En una audiencia de más de 12 horas, que fue transmitida en vivo, la jueza Carmen Helena Ortiz denegó la solicitud de archivar el caso en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe.

La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, apelando a ausencia de delito en las conductas de las que se acusa al exmandatario.

“Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal”, dijo la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá durante la audiencia.

Y agregó que “el despacho rechaza la petición de preclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”.

Esa decisión podrá ser apelada por la defensa de Uribe ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tomaría la decisión final.

Esto en medio de un proceso que se ha dilatado por años y justo antes de las siguientes elecciones presidenciales en las que la derecha, a la que pertenece Uribe, se juega su permanencia en el poder.

Un proceso polémico y sorpresivo

El proceso en contra de Álvaro Uribe ha sido sorpresivo, no solo porque se trata del expresidente más popular en la historia reciente de Colombia (senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010), sino porque será un juez quien determine si Uribe es inocente o culpable, a pesar de que la misma Fiscalía esperaba no llegar a esa instancia.

El caso, que empezó en la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Fiscalía en 2020 cuando Uribe, después de haber sido detenido en prisión domiciliaria, renunció a su escaño como senador, perdió su condición de aforado y recuperó su libertad.

Esa movida fue interpretada por los detractores de Uribe como una maniobra para que su caso se trasladara a un ente en el que su partido, actualmente en el poder, pudiera influir.

El expresidente, por su parte, ha dicho que se enfrenta a una persecución política y que renunció porque no contaba con garantías en la Corte.

¿De qué se acusa a Uribe?

Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.

Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.

Concretamente, señalaba a Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.

En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.

La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados.

En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.

El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.

Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Uribe.

Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.

Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado “bajo presión”.

Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.

De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.

Varios testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como “ayuda humanitaria”.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y actualmente es senador por el partido oficialista de derecha Centro Democrático, se pronunció así por primera vez desde que el pasado 4 de agosto la Corte ordenó su detención domiciliaria.

“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por FARC, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”, expuso Uribe en Twitter.

Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc,su nueva generación y sus aliados.
Sin pruebas,solo https://t.co/MmbPdFaYwE Interceptaron ilegalmente.Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo.Pido transparencia pic.twitter.com/em6DkBoUXX

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2020

El caso que tiene al expresidente en prisión domiciliaria comenzó en 2012 cuando él mismo demandó por supuesta manipulación de testigos al senador izquierdista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El proceso contra Cepeda dio un giro cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló archivó el caso y al mismo tiempo le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.

Alegatos de la defensa

El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, aseguró en un comunicado que, tras examinar las 1.554 páginas de la decisión de la Corte, concluyó que “no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente”.

“Esta decisión infundada y sin precedentes en la Justicia del país demuestra cómo a Álvaro Uribe se le han violado seis principios y derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”, agregó el letrado.

Explicó que esos son la presunción de inocencia; una investigación integral y objetiva; exclusión de la prueba ilícita e ilegal; derecho a interrogar los testigos de cargo, como los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso y Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra; la inviolabilidad de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, y la imparcialidad.

“Ante esta incuestionable realidad no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”, añadió Granados.

Manifestaciones de respaldo a Uribe

Desde la semana pasada, simpatizantes de Uribe han salido a las calles de varias ciudades de Colombia -como Medellín, donde nació Uribe, además de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Barranquilla Cúcuta y Pereira, entre otros- en caravanas de vehículos como muestra de apoyo al hoy senador.

Las caravanas fueron la alternativa de sus seguidores para apoyarlo debido a que las manifestaciones no están permitidas en el país por la pandemia de coronavirus.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe dio positivo a coronavirus horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y compra de testigos, confirmaron a Efe fuentes de su partido, el Centro Democrático.

Una misión médica le realizó la prueba al exmandatario esta mañana en la finca “El Ubérrimo”, situado en el caribeño departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir el virus y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria.

La orden de detención domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) es apenas el comienzo de una larga travesía por el desierto en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

El alto tribunal determinó ayer que el exmandatario y senador será privado de su libertad porque, al hacer un “riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal”, encontró “posibles riesgos de obstrucción de la Justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos” que lo involucran.

La decisión de la Corte Suprema ha causado una enorme controversia en el país, donde la figura de Uribe es venerada por sus seguidores y cuestionada con severidad por sus opositores, uno de ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, contraparte en este proceso que aunque menos grave que los muchos otros abiertos contra el expresidente es el que ha llevado más lejos a la Justicia.

El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no solo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

El caso

Este martes, la Corte Suprema de Justicia ordenó el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, que se convirtió en el primer presidente de la historia del país en tener que cumplir dicha sanción.

El exmandatario, de 68 años y mentor político del actual presidente, Iván Duque, es acusado de fraude procesal y soborno.

• Álvaro Uribe: Corte Suprema de Colombia ordena el arresto domiciliario del expresidente

Uribe se declara inocente y asegura que detrás de su detención preventiva hay una persecución política que ha afectado judicialmente a decenas de sus aliados.

Los simpatizantes acusan a los tribunales, las mismas que le impidieron la segunda reelección en 2009, de dejarse presionar y responder a intereses políticos.

Senador y presidente por dos periodos entre 2002 y 2010, Uribe es la figura política más importante de la historia reciente del país. La decisión de la Corte promete un terremoto político.

Uribe es investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos.

Pero el caso que lo priva de la libertad ahora arrancó con una paradoja.

• Por qué Álvaro Uribe sigue siendo el político más popular de Colombia pese a las numerosas acusaciones en su contra

El caso que él inició

Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.

Para apoyar su acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.

Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.

Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.

En respuesta al debate en el Senado, el exmandatario demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.

La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.

