Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), una agencia especializada de la ONU, hizo esta advertencia en el marco de la XIV Convención Internacional sobre Medioambiente y Desarrollo que se celebra esta semana en La Habana.

“Tenemos que adaptarnos al cambio climático, porque esta tendencia negativa en los patrones meteorológicos va a seguir hasta la década de los 60 hagamos lo que hagamos, lo que significa que veremos más olas de calor, veremos más inundaciones, sequías, y huracanes más intensos“, señaló Taalas.

Entre estas medidas de adaptación se encuentra el establecimiento en todos los países de América Latina y el Caribe de sistemas de alerta temprana, porque en la actualidad “solo una fracción” de las naciones de esta región cuentan con tecnología apropiada en este ámbito.

Según la OMM, agregó, estos sistemas deben servir para detectar “múltiples peligros”, incluyendo “riesgos meteorológicos, hidrológicos, geofísicos y oceánicos”, pero además deben prever el impacto de estos fenómenos en “la agricultura, la seguridad pública, el transporte, la salud pública y el sector energético”.

Aquí, añadió que algunos países necesitan mejores sistemas de medición meteorológica, ámbito en el que podrían cooperar las economías industrializadas, aportando tecnología más actual.

“Tenemos que mejorar la situación en esta región, especialmente en los países caribeños”, agregó Taalas, quien subrayó que los países más vulnerables son los estados isla del Caribe -por las tormentas tropicales y la subida del nivel del mar- y Brasil, por la cuestión de la deforestación.

According to our latest #StateOfClimate report, Latin America and the Caribbean have experienced the highest recorded rate of warming over the past 30 years, with temperatures increasing by an average of 0.2° Celsius per decade.

https://t.co/janxnIjzLY pic.twitter.com/nhYFKL6XCF

— World Meteorological Organization (@WMO) July 5, 2023

El secretario general de la OMM afirmó que es “casi seguro” que en los próximos cinco años se romperá el récord global de temperaturas y agregó que recientemente ya se han estado marcando registros históricos diarios.

Según Taalas, los estudios científicos indican que hay un 66% de probabilidad de que en los próximos cinco años se supere ya, de forma puntual, el límite de 1.5 grados centígrados de subida de las temperaturas con respecto a los niveles preindustriales, uno de los límites que se marca el Acuerdo de París contra el calentamiento global.

“Ha habido un aceleramiento del cambio climático” en América Latina y el Caribe, afirmó el secretario general de la OMM, quien alertó de los “crecientes impactos” del calentamiento global, que se traducen en pérdidas humanas y económicas.

En cuanto a la mitigación de los efectos del crisis climática, Taalas abogó por “dejar de emplear combustibles fósiles” y, en esta parte del mundo especialmente, “dejar de deforestar la Amazonía”, dos cuestiones que elevan el CO2 en la atmósfera, uno de los principales contribuyentes al calentamiento global.

Taalas presentó en la convención de La Habana el tercer informe anual de la OMM sobre el estado del clima en América Latina y el Caribe, que asegura que las sequías, los ciclones, el deshielo de glaciares y los incendios forestales se están agravando en la región.

La OMM indica que esto está atizando un “circulo vicioso” que acelera el calentamiento global en una zona especialmente vulnerable y llamó a los gobiernos de la región a tomar medidas para que “los sistemas de alerta temprana se fortalezcan y lleguen a las comunidades que más los necesitan”.

Extreme weather and climate shocks are becoming more acute in Latin America and the Caribbean as the long-term warming trend and sea level rise accelerate, according to our latest #StateOfClimate report.

Press Release: https://t.co/X9WuZL8p4L pic.twitter.com/4PWJPrE8kX

— World Meteorological Organization (@WMO) July 5, 2023

En informe registró el año pasado “78 peligros meteorológicos, hidrológicos y climáticos”, principalmente tormentas e inundaciones, pero también huracanes, sequías e incendios forestales que dejaron al menos mil 153 víctimas mortales documentadas y daños económicos por valor al menos US$9 mil millones.

El documento destaca los daños causados en el 2022 por los huracanes Iona, Lisa e Ian, las lluvias en la brasileña Petropolis (con 230 muertes), la sequía en la cuenca del Paraná-Plata (la peor desde 1944), la megasequía de 14 años en Chile y los incendios forestales en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile (con las emisiones de CO2 que suponen).

“Personalmente, tengo mis problemas con la autoridad, pero con The Speed Project (Proyecto Velocidad) nos están representando a todos en cada interacción”.

“Así que, sean amables, cooperen. Y cuando les pregunten qué están haciendo, simplemente digan: ‘Oh, somos un grupo de amigos corriendo a Las Vegas'”.

“No tienen por qué saber nada más ni nada menos”.

Arend está sentado en un bar en el norte de Londres explicando las reglas de base de una de las carreras extremas más cotizadas del mundo.

Ser amable, pero discreto, frente a la ley es parte de las instrucciones que imparte antes del inicio de The Speed Project (TSP), una carrera de 560 kilómetros entre Los Ángeles y Las Vegas, a través del Valle de la Muerte, que no está regulada ni tiene patrocinadores.

Tampoco tiene un sitio web, ni un botón que diga “regístrate aquí”, ni reglas, ni una ruta especial, nada de espectadores y, hasta una semana antes, ninguna fecha oficial de largada.

Es el equivalente de “El club de la pelea” (la película sobre peleas clandestinas) para el mundo de los corredores, creado en la imagen de su fundador.

Antes de dedicarse a correr maratones, cuando se mudó a Los Ángeles a mediados de los 2000, Arend organizó una fiesta rave en un burdel que le prestaron en el distrito de tolerancia de Hamburgo, Alemania.

A pesar del estatus clandestino de la carrera, en la línea de largada se presentan gran número de los atletas más rápidos del mundo y algunas de las mayores marcas deportivas.

Pero, ¿cómo es que coinciden en llegar allá? Pues, bien, esa es una larga historia que está envuelta en secreto.

Motivación

Arend corrió la ruta por primera vez en 2013 haciendo relevos con cinco amigos, tres hombres y dos mujeres. Ese formato de competencia se conoce ahora como la manera original de correr esta travesía (OG).

Desde entonces, se han añadido tres categorías más, incluyendo, increíblemente, una modalidad en solitario en la que el corredor extremo británico James Poole ha competido en los dos últimos años.

“Es difícil no sonar muy mojigato, moralizante, o que todos los demás están haciendo las cosas mal”, dice Poole que, en 2023, completó la carrera en menos de 119 horas, acampando en edificios abandonados rodeados de cartuchos de balas y alimentándose únicamente de la comida y la bebida de estaciones de gasolina a lo largo de la carretera.

“Pero creo que una vez que tienes una caja llena de medallas que nunca volverás a ver y una colección de camisetas que no significan nada para ti, el volverte autónomo es la manera más pura de practicar algo que amas”.

Arend comparte el mismo amor por lo excéntrico. Y una completa aversión al estilo formal de las competencias de carreras de larga distancia.

“Cuando me mudé a Los Ángeles, corrí un par de maratones”, cuenta. “Pero me sentí tan fuera de lugar. Como que no era mi clase de gente”.

“Así que el siguiente acto de todo eso para mí fue empezar a hacer mis propias cosas. Creamos un lugar seguro para que todos lleguen tal y como son. Ningún maratón puede hacer eso. Podrían. Pero no lo van a hacer. Ellos simplemente están dirigiendo su propio programa como hace 25 años”, señala.

“Hay dos niveles de motivación de por qué las personas están atraídas al TSP”.

“Uno es, ‘bueno, quiero ir allá, competir y romperla’ y otros dicen, ‘voy a utilizar TSP y su comunidad para amplificar mi voz, mi misión, la causa que persigo’. Siempre y cuando se alineen con lo que es nuestra comunidad, son exactamente los que queremos”.

Paradojas

La mayoría de las marcas deportivas del mundo quieren ser parte de la visión de Arend.

The Speed Project celebró su décimo aniversario este año y la lista de marcas comerciales que han enviado equipos integran la élite de este deporte, desde Nike a Tracksmith, desde New Balance a On Running.

Su presencia en la más discreta de las discretas largadas -la carrera empieza a las 04:00 de la madrugada en el muelle de Santa Mónica (condado de Los Ángeles)- es una de muchas paradojas de un evento que igualmente invita y rehúye la publicidad al mismo tiempo.

A pesar de estar despojado de todas las vestiduras de las carreras de alto perfil, la atracción del TPS para las grandes marcas se ha disparado.

Poole entiende esa extraña ironía más que muchos otros.

Los patrocinadores de este corredor de 47 años realizaron un cortometraje del evento en 2022, acompañándolo en un autocaravana para asistir con el reabastecimiento, el sueño y la navegación.

Este año, sin embargo, corrió el evento completamente sin apoyo, el único participante en hacerlo. Una decisión que hasta el mismo Arend consideró una “locura”.

Significaba que Poole era responsable de no sólo correr más de 500 kilómetros atravesando condiciones inmensamente variables -pasó la mayoría del trayecto de 2023 envuelto en una chaqueta y pantalones por las atípicas bajas temperaturas y tormentas de nieve- también estaba encargado de orientarse y buscar su alimento y lugares para dormir.

Cómo lidiar con la monotonía

“Tengo un par de molestias a causa del TSP, pero estoy seguro que estaré bien”, dice.

Han pasado dos semanas desde que regresó de Los Ángeles, y Poole y yo estamos corriendo 10 kilómetros a los largo del Canal Regent (en el norte de Londres) y sus otras rutas habituales en el este de la ciudad.

Después de abordar casualmente en la conversación el plan que tiene de correr un maratón dentro de unos pocos días, Poole trata de explicar la atracción de los 560 kilómetros del TSP y la ruta que, a primera vista, es famosa por su monotonía.

Parte del trayecto en 2023 lo llevó por la carretera Yermo, un tramo recto de 120 kilómetros de pavimento sin una sola curva.

“Corres durante seis horas y estás en la misma carretera”, señala. “Corres otras seis y sigues en la misma carretera”.

“Si estás corriendo 120 kilómetros al día, como lo hice yo, entonces te pasas el día entero en la misma carretera sin doblar una sola vez”.

Paula Radcliffe, legendaria fondista británica, solía contar hasta 100 repetidamente en su cabeza durante los maratones que corría.

“Te puedes imaginar cuántas veces estaría contando hasta 100 si hiciera lo mismo”, pregunta Poole riéndose. “Creo que lo importante es simplemente estar en el presente. Y eso es lo que creo que hace Paula contando hasta 100, no estár pensando en el futuro”.

“Tienes que estar disfrutando del momento lo más que puedas. Si empiezas a pensar a los 80 kilómetros que te faltan 400 o más, eso te revienta la cabeza”.

Poole, que llevó una cámara durante la carrera y captó algunas de las imágenes en este artículo, continúa: “La ruta del TSP es de algún modo bella en su estilo brutal. Hay belleza en todas partes. Todo depende de cómo lo veas. Las estaciones de gasolina son lo más feo que hay, pero son hermosas cuando llegas a ellas”.

