Una sala de apelaciones de Guatemala ordenó este jueves 28 de septiembre reactivar el juicio contra el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi por tres delitos dentro de una trama de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), había sido beneficiado con el cierre del caso en su contra el pasado 21 de julio, sin embargo, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo del Organismo Judicial decidió que debe ser juzgado.

El 20 de julio pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez Texaj, cerró la investigación contra Sinibaldi en el caso Odebrecht al decretar el sobreseimiento.

Con esta resolución, el exministro se libraba de enfrentar juicio por ese caso y quedaban sin efecto las acusaciones en su contra por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.

El exministro deberá enfrentar un debate por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo, por supuestamente haber recibido US$18 millones en sobornos para beneficiar con contratos a Odebrecht, entre 2011 y 2013.

La persecución contra Sinibaldi había cesado porque el Ministerio Público (Fiscalía) había decidido desechar los testimonios de dos empresarios brasileños que acusaban al exfuncionario de recibir dinero ilícitamente.

Esa decisión, que había provocado la libertad de Sinibaldi, fue tomada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de “corrupción y socavamiento de la justicia” en el país centroamericano.

Entre 2009 y 2015, Sinibaldi fue uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca y, según testimonios judiciales, llegó a manejar más de US$25 millones en sobornos.

Sinibaldi se entregó a las autoridades en agosto de 2020, tras cuatro años fugado, y está acusado de corrupción en otros cuatro casos, incluido el denominado “Cooptación del Estado”, sobre un desfalco estatal millonario durante el gobierno de Pérez Molina.

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, sobre el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fue beneficiado este viernes 18 de agosto con medida sustitutiva en el caso de corrupción Transurbano, por lo que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina, también preso por casos de corrupción, podrá recuperar su libertad, informaron fuentes judiciales.

La mañana de este viernes, los abogados de Sinibaldi solicitaron a los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones que se le otorgara medidas sustitutivas en el caso Transurbano, el único proceso por el cual el exministro estaba en prisión preventiva.

En la misma sesión se solicitó medidas sustitutivas para Luis Gómez y se conoció una recusación a la jueza que conoce el proceso penal del caso Transurbano.

Tanto Sinibaldi como Gómez fueron beneficiados con arresto domiciliar, pero tienen arraigo, prohibición de hablar con coimputados, deben entregar el pasaporte al MP y tienen la obligación de colocar huella dactilar cada mes.

Además, se les puso el pago de una caución económica de Q800 mil, que la hacerse efectiva les permite salir de la cárcel. También fue aceptada la recusación y se cambian a la jueza Sara Yoc y se nombra a la jueza B del Juzgado Segundo para que continúe con el proceso.

El Ministerio Público no se opuso a otorgar los beneficios a Sinibaldi.

Sinibaldi fue implicado en este caso por irregularidades en la contratación del servicio de seguridad en el Transurbano.

El MP estableció que durante las pesquisas en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas del Transurbano fueron beneficiadas dos empresas de Sinibaldi, supuestamente de cartón.

Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.

Sinibaldi también ha estado implicado en los casos Odebrecht y Cooptación del Estado.

En el caso Odebrecht, el pasado 5 de julio el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez Texaj, cerró la investigación en contra de Sinibaldi al decretar el sobreseimiento del caso, según informó el Ministerio Público (MP).

En Cooptación del Estado, la jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó el 30 de noviembre de 2022 arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones.

Corrupción en Guatemala

El país ha tenido nueve presidentes desde el regreso a la democracia en 1985, dos de ellos condenados por corrupción.

Alfonso Portillo (2000-2004) cumplió condena en Estados Unidos y Guatemala por lavado de dinero, mientras que Otto Pérez (2012-2015) renunció acusado de dirigir fraudes de aduanas y purga una condena de 16 años de cárcel.

Sin embargo, en 2019 la lucha contra la corrupción sufrió un retroceso con el fin de la Cicig, un ente avalado por la ONU que investigó sonados escándalos desde 2007.

La actual fiscal general, Consuelo Porras, fue incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de actores “corruptos”, junto con otros fiscales y jueces en ejercicio.

