

El aborto en Argentina solo se permite si el embarazo pone en peligro la vida de la madre, o si se produjo como consecuencia de una violación y la mujer embarazada es “idiota o demente”, según el código penal del país.

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De esta forma, Argentina se mantiene en la lista de países que solo permiten el aborto en condiciones excepcionales.

Solo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por sus leyes.

En cambio, los códigos penales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haitíprohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.

Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Belice solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corra peligro.

Un abanico de condiciones según el país

En el resto de América Latina todos los estados incorporan causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre. Aunque hay matices.

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Países como Argentina y Ecuador solo añaden la posibilidad del aborto en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación a una mujer discapacitada mental.

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Otros países incluyen también en sus códigos penales las variables de violación, inviabilidad del feto —como sucede, entre otros, en Colombia—, incesto y, en el caso de Belice, los factores socioeconómicos.

En México depende de cada estado

En México, cada una de las entidades federativas dispone de su propia legislación sobre el aborto. Las restricciones varían según el estado.

Sin embargo, solo en Ciudad de México está permitido el aborto libre y sin condiciones, durante las 12 primeras semanas de gestación.

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Este miércoles el Senado en Argentina votará uno de los proyectos de ley que más ha dividido al país en la última década: la despenalización del aborto.

Ningún tema ha polarizado tanto a los argentinos desde la aprobación del matrimonio gay en 2010.

Según las encuestas, quienes apoyan la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo son una leve mayoría, pero lo cierto es que en muchas familias, grupos de amigos y hasta en los chats de WhatsApp hay puntos de vista opuestos.

Y nadie permanece ajeno al tema, que se ha colado en todos los ámbitos de la vida. En especial después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto en junio pasado, después de un debate que duró 23 horas y que concluyó con una diferencia de solo cuatro votos a favor.

Se espera que el debate en la Cámara alta sea igual de reñido, aunque -como también ocurrió antes de que se votara en diputados- los pronósticos anticipan que habrá una mayoría de rechazos al proyecto.

Pero si volviera a darse la sorpresa y el proyecto se aprobara, ¿qué significaría concretamente?

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Qué ocurre hoy en día

La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina desde 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal.

En ese entonces todas las causales de aborto estaban penalizadas, algo que se modificó en 1921, cuando se permitió el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de un abuso a una mujer con discapacidad, “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente”.

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Así Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el aborto en ciertas condiciones.

Pasaría casi otro siglo (2012) para que se agregara otra causa no punible de aborto: el embarazo causado por una violación.

No fue a través de un cambio de legislación sino gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció que toda mujer embarazada como resultado de un abuso sexual tiene derecho a acceder a un aborto, sin importar su capacidad intelectual.

El tribunal supremo determinó que no hace falta una autorización judicial previa para acceder a la práctica ni tampoco se debe denunciar la violación. La víctima solamente debe completar una declaración jurada manifestando que su embarazo es producto de un delito.

Como parte de su mismo dictamen la CSJ exhortó al Estado, tanto a nivel nacional como provincial, a que sancione protocolos hospitalarios que garanticen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles.

Si bien el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo tres años más tarde, muchas jurisdicciones aún no han acatado el pedido de la Corte. Y muchos médicos también han alegado razones de conciencia para no practicar los abortos permitidos.

Estos son dos de los motivos por los que los defensores del derecho a abortar consideran que es necesaria una nueva ley.

¿Tendencia?

De aprobarse el aborto en todas las causales Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal, al igual que en casi todos los países desarrollados.

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Y seguiría los pasos de Irlanda, otra nación católica que en mayo pasado despenalizó el aborto.

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Una legalización también podría dar mayor impulso a un proyecto para despenalizar completamente el aborto en la vecina Chile, que en 2017 permitió la interrupción del embarazo en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la mujer y embarazos producto de violación.

Hasta entonces el país sudamericano era uno de solo seis en todo el mundo en los que el aborto está completamente prohibido, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

Tres de esos seis países están en América Latina (El Salvador, Nicaragua y República Dominicana), aunque en la mayor parte de la región el aborto está permitido en ciertos casos.

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Qué dice la norma que se vota en Argentina

El proyecto legislativo que recibió media sanción de la Cámara baja el pasado 14 de junio otorga a toda mujer derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.

Pasado ese período, el aborto solamente es no punible en casos de violación, riesgo a la vida de la madre o mala salud del feto.

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La legislación permite, además, que el aborto pueda realizarse en cualquier hospital o clínica y obliga a los prestadores de salud tanto públicos como privados a cubrir el costo, no solo del procedimiento sino de los medicamentos y de las terapias de apoyo que sean necesarias.

Este es uno de los puntos más polémicos que tiene la ley. Los defensores de la norma aducen que debería ser gratuito porque se trata de un problema de salud pública. Citan las casi 66.000 hospitalizaciones de mujeres que se producen cada año como consecuencia de abortos mal hechos, de acuerdo con cifras oficiales.

Pero quienes se oponen consideran que no es un problema de salud pública ya que las estadísticas también muestran que en la actualidad mueren cerca de 40 mujeres cada año como consecuencia de abortos clandestinos, una cifra mucho menor que otras problemáticas de salud femeninas que no son cubiertas por el Estado.