“Para un británico, no tenemos espacios amplios como esos o los viejos pueblos fantasma estadounidenses”, comenta.

“Podía dormir en edificios abandonados, como lo hice, algo que es difícil en Reino Unido”.

Y, ¿qué tan miedoso es?.

“Un poco”, responde. “Cuando duermes en edificios rodeados de cartuchos de bala, piensas: ‘¿Qué tan seguro es esto?'”.

“Recuerdo ver el año pasado un automóvil lleno de huecos de bala, pero tenía un sillón en la parte de atrás y, estaba tan cansado, que consideré echarme a dormir allí pero decidí que era una idea estúpida”.

“Obviamente había gente que lo utilizaba para practicar el tiro al blanco. ¿Te puedes imaginar?”.

Alternativa a lo ordinario

A primera vista, el proceso de Arend de empezar organizando fiestas rave clandestinas en Hamburgo a liderar una carrera de ultra de resistencia en Los Ángeles podría parecer improbable.

Pero él insiste en que hay un vínculo entre las dos.

“Es lo mismo, es un deporte de resistencia para la gente, muchos que han dejado la vida nocturna”, explica. “Muchas personas que tenían problemas, alcohol, drogas, lo que fuera, se encuentran a sí mismas en ese deporte y nosotros estamos creando el entorno donde se pueden sentir comprendidas”.

Poole se siente igual, insistiendo en que la carrera TSP debería ser entendida como un botón de reinicio para tomar distancia de las normas sociales. Es un retiro extremo, pero consciente, en el desierto, lejos de la monotonía de la vida de 9 a 5″.

“Hay un cierto placer de ser autosuficiente [en el TSP] y velar por ti mismo sin necesitar a nadie”, afirma Poole.

“Hoy en día, todo es bastante fácil, ¿cierto? Vivimos en un mundo de conveniencia, particularmente en Reino Unido y EE.UU.”.

“Puedes tener tu comida llevada por Deliveroo [un servicio a domicilio]. No tienes que salir de tu casa”.

“Este es el otro extremo. Nadie te trae nada. No lo tienes hasta que no lo encuentres. Y si el local está cerrado, así es como funciona”.

Sobrepasando los límites

De eso Poole sabe mucho.

Frecuentemente hubo tramos en la carrera de este año en los que tuvo que aguantar entre ocho y 10 horas sin una opción para reabastecerse de comida o agua.

Arend también conoce, y se deleita, de esa sensación de escape y de sobrepasar los límites de la resistencia física.

De hecho, si se pueden creer los rumores, el aguantar entre ocho y 10 horas sin comida o agua será un ligero paseo comparado a lo que tiene planeado.

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¿The Speed Project en América Latina?

En nuestra conversación, Poole deja escapar el dato que Arend está pensando en llevar una carrera al estilo The Speed Project a Chile este noviembre.

Será parecida al TSP en términos de distancia y ética, pero mucho más extrema dado que enviaría a los corredores a atravesar todo el desierto de Atacama, uno de los ambientes más severos del mundo.

Una carrera por Atacama tendría cero opciones de reabastecimiento. Los equipos tendrían que ser completamente autosuficientes, llevando todo su equipo en camionetas todoterreno dadas las características del lugar.

Arend es evasivo cuando le pregunto sobre otros planes. “Esta es una pregunta difícil”, responde. “Estamos explorando otros elementos”.

“Siempre me estoy embarcando en mis propias aventuras y, de la misma manera como nació TSP, si me encuentro en una aventura que pienso que vale la pena compartir con la comunidad, continuaré haciendo eso”.

Pero Poole es menos ambiguo.

Si Arend lleva la carrera al Atacama, él será el primero que pondrá su nombre en la lista, a pesar de los riesgos. ¿Por qué?

“Lo que no entiendo es la gente que corre el maratón de Londres una y otra vez y se la pasan el resto de sus vidas activas tratando de rebanar cinco segundos de un tiempo que no le importa a nadie”, sostiene.

“Mi respuesta a eso es que dejes de estar persiguiendo esa cosa que no es importante y ve a hacer algo que es emocionante”.

“Hay muchas razones sutiles para no hacer este tipo de cosas como el TSP. Pero, al final, la respuesta concisa, algo obtusa, de por qué hacer estas cosas es porque puedes. Y si puedes, ¿por qué no intentarlo?”.

Con las cicatrices que ha dejado la ola inflacionaria mundial, los salarios han perdido poder adquisitivo, mientras el costo del crédito ha aumentado a niveles récord.

Como es más caro comprar una vivienda con un préstamo hipotecario por el frenético aumento en las tasas de interés, muchos prefieren arrendar y eso empuja el precio de los alquileres hacia arriba.

Aunque los mayores aumentos han ocurrido en el último año, la tendencia alcista comenzó al terminar la pandemia de covid-19.

“Una parte de los precios altos se explica como una recuperación después de su caída durante la pandemia”, le dice a BBC Mundo Vinicius Oike, analista del Grupo QuintoAndar.

“Los precios bajaron y subieron siguiendo la forma de una U”, apunta.

Pero hay ciudades, apunta, donde los valores sí han escalado mucho más arriba de una simple recuperación.

Según los datos que maneja QuintoAndar, considerando los precios publicados en los avisos de plataformas online, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, el costo promedio de arrendar un departamento subió en Buenos Aires 126%, en Ciudad de México 12%, en Sao Paulo 11,2%, en Quito 10,9%, en Ciudad de Panamá también 10,9% y en Lima 6,3%.

“Es la ley de la selva”

Con una inflación interanual de casi 109%, Argentina es el país más afectado del Cono Sur.

“Me cuesta muchísimo pagar el alquiler”, cuenta Paula Serenelli, jefa de hogar de 35 años que vive junto a su hijo en Villa Lugano, Buenos Aires.

“El año pasado me lo subieron 90% y este año vendría otro aumento mayor. Esto es una barbaridad“.

Algo parecido le ocurrió a Gastón Levy, de 38 años, que vive en Palermo, una zona de Buenos Aires con alto poder adquisitivo donde no es extraño que la renta supere la subida de la inflación.

“A mi me subieron 87%, que es bueno si lo mirás con respecto a la inflación que fue más alta”, dice. “Pero otra gente cae en el típico aumento del 60% cada seis meses”.

Si bien existe una ley que regula el mercado de los alquileres, “en la práctica no funciona”, dice Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación de Inquilinos. “Es la ley de la selva el alquiler en Argentina”.

Expertos pronostican que en la medida que no baje la inflación del país, tampoco bajarán los precios de la renta en Buenos Aires.

En el resto de las mayores economías de la región, la escalada inflacionaria está golpeando con fuerza a las familias, pero muy lejos de los dramáticos niveles que experimenta Argentina.

“Estoy buscando para rentar y está difícil”

En México, donde la inflación ha estado rondando el 10%, el precio de las rentas en la capital ha seguido una tendencia similar o un poco superior al aumento general del costo de vida.

“Las rentas se han ajustado entre un 10% y un 15% promedio”, dice Leonardo González, analista inmobiliario de la firma propiedades.com, refiriéndose al aumento de los valores.

El incremento de precios se explica, según González, por el aumento general de la inflación, una menor demanda por créditos hipotecarios (lo que hace que más personas busquen alquilar) y una creciente preferencia por las viviendas con más espacio para trabajar desde casa.

En barrios muy específicos de la capital, donde viven personas con mayor poder adquisitivo, los incrementos en el precio de la renta han subido a niveles de hasta 40%, cuenta el experto.

Esa escalada se relaciona con la llegada de los “nómadas digitales” que, en muchos casos, reciben salarios en dólares.

Los barrios más céntricos se están “gentrificando”, dice Óscar García, quien vive en Colonia del Valle y cuyo departamento subió un 30%.

“Estoy buscando para rentar y está difícil”, cuenta, porque han llegado muchos extranjeros que pueden pagar altos precios y hay viviendas que se rentan exclusivamente para Airbnb.

Las proyecciones de expertos apuntan a que el precio de la renta en Ciudad de México seguirá aumentando.

“2023 se va a caracterizar por una tendencia alcista de precios. Proyectamos un aumento promedio del 12%“, dice González, aunque advierte, depende mucho de qué pase con la inflación general del país.

En otras capitales de Latinoamérica los aumentos en el precio del alquiler han sido menores.

Menos que el IPC

Cuando se renueva el contrato de arriendo en Colombia, el precio debería subir según la tasa de inflación registrada en diciembre del año inmediatamente anterior.

Si esa norma se cumpliera siempre, entonces los valores actuales deberían experimentar una subida del 13%, que fue el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de diciembre de 2022.

Sin embargo, en la práctica, se dan negociaciones que habitualmente no siguen esa tendencia.

El problema, señalan quienes se dedican al negocio de la renta, es que muchas veces salen perdiendo los propietarios de una vivienda al bajar los precios, especialmente cuando el arriendo es fundamental para sus ingresos.

“Para muchas personas lo que reciben del arriendo es su pensión”, cuenta Liliana Báez, agente inmobiliaria independiente en Bogotá.

“Nos ha tocado hacer acuerdos con los arrendatarios y no subir el IPC completo”, explica.

La otra cara de la moneda son los arrendatarios que no tienen cómo pagar una subida del 13% en el precio de su alquiler.

Finalmente la negociación es la que define el aumento de precio real, señala Sergio Olarte, economista principal del banco Scotiabank Colpatria.

Aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, no ha publicado datos de precios de arriendos separados por ciudades, Olarte estima que Bogotá ha seguido la tendencia a nivel nacional, con un incremento cercano al 7%.

El comportamiento de los precios a futuro dependerá en gran medida de lo que ocurra con la inflación general del país.

El boom de los microapartamentos

Entre las megaciudades de Latinoamérica está Sao Paulo, el mayor centro comercial y financiero de Brasil.

Ahí el valor de los arriendos ha subido cerca de un 11% en el último año, según la empresa Grupo QuintoAndar.

Después de la pandemia, se produjo una especie de boom de las propiedades en Sao Paulo, tanto en el mercado de venta como en el de alquileres.

Las personas, especialmente los más jóvenes, se han volcado a conseguir los llamados microapartamentos, que pueden tener hasta menos de 30 metros cuadrados y que suelen estar construidos cerca de las estaciones de metro.

Estos microapartamentos, pese a tener un mínimo espacio habitacional, son costosos porque los clientes prefieren pagar por una buena ubicación que les permita evitar los atascos en el tráfico.

Y mirando hacia el futuro, los expertos plantean que es probable que su valor continúe aumentando por la falta de suelo disponible para construir en las zonas más apetecidas.

Si hay pocos terrenos disponibles y mucha demanda, el resultado es un aumento en los valores de la venta y el alquiler.

“Es casi imposible que los precios no sigan subiendo”

Pese a la crisis política y económica que atraviesa Perú, los precios en el mercado de alquileres en Lima no han caído.

La subida es menor en comparación a otras ciudades latinoamericanas, pero la tendencia promedio continúa al alza, a pesar de las grandes diferencias que existen entre un distrito y otro.

