La Unión Europea sancionó este viernes 2 de febrero a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el pasado 14 de enero y por socavar la democracia.

Las sanciones también afectan a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); a la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.

Según la Unión Europea, se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Se añade que el Consejo de la Unión Europea sancionó a las cinco personas por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala.

“Los perseguidos son responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, se lee en un comunicado.

“Las personas incluidas en la lista están sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una restricción de viaje, que les impide entrar o transitar por territorios de la UE”, se menciona en el documento.

Se explica que las sanciones son seguimiento a lo establecido el 12 de enero de 2024, de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo de la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala.

“El marco se adoptó antes de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024, a la que asistió el Alto Representante Josep Borrell”, se lee en la información.

“Cuando viajé a la Ciudad de Guatemala, lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales no sólo enviaría fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno, comunidad internacional. La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los responsables”, explicó Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

En la comunicación se menciona que la Unión Europea sigue “plenamente comprometida con el apoyo a la democracia en Guatemala y está dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo en cuestiones clave de interés mutuo, como fortalecer el Estado de derecho, mejorar el desarrollo económico sostenible e inclusivo y promover la justicia social. en beneficio de la población guatemalteca”.

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony Eulalio López Contreras, quien el pasado 10 de enero denunció que un “grupo de narcotraficantes” ordenó asesinarlo, envió un escrito al Ministerio Publico (MP) en el que informa que tiende desconfianza de declarar en la Fiscalía, porque el secretario general, Ángel Pineda, ha sido señalado de tener vínculos con una cuenta de un netcenter.

López confirmó a Prensa Libre el pasado 10 de enero que solicitó seguridad al Ministerio de Gobernación (Mingob) tras haber recibido la advertencia de una embajada acreditada en Guatemala de que había surgido una orden para asesinarlo, un hecho que denunció en el MP, aunque, según el documento enviado a la Fiscalía este martes 16 de enero, no confía en la institución porque “en este momento no se dan las circunstancias de objetividad e imparcialidad”.

El documento enviado por López y dirigido al agente fiscal Julián Sincal Ajuchán, señala que el 11 de enero pasado presentó denuncia ante el MP “contra las personas que dirigen, coordinan e informan a la cuenta X (antes Twitter) Yes Master, derivado que he podido constatar que algunas personas que están detrás de esa cuenta me están vigilando, con el objeto de que se investigue el posible vínculo con el grupo criminal de narcotráfico que me persigue con instrucciones de asesinarme”.

Agrega: “Derivado de lo anterior y, con base en distintas publicaciones en redes sociales y de noticias, se ha expresado en múltiples oportunidades que una de las personas que podría estar vinculado con esa cuenta de Yes Master, es precisamente el actual Secretario General del Ministerio Público, Sr Ángel Pineda, razón por la cual, no tengo la mínima confianza para emitir declaración alguna ante dicha institución, hasta que sea designado en mi caso un fiscal especial y/o cese en su cargo el Secretario General mencionado”.

El escrito de López señala que su desconfianza de declarar en la Fiscalía se debe en parte a que “en este momento no se dan las circunstancias de objetividad e imparcialidad por parte de ese ente investigador; además, porque  dicha cuenta X se ha dedicado a difamarme y calumniarme continuamente”.

“No está de más informarle que en la denuncia que realicé el 11 de enero de los corrientes, expongo con claridad la necesidad que se investigue a las personas que dirigen, coordinan e informan a la cuenta Yes Master, porque a través de dicha cuenta se informa que mi persona se encontraba en una fecha y lugar determinados en el interior del país, circunstancia precisa y cierta, por lo que se puede inferir el seguimiento que se me tiene, con coincidencia y posible coordinación con el grupo criminal del narcotráfico que quiere asesinarme”.

Respecto a lo dicho por López, el MP señaló que “el magistrado suplente Rony López no presentó ninguna denuncia, el Ministerio Público inició una investigación respecto a la información que circuló en redes sociales y solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informe si alguna embajada puso de su conocimiento el hecho”.

Agregó que “si él no desea brindar declaración, está en el derecho el abstenerse, de igual manera, el Ministerio Público tiene la obligación de continuar con la investigación”.

Respecto a Pineda, la Fiscalía dijo que  “en múltiples oportunidades se ha aclarado que no tiene ninguna relación con las cuentas de redes sociales que se mencionan, por lo que, si el magistrado suplente cuenta con pruebas, debe hacerlas del conocimiento del ente investigador. Es importante mencionar que un exdiputado quien realizó señalamientos similares con anterioridad desistió de la denuncia que había presentado manifestando que no le constan dichos hechos”.

“Se invita al magistrado suplente a que confíe en la labor objetiva e imparcial del Ministerio Público, institución de la cual él formó parte como Secretario General y contribuya al esclarecimiento de los hechos como funcionario respetuoso de la ley”, concluye el MP.

Denuncias

El 10 de enero pasado, López informó sobre la existencia de un plan para asesinarlo y señaló que “efectivamente envié la solicitud a Gobernación porque estoy preocupado. Nunca he tenido seguridad, he podido transitar con tranquilidad por las calles del país con mi familia y ahora viene esto, que es algo muy serio y complicado”, comentó López.

“Esta situación la puse en conocimiento del presidente y del pleno de la CC, pero solicité la seguridad porque por ser magistrado suplente no gozo de seguridad institucional”, agregó.

“Es por ello que les solicité, de acuerdo a sus posibilidades, brindarme esa protección gubernamental”, expresó López.

El magistrado no mencionó a qué embajada pertenecía el funcionario que le había alertado por motivos de seguridad.

Explicó que ese funcionario se comunicó con él para alertarle que informantes les habían dicho, en una reunión de un grupo del crimen organizado, vinculado con el narcotráfico, “se había dispuesto una ordenanza para eliminarme físicamente”.

“Lo que más me preocupa es que la advertencia no es sobre una amenaza, sino una instrucción, una ordenanza para asesinarme”, expresó el togado.

López matizó que lo más dramático es cuando el argumento para eliminarlo físicamente es porque no se alinea con las resoluciones que emite en la máxima corte del país.

De acuerdo con el magistrado el personero de la embajada le hizo la advertencia vía telefónica y se la hacía llegar con el objeto de que tomara las medidas pertinentes para resguardarse y, al mismo tiempo, para que solicitara la protección personal correspondiente.

“Las palabras textuales que utilizaron fueron: ´El magistrado que no se alinea es el Rony López, por lo que hay que quebrárselo´”, refirió.

Se solicitó una postura al MP respecto al escrito enviado por López, pero aún no responden.