Incluso algunas personas que están a favor del derecho de la mujer a elegir creen que el sistema de salud público no puede afrontar el gasto de los cerca de medio millón de abortos que, según estiman algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, se realizan en la actualidad cada año en Argentina.

Objeción de conciencia

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Otro de los temas más controvertidos del proyecto de ley de aborto es el de la objeción de conciencia.

Si bien la norma permite que los profesionales de la salud queden eximidos de la obligación de practicar abortos si manifiestan su objeción previamente y por escrito, no permite dicha objeción en caso de que la mujer gestante “requiera atención médica inmediata e impostergable”.

Tampoco permite que un hospital o una clínica se rehúse a realizar la práctica, incluso si es un establecimiento confesional.

“Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario“, especifica en su artículo 11.

Esto llevó a que un grupo de centros de salud católicos denunciara que sus directivos podrían recibir penas de cárcel y el sanatorio incluso podría ser cerrado si se aprueba la ley y ellos no aceptan realizar abortos.

Del otro lado, quienes apoyan el derecho de las mujeres a elegir señalan que si se permite que todo un establecimiento sanitario se rehúse a realizar abortos algunas mujeres, en especial las que viven en zonas con pocos centros de salud, podrían no tener garantizado su acceso a la práctica dentro de las 14 semanas que prevé la ley.

Además, recuerdan que el alto número de objetores de conciencia es uno de los motivos por los cuales muchas niñas y mujeres que fueron violadas hoy no tienen acceso a un aborto seguro, a pesar de que así lo dispone la justicia.

¿Una ley alternativa?

Uno de los escenarios posibles es que el Senado apruebe una ley que permita el aborto, pero que le introduzca varias modificaciones.

El derecho a la objeción de conciencia institucional sería una de ellas.

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Otra sería la reducción del plazo legal para interrumpir el embarazo, que se limitaría a 12 semanas (en vez de las 14 originales).

También se eliminaría las penas para los médicos que se rehúsan a practicar abortos y se habilitaría la producción pública de misoprostol, un medicamento utilizado para interrumpir embarazos.

En caso de que la Cámara alta apruebe esta versión alternativa la norma volvería a la Cámara de Diputados, donde se descuenta que sería sancionada.

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Este escenario sería considerado igualmente un triunfo de los “verdes”, el color con el que se identifican los partidarios del derecho a elegir.

En cambio, si el Senado rechaza cualquier tipo de legalización del aborto habrán ganado los “celestes”, que -con la Iglesia católica al frente- se unen bajo el lema “Salvemos las dos vidas“.

Tal ley viola la Constitución, consideró el alto tribunal en una decisión tomada por una mayoría de cinco jueces contra cuatro.

La ley californiana apuntaba a imponer restricciones a los centenares de “centros de crisis del embarazo”, administrados por cristianos y conservadores, que existen en el estado.

Con el pretexto de asesorar y asistir a las mujeres que no desean quedar embarazadas, estos centros, cuyo personal a menudo utiliza blusas blancas y en los que se puede encontrar material para ecografías obstétricas y ropa para recién nacidos, intentan sobre todo convencerlas de no abortar.

Calificados por sus críticos como “falsas clínicas”, son acusados de hacer creer a las mujeres que pueden disponer en ellos de varias opciones médicas, incluida una operación de interrupción del embarazo.

California impuso a estos organismos privados la obligación de informar a las mujeres que pueden practicarse un aborto o disponer de métodos anticonceptivos de manera gratuita o a precio reducido en otros centros, subvencionados por el Estado.

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Los militantes “Pro vida”, opuestos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, habían denunciado en marzo pasado esta ley de 2015, de inspiración demócrata, argumentando que violaba su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la primera enmienda de la Constitución.

La decisión del martes del máximo tribunal puede tener repercusiones fuera de las fronteras de California, mientras el país conoce un auge de las movilizaciones contra el aborto desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.

El juez conservador Clarence Thomas, que escribió el texto aprobado por la mayoría, señaló que la ley que requiere a los centros informar a las mujeres embarazadas “cómo obtener abortos subsidiados por el Estado”, al tiempo que “trata de disuadir a las mujeres de tomar esa opción (…) altera plenamente el sentido del discurso de los demandantes”.

Pero el togado liberal Stephen Breyer, que formuló la opinión disidente, argumenta que el tribunal ya ha revocado leyes estatales previamente que requieren que los médicos informen a quienes buscan un aborto sobre los servicios de adopción existentes.

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“¿Si un estado puede legalmente requerir a un médico que hable a una mujer decidida a abortar sobre los servicios de adopción, por qué no podría como aquí, requerir un consejero médico para decir a una mujer que busque tratamiento prenatal u otro método reproductivo sobre nacimiento o servicios de aborto?”, se preguntó.

Los grupos contrarios al aborto no vacilaron en celebrar la decisión del tribunal. “California ya no podrá forzar a los centros de embarazo a dar un mensaje que va totalmente contra sus creencias religiosas y su misión de salvar vidas”, dijo Mat Staver, del Liberty Council, una organización cristiana que se opone al aborto.

“La Primera Enmienda protege el derecho a hablar y el derecho a no hablar”, afirma.

El grupo NARAL, que defiende el derecho a decidir ,señala que “el daño que la administración Trump está haciendo a nuestros tribunales y a nuestros derechos perdurará durante generaciones”.

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