Anabella de León, exdirectora del Registro de la Propiedad, fue declarada culpable de peculado culposo en el caso de corrupción detectado en la institución que ella dirigía durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Sin embargo, el Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, absolvió a de Léon de peculado de forma continuada y le impuso una multa de Q5 mil.

El proceso duró más de dos años y se retrasó por diversos recursos legales interpuestos por los acusados.

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“No es delito, es una falta, porque es conforme al código anterior y son Q5 mil de multa. Yo lo dije siempre que eran actos administrativos y que no tenían que llegar a lo penal”, manifestó Anabella de León.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, coordinó la detención de Anabella de León el 1 de septiembre de 2017 por el desvío de Q3 millones 374 mil 197.73 a través de 16 plazas fantasma, pagos por servicios no prestados a la institución  y compras anómalas o sobrevaloradas.

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El Tribunal menciona que los contratistas en el renglón 0-29 no son empleados públicos y en lugar de peculado les cambia la calificación a caso especial de estafa y emite pena de 4 años de prisión y multa de Q30 mil a 9 acusados.

A decir del juez, el acusado Ernesto Suray -no vidente- sí fue visto en el Registro General de la Propiedad y lo absuelve de los cargos.

Por este mismo caso fueron juzgados Samuel Everado Morales y José Manuel Morales (hermano e hijo del presidente Jimmy Morales) por simular la entrega de servicios de alimentación al Registro de la Propiedad. Al final de la audiencia ambos fueron absueltos.

Para este lunes está programada la audiencia que daría por concluido el juicio contra el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales.

Tras 719 días de abierto el proceso y sin ningún recurso legal lo evita, el Tribuna Décimo Tercero Penal, leerá hoy la sentencia -condenatoria o absolutoria- contra Anabella de León, Samuel Morales, José Manuel Morales y otras 22 personas más.

Anabella de León es acusada del desvío de Q3 millones 374 mil a través de 16 plazas fantasma, pagos por servicios no prestados a la institución  y compras anómalas o sobrevaloradas.

Por este último rubro fueron acusados José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, por simular un evento de compra de alimentos que en realidad fue utilizado para adquirir canastas navideñas para empleados del Registro General de la Propiedad (RGP).  Para ellos, la Fiscalía solicitó 8 y 11 años de cárcel, respectivamente.

El hijo del mandatario admitió frente a un juzgado, el 20 de enero de 2017, que utilizó facturas por servicios inexistentes y que fueron obtenidas de las empresas de su tío, Samuel Morales, y de un amigo cercano, el diputado de FCN-Nación al Parlamento Centroamericano, Ottmar Sánchez, del restaurante Fulanos y Menganos.

El veredicto se leerá en la megasala de Torre de Tribunales, habilitada para casos de alto impacto.

A su llegada al lugar, Samuel Morales insistió que los señalamientos en su contra son delitos administrativos, por lo que no procede una sentencia penal.

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Por Javier Lainfiesta

De León habría pagado Q200 mil entre 2012 y 2015 a Ernesto Suray Vásquez, un hombre que no solo nunca se presentó a trabajar sino que además tiene discapacidad visual que le impedía realizar las funciones para las que fue contratado, dijo la Fiscalía.

Guillermo Luna Foronda, testigo propuesto por la fiscalía y extrabajador de la Contraloría General de Cuentas, explicó al Tribunal Décimo Tercero de Sentencia que su labor era auditar las compras y contrataciones del Registro.

Entre sus atribuciones estaba la de revisar los informes de actividades de los empleados, que se adjudicaban para justificar las contrataciones. No obstante, Luna le aseguró al tribunal que él no podía constatar la veracidad de esos informes, pues se los remitía el mismo Registro.

La fiscalía buscaba probar que esta debilidad en la inspección permitió a De León contratar personal que no se presentaba a sus labores o que no llenaba las cualidades exigidas para el puesto que tenían.

De esta cuenta, el MP se fijó en Suray Vásquez. El hombre estaba asignado a la Unidad de Archivo de Documentos y entre sus funciones estaba la de revisar los duplicados y timbres legales, pese a que era una persona no vidente.

Además, el MP determinó que Suray Vásquez no se presentó a trabajar, luego de entrevistar a varios miembros de la Unidad de Archivo de Documentos y a quien, según la documentación del Registro, era la jefa inmediata de Suray Vásquez, y ninguno lo ubicó en el que debía ser su puesto.

Desde la dirección del Registro General de la Propiedad (RGP), a cargo de Anabella De León, se autorizaron al menos 15 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución, de acuerdo con las pesquisas.

Vásquez es señalado de los delitos de por peculado por sustracción en la causa penal.

Servicios no prestados

Luna también le aseguró al tribunal que él no participó en ningún convivio o desayuno para empleados porque nunca los hubo.

De acuerdo con el MP, el Registro pagó por servicios que no se realizaron, incluido un banquete para todos los empleados que costó aproximado de Q150 mil y fue facturado a una empresa vinculada con Samuel Everardo Morales Cabrera y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente de la República Jimmy Morales.

En el juicio están involucrados un total de 23 personas.