El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp, se refirió este jueves 24 de marzo sobre la salida de Erika Aifán del Juzgado de Mayor Riesgo D y la situación en general con los jueces del país, y afirmó que están preocupados.

El embajador Popp acudió al lanzamiento oficial del Pago en Línea de Aranceles, que es un sistema  para gestión de trámites del Departamento de Regulación de Productos Farmacéuticos y Afines.

Este proyecto de modernización digital fue gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y según las autoridades de Salud, “favorece significativamente” al sector farmacéutico, pues agiliza el comercio en Guatemala.

Luego del evento, el embajador Popp fue abordo por La Red, y se le consultó sobre la salida del país de Erika Aifán, quien se exilió en Estados Unidos y el lunes 21 de marzo presentó su renuncia como jueza primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”, por presiones y amenazas que ponían en riesgo su vida.

“Bueno, estamos preocupados por lo que ha pasado con el caso de ella -Erika Aifán- y con algunos otros. Esperamos que haya un fortalecimiento del estado de derecho aquí en Guatemala…Es muy importante para la inversión, la justicia y muy importante para el futuro de los guatemaltecos”, dijo el embajador Popp en unas breves declaraciones.

Más respaldo a Aifán

El Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala, integrado por varias organizaciones, emitió un pronunciamiento en las redes sociales de las mencionadas entidades, en las que respaldan a Erika Aifán, quien permanece en el exilio desde el pasado 9 de marzo.

“Desde el Observatorio Internacional sobre los Derechos Humanos en Guatemala respaldamos a la jueza Erika Aifán, hoy en el exilio a consecuencia de los ataques en contra de su persona y su labor, en la lucha por una justicia independiente en Guatemala. Su valentía en la tramitación de los más graves casos de corrupción es un ejemplo para toda la judicatura independiente en la región”, dice el pronunciamiento.

Erika Aifán, quien presentó este lunes 21 de marzo su renuncia como jueza primera de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D”, concedió una entrevista con el medio digital salvadoreño El Faro, en la que aseguró que está exiliada en Estados Unidos por el hostigamiento y las amenazas que sufría las cuales asegura provienen del Estado de Guatemala.

En la entrevista con El Faro, ofrecida desde Washington, Estados Unidos, Aifán también habló sobre la persecución en su contra, las amenazas a su integridad y también asegura que el presidente Alejandro Giammattei le pidió, por medio de una carta, la declaración del Testigo A, que señala al mandatario de haber recibido sobornos de constructoras.

Según El Faro, la noche del pasado miércoles 9 de marzo Aifán, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, salió de Guatemala y cruzó la frontera con El Salvador, por la vía terrestre.

Luego de eso, voló hacia Costa Rica y luego hacia Estados Unidos, en donde está exiliada.

Aifán revela que decidió exiliarse porque no vio otra opción para garantizar su integridad física y que la protección que el Estado y el Organismo Judicial debieron darle, tuvo que buscarla en otro país.

Añade que en un principio no había pensado en el exilio sino que en enfrentar el proceso en su contra en Guatemala, que incluso se vio en la cárcel y que preparó un plan por si eso sucedía, pero luego se dio cuenta que no se enfrentaría al debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías

“En Guatemala estaban en riesgo mi vida y mi integridad física, así que, tras evaluarlo junto a mi familia y los abogados que me han estado asesorando, consideramos que debía buscar otros espacios para poder defenderme y protegerme”, dijo Aifán a El Faro.

Añadió que al momento en que ingresara a la cárcel los esquemas de seguridad que tenía no la iban a poder proteger más y que en ninguna cárcel del país hubiera sido segura para ella, porque durante su trabajo en el juzgado enfrentó a personas de alto perfil de los tres poderes del Estado y también ha conocido casos contra estructuras criminales con gran poder operativo y bélico a nivel nacional y transnacional.

Fue consultada si las amenazas o posibles atentados dentro de una hipotética encarcelación en Guatemala podrían venir del propio presidente Alejandro Giammattei y ella respondió que no quería individualizar y señalar nombres, pero que podrían venir de cualquier persona señaladas dentro de los procesos que conoció y que uno de ellos tenía señalamientos en contra del presidente.