“Durante este año todos los distritos están en precios por arriba de la pre-pandemia”, explica Luciano Barredo, gerente de Marketing de la empresa Grupo Navent.

Al analizar los precios ofrecidos en los anuncios de alquiler, la subida promedio del último año en Lima llega a un 6,3%.

Sin embargo, señala Barredo, el valor publicado en los anuncios suele bajar producto de las negociaciones.

Entonces, teniendo eso en mente, la subida en Lima se acerca más bien a un 2,8%, explica el especialista.

En este fenómeno, argumenta, influyen factores como la inflación general -que el año pasado cerró en un 8%-, la baja en la venta de casas por las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios, el tipo de cambio y el contexto político del país que ha generado incertidumbre.

A este panorama también se suma que “en Lima Metropolitana hay muy pocos terrenos disponibles y los materiales de construcción han subido mucho de precio después de la pandemia”, dice Barredo.

En ese contexto, “es casi imposible que los precios no sigan subiendo”.

Santiago: por debajo de la inflación

Con un nivel de inflación cercano al 10% en abril, el valor de los alquileres no ha seguido esa tendencia en la capital de Chile.

“El precio del arriendo creció mucho menos que la inflación”, dice Daniel Serey, gerente de Estudios del portal inmobiliario TOCTOC.

“Para el bolsillo de las personas el metro cuadrado de arriendo subió un 2,1%, pero si lo miramos desde otro punto de vista, el precio en realidad cayó”, afirma Serey.

¿Cómo se explica esa divergencia? El analista argumenta que en Chile muchos arriendos se fijan en relación a cuánto sube o baja una unidad de medición llamada Unidad de Fomento, más conocida como la UF.

Entonces, “si corregimos el precio del arriendo por la inflación y lo pasamos a UF, en realidad el precio cayó 9,5%”.

Como sea que se miren los números, el punto es que en Santiago el valor de los alquileres no ha subido como está ocurriendo en otras capitales.

“El precio del arriendo no está subiendo en este minuto porque la situación habitacional está compleja”, comenta Serey.

“El mercado de la vivienda en Chile está sometido a una presión muy fuerte porque hay un déficit habitacional muy grande. Estamos viviendo un fenómeno de explosión de la vivienda informal, de los campamentos”, agrega.

“La situación económica está más frenada. Menos gente compra vivienda y lo único que les queda es recurrir al mercado del arriendo”, dice el analista.

Mientras las constructoras sigan creando nuevos proyectos, los precios van a estar contenidos, agrega. Pero si la industria deja de construir viviendas al ritmo que lo ha hecho hasta ahora, los precios van a subir.

En el caso de las ciudades latinoamericanas donde el valor de los arriendos ha subido velozmente, Vinicius Oike proyecta que “el mercado debería enfriarse” este año y el próximo, en la medida en que el crecimiento económico será menor.

Mucho dependerá de cómo evolucione la combinación del crecimiento, la inflación y las tasas de interés en cada país, además de las novedades económicas que puedan llegar desde el frente externo.

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Aeropuertos cerrados temporalmente, vuelos cancelados, clases presenciales suspendidas en escuelas cercanas…

El volcán Popocatépetl en México lleva varios días atrayendo todas las miradas por las impresionantes imágenes que ofrece en forma de expulsiones de material incandescente y explosiones, así como grandes exhalaciones de humo y ceniza que llegó a poblaciones cercanas e hizo activar los protocolos de emergencia a las autoridades.

El Popocatépetl está activo. Sin embargo, esto no es nuevo desde que la “montaña que humea”— en lengua náhuatl— reiniciara su actividad a finales de 1994. De hecho, esta es la sexta vez desde el año 2000 que se emite la alerta amarilla fase 3 de precaución que está vigente a día de hoy.

Por ello, científicos hacen un llamado a la calma y a seguir las recomendaciones oficiales basadas en el monitoreo que realizan durante las 24 horas al volcán también conocido como “el Popo” o “don Goyo”.

“El comportamiento actual del Popocatépetl es ligeramente más intenso que el que ha tenido en ocasiones anteriores, pero nada desproporcionadamente diferente. Está dentro del comportamiento que hemos observado desde que se activó”, subraya Juan Manuel Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Basado en experiencias anteriores, el experto pronostica que la actual actividad del volcán continuaría en forma de explosiones esporádicas, pero que podrían ir disminuyendo en intensidad de manera progresiva e ir “decayendo” durante las próximas semanas.

“Es como el equivalente de un enfermo que está en cuidados intensivos y está siendo vigilado. Puede que se mantenga estable, que pase a una fase peligrosa o que definitivamente se le dé el alta”, compara.

“Ahora estamos en fase de observación y no se está teniendo información de que esté pasando a una fase de mayor peligrosidad. No hay evidencia de eso“, enfatiza.

Junto a Espíndola, en BBC Mundo te contamos siete datos del Popocatépetl, uno de los volcanes más activos de México y con el que los habitantes de esta zona conviven desde hace miles de años.

1. Uno de los más peligrosos del mundo

El Popocatépetl está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del planeta debido a su cercanía a zonas densamente pobladas.

El “Popo” está ubicado en el centro de México, entre los estados de Morelos, Puebla y Estado de México, y a menos de 100 km de la capital, Ciudad de México.

Por ello, se calcula que una gran erupción podría afectar a unos 25 millones de personas que viven en un radio de 100 km en torno al volcán, donde existen escuelas, hospitales y aeropuertos. La localidad de Santiago Xalitzintla es la más cercana al encontrarse a solo 12 km del cráter.

Además, el Popocatépetl forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que bordea dicho océano con una longitud de unos 40.000 km.

Este anillo está considerado como la región sísmica más extensa y activa, y en él se concentra el 75% de volcanes del mundo y tienen su epicentro la gran mayoría de terremotos.

2. Formado en el cráter de otros volcanes que colapsaron

De hecho, el Popocatépetl no es el único volcán que forma parte de la llamada Sierra Nevada de México.

Junto a él hay otros grandes volcanes como el Iztaccíhuatl, también conocido como “La mujer dormida” y con el que, según una popular leyenda, se juró amor eterno.

Lo que sí está comprobado es que, en su más de medio millón de años en los que ha estado activo, ha presentado varias etapas de crecimiento que formaron al menos otros tres volcanes anteriores a él.

Estos fueron destruidos por enormes erupciones: el Nexpayantla hace más de 400.000 años, el Ventorrillo hace unos 23.000, y el Fraile hace unos 14.500. El cono moderno del Popocatépetl está formado sobre los restos de estos volcanes.

3. “No duerme” desde 1994

Aunque muchos crean que es ahora cuando el Popocatépetl ha entrado en erupción, lo cierto es que las imágenes que deja estos días son solo un episodio dentro de un período o evento eruptivo que inició a finales de 1994.

Antes de eso, “don Goyo” había estado “dormido” durante unas siete décadas desde su última actividad en la década de 1920.

Esto ha llevado a que algunos expertos apunten a una suerte de patrón de comportamiento de que el volcán podría reactivarse aproximadamente cada 70 años, estar después activo por un tiempo y volver a dormirse.

Según Espíndola, “el problema es que la vida de los volcanes es muy larga y se necesita estudiar esto con mayor detenimiento por un gran período de tiempo para ver si ese patrón se verifica”.

“Y, en caso de los volcanes, este comportamiento es vago, por lo que los datos actuales no nos permiten llegar con certeza a esa conclusión de que se activará cada 70 años“, discrepa.

4. Estratovolcán

Por todo esto, el “Popo” está clasificado como un estratovolcán. Es decir, que está compuesto por diferentes capas que se han ido formando en cada una de las muchas fases de su larga vida eruptiva en miles de años.

“Esas capas son de diferentes tipos y pudieron haber sido formadas por corrientes de lava, de material piroclástico…”, explica Espíndola.

“Así es como se va formando el edificio volcánico y por eso los estratovolcanes son tan altos y grandes: porque se han construido en diferentes etapas de emisiones masivas”, agrega.

Con un cráter de 900 m de diámetro y una altitud de 5.452 m sobre el nivel del mar, el Popocatépetl es el volcán más alto de México después del pico de Orizaba o Citlaltépetl.

5. Entre los 5 que más gases emiten en el mundo

Una investigación de la UNAM de 2013 ubicó al Popocatépetl entre los cinco volcanes del mundo que más gases emiten a la atmósfera.

Aquel estudio cifró en 30 megatoneladas de gases las expulsadas por “don Goyo” entre 1994 y 2008. Sus emisiones más importantes son dióxido de azufre y de carbono, así como el propio vapor de agua.

Lejos de lo que pueda parecer a primera vista, expertos aseguran que la expulsión de gases de manera eficiente ayuda a evitar otros problemas más graves y que su ventilación ayuda de algún modo a “limpiar” o liberar los conductos internos del volcán.

“Eso es así siempre y cuando no haya más material que venga del interior del volcán, porque eso se notaría en una sismicidad más intensa”, matiza Espíndola. “Pero hasta ahora no se ha notado nada de eso”.

6. Un enigma en su interior

Lo cierto es que ese interior del Popocatépetl, como ocurre con todos los volcanes, es todo un enigma.

Su gran tamaño y las dificultades en el acceso por estar activo hacen que su estructura interna sea muy poco conocida, ya que los modelos existentes para monitorearla se basan por ejemplo en factores como la sismicidad.

Espíndola explica que la guía que se tiene para saber algo más de manera indirecta sobre este tema es gracias a la ubicación de los terremotos, lo que permite suponer la zona donde está el conducto volcánico.

“Pero no hay ningún volcán donde se pueda tener una información exacta. Incluso en los más estudiados, solo se tiene algún dato sobre los conductos del edificio volcánico, pero el magma viene de muchos km de profundidad bajo la tierra… así que no hay información directa, sino la inferencia que nos facilita algunos datos como los sismos”, asegura.

7. El más vigilado de México

Por todos estos motivos, no es de extrañar que el Popocatépetl sea el volcán más vigilado de México, con un equipo de 13 científicos de diferentes especialidades que monitorean su actividad día y noche.

En la actualidad, un grupo de cámaras, sensores sónicos, estaciones sísmicas y meteorológicas ayudan a vigilar su actividad durante las 24 horas enviando datos a un centro de control ubicado en el sur de Ciudad de México.

“En este comité participan especialistas que estudian diferentes áreas como la sismicidad, las emisiones, la geoquímica… y toda esa información se les facilita a las autoridades, que han tomado con seriedad el tema y están informando periódicamente a la población de qué tienen que hacer”, dice Espíndola.

“Y eso es lo importante: mantenerse informado”, remata.

La sesión que comienza este martes en la Asamblea Nacional de Ecuador será crucial para el futuro del presidente, Guillermo Lasso, y del país.

Lasso se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría ser destituido en las próximas semanas si el parlamento, dominado por la oposición, logra una mayoría suficiente de más de dos tercios de la cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.

Estos debatirán primero si aceptan o no la “censura y destitución” del jefe de Estado. En la sesión del martes intervienen el presidente -confirmó su presencia para defender su inocencia- y los interpelantes.