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló este jueves 13 de abril la sentencia dictada en contra de tres allegados al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quienes habían sido condenado a prisión por estar implicados en el caso Odebrecht, una trama de corrupción que salpica a altos exfuncionarios de varios gobiernos de la región.

La Sala en mención benefició a Jorge Antillón Klüssmann, Juan Manuel Molina Coronado y Juan Ignacio Florido, al considerar que hubo vicios durante el juicio efectuado por el Tribunal de Mayor Riesgo A en julio de 2019, por lo que ordenó la repetición del debate.

El 22 de julio de 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó por unanimidad a Molina Coronado y a Antillón Klüssmann a 14 años de prisión, mientras que a Florido lo sentenció a seis años de cárcel. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Yassmin Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante.

“Los acusados participaron en el lavado de dinero en su calidad de autores. Es evidente la estructura criminal para delinquir que trasladó grandes cantidades de dinero para beneficiarse”, explicó en esa oportunidad la presidenta del Tribunal.

Señalamientos durante el juicio

“Soy un peón de Alejandro Sinibaldi. Estoy quebrado moral y financieramente. No sabía que Sinibaldi se iba a convertir en un delincuente”, declaró Florido durante las conclusiones y réplicas del juicio en el que fue condenado en julio de 2019.

“Jamás aperturé alguna cuenta bancaria. Alejandro Sinibaldi está gozando de la plata. Me siento como un peón”, agregó.

En tanto, Molina Coronado, quien fue abogado de Sinibaldi, dijo en su última petición que no cometió el delito de blanqueo de capitales.

“Soy inocente. Mi trabajo fue estrictamente profesional. Este caso no tiene sustento. Se basa, en mi parte, a declaraciones de un colaborador —Juan Arturo Jeguerlehner, concuño de Sinibaldi— que obtuvo gran beneficio por mencionarme en ese caso”, refirió.

Además, el Tribunal recordó que la constructora brasileña Odebrecht firmó el contrato con Guatemala el 13 de diciembre de 2012 para dar mantenimiento y ampliar la carretera CA-2 Occidente. El monto fue de US$384 millones 361 mil 901.65.

También se dijo que Sinibaldi, el presunto líder de la organización criminal, negoció con los directivos de Odebrecht para recibir 7.5 % como soborno del monto total que el Estado pagaría a la empresa por la carretera.

La obra se inició el 24 de octubre del 2013 y se extendió hasta el 2016, cuando se conoció el caso.

El avance fue de 54 %, y para recibir los sobornos, Sinibaldi ordenó a los acusados que firmaran por la apertura de cuentas de entidades fuera de plaza en Antigua y Barbuda.

Odebrecht hizo transferencias a las cuentas, cuyos representantes son los condenados, por US$17.9 millones, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La empresa brasileña OEC, subsidiaria integral de Novocor (nuevo nombre comercial de Odebrecht), calificó este jueves como “injusta” la decisión de Guatemala de rechazar el testimonio de dos personas que confesaron en 2017 el pago de sobornos en el país centroamericano hace casi una década, además de ordenar su inmediata captura.

Mediante un comunicado, la firma brasileña indicó que “sigue con preocupación” dicha orden de detención por parte de Guatemala en contra de los dos testigos, ambos de nacionalidad brasileña, oficializada el 1 de febrero por el Ministerio Público (MP).

Los exdirectivos de Odebrecht requeridos en Guatemala son los brasileños Marcos de Cequeira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, quienes se acogieron a la figura de “colaborador eficaz” en 2017 cuando se investigó a la firma constructora por posibles irregularidades en la nación centroamericana.

Dicha colaboración se realizó con el Ministerio Público a cargo del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y arrojó como principal acusado al exministro de Comunicaciones del Gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, además del excandidato presidencial y exidiputado Manuel Baldizón.

Los señalamientos del MP

Sin embargo, ahora el Ministerio Público, bajo el mando del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos señalado de armar casos espurios, acusa a los brasileños de haber recibido de forma anómala beneficios de la extinta Cicig.

Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos y extraditado posteriormente a Guatemala, recuperó su libertad en el país centroamericano en enero pasado gracias a la anulación de los testimonios de los empresarios brasileños que lo vinculan a recibir dichos sobornos millonarios entre 2010 y 2011.

Los testimonios de Curruchiche acusaban a Sinibaldi y Baldizón de recibir sobornos de Odebrecht por 18 millones de dólares a cambio de otorgar proyectos a la constructora brasileña.

“La nueva e injusta decisión se suma a un conjunto de otras arbitrariedades”, añadió OEC en una nota de prensa donde recordó que los convenios de colaboración concretados en 2017 Lima y Mameri fueron descartados en 2022 por un recurso interpuesto por “uno de los condenados del caso”.

De acuerdo a analistas, no se descarta que Baldizón intente participar en las elecciones de junio próximo, nuevamente como candidato a presidente, tal y como lo hizo con los comicios de 2011 y 2015.

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público (Fiscalía) están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.

Un juez de Mayor Riesgo retomó este miércoles 4 de enero el caso Construcción y Corrupción, una trama de cobro de sobornos en el que está implicado y procesado el exministro de Comunicaciones del gobierno del extinto Partido Patriota (PP), Alejandro Sinibaldi.

En esta fase del proceso penal, el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, es quien deberá de decidir si los acusados van o no a juicio por este caso de corrupción, que implica como artífice de un mecanismo de cobro de dádivas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Empresarios del sector de la construcción se sentaron este miércoles frente al juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, y escucharon la acusación que expusieron fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) por su vinculación al caso Construcción y Corrupción.

El proceso estuvo estancado por varios meses debido a los cambios de jueces.

Acompañados de sus abogados, los empresarios comenzaron la etapa intermedia en la que el juez decidirá si van a juicio o no.

En cada acusación había un denominador común que mencionó el fiscal de Feci: “Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones.

Entre los constructores que escucharon acusación en etapa intermedia están Elder Vásquez Quevedo y Julio Roberto de La Peña.

Los fiscales reiteraron que los empresarios de la construcción pagaron dádivas a Sinibaldi cuando fungía como ministro de Comunicaciones, los aportes se hicieron de 2012 a 2014.

El caso se define como un mecanismo de pagos de dádivas a Sinibaldi para que este gestionara y facilitara el pago de deuda de arrastre a empresas constructoras.

Los pagos se recibieron por medio de un entramado de empresas vinculadas a Sinibaldi.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, no ha tomado descanso en Navidad y optó por reunirse con fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), un hecho que el jefe de ese equipo de investigación, José Rafael Curruchiche, confirmó.

El jueves último, Sinibaldi fue visto ingresar al edificio del Ministerio Publicó (MP) que se ubica en el barrio Gerona, zona 1 de la capital.

El exfuncionario iba custodiado de guardias del Sistema Penitenciario, pues desde hace dos años y cuatro meses permanece en prisión preventiva en Mariscal Zavala.

Curruchiche aseguró que Sinibaldi acudió a la sede se la Feci y tuvo una reunión con fiscales que investigan casos de alto impacto y que se mantienen bajo reserva.

“Él vino como cualquier sindicado más. Nosotros estamos corroborando información de casos que se encuentran bajo reserva, entonces nosotros gestionamos a través del Sistema Penitenciario la visita de él (Alejandro Sinibaldi)”, confirmó Curruchiche

El jefe de la Feci no quiso detallar en qué casos Sinibaldi corroboró información, la reserva es la causa de proteger esos datos según Curruchiche.

El pasado 30 de noviembre, la jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pero el exfuncionario continúa en prisión preventiva.

La jueza Domínguez le otorgó la medida sustitutiva a Sinibaldi en el caso Cooptación del Estado; sin embargo, este siguió encarcelado, puesto que sigue con prisión preventiva en los procesos Odebrecht y Transurbano.

La audiencia fue a puerta cerrada y al terminar, Sinibaldi fue abordado por periodistas que le preguntaron acerca de la misma y el exministro expresó que lamentablemente no tenía mucho que comentar, porque se declaró la reserva parcial, específicamente sobre la audiencia de este día.