Giammattei y el Testigo A

A Aifán le consultaron si era cierto si el presidente Giammattei le había pedido en las últimas semanas una copia de la declaración del Testigo A, que señala que cuando el mandatario era candidato presidencial en 2019, llegó a un acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, José Luis Benito, para recibir US$2.6 millones (unos Q20 millones) para la campaña presidencial a cambio de que Benito se mantuviera en su cargo.  Estos fondos habrían sido un aporte de constructoras.

En la entrevista con El Faro, Aifán afirmó que Giammattei había solicitado una copia de la grabación de la declaración del Testigo A, pues tenía conocimiento que hacía referencia a su persona.

“Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella”, se lee en la entrevista.

Procesos de antejuicio contra Aifán

La exjueza también fue consultada sobre la forma en la que defendió su postura frente al juez pesquisidor que tenía que decidir si procedía quitarle la inmunidad.

En este caso señaló que se le acusa de haber ordenado la investigación de hechos en agravio de magistrados y jueces que gozan de inmunidad, pero en la audiencia nunca presentaron alguna resolución que ella haya firmado en ese sentido.

Refirió que el juez, en la segunda audiencia quiso cambiar lo que se había consignado en el acta de la audiencia anterior, y por eso Aifán pidió que esta fuera abierta al público, pero no se realizó así y aparentemente eso se hizo para tratar de alterar actas.

“Si esta audiencia hubiera sido pública los guatemaltecos hubieran podido percibir que dentro del expediente del caso no existe ninguna resolución firmada o emitida por mí que significara una investigación contra jueces o magistrados que tienen derecho de antejuicio. Y hubiesen podido escuchar cada uno de los argumentos y ver las pruebas que desvanecen la denuncia que el Instituto de Magistrados presentó en mi contra. En privado es más fácil para él generar impunidad y corrupción”, dijo Aifán en la entrevista con El Faro.

También afirmó que el denunciante pidió que fueran escuchados testigos, y ella preguntó, porque le interesa escuchar esos testimonios para poder defenderse, pero el juez pesquisidor fue enfático en señalar que no le iba a permitir estar presente en las declaraciones de los testigos si decide hacerlas.

“Eso restringe mi derecho de defensa. Por todas estas razones pienso que el pesquisidor ya tenía tomada una decisión en mi contra antes de las audiencias, y no es lógico esperar que después de todo este esfuerzo por vulnerar el debido proceso resuelva a favor mío”, señala Aifán.

Dijo que ella ya había decidido salir al exilio, pero como se programó la segunda audiencia decidió esperar y dar sus argumentos, y si le hubieran programado otra, también la hubiera realizado en este país.

La CSJ tiene tomada su decisión

Según la exjueza Aifán, desde la CSJ también hay una decisión en su contra, ella respondió que sí.

“Solicité que varios magistrados se recusaran por conflictos de interés, pero lo que han hecho es abstenerse de responder y van a resolver mi caso con mi solicitud en trámite, a pesar de que la ley prohíbe a los jueces suspender la tramitación de los procesos. Están vedando mi derecho a tener un juez imparcial, independiente. Eso lo dice todo” afirmó Aifán en la entrevista.

El caso Comisiones Paralelas

“La gente conoce esa investigación como Comisiones Paralelas 2020, e indaga la posible cooptación del proceso de selección de cortes. Por lo menos 7 de los 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia están señalados en el caso. Fueron diez en principio, pero tres están ahora en otros organismos. También están señalados algunos magistrados de salas de apelaciones, que en ausencia temporal de alguno de los magistrados de pleno ocuparían su lugar. La denuncia en mi contra es además por supuesto abuso de poder en mi instrucción del caso Comisiones Paralelas. Es evidente que esos magistrados tienen un interés directo en que yo siga o no siendo la jueza a cargo del caso” señaló.