Habrá turnos de réplica y se espera un intenso debate sobre las presuntas irregularidades que los opositores atribuyen a Lasso.

Lo acusan de “peculado” (malversación de fondos públicos) por supuestamente tener conocimiento de actos de corrupción de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.

Tras el debate parlamentario, el líder de la Asamblea deberá convocar al pleno en un plazo de cinco días para votar la moción de censura contra el presidente y exbanquero de 67 años que gobierna el país desde mayo de 2021.

Según lo que depare esa votación, se plantean tres posibles escenarios.

1. Lasso se salva

Si los opositores logran menos de 92 votos, Lasso continuará con su mandato hasta las próximas elecciones generales de 2025.

El presidente ya eludió con éxito una moción para destituirlo en junio de 2022 cuando, en plena ola de protestas del movimiento indígena, el parlamento solo acumuló 80 votos y la oposición no logró su objetivo.

Cuando el pasado día 9 la Asamblea Nacional dio luz verde al proceso de juicio político contra el presidente, lo hizo por mayoría simple, con 88 votos a favor.

Ahora la barrera es más alta, 92 votos, por lo que la oposición necesitará al menos cuatro diputados más para destituir a Lasso.

Los promotores del juicio político confían en lograr esta mayoría más amplia, ya que en la primera votación solo estaban presentes 116 de los 137 legisladores que integran el parlamento.

Mientras, los partidarios del presidente esperan que la oposición no sume nuevos votos para la sesión plenaria que decidirá su suerte, e incluso buscan restarle apoyos usando sus habilidades negociadoras dentro de la heterogénea Asamblea ecuatoriana.

“Aparentemente están logrando estabilizar su situación en la Asamblea. Llegan al juicio político creyendo que no hay los votos suficientes para destituir a Lasso, aunque el riesgo de que se equivoquen es muy alto”, indica a BBC Mundo Arturo Torres, director del medio digital Código Vidrio especializado en política ecuatoriana.

Los analistas creen, en todo caso, que cualquiera que sea el resultado, se decidirá por un margen ajustado.

Y, si finalmente el presidente supera la moción de censura y permanece en el cargo, “le espera un escenario complejo, crítico“, avisa el experto.

Primero, Ecuador es un país inmerso en una fuerte crisis de seguridad por el aumento incontrolado de la delincuencia organizada en los últimos dos años sin que el ejecutivo de Lasso haya aportado soluciones efectivas.

“Hay mucha inconformidad en la población con la gestión del gobierno, y eso se suma a una oposición dañina que va a tratar de boicotear cualquier iniciativa del presidente”, explica Torres.

La oposición, liderada por el correísmo, no solo tiene la mayoría en la Asamblea sino también en el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo clave en la política de Ecuador encargado de designar a las autoridades de control como el contralor general, el fiscal general y miembros de la Corte Constitucional, entre otras.

2. Destitución del presidente

Si la oposición logra 92 o más votos, Lasso será destituido de su cargo.

De los 137 escaños de la Asamblea Nacional, 47 pertenecen a Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierdas que lidera el expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica al tener condenas pendientes por corrupción en Ecuador.

El Movimiento CREO del presidente Lasso solo cuenta con 13 asambleístas, mientras los 77 asientos restantes pertenecen a otros 7 partidos, además de legisladores provinciales e independientes.

Si los correístas logran sumar dos tercios de la cámara y destituyen al actual jefe de Estado, asumiría la presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, que permanecería en el cargo hasta las próximas elecciones previstas para 2025.

De suceder esto, pronostica el director de Código Vidrio, “podríamos esperar una presidencia débil, sin grandes logros, en la que el nuevo presidente terminaría su mandato con las dificultades de coyuntura y estructurales que tenemos hasta ahora”.

El ejecutivo, considera, “estaría debilitado por toda la crisis y viviríamos una acelerada transición que esperemos sea en calma y en paz, pero también favorecería a la oposición, al correísmo, que se nutre de los errores del gobierno para apuntalar sus tesis políticas”.

El cambio de presidente, al menos, podría atenuar un poco la beligerancia de los opositores, que hasta ahora han personificado en Lasso gran parte de sus críticas y ataques al gobierno.

3. Muerte cruzada

Dejar la presidencia en manos de su número dos sería, opina Torres, menos desfavorable para el presidente que la tercera opción: que el propio Lasso invoque la “muerte cruzada”.

Se trata de un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.

Al hacerlo, sin embargo, también debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales en las que no puede postularse a la reelección.

De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional perderían sus atribuciones.

Desde que este procedimiento se introdujera en la Constitución de 2008 -bajo el gobierno de Correa- nunca se ha aplicado, y se considera poco probable que Lasso lo haga ahora.

“Es una jugada sensible y llevaría al presidente a un suicidio político, porque le quedarían seis meses para gobernar por decreto para convocar unas elecciones anticipadas”, opina el periodista Arturo Torres.

Considera que decretar la muerte cruzada “sería un escenario más favorable para los correístas, que son quienes están hablando de esa posibilidad”.

“Piensan que si se celebran elecciones anticipadas en este contexto de descontento generalizado con el gobierno, podrían recuperar el poder”, puntualiza.

La muerte cruzada les podría generar, además, otro grave problema al ejecutivo de Lasso y al país en general: una ola de protestas con consecuencias imprevisibles.

Movimientos indígenas ya advirtieron de movilizaciones si esto sucede, y podrían sumarse otros colectivos políticos y sociales.

“Es un escenario conflictivo que no va a resolver, sino agudizar, los problemas de la gente de a pie”, considera el experto.

Y es que, asegura, los ecuatorianos “observan con mucha distancia el juicio político y están más pendientes de su realidad cotidiana, marcada por la situación de inseguridad que vive el país, la corrupción y el empeoramiento de los servicios públicos, entre otras cosas”.

El pescador Andrés Villao planeaba tomarse el día libre el pasado 31 de diciembre para celebrar en familia su 40 cumpleaños.

Por eso, me cuenta su hermano Evaristo, el día anterior ambos salieron de buen humor a pescar cangrejos, el oficio que heredaron de sus padres y que legarán a la siguiente generación en su aldea natal de San Lorenzo, en el Golfo de Guayaquil, en Ecuador.

Pero ese fatídico 30 de diciembre les cortó el paso un grupo de piratas armados con pistolas y rifles. Les ordenaron que lo dejaran todo y se lanzaran al agua.

Evaristo obedeció, pero Andrés no quiso bajarse de la canoa.

Lo mataron de varios disparos antes de llevarse las capturas del día, sus pertenencias y el motor de la embarcación. Por unas horas, el pescador no llegó a celebrar los 40 con su esposa y sus cuatro hijos.

“Aún no pueden velar a pescador asesinado en el Golfo de Guayaquil”.

Este titular del 3 de enero en el diario local Extra es el único testimonio en la red del suceso, uno más en la imparable oleada de violencia criminal que sufre Ecuador y que se ha extendido desde los barrios marginales de las ciudades a las áreas más recónditas de los manglares.

Evaristo y Andrés

Partimos a primera hora de la mañana del muelle de Caraguay, en el sur de Guayaquil, y navegamos en canoa por las aguas que bajan teñidas de lodo desde el río Guayas para desembocar en el Pacífico.

El paisaje, a izquierda y derecha, no varía: kilómetros y kilómetros de bosques acuáticos que se extienden y ramifican más allá de donde llega la vista. Son los pulmones de la costa ecuatoriana: los manglares.

Sobre las aguas marrones transitan las largas canoas motorizadas típicas de la región con los frutos del mar de la zona, desde cangrejos y tilapias hasta los codiciados camarones, el mayor activo pesquero de Ecuador.

Vemos una barca a la deriva, sin remos ni motor, que parece abandonada.

“Así dejaron la canoa de Evaristo y Andrés“, comenta el pescador local que pilota nuestra lancha, y que es primo de los hermanos asaltados en diciembre.

Le pido que me lleve a San Lorenzo, la pequeña comuna entre manglares donde conviven más de treinta familias de cangrejeros, entre ellas los Villao.

Desembarcamos en aguas movedizas de lodo, camino sobre una estructura de tablones suspendidos para acceder a la aldea y allí encuentro a Evaristo, que espera a que baje la marea para salir en busca de cangrejos.

“Los piratas me mataron a mi hermano”, me dice cabizbajo.

“Estábamos pescando y llegaron seis en una barca. Nos dijeron, ‘no se muevan y tírense al agua’. Pero mi hermano no se quiso dejar robar y ahí en la popa de la canoa le pegaron un tiro, lo tiraron al agua y quedó fondeado“, relata.

Las autoridades tardaron dos días en recoger el cuerpo de Andrés y llevarlo a la morgue, según informaba el diario Extra.

Los cangrejeros de San Lorenzo aseguran estar cada vez más acostumbrados a este tipo de sucesos.

“Aquí ha habido varios asaltos últimamente, está lleno de piratas. Se llevan nuestras canoas”, protesta Evaristo.

Y su primo, Carlos Villao, añade: “Si los piratas te siguen no puedes escapar porque tienen motores más grandes. Te tiran bala y tienes que plantar“.

El típico asalto es así: entre 5 y 10 hombres encapuchados y con armas de fuego se acercan en una lancha rápida, amenazan a la tripulación y les roban todo, desde la pesca del día hasta sus teléfonos móviles y el motor de la embarcación.

Pero, ¿quiénes son estos piratas, de dónde surgieron y qué se hace para combatirlos?

Los piratas

Ecuador es el país de América Latina donde más ha aumentado la violencia en lo que llevamos de década, según datos oficiales, con cifras alarmantes que casi se duplican cada año.

La tendencia continúa imparable en 2023 con 1.400 homicidios en los primeros tres meses, más de 17 por día en promedio y un 66% más que el mismo período del año anterior, según información de la policía ecuatoriana.

Una de cada tres muertes violentas se produce en Guayaquil y sus alrededores, incluidos ríos, costas y manglares.

El perfil del pirata ecuatoriano, describen las autoridades, es el mismo que el del delincuente promedio: joven de entre 16 y 25 años de un barrio marginal, en muchos casos afiliado a grupos mafiosos locales.

Pregunto sobre el origen de este fenómeno al contralmirante Pablo Caicedo, director nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), el brazo de la Armada a cargo de la seguridad en los mares y ríos de Ecuador.

Me explica que en los últimos 5 años, mientras el país se consolidaba como puente del tráfico internacional de cocaína, muchos jóvenes de barrios pobres optaron por el “dinero fácil” de la droga y la violencia, afiliándose a las mafias existentes o creando nuevas bandas.

“Empezaron a extorsionar a comerciantes, a servidores públicos y trabajadores, hasta vendedores ambulantes, y luego pasaron a asaltar a los pescadores y cangrejeros en el golfo de Guayaquil”.

“Llevaron el crimen en tierra también al agua“, resume.

Robos, amenazas y extorsiones

Pero los piratas no solo hacen la vida imposible a los pescadores artesanales.