La jueza Claudette Domínguez, titular del del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala otorgó arresto domiciliario para el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, pero el exfuncionario continuará en prisión preventiva.

Durante una audiencia en el juzgado, este miércoles 30 de noviembre, la jueza Domínguez le otorgó la medida sustitutiva a Sinibaldi, en el caso Cooptación del Estado; sin embargo, este continuará encarcelado, puesto que sigue con prisión preventiva en los procesos Odebrecht y Transurbano.

La audiencia fue a puerta cerrada y al terminar Sinibaldi fue abordado por periodistas que le preguntaron acerca de la misma y el exministro expresó que lamentablemente no tenía mucho que comentar, porque se declaró la reserva parcial específicamente sobre la audiencia de este día.

“Estaría cometiendo una ilegalidad si yo comento interioridad o particularidades sobre dicha audiencia”, comentó Sinibaldi.

Caso Odebrecht

Lo que sí comentó el exministro Sinibaldi fue sobre la decisión del Juzgado de Mayor Riesgo D, que  dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht y con eso la anulación de los beneficios de colaboración que estos habían recibido.

Sinibaldi dijo que desde que se presentó a la justicia guatemalteca conocían de ilegalidades que se habían cometido en el proceso y la firma de dichos convenios.

Explicó que en su momento oportuno ellos apelaron los convenios y afirmó que esta anulación es una acción propiciada por su defensa y que fue la Sala Segunda de Apelaciones la que decidió dar con lugar esa apelación, con la que prácticamente quedaron sin efecto los convenios.

“Lo que hizo ayer -el 29 de noviembre- el Ministerio Público prácticamente es un trámite obligatorio al haber dejado sin efecto los convenios la misma Sala de Apelaciones. Por consiguiente no me sorprende, es algo lógico que se diera, porque es un paso administrativo que tenía que dar”.

“Era algo que esperaba, lo esperaba mucho más rápido, no sé por quién se tomaron tanto tiempo, pero al final lo importante es que la verdad poco a poco va prevaleciendo y yo poco a poco voy solventando mi situación jurídica, a qué fue a lo que vine al país”, señaló Sinibaldi.

17 irregularidades

Sinibaldi dijo que si la declaración de los brasileños es toda la prueba que tienen en él en el caso Odebrecht, es una “tristeza de investigación”, pero eso no es culpa de él, sino del ente investigador y de las autoridades que tuvieron en su momento esa investigación.

“Llevo 2 años y cuatro meses privado de la libertad y no me he quejado, lo que he hecho es sido trabajar y enfrentar el proceso y poco a poco de iré solventando. Creo que sí es un paso importante que los convenios hayan sido invalidados, no por el proceso per se, sino por todas las ilegalidades que tenía”, afirmó Sinibaldi.

Afirmó que se presentaron cerca de 17 ilegalidades cometidas en el proceso en su contra, pero mencionó cinco.

La primera es que el mandato con el que se hace representar la empresa era un mandato administrativo que explícitamente decía que no podía ser utilizado en tribunales, pero trataron  de utilizar un mandato administrativo para temas jurídicos que expresamente decía que no se podía usar para temas jurídicos y por eso todo lo actuado es ilegal.

La segunda ilegalidad es que por medio de ese mismo mandato administrativo se aportaron las pruebas y por ello dichas pruebas son inválidas. Afirmó que las pruebas eran fotocopias que proporcionaron los brasileños.

Sinibaldi dijo que el tercer tema es que el banco en Antigua y Barbuda, que fue el supuesto receptor de los supuestos sobornos que él recibió no ha confirmado la existencia de las cuentas, o la apertura de las mismas o que se haya depositado dinero allí.

Refirió que lo que dicha un colaborador eficaz debe ser corroborado por la contraparte y en este caso el banco no corrobora nada. “¿Le vamos a creer a los empresarios más corruptos de los últimos 20 años que es la empresa Odebrecht? Porque sólo a ellos se les creyó no hay una corroboración del banco de la recepción de esos dineros”, dijo Sinibaldi.