Convictos y contradictorios

El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.

Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Uribe.

Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.

Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado “bajo presión”.

Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.

De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.

Varios testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como “ayuda humanitaria”.

Escuchas telefónicas

Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma “accidental” durante el curso de otra investigación.

Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe.

Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no fueran incorporadas al proceso han sido infructuosos.

Uribe ha dicho en diferentes ocasiones que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y numerosas irregularidades.

Además, ha cuestionado que la Corte Suprema no haya aceptado la declaración libre y voluntaria que sobre el caso él ofreció hacer.

Una figura polémica, pero histórica

En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En 2002, Uribe logró llegar a la presidencia de Colombia con un discurso centrado en el incremento de la ofensiva contra la guerrilla de las FARC y la reducción del gasto público, rompiendo con el bipartidismo Liberal-Conservador que se repartió el poder en este país durante décadas.

Luego, Uribe logró una inédita reforma constitucional que le permitió buscar (y lograr) la reelección para un segundo mandato, por el que llegó a mantenerse en la presidencia por ocho años.

• Cómo la crisis de Venezuela está influyendo en las campañas presidenciales de Colombia, México y Brasil

En las dos elecciones presidenciales en las que participó (2002 y 2006) obtuvo la victoria en primera vuelta con votaciones récord en la historia del país.

Por si fuera poco, en 2016 fue el actor protagónico de la victoria del No en el plebiscito por la paz entre el Estado y las FARC, su mayor triunfo contra su gran rival en los últimos años y quien antes había sido su gran aliado, el entonces presidente Juan Manuel Santos.

En marzo de 2018, se convirtió en el senador que más votos recibió en toda la historia de Colombia, logrando la reelección por cuatro años más.

Ese mismo año, Iván Duque, a quien muchos consideran heredero político de Uribe, llegó a la presidencia Colombia.

Innumerables polémicas y acusaciones en su contra han sido parte de casi toda su vida política.

A Uribe se le ha señalado numerosas veces de favorecer a los paramilitares en su afán por derrotar a las FARC e incluso ha sido vinculado con el narcotráfico.

Pero lo que finalmente lo llevó a una sanción judicial histórica fue un caso que él mismo inició.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, comparó este martes 4 de agosto al senador y expresidente colombiano Álvaro Uribe con el gánster estadounidense de los años 20 y 30 Al Capone y dijo que, al igual que este, el líder del Centro Democrático fue detenido por “un delito menor”.

“Hoy la Corte Suprema -de Justicia- de Colombia dictó privación de libertad y le dio casa por cárcel al expresidente Álvaro Uribe Vélez, alias ‘El Matarife’, precisamente por sus vínculos directos con el paramilitarismo”, dijo Maduro en un acto por los 83 años de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) transmitido por la televisión pública VTV.

“Como en el caso de Al Capone, lo están agarrando por un delito menor”, añadió el presidente venezolano, al tiempo que acusó a Uribe de ser “pieza clave” en la operación del fallecido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

“Por el narcotráfico cuántos años, cuántas denuncias contra Álvaro Uribe Vélez”, insistió Maduro.

El Supremo colombiano ordenó hoy la prisión domiciliaria de Uribe dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado en su cuenta de Twitter.

El caso que cursa la Justicia colombiana contra Uribe inició en 2012, cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Pero el proceso de Uribe contra Cepeda dio un giro de 180 grados cuando el magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema, que fue quien recibió el caso, no sólo lo archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

Maduro también dijo hoy que el paramilitarismo y el narcotráfico “se tomaron el Palacio de Nariño en Colombia”, por cuanto ordenó a los militares venezolanos prepararse “cada vez más” para defender el país.

En ese sentido, adelantó que la próxima semana fundará la Superintendencia Nacional Antidrogas “para darle un nivel superior” a la lucha contra los narcóticos en Venezuela.

Este ente, señaló, tendrá la tarea de planificar “la lucha estratégica (…) contra el narcotráfico colombiano” siempre que use el territorio venezolano.

El expresidente Álvaro Uribe, el político más influyente de Colombia en este siglo, anunció este martes que la justicia ordenó su captura dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió el exmandatario (2002-2010) en su cuenta de Twitter

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020

Uribe, jefe del partido en el poder, no precisó si la decisión, que corresponde a la Corte Suprema, implica su traslado a una cárcel o si se trata de una orden de arresto domiciliario.

Mentor político del presidente Iván Duque, el exgobernante de 68 años dio a conocer la decisión del tribunal en el marco de la audiencia que llevan a cabo este martes los jueces para definir su situación.

El exmandatario derechista enfrenta una investigación por manipulación de testigos en su calidad de senador, que podría llevarlo a juicio por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal) y castigados con unos ocho años de cárcel.

Uribe había sido interrogado por los jueces el 9 de octubre.

El exmandatario terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.

Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.

Guatemala debe suprimir la actividad judicial de Iván Velásquez, sesgado militante extremista, y de Pinilla Cogollo, fue integrante de grupo criminal. Con politiquería judicial no se derrota la corrupción

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 31, 2018

El exmandatario y actual senador se refirió así a la decisión del presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, de no renovar el mandato de esa Comisión, cuyo periodo vence en septiembre de 2019.

Velásquez y Uribe han mantenido una histórica pelea que inició cuando el jefe de la Comisión era magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y criticó al exmandatario por los cambios que realizó a la Constitución del país para poder reelegirse.

VEA: Vea la carta con la que Jimmy Morales acaba con CICIG

A esto se sumó que en ese entonces el magistrado encabezó las investigaciones por parapolítica, tras las cuales se condenaron a varios políticos cercanos al expresidente, entre ellos su primo Mario Uribe Escobar.