También están poniendo en jaque a la industria del camarón, la segunda mayor del país después de la petrolera, con unos US$6.600 millones anuales en exportaciones y que abarca más de un 5% del PIB nacional.

Dejamos atrás los manglares y nos desplazamos una hora por carretera para llegar al sector Churute, unos 45 kilómetros al sureste de Guayaquil, donde me encuentro con el camaronero Víctor Vergara.

“Me llamó la policía de madrugada, yo estaba fuera. Se habían metido en mi granja. Dejaron al guardia malherido y se llevaron todo“, lamenta.

Este pequeño empresario (produce unos US$200.000 brutos anuales en 14 hectáreas) asegura que todos los camaroneros de la zona están atemorizados.

“Te envían mensajes por medio de otras personas diciéndote que, si demandas o avisas a la policía, te van a matar“, afirma.

Aun así, algunos denuncian. En los primeros 100 días de 2023 se reportaron más de 30 ataques al sector camaronero con 29 heridos, el doble que en el mismo período del año pasado, según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

“Ya la gente tiene temor de trabajar en camaroneras, porque el índice delictivo es tal que los asaltan hasta por robarles un celular”, me asegura José Antonio Camposano, presidente de la CNA, que representa a los productores de camarón, sobre la ola de delincuencia que les afecta.

La inseguridad afecta especialmente a los pequeños productores: “como les roban su capital de trabajo, les impiden recuperarse al ciclo siguiente y entran en un círculo de endeudamiento”.

En las compañías más grandes, agentes armados custodian las piscinas y los barcos de transporte, pero ni siquiera eso las salva de sufrir asaltos y robos.

El sector estimó pérdidas de unos US$200 millones por la delincuencia solo el año pasado, a las que se sumaría al menos un 25% más que no se reportan, según cálculos de los acuicultores.

Donde nadie se fía de nadie

La espiral de violencia que vive Ecuador ha contaminado la convivencia en los ríos, costas y manglares del sureste del país.

“Aquí nadie se fía de nadie”, me dicen varias personas en Churute, una zona selvática donde las piscinas de camarones se intercalan con fértiles bosques y manglares que dan sustento a miles de familias de pescadores tradicionales.

Estos y los camaroneros de la zona mantienen un tenso enfrentamiento que en ocasiones desemboca en violencia.

Cristian Castro, presidente de la asociación de pescadores Puerto Envidia, acusa a los camaroneros de acosar e intimidar, incluso con armas de fuego, a los recolectores de cangrejos y moluscos.

Personalmente, teme por su vida tras haber denunciado a un empresario camaronero que, asegura, se adueñó por la fuerza del camino que llevaba a su vivienda familiar.

“Se aparece con sus guardias o asalariados y comienza a disparar”, denuncia.

“Los camaroneros disparan al azar sin pensar que pueden herir o matar a alguien“, agrega Hugo Morán, presidente de otra asociación llamada 26 de febrero.

Morán explica que les atacan por denunciar actividades ilegales de las empresas -desde vertidos hasta expansiones ilegales o tala de manglar- o simplemente por pescar en las inmediaciones de las granjas.

Los camaroneros, por su parte, desconfían de los pescadores, a quienes acusan de cooperar con los delincuentes armados que asaltan sus propiedades.

“En el día son cangrejeros y en la noche son piratas“, señala el empresario Víctor Vergara, algo que los recolectores niegan.

Autoridades locales me aseguran que, si bien la mayoría de pescadores artesanales son trabajadores honrados, algunos operan en secreto con grupos delictivos o les brindan información para perpetrar los robos sin que su propio gremio los denuncie por miedo o complicidad.

Mientras, los empresarios atribuyen la hostilidad de algunos de ellos contra los pescadores al tenso ambiente que reina en la zona.

“Ante el temor de que pueda ser delincuencia, cualquier extraño por default es, primero, enemigo“, declara el presidente de la CNA.

Y en el agua, advierte, “cada vez que se cruzan dos embarcaciones hay tensión, porque no hay quien garantice quién es quién”.

Prueba de la desconfianza aquí imperante es que las empresas camaroneras se niegan a contratar mano de obra local y reclutan a sus trabajadores en regiones de la sierra ecuatoriana, a centenares de kilómetros de distancia.

Desbordados por la delincuencia

Tanto pescadores como camaroneros se sienten desprotegidos frente a los criminales.

“Nunca hemos vivido en indefensión como en la actualidad. El Estado no actúa. No hay acciones eficientes que hagan frente al nivel de violencia con el que somos atacados”, protesta el presidente de la CNA.

“Siempre nos dicen que tienen escasez de personal. Tenemos 8 guardaparques para 57.000 hectáreas (570 km2) de área protegida”, denuncia, por su parte, el cangrejero Cristian Castro.

Las escasas fuerzas de seguridad en la zona se ven sobrepasadas por los piratas, que a menudo asaltan en nutridos grupos con fusiles de asalto y otras armas de gran calibre.

Le planteo estas quejas al contralmirante de la Armada ecuatoriana a cargo de la seguridad en los espacios acuáticos de Ecuador.

Pablo Caicedo niega que haya poca presencia de sus fuerzas y asegura que cada día unas 80 embarcaciones de distintas unidades patrullan los 13.700 km2 que abarca el Golfo de Guayaquil, una extensión equivalente a 1,5 veces la isla de Puerto Rico.

Aún así, reconoce que el vertiginoso aumento de la delincuencia ha desbordado las capacidades de la Armada, cuyos medios se dividen entre proteger a los productores de la industria pesquera y combatir el narcotráfico operado por las cada vez más poderosas redes criminales de Ecuador.

“Lo estamos compensando con una mejor organización y el envío de la Infantería de Marina, y vamos a implantar un sistema de cámaras, radares y comunicaciones en el Golfo de Guayaquil para una reacción más rápida de nuestros guardacostas”, afirma.

También insiste en la dificultad que supone para el ejército combatir a unos delincuentes casi invisibles.

“La amenaza, el enemigo, está confundido con la gente, que es a quienes victimizan”, alega.

Armas personales, ¿la solución?

Mientras, en San Lorenzo, Evaristo Villao me enseña una destartalada caseta que, entre tablones y desechos de pesca, se erige cara al río al pie de la playa de fango.

Asegura que, en la pasada década, las autoridades asignaron allí a un soldado que patrullaba junto con los cangrejeros de la aldea para protegerlos de los piratas.

“Lo tuvimos por 10 años, pero lo sacaron de aquí y se lo llevaron a Puná, que está a más de media hora de distancia”, lamenta.

Evaristo ve con buenos ojos el reciente anuncio de su presidente Guillermo Lasso, que el 1 de abril autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal con el objetivo de combatir el crimen en Ecuador.

“Qué más podemos hacer, coger cada cual su arma para andar armado. Qué más queda”, declara.

Solo ve un problema: a falta de más detalles sobre el plan de Lasso, da por hecho que obtener un permiso de armas y una pistola conllevará un proceso largo y costoso, probablemente fuera del alcance de su bolsillo.

Los US$700 mensuales que el cangrejero gana en un buen mes se van en suministros para él, su esposa, sus 5 hijos y, desde enero, también sus 4 sobrinos huérfanos.

Aun así, me confiesa, hará lo que sea necesario para defender su medio de vida y no acabar como su hermano, acribillado por los piratas y fondeado en las aguas marrones del Golfo de Guayaquil.

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La propuesta, que fue sancionada por la Cámara de Diputados luego de su aprobación unánime en el Senado, reduce gradualmente las horas de trabajo en un plazo de cinco años.

Al año de su aplicación se reducirá la jornada a 44 horas semanales. A los tres años el límite será de 42 horas y al cabo de un lustro se llegará a las 40 horas, que es el tiempo de trabajo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La ley prevé la posibilidad de trabajar cuatro días y descansar tres (a diferencia de la legislación actual que obliga a un mínimo de cinco días laborales).

Y contempla la posibilidad de hacer un máximo de 5 horas extras por semana (hoy se pueden hacer hasta 12 horas extras).

Fabio Bertranou, director de la oficina regional de la OIT en Santiago, le dijo a BBC Mundo que la ley prevé un régimen especial para los sectores que requieren jornadas laborales extraordinarias, como el minero o el de transporte.

En esos casos se permitirá que los empleados hagan jornadas de hasta 52 horas por semana, siempre y cuando luego tengan una mayor cantidad de días libres para compensar.

“La ley contempla la posibilidad de que las 40 horas semanales se alcancen haciendo un promedio de cuatro semanas. Así que, si alguna semana se trabaja más, lo importante es que el promedio dé 40″, explicó.

Con esta ley Chile se convierte en el segundo país de América Latina, después de Ecuador, en aprobar la semana laboral recomendada por la OIT.

En este mapa puedes ver qué establece la legislación laboral en el resto de la región.

Tras esta aprobación, Chile queda en línea con la mayoría de los otros 38 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) donde también está vigente la semana laboral de 40 horas.

Las únicas excepciones son Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia y Países Bajos, donde se trabaja menos de 40 horas, y Alemania, Colombia, Costa Rica, Irlanda, Israel, México, Reino Unido, Suiza y Turquía, donde se trabaja más.

¿Cuánto se trabaja hoy en Chile?

Pero una cosa es lo que dice la ley y otra lo que dice la realidad.

Aunque en la actualidad las normas en Chile permiten trabajar hasta 45 horas por semana -una jornada que se redujo desde las 48 horas en 2005- las estadísticas de la OIT muestran que el promedio de horas trabajadas es bastante menor.

Según los datos de enero de 2023, en Chile las personas empleadas trabajaron un promedio de 36,8 horassemanales.

Como puedes ver a continuación, se trata de uno de los promedios más bajos de la región.

De hecho -como habrás observado- el promedio de horas trabajadas en toda América Latina es muy inferior al límite que establecen las leyes.

Si hacemos una comparación mundial, el promedio de horas semanales trabajadas en América Latina y el Caribe (39,9 horas), es bastante menor que en los países árabes (44,6 horas), los de Asia-Pacífico (47,4 horas), Asia del este (48,8 horas) y Asia del sur (49 horas).

En cambio, es mayor al de Europa occidental (37,2 horas), América del Norte (37,9) y África (38,8 horas) según datos de 2019 recopilados por la OIT.

¿Significa esto que en América Latina, y en Chile en particular, se trabaja poco?

“No”, responde el especialista en horas de trabajo Najati Ghosheh, quien está basado en la sede central de la OIT en Ginebra, Suiza.

“Lo que ocurre es que en algunos países solo se mide el tiempo trabajado en el sector formal y no el marginal, donde hay más trabajadores que solo consiguen empleo por hora, lo que baja el promedio”, explicó a BBC Mundo.

Según Bertranou, los datos que aportó Chile incluyen al sector informal, que representa el 27% de los trabajadores.

De la fuerza laboral total, cerca del 45% trabaja 45 horas semanales, pero más del 40% trabaja menos de 35 horas.

En tanto, un 11% trabaja por encima del máximo permitido por la ley hoy, con jornadas que superan las 49 horas semanales.