Afirmo que la cuarta ilegalidad es que se toma declaraciones el 6 de septiembre d 2017, y que en dos de ellas está presente el abogado defensor al mismo tiempo y está presente uno de los fiscales al mismo tiempo, lo cual es materialmente imposible.

El quinto punto que señaló Sinibaldi es que el abogado guatemalteco defensor de Odebrecht no tenía las calidades para actuar en Brasil, pues la ley brasileña es clara al mencionar que un abogado extranjero tiene que pertenecer al Colegio de Abogados Brasileño, tiene que tener carné que le permita actual en Brasil y tuvo que haber tenido tarjeta del Ejército de Brasil y otros requisitos que el mencionado abogado no tenía.

El excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, presentó una solicitud en los tribunales para constituirse como querellante adhesivo en el caso Odebrecht.

Baldizón también figura como sindicado en este expediente judicial y ahora busca sumarse a la parte acusadora para sumarse a los señalamientos contra exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Feci, que trabajaron en los convenios de colaborador eficaz.

Claudia González, abogada de del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, a quien el MP busca sindicar en este proceso, informó que esta semana recibieron la notificación por medio de casillero electrónico y tienen conocimiento que la audiencia se fijó para el 15 de diciembre.

En esta audiencia también se podría conocer la solicitud que planteó Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones, quien busca querellarse luego de que las investigaciones del Ministerio Público en 2018 lo señalaran de negociar coimas con la empresa brasileña a cambio de contratos para la construcción de carreteras.

González dijo que hay varios recursos pendientes de resolverse, entre los cuales se encuentran actividades procesales defectuosas y recursos de reposición, pero los mismos no se habían resuelto porque el juez titular del caso se encontraba recusado.

En este caso también fueron citadas las exfiscales de Feci, Amy Girón y Siomara Sosa, quienes fueron denunciadas por la Fundación contra el Terrorismo por supuestas irregularidades en la firma de los convenios de colaborador eficaz.

Tras la denuncia de la fundación, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio anuló los convenios de colaboración eficaz que sirvieron para sustentar el caso.

La solicitud de Baldizón también fue dada a conocer por La Hora en una nota periodística que señala que la solicitud de adhesión como querellante fue conocida por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, el 26 de julio pasado.

Liberan a Baldizón

Manuel Baldizón salió de prisión en EE. UU. el martes 7 de junio de 2022 donde purgaba una condena de 50 meses tras reconocerse culpable por el delito de lavado de dinero.

Su salida estaba prevista para diciembre de 2023, pero obtuvo beneficios que le permitieron recobrar su libertad 18 meses antes.

Según la Fiscalía, el 12 de noviembre del 2018 Baldizón “aceptó contribuciones de campaña sabiendo que estaban siendo realizadas por narcotraficantes y que eran ganancias del narcotráfico”.

“A partir de entonces, Baldizon Méndez realizó transacciones financieras, incluida la compra de propiedades en Miami, para ocultar el hecho de que a sabiendas había aceptado contribuciones de campaña (dinero) de narcotraficantes”, detalla el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Caso Odebrecht

En enero de 2018 el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron el caso Odebrecht, en el cual se sindicó a Sinibaldi de recibir US$19.7 millones en coimas para la construcción de carreteras, de los cuales Carlos Antonio Batres Gil y Manuel Baldizón recibieron US$4.9 millones y US$3 millones, respectivamente.

 Sinibaldi , el 31 de agosto del 202o, habló después de cuatro años de ser prófugo de la justicia y dijo sobre el caso Odebrecht “nunca me mandé solo ni actué solo. Daré a conocer en su momentos a todos los que participaron en (el caso) Odebrecht y funcionarios que se beneficiaron en este caso”.

También mencionó que Odebrecht operó de forma distinta en Guatemala que en otros países de Latinoamérica y recordó que Odebrecht financió campañas políticas y sobornó presidentes y en algunos casos vicepresidentes y diputados. En particular habló de Perú, donde fueron acusados los expresidentes Allan García, quien se suicidó; Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Kuczyncski, así como Keiko Fujimori, congresista y excandidata presidencial.

El viernes 24 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, informó que con la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, quedaban de manifiesto “las múltiples ilegalidades cometidas en la suscripción de los acuerdos de colaboración eficaz en el Caso Odebrecht”.

