Amnistía Internacional, organización de derechos humanos, publicó este lunes 28 de noviembre un comunicado de prensa en el que menciona que la exfiscal Virginia Laparra, quien fuese jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, “es una presa de conciencia que ha estado encarcelada injustamente desde hace más de nueves meses como consecuencia de su labor de investigación sobre casos de corrupción en Guatemala”, por lo que exige su liberación.

La petición la hace el día que se prevé que inicie el juicio contra la exfiscal Laparra en el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el medio ambiente de la ciudad de Guatemala.

Laparra está acusada de abuso de autoridad en forma continuada, delito por el cual podría enfrentar una pena de hasta nueve años de cárcel.

“Después de una minuciosa revisión del expediente penal, hemos constatado que la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra presenta serias deficiencias, además de múltiples irregularidades en el manejo del caso”, mencionó Erika Guevara Rosas, directora para la Américas de Amnistía Internacional.

“No solo no hay pruebas sólidas de que haya cometido delito alguno, sino que queda claro que los motivos señalados por el juzgado para rechazar sus solicitudes de continuar el proceso en libertad son arbitrarios”, dijo Guevara Rosas.

La información explica que como parte de la Feci, Laparra lideró investigaciones sobre corrupción y criminalidad a gran escala y que la persecución penal en su contra inició en 2018, después de haber reportado ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial posibles conductas inapropiadas de un juez señalado de filtrar información confidencial de un caso en el cual trabajaba.

Añade que como represalia, este mismo juez presentó dos denuncias penales contra ella, por los mismos hechos: la primera en julio de 2018 en Quetzaltenango y la segunda en agosto de 2019 en la ciudad de Guatemala.

“Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022 al salir de su trabajo en Quezaltenango y desde este momento ha permanecido injustamente en detención preventiva”, se lee en el comunicado.

“Amnistía Internacional manifiesta su honda preocupación por estas deficiencias e irregularidades en el proceso en contra de Virginia Laparra, que incluyen la falta de fundamentación sobre el presunto ilícito, la persecución penal contra la exfiscal por los mismos hechos ante dos jueces distintos y la instrumentalización del proceso penal para mantenerla privada de la libertad sin razón fundada, entre otros”, se lee.

Añade que “la organización concluye que se han violado los derechos de la exfiscal Laparra a al debido proceso y un juicio justo, lo que además constituye una detención arbitraria motivada por su labor de investigación de casos de corrupción. Estos elementos, junto con las virulentas campañas de estigmatización en redes sociales, son muestra característica de los patrones de criminalización que Amnistía Internacional ha documentado por años en el país”.

“Virginia Laparra está siendo perseguida únicamente por el ejercicio independiente de su función como fiscal, por lo que Amnistía Internacional considera se trata de una presa de conciencia que debe ser liberada inmediata e incondicionalmente. Es intolerable que las más altas autoridades guatemaltecas hayan permitido la instrumentalización de este caso por partes de los detractores de la lucha contra la impunidad y la corrupción. La persecución penal infundada de operadores de justicia que han tenido un rol destacado en esta lucha debe cesar de inmediato” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional afirma que estará siguiendo el desarrollo del juicio en contra de la exfiscal Virginia Laparra en los próximos días. La organización solicita al Ministerio Público que desista de los cargos en su contra y que requiera su inmediata e incondicional libertad.

Representantes de diversas organizaciones nacionales y extranjeras han fijado su postura en las últimas horas para rechazar la aprobación del Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 8 de marzo, pues consideran que viola los derechos humanos, fomenta el odio y la discriminación y además no protege a la familia ni a la vida.  

El pasado 8 de marzo, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género. La ley puede ser sancionada o vetada por el presidente Alejandro Giammattei. 

Un día después, Guatemala fue declarada como Capital Provida de Iberoamérica por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un acto en la Plaza de la Constitución, en el día en que el gobierno de Alejandro Giammattei también declaró como Día por la Vida y la Familia, develó un monumento en el que ahora se denomina Patio de la Vida en el Palacio Nacional de la Cultura.   