Bertranou resaltó que la reforma laboral chilena se logró gracias a que “se abrió un espacio de diálogo con el sector empresario” y hubo un consenso entre la sociedad chilena sobre la importancia de “liberar tiempo para tener más vida familiar y poder disfrutar del espacio público”.

Según la OIT, que aprobó su convenio sobre la semana laboral de 40 horas en 1935, trabajar más aumenta la cantidad de accidentes laborales y los problemas de salud, pero no garantiza más productividad, dado que hay más fatiga.

“América Latina tiene una legislación rezagada en cuanto a jornada de trabajo y es imperativo que se haga una revisión”, recomendó Bertranou.

En Honduras se decretó un estado de excepción considerado parte de ese “efecto Bukele”. En Guatemala, una candidata presidencial promete aplicar “el modelo de El Salvador” en seguridad. En Perú, el alcalde de Lima felicita a Bukele por redes sociales. Y en Argentina, el ministro de Seguridad de Buenos Aires elogia la imagen de una nueva megacárcel salvadoreña: “Es música para mis oídos”, dice.

Pero el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, advierte que la política contra las maras que parece tener éxito en El Salvador es peligrosa y difícil de aplicar en otros países de la región.

“Es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos”, dice Solís en una entrevista con BBC Mundo.

Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico con este político y académico con una maestría en estudios latinoamericanos que gobernó Costa Rica entre 2014 y 2018:

Su país, Costa Rica, es conocido por su tranquilidad, pero la seguridad pública se ha vuelto una preocupación creciente allí. El año pasado registró un récord de asesinatos, que aumentaron 66% en una década. ¿A qué se debe esto?

Sin dudas ese es un problema para muchos países en América Latina.

Probablemente la razón principal sea la acción del narcotráfico, porque alrededor del 60% de los homicidios violentos en Costa Rica están relacionados de una manera u otra con el tráfico, con el microtráfico y la lucha entre pandillas locales por controlar los mercados en los barrios.

Este fenómeno es muy grave, porque conlleva niveles de incertidumbre y temor muy fuertes en la población que venimos experimentando desde hace mucho tiempo.

Durante mi gobierno tuvimos también que lidiar con esta circunstancia. Y es muy difícil de erradicar, porque las razones que explican por qué se produce el fenómeno son tanto internas como externas.

En este contexto, en Costa Rica y en América Latina en general hay quienes miran como una alternativa exitosa la estrategia de mano dura contra el crimen adoptada por el presidente Bukele en El Salvador, con un régimen de excepción y una guerra contra las maras. ¿Es Bukele un ejemplo a seguir para la región en materia de seguridad?

No lo creo, aunque reconozco sin duda que la estrategia de Bukele en El Salvador ha sido exitosa y ha logrado reducir de manera drástica el índice de criminalidad.

También reconozco que para El Salvador el tema de la seguridad era uno de los primeros señalados por la ciudadanía como urgente.

El gobierno de Bukele ha focalizado la acción de las fuerzas armadas y la policía sobre ese tema específico, ha tomado acciones contundentes como la construcción de una megacárcel, y ha levantado las estrategias de mano dura y super-dura que alguno de sus predecesores habían intentado sin éxito.

No creo que sea un modelo para la región.

¿Por qué?

Primero porque la región es muy diversa y no en todos los países se presenta una circunstancia como la salvadoreña, donde el fenómeno de las maras tiene décadas.

Es un país muy pequeño también, lo cual facilita una acción como la que ha adoptado el gobierno de Bukele. Es muchísimo más difícil de aplicar en países más grandes como México -recordemos la fallida iniciativa de mano dura del presidente Felipe Calderón- o en Brasil, donde las pandillas tienen unos niveles que sobrepasan a veces las fuerzas policíacas de los estados.

Pero el riesgo mayor es que, cuando uno analiza la totalidad de la agenda de nuestros países, la seguridad es uno de los problemas grandes y no el más grande ni el único.

Por lo tanto, apostarle a una estrategia de mano dura que pueda socavar el Estado de derecho, que me parece que es lo que está ocurriendo en El Salvador, constituye un problema que puede tener consecuencias muy grandes sobre la totalidad del sistema político y lanzar a los países de la región a esquemas autoritarios, autocráticos e incluso a dictaduras que no le convienen a América Latina.

¿Por qué ve la estrategia de Bukele como un riesgo para la democracia?

Porque la estrategia está basada no solamente en meter a los malos a la cárcel, sino que tiene precedentes: un control del Poder Legislativo primero, un nombramiento a veces inconstitucional de jueces adeptos al gobierno después, el control del Judicial como último objetivo, lo cual rompe con el necesario balance entre los poderes de una república democrática, y finalmente la aplicación de una ley que no se basa en el Estado de derecho.

Muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables ni van a ser reconocidas como tales, sino simplemente como víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio.

Eso en democracia coloca el riesgo en el sistema completo, no solamente en la acción específica que se realiza, que en este caso es meter a los malos, entre comillas, a la cárcel.

Zury Ríos, candidata presidencial en Guatemala y con posibilidades de ser electa en junio según las encuestas, ha señalado a El Salvador como modelo para diseñar su estrategia de seguridad. ¿Cómo observa esto?

Insisto en que no todos los países necesitan la misma receta. Pero en el caso de Guatemala, el problema es mucho mayor que simplemente las pandillas en los barrios. Allí el sistema político en su conjunto está penetrado por el narcotráfico desde hace muchísimo tiempo.

Atacar a las pandillas en Guatemala como lo está haciendo Bukele en El Salvador únicamente resuelve el problema al final de la cadena. Pero deja por fuera todas las consideraciones del lavado de activos por ejemplo, o de la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder político en lo municipal, legislativo e incluso en el Poder Ejecutivo, como hemos visto en el caso de Honduras también con el presidente Juan Orlando Hernández.

Me parece que es una estrategia de corto plazo, que tiene riesgos muy altos para el sistema político en su conjunto, porque debilita la separación de poderes. Y al final de cuentas orienta a los países hacia un modelo crecientemente autoritario, que evade la responsabilidad de atender de forma preventiva las causas profundas de la inseguridad, que tienen que ver esencialmente con la desigualdad.

El Salvador pasó de tener la mayor tasa de homicidios en el mundo, de 104 por cada 100.000 habitantes en 2015, a una de 7,8 el año pasado, según cifras oficiales. Esto es una tasa menor incluso que la de Costa Rica, que en 2022 registró 12,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿No los considera resultados sostenibles en el tiempo?

No lo creo, porque para sostener esos niveles requeriría de una estrategia de política pública que básicamente solo coloca los recursos del Estado en temas de seguridad. Estamos hablando de la necesidad de contratar a miles y miles de personas que conduzcan el sistema, tanto del lado de la fuerza pública y el Ejército como en el mantenimiento de las cárceles donde se van a seguir metiendo todas estas personas.

Y después también viene la rehabilitación, a no ser que uno piense que esos van a ser los únicos contaminados por el narco y se van a quedar en la cárcel indefinidamente hasta morirse, lo cual también tiene sus bemoles desde el punto de vista democrático. Sabemos que en las democracias más desarrolladas hasta los criminales tienen ciertos derechos, que se atienden dentro de lo que resuelva la ley por medio del sistema judicial.

Entonces es una estrategia de muy corto plazo. Además habría que revisar los datos oficiales porque no necesariamente hay transparencia en ellos, así como las implicaciones financieras que esto tiene y en El Salvador también ha habido mucha opacidad.

Por ejemplo, esa cárcel donde se han recluido a miles y miles de mareros se construyó sin dar cuentas a nadie sobre los recursos que se utilizaron, en su número y en su origen.

Bukele es hoy uno de los presidentes con mayores tasas de popularidad en América Latina. Su vicepresidente, Félix Ulloa, nos dijo recientemente: “Más del 90% de la población está de acuerdo con el estado de excepción y quiere que se extienda”. ¿Esto no legitima lo que está haciendo el gobierno de El Salvador en materia de seguridad?

En el caso de El Salvador, sin duda. Y me parece que hay que respetar la percepción del pueblo que mira en Bukele la solución a un problema que ha padecido durante décadas.

No tengo la menor duda que esos números son reales y que concentrar la preocupación de la ciudadanía sobre el tema de seguridad da réditos.

Hay temas que convocan y el de la inseguridad es uno de ellos. Hay otros pueden llevar a la guerra, como el ultranacionalismo o la xenofobia.

La pregunta no es tanto si el gobierno de Bukele es o no apoyado. Lo es, no tengo duda. El problema es si esa política es sostenible, fortalece el ejercicio democrático y permite a la gente tener una salida a sus otros desafíos, como la pobreza y la falta de educación, agua, servicios de transporte y de vinculación con el mercado mundial.

Me parece que esos temas todavía están pendientes en El Salvador y veremos si pueden ser aliviados por medio de esta política de mano durísima que el gobierno ha implementado.

En cualquier caso usted no pone en duda el éxito de la estrategia que ha tenido hasta ahora el gobierno de Bukele en materia de seguridad…

En el corto plazo no, porque así lo demuestran los números.

En el mediano y largo plazo tengo muchísimas dudas de que esta sea una estrategia ganadora y exitosa, porque no creo que la inseguridad sea el único problema de El Salvador o de cualquier sociedad. Y coloco el énfasis en la desigualdad.

Pero es indudable que la política en El Salvador ha reducido significativamente los índices de criminalidad, a un costo elevadísimo en derechos humanos y el funcionamiento del Estado de derecho.

Organizaciones de El Salvador e internacionales han documentado miles de denuncias por detenciones arbitrarias, muertes y abusos en las cárceles, así como procesos judiciales sin garantías. Pero muchos salvadoreños sienten alivio por el debilitamiento de las maras y parecen dispuestos a aceptar ese costo: “Antes estábamos sitiados”, le dijo una joven en San Salvador a BBC Mundo. ¿Qué refleja esto?

Creo que refleja varios fenómenos. Hay que reconocer que los niveles de violencia y criminalidad con que vivieron durante décadas los salvadoreños eran reales y esto afectaba su vida cotidiana.

Entonces uno tiene que entender que hay una realidad que los salvadoreños vivieron, que los cansó y los motivó a buscar una salida como la que Bukele les ofrecía.

Pero hay un fenómeno que quizá causa mayor daño y es el miedo estructural, miedo a que uno no pueda vivir normalmente porque está sitiado por el crimen, como señalaba esa entrevistada.

Esta constante necesidad de encontrar a alguien que defienda al sistema y al ciudadano se repite en muchos países. Y tiene un problema que vimos con la estrategia contra el terrorismo después de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York: hace que el ciudadano esté dispuesto a conceder prácticamente todo a cambio de la seguridad perdida.

Cuando eso ocurre en un sistema democrático, se debilita la institucionalidad y se fortalece la autocracia, particularmente el caudillismo en el caso de El Salvador.

Bukele no solo está trabajando con estas políticas la inseguridad del país, sino que lleva esto incluso a nivel financiero con la adopción de medidas un poco extrañas, que no se aclaran todavía muy bien en temas como las criptomonedas.

