Por Kenneth Monzón

Cuatro meses después que el excanciller y analista político Édgar Gutiérrez hizo pública una denuncia de, supuestamente, diez mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual, cometidos por el presidente Jimmy Morales entre 2017 y este año,  el caso fue desestimado.

El Ministerio Público (MP) informó en un comunicado que “del análisis del presente caso se pudo determinar que no se cuenta con los elementos necesarios ni con la colaboración de las víctimas que le permitan al Ministerio Público judicializar el presente expediente”.

Los puntos

La Fiscalía recibió la denuncia el 9 de julio pasado. Se especificó que el presidente Morales habría agredido sexualmente a dos mujeres, aunque sin especificar más datos.

María Consuelo Porras, fiscal General, informó que se esperaba hablar con las afectadas.

En el comunicado del MP, donde se detalla el cierre del caso a favor del presidente, se especificó que se debía individualizar a las presuntas víctimas, sin embargo, el inconveniente fue que Gutiérrez aseguró que no tenía la autorización para revelar la identidad de las víctimas.

“Del análisis del presente caso se pudo determinar que no se cuenta con los elementos necesarios ni con la colaboración de las víctimas que le permitan al Ministerio Público judicializar el presente expediente y así someterlo a conocimiento de un juez pesquisidor que determine si los hechos denunciados pudiesen ser constitutivos de delitos y que pudieren ser atribuibles al denunciado, por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 310 del Código Procesal Penal, en el sentido de que en el caso que nos ocupa no se puede proceder por el momento y atendiendo al principio de objetividad y celeridad, después de un análisis se concluyó que lo pertinente era desestimar el presente caso tomando en cuenta también que la desestimación no impide reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan”, informó el MP.

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Las pesquisas de la Fiscalía se realizaron en reserva. “Se debe de tomar en cuenta que se está proporcionando la información general del presente caso pues atendiendo al artículo 314 del Código Procesal Penal todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños; lo cual conlleva en este caso que solo se puede proporcionar información específica al denunciante; al denunciado y a las presuntas víctimas”, se informó.

La Fiscalía informó que “no se contaban con elementos esenciales” en esta fase de avance de las pesquisas. “Siendo que los delitos sexuales son delitos que en su mayoría son cometidos en soledad y en los cuales quien aporta información necesaria para la investigación son las víctimas directas, y tomando en cuenta que el presunto agresor goza del derecho de antejuicio por ser el Presidente de la República, en el presente caso el Ministerio Público no contaba con los elementos esenciales para poder solicitar el retiro de la inmunidad“, se especificó.

El MP indicó que es necesario que las víctimas colaboren. “Por parte del Ministerio Público no se espera a que las víctimas aporten la prueba pero sí es necesario contar con su colaboración para obtener los indicios necesarios“.

Al respecto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, informó cuando se hizo pública la denuncia por parte de Gutiérrez, que no tenían comentarios como Ejecutivo, al respecto. Brito calificó en esa oportunidad las palabras del ex canciller como calumnias y difamaciones.

Por Mynor Toc

El caso refiere que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSP) pagó aquella cantidad a Hiemann entre 2016 y 2017 para ser vocero presidencial y enlace con los medios de comunicación.

En una auditoría a la Secretaría, la CGC evidenció que la contratación de Hiemman Ochaita es indebida, porque el cargo de portavoz del presidente es una tarea que le corresponde al secretario de Comunicación, según lo establece el reglamento orgánico interno de la SCSP, por lo que esa función que debe desempeñar Brito no es delegable a terceras personas.

El subcontralor del Gasto, César Elías, confirmó vía telefónica la demanda contra el funcionario, y detalló que el caso fue presentado ante un Juzgado de Cuentas 4 de junio.

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Aunque Brito presentó sus pruebas de descargo, como detalla el informe de la auditoría, la CGC planteó la denuncia. Para los auditores, no se justifica la contratación del vocero presidencial, puesto que debe ejercer el jefe de la SCSP.

Elías espera que el juzgado los cite para una audiencia en la que la Contraloría deberá presentar las pruebas contra Brito.

La Contraloría recomendó a la Secretaría de Comunicación separar del cargo a Hiemann mientras se resuelve el caso en el juzgado.

Comentario de los auditores

La CGC subraya el hallazgo contra Brito porque, en su oficio que envió a los contralores, confirma que dentro de las funciones administrativas que le corresponden al secretario de Comunicación Social de la Presidencia se encuentra “fungir como portavoz del presidente de la República”, según el Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.

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Anoche, Brito y Hiemann fueron contactados vía telefónica para conocer su opinión al respecto del caso. En ambos casos, no respondieron la llamada a su celular.

Partes de un contrato de Hiemann