Aseguró que hay otros conflictos con la Corte, puesto que la CSJ, que debía resolver a favor o en contra de retirarle la inmunidad ha tenido conversaciones con el Instituto de Magistrados, que es quien la denuncia.

“Han tenido conversaciones en privado, lo que está prohibido por la ley de la carrera judicial. La presidenta de la Corte Suprema ha dado, según información del departamento financiero contable, al menos un pago de Q20 mil al Instituto. Tienen relaciones económicas. Y además de todo esto, quien me denuncia es el presidente del Instituto, el magistrado pesquisidor, que es quien me escuchó y recibió mis pruebas de descargo, es el secretario del Instituto, y el tesorero del Instituto forma parte del pleno de la Corte Suprema. En resumen: denunciante, investigador y juzgador son parte de la junta directiva del Instituto que me denuncia. Es ilógico pensar que el resultado va a ser a mi favor. No puedo pensar que la corte está haciendo todo esto para favorecerme”, dijo Aifán.

Juan Francisco Sandoval probablemente estaría muerto

También fue consultada que habría pasado si el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP no hubiera salido exiliado del país y ella respondió que probablemente este estaría muerto, pues hay un componente de odio muy fuerte hacia Sandoval y hacia ella.

“El riesgo no solo de una detención, sino de muerte, es muy fácil de acreditar en el caso del licenciado Sandoval, por los hechos que le hizo saber la Embajada de Estados Unidos acerca de un atentado estructurado contra su vida”.

Estado cooptado

Según Aifán, Guatemala llegó hasta este punto expresó: “El Estado ha sido cooptado por miembros de estructuras criminales. Lo venimos señalando desde hace mucho, en diversas sentencias judiciales. Se ha socavado el estado democrático y las estructuras criminales han hecho un esfuerzo muy importante por obtener impunidad y para ello cooptar el sistema de justicia. Cuando vemos que en Guatemala ya no se cumplen las formas del debido proceso ni aun en las más altas cortes, nos damos cuenta de que el sistema de justicia ha sido socavado”.

La exjueza también afirma que tiene la esperanza de que Guatemala pueda algún día recuperar el estado de Derecho y fortalecer el sistema de justicia.

Señaló que una oportunidad importante para eso habría sido la elección de fiscal general, pero considera que también allí ve algunos vicios.

“No estoy segura de que la persona que sea designada para estar los próximos años al frente de la Fiscalía General pueda devolver esa confianza y credibilidad a la institución”, citó Aifán.

Finalmente, al consultarle sobre cuál será su futuro, señaló que en este momento solo puede partir de la decisión que ya tomó, que fue dejar de ser jueza en Guatemala y que va buscar otros espacios para defender la justicia y el estado de derecho, pues es algo en lo que sigue creyendo.

Erika Aifán, jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D” presentó su renuncia irrevocable a ese cargo debido a “presiones, amenazas y hostigamientos” en su contra.

La renuncia fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales, la hasta entonces jueza publicó un video en el que afirma que seguirá luchando por sus ideales desde otros espacios.

Aifán ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años.

La carta de renuncia está dirigida al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento la jueza Aifán colocó 3 numerales con los motivos por los cuales renunció al cargo.

“1) Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia, situaciones que se han agravado en los dos últimos meses por tener a mi cargo entre otros, el único proceso penal en la historia del país en el que se realiza una investigación en contra de funcionarios de los tres poderes del Estado, y se han sumado múltiples violaciones al debido proceso que me obstaculizan el acceso a la justicia y el derecho de defensa”. Se lee en la carta.

“2) He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega el documento.

“3) He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo, el que he realizado con independencia judicial en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida”, menciona la carta.

La jueza Aifán, también menciona en el documento, que por esos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares en 2019, pero que el hostigamiento continúa,  “como son las acciones más recientes provenientes del Ministerio Público que atentan contra la independencia de la judicatura”, se lee.