Entonces hay como un proyecto detrás de todo esto que no termina de estar totalmente claro, pero que apunta hacia la constitución de un Estado autocrático y probablemente una dictadura en El Salvador, en un modelo muy diferente al que ya tenemos en Nicaragua.

Las baja de los delitos en El Salvador también parecen haber contribuido con la actividad económica y hay señales de que el país hoy es más atractivo incluso para el turismo. ¿Es algo a tener en cuenta a la hora de evaluar al gobierno?

Sí, hay que tomarlo en cuenta, e incluso algunas declaraciones de empresarios de la región que hablan de irse a El Salvador con sus inversiones, en lugar de países como Costa Rica.

Pero sin perder de vista que para un empresario la variable de inseguridad no es mayor que la de contar con garantías jurídicas suficientes para sus inversiones.

Para un inversionista que va a poner sus millones en un país en donde la ley no se respeta o la ley reside en el presidente de la República únicamente, es un riesgo muy alto.

El gobierno de El Salvador sostiene que el estado de excepción es una medida temporaria y que en una operación que ha llevado a la cárcel a más de 65.000 personas puede haber gente detenida por error, pero asegura que existen garantías institucionales y que muchos han sido liberados. ¿Esto no responde a las preocupaciones que usted plantea?

No responde a mis preocupaciones, por dos razones. La primera es porque Bukele se cargó a todo el sistema judicial antes de empezar a tomar estas decisiones. Es decir, los jueces que hoy hacen justicia en El Salvador son nombrados por Bukele o por los magistrados que él nombró en la Corte Suprema de Justicia.

Aquí no ha habido independencia del Poder Judicial y por lo tanto es muy dudoso que se cuente con garantías suficientes de que las personas que han sido injusta o equivocadamente encarceladas sean liberadas lo más rápido posible. De ahí las denuncias sobre violaciones y muertes en las prisiones de El Salvador.

Segundo, desafortunadamente en política como en la vida a veces no hay nada más permanente que una solución temporal. Y me da la impresión de que la forma en que se está manejando, incluso publicitariamente, de parte del gobierno de El Salvador el tema de la inseguridad y las respuestas exitosas que le ha dado a corto plazo, indicarían que Bukele está lejos de querer detener esto. Le está sacando un rédito muy largo en cuanto a publicidad e imagen.

El hecho de que ya mucha gente lo considere un modelo me parece que constituye un objetivo también ulterior que habría que colocar en esta ecuación.

¿Entonces sí observa que Bukele se está volviendo un modelo para muchos en la región?

En realidad que se esté convirtiendo en un modelo es la menor de mis preocupaciones.

La preocupación mayor es que en la región se este considerando sacrificar un modelo perfectible de Estado de derecho y de democracia, por una salida autocrática y al margen del fortalecimiento de las instituciones esenciales para el funcionamiento de ese sistema democrático.

Si lo hace Bukele, Maduro o Daniel Ortega, en última instancia da lo mismo. Porque lo que estamos viendo es un proceso de degradación institucional de la democracia que trasciende los ejemplos nacionales y lleva a un sector creciente de la población a estar dispuesto a sacrificar las libertades individuales y los derechos humanos a cambio de soluciones rápidas, aparentemente exitosas, que no toman en cuenta el largo plazo.

Quienes creemos en la democracia apostamos a instituciones mejoradas, reconociendo todos los problemas que hay, incluido el de la corrupción, que es recurrentemente señalado como uno de los principales disparadores de violencia en nuestras sociedades y particularmente en el caso de El Salvador, donde hay presidentes en la cárcel, uno que se murió con cargos gravísimos y otro que está refugiado en Nicaragua después de acusaciones de que se birló más de 350 millones de dólares

La salida a los problemas de la democracia debería ser más democracia, no menos.

En América Latina el problema del crimen y la inseguridad está al tope de las preocupaciones de la población. ¿Cómo se responde a esto desde un gobierno democrático?

Hay una respuesta que es de naturaleza represiva. Hay que combatir a estas fuerzas que ponen en riesgo el sistema con mejor policía, porque también tengo dudas de que convenga involucrar a la fuerzas armadas en ese proceso, con más información de inteligencia, tecnología en las ciudades e independencia para que haya justicia pronta y cumplida.

Segundo, tiene que haber prevención. la mayor parte de los centenares de miles de muertos que cada año tenemos en América Latina son jóvenes, hombres, desempleados y con acceso a armas que viven en zonas urbanas marginales. Hacer todo lo posible por llevar adelante programas que beneficien a esa población es esencial.

Lo tercero es cooperación internacional. Muchos de estos problemas tienen su origen en fenómenos internacionales, como el crimen organizado, que atraviesan América Latina y sólo podrán ser atendidos por medio de coordinación entre los países y con los organismos multilaterales.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este lunes que en los primeros dos días de abril no se registran homicidios en el país centroamericano, lo que es atribuido a un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.

“Segundo día de abril con 0 homicidios“, publicó el mandatario en Twitter.

Antes de ese mensaje, Bukele aseguró que marzo pasado “cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador“, no obstante no detalló si se registraron homicidios en ese mes y, de ser así, cuántos fueron.

El Gobierno del presidente Bukele atribuye al régimen de excepción y al Plan Control Territorial la disminución de homicidios, que al cierre de 2022 fue de 496 muertes.

La cifra de homicidios de 2022 es la más baja desde 2019, año en que Bukele llegó a la Presidencia. En 2019 se registraron más de 2 mil 390 muertes y en 2020 el número fue de más de 1 mil 340 asesinatos, atribuidos principalmente a los miembros de pandillas.

El país centroamericano llegó a registrar tasas de 103 y 36 homicidios por cada 100 mi habitantes entre 2015 y 2019, la mayoría de las muertes atribuidas a las pandillas.

El país registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Ejecutivo de Bukele.

La polémica y cuestionada medida de régimen de excepción ya cumple un año de implementación y son más de 65 mil las personas capturadas que son acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con dichas estructuras.

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además de que la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.

Segundo día de abril con 0 homicidios.

Como se puede ver en la gráfica, abril 2023 ya se compara con abril 2022, mes en el que ya estaba funcionando el Régimen de de Excepción. https://t.co/BkzgkyssA2

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 3, 2023

BUKELE NO RESPONDE A PETRO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó el domingo de “falso positivo” la cifra de homicidios del Gobierno de El Salvador y aseguró que en ese país se está llevando a cabo una “destrucción democrática“.

Hasta el momento, el mandatario salvadoreño no ha reaccionado a lo mencionado por su homólogo colombiano, como sí lo ha hecho en otras ocasiones cuando Petro ha opinado sobre las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de Bukele.

Bukele y Petro han intercambiado mensajes en Twitter desde inicios de marzo.

El mandatario colombiano aseguró en un acto de Gobierno que se pueden ver en redes “las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”.

El presidente salvadoreño respondió a Petro que “los resultados pesan más que la retórica” y desde entonces ambos intercambian mensajes en las redes sociales en una discusión que con el paso de los días sigue creciendo.

Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano

En mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad, es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia.
https://t.co/hIbkQBDUlG

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 2, 2023

.

En una de las fotos se veía un Toyota blanco destartalado. En la otra, lo que había dentro del ataúd azul que llevaba en el techo: un hombre tumbado, vivo y con las manos a la espalda, seguramente esposado.

En el hilo de Twitter del 10 de enero en el que anunciaba su captura, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró que era un miembro activo de la Mara Salvatrucha acusado de homicidio.

Y que lo habían interceptado, escondido en el Toyota, dirigiéndose a la frontera con Guatemala con la intención de salir del país.

Estos cobardes terroristas están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia.

Mediante un dispositivo de control vehicular se encontró que este pandillero era transportado dentro de un ataúd. pic.twitter.com/HbnOWkdKR4

— Gustavo Villatoro (@Vi11atoro) January 10, 2023

Las autoridades salvadoreñas han hablado en repetidas ocasiones de la fuga de presuntos pandilleros ante los arrestos masivos del régimen de excepción que, con 11 prórrogas, lleva ya un año en vigor y ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, mientras es aplaudido por gran parte de la población salvadoreña, que ve los efectos positivos y la reducción de la criminalidad en un país que llegó a registrar la tasa de homicidios más alta del mundo.

• “Antes estábamos sitiados”: los vecinos de los barrios de El Salvador que se reencuentran tras la “desaparición” de las pandillas por la guerra de Bukele

El gobierno de El Salvador le ha confirmado a la BBC que está colaborando con los países vecinos, con México y Estados Unidos, compartiendo información, para que sean devueltos a El Salvador.

Esa guerra contra las pandillas ha llevado a las vecinas Honduras y Guatemala, así como al sur de México, a reforzar la seguridad fronteriza y a multiplicar los operativos, que ya reportan detenciones y deportaciones.

Aunque no faltan las críticas de que en vista de las reducidas cifras, son acciones exageradas, y varias voces denuncian que entre los huidos también hay expandilleros que ya cumplieron sus penas y no deben nada a la Justicia y ciudadanos que temen detenciones arbitrarias.

“Evitar el éxodo”

“Desde que El Salvador tomó esas medidas restringiendo algunas garantías para sus ciudadanos, Guatemala estableció un plan con el propósito de evitar ese éxodo”, le confirma a BBC Mundo el ministro de Gobernación guatemalteco, David Napoleón Barrientos Girón.

“Obviamente ha habido desplazamientos. La porosidad en las fronteras de este país y de todos los países es una realidad”, reconoce. “Pero hay presencia policial, tenemos patrullajes aéreos y terrestres en las principales rutas y creemos que eso ha permitido que el país no se convierta en refugio de los pandilleros salvadoreños“.

El esfuerzo interinstitucional, en el que participan distintas unidades de policía, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Migración, y la comunicación “constante y fluida” con las autoridades de El Salvador llevó a la detención y deportación de 115 “pandilleros salvadoreños debidamente identificados como tales” en 2022 y de 12 en lo que va de año.

Para tratar de confirmar el aumento de ese flujo, BBC Mundo trató sin éxito de obtener cifras de arrestos en territorio guatemalteco previas a marzo de 2022, cuando a pedido del presidente Nayib Bukele la Asamblea salvadoreña declaró el estado de excepción.

Los arrestos han tenido lugar en comunidades aledañas a El Salvador pero también en el norte del país, en el Petén, en zonas cercanas a la frontera mexicana. “Sin duda están huyendo de las medidas de El Salvador. Están buscando ir a México y muy posiblemente a Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos negar”, dice Barrientos Girón.

A través de puntos ciegos

Con el objetivo de estrechar la cooperación y articular más acciones conjuntas en materia de seguridad, varias autoridades de la región se reunieron en febrero en la capital guatemalteca.

Además del país huésped, asistieron representantes de México, El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, país este último que también ha reforzado la frontera de algo menos de 400 km que comparte con El Salvador.

Ya en mayo de 2022 las autoridades hondureñas lanzaron patrullajes para “no permitir el ingreso de integrantes de estructuras criminales que buscan huir del vecino país” y en diciembre 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados al área limítrofe.