El día de la aprobación del el Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, distintas organizaciones del país expresaron su rechazo a la nueva legislación pues la consideran violatoria de muchos derechos humanos.  

La nueva ley contra el aborto y las minorías aprobada en Guatemala “es una grave amenaza para la vida de las mujeres y las personas LGBTI”, aseguró la organización humanitaria británica Amnistía Internacional (AI), en un comunicado que publicaron este 10 de marzo.

Explican que la normativa “fomentará el odio y la discriminación”, además de que “no protegerá a las familias ni a las vidas” y pondrá “en peligro la vida y los derechos de innumerables personas”, puntualizó Erika Guevara Rosas, directora de América para AI, en el comunicado.

De acuerdo a la representante de la organización internacional, es “perturbador” que “el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en le país”.

La ley aprobada eleva las penas de cárcel para los abortos en Guatemala y busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”, según un cable de la Agencia EFE.

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente Alejandro Giammattei. En contra de la ley votaron 8 legisladores y otros 50 no emitieron voto.

La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 hasta su aprobación el martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.

De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.

“Criminalización” de mujeres

La directora de América para Amnistía Internacional añadió que “Guatemala ya sufre unos niveles escandalosos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+”.

“Al criminalizar los abortos espontáneos, prohibir que las escuelas enseñen a los estudiantes sobre las relaciones no-heterosexuales y sancionar la discriminación por motivos de orientación sexual, el Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, añadió Guevara Rosas.

Insta al veto presidencial

De acuerdo a AI, la nueva normativa es una “grave amenaza” para las mujeres e instó a Giammattei a que vete la puesta en vigor de la nueva ley.

Por su parte, la organización International Planned Parenthood Federation (IPPF), emitió un comunicado en el que se pronunció por la aprobación del decreto 18-202, Ley de Protección de la Vida y la Familia. 

Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF para las Américas y el Caribe, dijo: “Es preocupante que, en el Día Internacional de la Mujer de 2022, el Congreso de Guatemala aprobara una ley que vulnera totalmente los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas marginadas”. 

Agregó que al penalizar el aborto, se corre el riesgo de encarcelar a mujeres y niñas vulnerables que han sufrido violencia sexual o han sufrido la pérdida de un embarazo. “Por Al limitar gravemente el acceso a la atención segura y posterior al aborto, la ley indudablemente conducirá a un aumento de los abortos inseguros y a una disminución de la atención prenatal, lo que provocará discapacidades de por vida para algunas mujeres y un aumento de las muertes maternas”, dice el comunicado.  

“Al mismo tiempo, al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, limitar la educación sexual integral y permitir la discriminación de la diversidad sexual, el gobierno guatemalteco está creando una sociedad que fomenta la mala educación, el estigma, la intolerancia y la homofobia y alimenta la persecución de LGBTI y no- personas binarias”, se lee en el documento. 

Condena  

“IPPF condena enérgicamente la aprobación de esta ley arcaica y exige que el gobierno guatemalteco cumpla con los acuerdos internacionales de derechos humanos. Nos solidarizamos con las personas afectadas en Guatemala y las organizaciones que trabajan incansablemente para garantizar que todas las personas tengan la libertad de tomar sus propias decisiones”, concluye el comunicado.  

El pasado 2 de noviembre de 2020, el Ministerio de Gobernación publicó en el Diario de Centro América la autorización para la sucursal de Planned Parenthood Global Guatemala LLC y eso desató una gran polémica en redes sociales y entre diversos sectores del país, puesto que esta organización está vinculada con promover el aborto. 

Ese mismo día, el presidente Alejandro Giammattei dijo que el Gobierno derogaría esa autorización, lo cual cumplió el 4 de noviembre cuando el Ministerio de Gobernación publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Ministerial 385-2020 con el cual derogó el 231-2020 en el cual autorizó a la entidad extranjera de carácter no lucrativo Planned Parenthood Global Guatemala LLC, para que pudiera establecer una sucursal en el país.