“A pesar de verme en la necesidad de no poder continuar mi carrera como jueza, vocación a la que he dedicado mi vida, me siento satisfecha de haber desempeñado una labor por más de 19 años, habiendo sido evaluada con calificaciones sobresalientes, de haber tenido el honor de ser reconocida a nivel nacional e internacional, incluyendo el premio Mujer Destacada del Organismo Judicial, así como el prestigiado reconocimiento “Mujer de Coraje 2021” que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y el premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos”.

#AHORA | Erika Aifán renunció al cargo de jueza de Mayor Riesgo "D" en el que conocía casos de corrupción. Aifán argumenta que su dimisión es por "presiones y amenazas" en su contra. pic.twitter.com/uLGawXS38v

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 21, 2022

Sale al exilio

Según el medio digital El Faro, de El Salvador, Aifán salió al exilio la noche del pasado miércoles 9 de marzo sin avisar a su equipo de guardaespaldas.

Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos.

https://twitter.com/aifan_erika/status/1505939275388526592

Erika Aifán, jueza de mayor riesgo D, demandó al Estado de Guatemala, debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido este martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mismo 7 de septiembre por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Según el comunicado, la jueza Aifán tiene a su cargo casos de corrupción de alto nivel y crimen organizado. Añade que en marzo de 2021 ella fue descrita como un “ícono de la lucha contra la corrupción en Guatemala”, recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y es integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, apoyada por el Vance Center.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

“Esto permitiría procesarla penalmente por supuestos excesos en sus actuaciones judiciales en casos llevados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Hace un mes, el jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval fue destituido por la fiscal general María Consuelo Porras y obligado a abandonar el país, por temor a su vida”, se lee en el comunicado.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta busca “no solo reivindicar los derechos individuales a la independencia judicial, la vida, la integridad personal, el debido proceso legal, y la protección judicial de
una jueza que lucha contra la corrupción en Guatemala, la Jueza Erika Aifán, sino también apoyar al Estado de Derecho en ese país, en el contexto de ataques fuertes en contra del
mismo por círculos poderosos, públicos y privados, que favorecen la continuidad de la corrupción y de la impunidad, incluso dentro de la misma administración de justicia”, se lee en la petición presentada.

Además, que la jueza Aifán goza de Medida cautelar No. 682-18, solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y por CEJIL, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 23 de octubre de 2019 por Resolución 55/2019.

Violaciones contra Aifán

El documento refiere que la petición tiene el objetivo de “señalar las múltiples violaciones de los derechos humanos en el fondo del mismo asunto tratado por las medidas cautelares, así como subrayar el cumplimiento meramente parcial por parte del Estado con las medidas cautelares, y el grave empeoramiento reciente, a pesar de las medidas, de la situación de independencia judicial de la Peticionaria y del Estado de Derecho en Guatemala”.

Añade que luego que se le otorgaron las medidas cautelares a Aifán, los ataques a la independencia judicial de ella y al Estado de Derecho en Guatemala incluyen:

• a) Procesos infundados y parcializados de antejuicio, el rechazo arbitrario del amparo, y una multa infundada por una Recusación indebidamente rechazada, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

• b) Denuncias penales en contra de la Jueza, o bien infundadas o fundadas en sus labores jurisdiccionales, y no administrativas, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención.

• c) Amenazas en contra de la vida y la integridad física y moral de la Jueza, violando a los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• d) Actos de hostigamiento, intimidación y agresión, violando a los artículos 4, 5, y 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• e) La falta de responder y procesar oportunamente y con apego al debido proceso legal los hechos denunciados por la Jueza Aifán, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• f) La designación al juzgado de personal de apoyo incompetente y corrupto, sin sanciones correspondientes a sus infracciones graves, y la falta de asignación de recursos humanos adecuados, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• g) Dos procesos disciplinarios infundados ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• h) La omisión legislativa para tipificar como delito el atentar contra la independencia judicial, tal como dispone textualmente el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.” violando el artículo 8 en relación con el artículo 2 de la Convención.

Incumplimiento de medidas cautelares

El documento también refiere que Guatemala es responsable por la falta de cumplimiento pleno con la Medida Cautelar resuelta por la Comisión, en particular la falta de cumplimiento pleno con las medidas precisadas en la Resolución:

• a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
  personal de la señora Érika Lorena Aifán.