“Ha habido un aumento notable de ingresos de pandilleros a territorio hondureño desde que se decretara el estado de excepción en El Salvador”, le asegura a BBC Mundo el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad.

“Están migrando de forma irregular, a través de pasos ciegos, y no por los puntos fronterizos regulares o aduanales”, prosigue.

Los centroamericanos no necesitan visa o permiso migratorio para cruzar de un país a otro en la región. Pueden ingresar solo con una tarjeta de identificación. Pero quien no quiere ser detectado usa un punto ciego, aclara.

“En su mayoría son de la Mara Salvatrucha (MS-13). Algunos migran con perfil bajo y han tratado de integrarse en la sociedad hondureña sin participar en actividades criminales, pero otros han continuado con la vida delictiva aquí o encontrado refugio en la MS-13 hondureña”.

En el momento de la publicación de este reportaje BBC Mundo sigue a la espera de obtener cifras de detenciones.

Pero los dispositivos fronterizos no son el único “efecto Bukele” —como le llaman expertos consultados por BBC Mundo— en Honduras.

En diciembre, el país instauró su propio régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, y que abarca más de la mitad de su territorio, con el objetivo de reducir la criminalidad.

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Menos al sur, más al norte

Aplicar una medida similar en su territorio es algo que descarta Costa Rica, que está enfrentando sus propios problemas de inseguridad.

Así lo zanjó el presidente Rodrigo Chaves el 25 de enero, después de que unas declaraciones del ministro de Seguridad Jorge Torres se sacaran de contexto y llevaran a titulares erróneos.

“¿Queremos seguridad al estilo Bukele? En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción”, respondió en una conferencia de prensa.

“Además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. (…) Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Y yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”.

• “Cuando Bukele pierda popularidad y los aplausos no le basten, las botas militares van a sonar un poco más”

Los problemas a los que hacía referencia es que entre el 1 de enero y el 15 de febrero Costa Rica contabilizó 103 homicidios, la cifra más alta en 200 años como país independiente, y eso después de cerrar 2022 como el año más violento.

Pero las autoridades descartan que en ello tengan algo que ver presuntos pandilleros llegados de El Salvador.

“En absoluto, para nada. Es una situación producto de unas disputas de territorio entre grupos criminales”, le dice tajante a BBC Mundo Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Es totalmente criminalidad local con algunas personas involucradas del sur del continente: Colombia, tal vez de Venezuela, pero mareros o pandilleros de El Salvador, no”.

Asegura que no han aumentado las detenciones de presuntos miembros de esas organizaciones — el promedio anual es de 25-30— y que el equipo de inteligencia encargado de darles seguimiento en el territorio no ha reportado ningún repunte de llegadas.

En 2022 deportaron a 18 extranjeros presuntamente vinculados a pandillas, 13 de ellos salvadoreños, y cuatro en lo que va de año.

Y explica que el no ser un país colindante con El Salvador ayuda a ello: “Nicaragua hace una buena contención”.

BBC Mundo intentó sin éxito obtener cifras oficiales relativas al tema de las autoridades nicaragüenses.

La misma explicación que Zúñiga dio el anterior ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, a Noticias Repetel en febrero del año pasado.

A lo que añadió que para los presuntos mareros es “más atractivo viajar hacia el norte”.

“Es más provechoso ir a un lugar donde los grupos ya están constituidos que a uno en el que no lo están. Y en este momento, no le puedo decir en el futuro, no hay un asentamiento de la MS o del Barrio 18 en Costa Rica ni en Panamá que permita que estas personas tengan un lugar donde llegar y cómo asociarse, como ocurre en los otros países”.

A México y camino a EE.UU.

Más al norte está México.

Allí, en Chiapas, el estado sureño que colinda con Guatemala, las autoridades locales formaron una fuerza especial antipandillas y apostaron policías en las estaciones de transporte público. Y el ejército mexicano desplegó en diciembre 350 soldados adicionales en las comunidades limítrofes con Guatemala.

Y es que, en el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público del estado fronterizo han denunciado un aumento de intentos de extorsión por parte de “delincuentes centroamericanos”.

Según reportes de medios locales, al menos tres conductores fueron asesinados por negarse a pagar y otros han recibido golpizas o les han quemado los vehículos.

Uno de los líderes de los transportistas en la zona, quien prefirió mantenerse anónimo por seguridad, se lo confirmó a BBC Mundo, que también tuvo acceso a audios de llamadas amenazantes.

Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva, por lo que los expertos dudan de que se pueda decir tajantemente que los extorsionistas son recién llegados.

De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha está en el país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década, cuando la banda creó el Programa México.

• Qué es el “Programa México” con el que la Mara Salvatrucha se expandió en ese país (y cuál fue el golpe que lo dejó al borde de su desaparición)

En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18. Y entre enero y septiembre de 2022 fueron detenidos 148 presuntos pandilleros, de ellos 50 de El Salvador, según datos obtenidos por la agencia AP.

En cifras más recientes, proporcionadas por la Fiscalía a BBC Mundo, entre el 1 de enero y el 9 de febrero de este año se llevaron a cabo 36 operativos y se detuvo a 13 personas, nueve de ellas salvadoreñas, y abrieron siete carpetas de investigación por delitos como portación de armas, narcomenudeo y “pandillerismo”.

El fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, le dijo en enero a AP que la guerra de El Salvador contra las pandillas explicaba el aumento de la actividad de estos grupos en México.

Y aseguró: “Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá”.

Aunque Joaquín Darío Barahona Núñez, segundo comandante del Grupo Antipandillas en Tapachula, encargado de dichos operativos y quien lleva ocho años trabajando en la zona, confirma el aumento de llegadas, niega que se estén estableciendo en la zona.

“Hemos hecho detenciones y se deporta a los que tienen orden de captura, pero la mayoría está de paso“, le dice a BBC Mundo.

“Realizamos patrullajes preventivos, para que también esos pandilleros no quieran establecerse en un solo lugar. Cuando ven que hay vigilancia, salen del sitio y van a otro lado. Siguen su camino hacia delante, hacia Estados Unidos”.

BBC Mundo solicitó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. información sobre presuntos pandilleros detenidos tratando de ingresar en el país desde su frontera con México, pero de momento no obtuvo respuesta.

Mientras, investigadores independientes como el mexicano Carlos García, especializado en estas organizaciones criminales, suscriben la tesis de que su objetivo es llegar a territorio estadounidense.

“Los pandilleros que huyen ya no quieren dedicarse a acciones delictivas por el miedo de que los deporten a su país y acaben en las peores condiciones”, asegura, y rechaza cualquier posibilidad de que México pudiera convertirse en el nuevo principal centro de operación de las maras.

“Además, habría que ver qué es lo que se considera pandilleros, porque hay activos llegando, pero también muchos que ya se han desactivado, que tienen mucho tiempo que dejaron la pandilla, entre ellos muchos cristianos, que han salido huyendo por traer tatuajes muy vistosos o llamativos”, matiza.

Sin cuentas pendientes

Es el caso de Walter, quien dice que dejó la MS-13 tras trece años de pertenecer a ella y haber pasado por varias cárceles, “por muchas cosas que la pandilla fue implementando conforme fue evolucionando”, dice sin dar más detalles.

“Renuncié aun sabiendo que iban a buscarme para quitarme la vida, porque usted sabe que salirse no es así como decirlo y ya,”, dice a BBC Mundo desde el otro lado del teléfono.

Asegura que no tiene cuentas pendientes con la Justicia de El Salvador. “Estoy 100% limpio. Cometí errores pero pagué por ellos”.

“Pero sabía que si me quedaba, iba a ser víctima de ese régimen que me iba a alejar de mi familia. Así que me dije: ‘Prefiero estar lejos pero que sepan que estoy bien, que me puedan ver aunque sea por una llamada’. Porque allí, ¿quién iba a saber de mí? Me voy a morir y no lo van a saber”.

Sus allegados reunieron el dinero para que pudiera salir del país y llegar hasta México, donde hoy se encuentra.

Aunque su plan —”como el de varios que conocí en la calle y en la cárcel y que ahora andan por aquí”, dice— es seguir a EE.UU. y esperar allí unos años, hasta que el gobierno o la situación en El Salvador cambie.

“Mi mayor temor es que, por intentar cruzar y llegar al sueño americano, me agarre Migración y me retorne. Imagínese llegar a El Salvador… No crea que me van a llevar con mi familia, voy a ir directo al Cecot”.

Se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva megacárcel de El Salvador con cabida para 40.000 presos, según el gobierno.

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Miguel también cree que ese es el destino que le espera si comete “un error” y lo terminan deportando de EE.UU.

Se sumó a las filas de la MS con trece años y pasó por numerosos centros penales. Pero tras cumplir una condena de 16 años “y al ver que mis principios y mis ideales estaban siendo pisoteados por las mismas personas en las que yo creía”, decidió desactivarse.

Con el 98% de su cuerpo tatuado, salió “de emergencia“ a Nicaragua y cuando reunió el dinero para pagar a un coyote se dirigió a EE.UU., bordeando El Salvador porque ya estaba en vigor el régimen.

“Si tú me preguntas si está bien lo que están haciendo allá en contra de la delincuencia y estos grupos, sin pensarlo te voy a decir que sí”, reconoce.

“Pero si me preguntas por el trasfondo de este asunto, todo esto viene de la suciedad, de tratos mugrosos”, apunta, refiriéndose a las supuestas negociaciones entre la MS-13 y dos funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021, algo que el gobierno siempre ha negado.

“Si (los pandilleros) participaron en algún delito, pues ni modo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se lleven a sus mamás, a sus hijos, a ancianos, a personas que no tienen nada que ver“.

Las denuncias de detenciones arbitrarias son diarias en El Salvador.

Familiares de arrestados han llevado a cabo protestas con pancartas con mensajes como “cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales” y organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y entidades locales manifiestan que no hay manera de garantizar una defensa efectiva incluso de demostrar inocencia durante el régimen de excepción.

“Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de la cárcel)”, ha respondido a ello el viceministro de Seguridad, Osiris Luna.

“El que nada debe nada teme”, escribió en esa línea el diputado oficialista Walter Alemán en Twitter en abril.

“El que nada debe nada teme”

— Walter Aleman (@WalterAlemanSV) April 14, 2022

Entrevistado por la BBC, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó que existan detenciones arbitrarias basadas en llamadas anónimas o simples tatuajes.

• Guerra contra las pandillas en El Salvador | “Hemos encarcelado a más de 65.000 personas, y cuando manejas una operación de estas dimensiones podría haber un error”

“Podría ser que cuando llevas a cabo una operación de este tamaño, probablemente podría haber algún error y algunas personas podrían haber sido arrestadas sin tener vínculos con las pandillas. Pero miles de personas han sido ya liberadas” tras comprobarse que no era así, dijo.

Quienes huyeron prefieren no arriesgarse.

“Yo a El Salvador no vuelvo ni en caja. Ni en caja”, dice Miguel.