En un video compartido en la cuenta de Twitter del Ministerio Público (MP), Curruchiche afirmó que la Sala Segunda dictó tres resoluciones en el mismo sentido, por recursos de apelación planteados en contra de la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo A, mediante el cual se aprobaron los acuerdos eficaz de tres personas sindicadas de origen brasileño.

“Resoluciones que dejaron sin efecto dichos acuerdos de colaboración eficaz y fueron notificados el día de hoy al Ministerio Público”, aseguró.

Además señaló en esa ocasión que el exfiscal, Juan Francisco Sandoval, “no tenía competencia para ejercer funciones de persecución penal en la República Federativa de Brasil”.

Respecto a la anulación de los convenios de colaboración eficaz del caso #Oderbrecht, el #MPInforma: pic.twitter.com/S7UdqhDDCe

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 25, 2022

Qué señaló Sandoval

Luego de conocerse que quedaban anulados los acuerdos de colaboración eficaz en el Caso Odebrecht, el exfiscal Sandoval se pronunció en su cuenta de Twitter.

Sandoval escribió: “El plan orquestado entre el MP y Alejandro Sinibaldi (ni siquiera pueden escribir “Odebrecht”): 1) Revocaron la resolución de la jueza que aprobó los convenios de colaboración; 2) El recurso interpuesto lo planteó el principal acusado: Alejandro Sinibaldi (no el MP)”.

Añadió: “3) La prueba financiera para descubrir los sobornos, los aportó la constructora; 4) No pueden realizar persecución contra los personeros de Odebrecht, porque ellos ya fueron juzgados en Brasil por esos hechos y violarían la garantía non bis in ídem”.

“5) La misma Sala ya se había pronunciado sobre esa resolución, por qué cambiaron criterio; 6) El caso quedará impune, ya existe gente condenada con la prueba aportada y deberán hacer valer sus derechos; 7) Sigue la campaña de desprestigio impulsada por el MP”, concluyó Sandoval.

El plan orquestado entre el MP y Alejandro Sinibaldi (ni siquiera pueden escribir “Odebrecht”): 1)Revocaron la resolución de la jueza que aprobó los convenios de colaboración; 2) El recurso interpuesto lo planteó el principal acusado: Alejandro Sinibaldi (no el MP); 1/3 pic.twitter.com/8IcZpFNFiK

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) June 25, 2022

Sinibaldi emite comunicado

Este lunes 27 de junio, el equipo legal compartió un comunicado de Alejandro Sinibaldi con relación a la anulación de acuerdos de colaboración eficaz del Caso Odebrecht.

Señaló: “En comunicado vertido en la red social Twitter el exfiscal indica que existe un plan orquestado entre mi persona y el Ministerio Público que implicaba la revocación de los acuerdos de colaboración eficaz suscritos por la entidad Norberto Odebrecht y sus colaboradores; por lo cual se aclara que no existe tal plan aludido y que no mienta”.

Recordó que en diciembre de 2021 “fue la judicatura de la licenciada Erika Aifán la que dé propio interés estuvo insistiendo con que notificarían ciertas resoluciones de carácter urgente”

“Al llegarse a la judicatura por parte de mis abogados, la sorpresa fue que la juez Erika Aifán había decidido notificar en ese momento los acuerdos de colaboración eficaz de ese caso”, afirmó.

Para leer más: Empresa Odebrecht busca conciliación con Estado de Guatemala para pago de trabajos inconclusos de la CA-2 Occidente

Resaltó que dado a lo anterior, se procedió por parte de su defensa técnica a plantear los recursos de apelación respectivos, regulados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

“Fue la misma jueza Erika Aifán la que concedió el trámite a los recursos de apelación interpuestos, y fue ella la que indicó cuál Sala de Apelaciones debería conocer el caso”, señaló.