• b) adopte las medidas necesarias para garantizar que la beneficiaria pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

• c) concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes.

Petición completa de la jueza Erika Aifán

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el viernes a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción, cuando en el país centroamericano manifestantes cierran carreteras desde hace días exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei señalado de promover la impunidad.

“La CIDH expresa su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial en Guatemala y urge al Estado a priorizar y fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción, mediante el respeto a un sistema de justicia independiente e imparcial”, dijo este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.

La Comisión deploró la destitución a finales de julio del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, quien tras ser removido denunció obstáculos en su labor y dijo que se le pidió no investigar a Giammattei sin consentimiento de la fiscal general Consuelo Porras.

“Preocupa particularmente la grave y permanente situación de criminalización de jueces y juezas con competencia de alto riesgo en Guatemala”, indicó.

Entre éstos, mencionó a Pablo Xitumul De Paz, Miguel Angel Gálvez Aguilar, Iris Yassmín Barrios Aguilar y Érika Lorena Aifán Dávila, todos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.

La Comisión señaló el hostigamiento de jueces y fiscales en Guatemala por investigar “estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico” o “graves violaciones a derechos humanos”, o por apoyar a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG).

La CICIG, un ente adscrito a la ONU que apoyó a la Fiscalía a enjuiciar a políticos, militares y empresarios considerados intocables, dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), tras ser señalado de corrupción electoral por ese órgano y por la FECI.

La CIDH también reiteró su preocupación ante la negativa del Congreso guatemalteco de juramentar a Gloria Porras como magistrada reelecta a la Corte de Constitucionalidad.

Porras es reconocida por haber revertido controversiales medidas de gobierno, principalmente durante la presidencia de Morales, que grupos sociales consideraban como un retroceso en el combate a la corrupción y que detonaron en protestas callejeras.

Desde la salida de Sandoval, que huyó del país temiendo por su seguridad, Guatemala ha vivido jornadas de protestas que exigen la renuncia de Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras.

La juez de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, denunció que ha sido víctima de seguimiento por vehículos sospechosos, no identificados, incluso sin placas. Lo peor de todo, es que su carro asignado, está descompuesto y el OJ le prestó uno que ahora le quiere quitar.

Aifán, quien tiene a su cargo casos de alto impacto, dirigió una carta a la varias oficinas del Organismo Judicial.

Advirtió a las autoridades judiciales del grave riesgo en que la están colocando pues le requieren que devuelva un vehículo blindado que le ha prestado el OJ, en lo que recupera el asignado que está en reparación y que dicho sea de paso, “la deja tirada en carretera”.

URGENTE: Jueza Érika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, denuncia que ha sido perseguida por un vehículo Toyota Yaris negro y una camioneta corinta sin placas de circulación. pic.twitter.com/ADnw6GLr4n

— Diario La Hora (@lahoragt) September 17, 2018

Jueza denuncia que dos vehículos la siguieron y grabaron

Una de las cartas, refiere a que el pasado 31 de agosto fue perseguida por dos carros, un Toyota Yaris, del cual no fue posible tomar el número placa y otro carro tipo camioneta color corinto, sin placas de circulación.

“Dichos vehículos me siguieron en la ruta de la Torre de Tribunales hacia mi residencia, logrando observar que en uno de dichos vehículos me estaban grabando con un teléfono celular. Dicha situación fue puesta en conocimiento del Licenciado Angel Antonio Conte Cojulun, (jefe de seguridad del OJ) de manera verbal, y atendiendo a los riesgos que conlleva el cargo que desempeño, lo hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes”.

El pasado viernes 31 de agosto la Jueza por procesos Mayor Riesgo "D" Ericka Aifán denunció que el vehículo en el que se conducía fue perseguido por 2 carros, 1 sin placas. La persecución fue de los Tribunales hacia su residencia, observó que grabaron con un teléfono celular. pic.twitter.com/NJHxABuTyG

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 17, 2018