Organización llama revisar la ley

La Asociación la Familia Importa (AFI), emitió un comunicado de prensa refiriéndose al tema y señaló los siguientes puntos:  

1. Que ratificamos que Guatemala se ha caracterizado por ser un referente en materia de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y de la institución familiar como base de la sociedad, desde una perspectiva jurídica y social. Como sociedad democrática, hemos realizado grandes avances gracias al trabajo en conjunto de la sociedad civil, las instituciones del Estado y diversos sectores de la ciudadanía.
2. Reiteramos la postura que AFI ha sostenido desde el primer momento en que esta iniciativa fue presentada en el Organismo Legislativo, pues es indispensable que toda ley respete la Constitución Política de la República, así como los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos. Esta postura fue directamente comunicada a los congresistas ponentes de la misma y publicada en diferentes canales de comunicación.
3. Reconocemos la labor de los congresistas, quienes, en un legítimo afán por proteger, mediante la legislación, aquellas instituciones por las cuales el Estado guatemalteco existe y subsiste, han aprobado el respectivo proyecto de ley, haciendo al mismo tiempo un llamado urgente para que tan importante labor se continúe haciendo en armonía con las garantías individuales recogidas en nuestra Carta Magna y en diversos tratados suscritos y ratificados por el país.

Solicitan revisión de la ley 

“Respetuosamente solicitamos al presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattel que en adecuado uso del derecho de veto, -prerrogativa que en virtud de su cargo desempeña en el proceso de creación de las leyes ordinarias de nuestro país-, realice un exhaustivo análisis técnico-jurídico del contenido del decreto 18-2022, de tal forma que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos, sea por razón de su contenido o de la ambigüedad o falta de precisión en su interpretación y posible aplicación”, cita el comunicado. 

 Añade que Giammattei honrando tanto su cargo, como la responsabilidad que ostenta frente a cada guatemalteco y guatemalteca, no puede sancionar ni promulgar dicho decreto, en tanto no se tenga la plena certeza jurídica de que el contenido completo del mismo se encuentra apegado a Derecho y está en armonía tanto con la Constitución Política de la República, como con los respectivos Instrumentos internacionales aceptados y ratificados por el país. 

“Reiteramos, con especial urgencia, nuestro compromiso de velar por el fortalecimiento y defensa del Estado de Derecho guatemalteco, mismo que tiene su verdadero cimiento en los derechos fundamentales de cada ciudadano, la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la dignidad humana reconocida a todos los guatemaltecos, sin distinción alguna”, concluye el comunicado.  

Protestan frente al Congreso 

Ciudadanos e integrantes de varias organizaciones manifestaron este jueves 10 de marzo su rechazo a la publicación del decreto 18-2022, Ley de la Vida y la Familia.  

Con banderas, instrumentos musicales y consignas, los manifestantes exigían la derogación de dicha ley, pues la consideran violatoria de los derechos humanos.  

Agentes de la Policía Nacional Civil rodearon el edificio del Organismo Legislativo y luego el acceso en las avenidas cercanas.  

Diputados buscan que ley sea archivada 

Diputados de oposición presentaron una serie de objeciones a la Ley de Protección de la Vida y la Familia y buscan que esta sea archivada.  

Consideran que la ley tiene violaciones a los principios fundamentales de Libertad de Expresión y Conciencia que protege la Constitución Política de la República en el artículo 35, pues se menciona en la nueva ley la frase “que ante la existencia de grupos minoritarios y pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”, y no se reconoce que existen otras prácticas religiosas de conciencia en el país.  

#Ahora | Diputados de oposición presentan una serie de objeciones a la Ley de Protección de la Vida y la Familia. Buscan que la ley sea archivada. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/vNrYi9uQli

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 10, 2022