Agregó: “El argumento expuesto por Juan Francisco Sandoval no solo es sin sentido, sino falaz ya que fue la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo la que concedió con lugar los recursos de apelación, en los cuales nada tuvo que ver el Ministerio Público. Así mismo el argumento de Sandoval implicaría una participación concertada entre la Sala de Apelaciones, mi persona y el Ministerio Público, lo cual no solo es ridículo sino que raya en lo absurdo y constituye delito”.

Constructora se pronuncia

EFE informó que la constructora brasileña Odebrecht expresó el domingo 26 de junio su “sorpresa” por la anulación de un acuerdo de colaboración judicial con el MP de Guatemala, sobre los actos de corrupción de la firma extranjera en el país centroamericano.

La compañía brasileña aseveró en un comunicado de prensa divulgado en Guatemala que, en su opinión, el acuerdo certificado con el MP en 2017 contaba con “todos los trámites necesarios” para mantenerse en vigencia.

Sin embargo, pese a la anulación, la firma brasileña indicó que “queda a disposición de la Justicia guatemalteca” y aseguró además que “buscará hacer valer sus derechos en pleno cumplimiento de la legislación vigente”

Sinibaldi está acusado de varios casos millonarios de corrupción durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), incluido el de Odebrecht, divulgado por las autoridades en 2017, donde supuestamente recibió entre 2011 y 2013 casi US$ 18 millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma extranjera.

El convenio de cooperación que existía entre el MP y tres exrepresentantes de la constructora brasileña permitió determinar la manera en que se organizó el soborno de funcionarios locales como Sinibaldi, tal y como sucedió en otros países, según señalaron expertos en el caso.

Equipo legal comparte comunicado del señor Alejandro Sinibaldi en relacion a la anulacion de acuerdos de colaboración eficaz del Caso Odebrecht. @lahoragt @el_Periodico @soy_502 @Noti7Guatemala @EmisorasUnidas @CanalAntigua @Sosegueda2287 @ArnulfoAgustinG pic.twitter.com/acWo4yEl0w

— Abraham Girón (@AbrahamGirn1) June 27, 2022

La Policía Internacional (Interpol) notificó a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP) que capturó en Francia al empresario de la construcción Joseph Ahimas, vinculado con la constructora israelí Solel Boneh y quien desde 2018 estaba prófugo, pues es requerido como parte de la investigación del Caso Construcción y Corrupción 2.

Ahimas fue detenido bajo los cargos de cohecho activo y lavado de dinero y ahora le corresponde a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) gestionar su extradición.

“La Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público fue notificada por Interpol de la aprehensión en Francia de Joseph Ahimas, quien es sindicado en el caso Construcción y Corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realizará los requerimientos para iniciar el trámite de extradición”, informó el MP.

De acuerdo con el expediente en el que se vincula a Ahimas señala una presunta estructura criminal que habría operado en el Ministerio de Comunicaciones, y cuyo objetivo habría sido recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro de esa cartera.

El caso

Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente preso.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

Las empresas Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.

Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.

Cuando se trata de obras públicas millonarias, todos los caminos pasan por el Congreso de la República. La facultad legislativa para aprobar préstamos e incluso emitir leyes específicas para la ejecución de obras es la llave del tesoro público.

Este mecanismo lo han entendido los principales caudillos políticos de las últimas décadas. El 14 de agosto de 2018, una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiró de uno de los hilos de la trama detrás de la aprobación de la construcción de ruta en la Franja Transversal del Norte, una carretera que uniría Izabal con Huehuetenango.

Este proyecto fue adjudicado por Q1 mil 748.9 millones, según registros del Ministerio de Finanzas, y que luego de ajustes, según el índice de precios al consumidor costará Q2 mil 594.72 millones, Q845.85 millones más de lo previsto, siempre y cuando se cumplan los plazos de finalización.

La investigación detallaba pagos a Alejandro Sinibaldi por parte de la constructora israelí Solel Boneh y SBI International Holdings —otra de las entidades de la compañía— en el 2009, cuando era diputado por el cancelado Partido Patriota (PP) y más tarde, en el 2013 y en el 2014, cuando era ministro de Comunicaciones.

Los pagos del 2009, sin embargo, corresponden a una modificación, realizada desde el Congreso junto a otros diputados, del decreto con el cual se creó el proyecto vial.