El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, destituyó este viernes 2 de febrero a Alejandra Carillo del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito y en su lugar nombró a Ligia Hernández, exdiputada del Movimiento Semilla.

La Presidencia de Guatemala confirmó que la exdiputada Ligia Hernández asumió este mismo viernes como nueva directora del Instituto de la Víctima.

Hernández acudió este día a las oficinas de la mencionada institución para tomar el cargo.

“Aunque algunos se aferran a lo viejo, a lo malo, las cosas van a cambiar aquí. Llegamos para devolverle las instituciones a la gente. Es momento de que las víctimas de violencia tengan justicia para que puedan reconstruir sus vidas”, publicó Hernández en sus redes sociales.

Ligia Hernández Gómez, nueva directora de Instituto de la Víctima, en una imagen de cuando era diputada. (Foto Guatevisión: Congreso de la República)

El nombramiento se da luego que el pasado 29 de enero se diera a conocer que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y revocó el amparo provisional que el Juzgado Quinto Civil, constituido en tribunal de amparo, había concedido a favor de la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, con el cual ella se blindaba y mantenía en el puesto por tiempo indefinido.

El pasado 21 de diciembre de 2023, la CC rechazó una apelación presentada por el entonces presidente Alejandro Giammattei, que buscaba poder nombrar a nuevo director para el Instituto de la Víctima, cuyo periodo de la actual había concluido el 20 del mismo mes. Carrillo fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales.

Según el argumento de la acción de amparo del Instituto de la Víctima, no se puede hacer un nombramiento porque no existe un procedimiento regulado para hacerlo, lo que haría que la decisión pueda ser incluso discrecional.

En el 2019, el Congreso reformó la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que estipula que el cargo de director será delegado por el presidente de la República y que la función del puesto es para una duración de cuatro años.

El artículo 16 de la normativa estipula que el director solamente podrá ser removido por causa justificada, estipulando una sentencia condenatoria firme, redacción similar a la normativa que impide al presidente la destitución del fiscal general del Ministerio Público (MP).

Alejandra Carrillo fue nombrada directora del Instituto de la Víctima el 20 de diciembre de 2019 y designada para el puesto por el entonces presidente Jimmy Morales.

Quién es Alejandra Carillo

Nació el 9 de enero de 1986 y es politóloga.

Fue cercana a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y durante el gobierno del Partido Patriota fue directora de Conjuve.

Fue elegida por el Partido Patriota (PP) en 2015 por el Listado Nacional y luego se pasó al MR.

Votó a favor del Pacto de Corruptos que en septiembre de 2017 votó entre secretos y negociaciones bajo la mesa por las reformas en favor del financiamiento electoral ilícito y la conmutación de penas y que días después se retractaron, frente a una tormenta de repudio e indignación.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió otorgar un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y revocó el amparo provisional que el Juzgado Quinto Civil, constituido en tribunal de amparo, había concedido a favor de la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, con el cual ella se mantenía en el puesto por tiempo indefinido.

De hecho, el pasado 21 de diciembre, la CC rechazó una apelación presentada por el entonces presidente Alejandro Giammattei, que buscaba poder nombrar a nuevo director para el Instituto de la Víctima, cuyo periodo de la actual había concluido el 20 del mismo mes. Carrillo fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales.

Sin embargo, la nueva resolución de la CC abre el camino para que el presidente Bernardo Arévalo pueda gestionar la destitución de Carrillo y nombrar a otra persona en el puesto.

La resolución de la CC detalla que se resuelve con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala, por medio del abogado de la PGN, Érick Gabriel Menéndez Avilés.

Además, señala que “revoca el numeral VII del auto apelado y, al resolver conforme a Derecho, deniega el amparo provisional solicitado, siendo este fallo el que debe surtir efectos dentro de los amparos acumulados de mérito, con relación a la solicitud de protección temporal interina”.

Argumento

Según el argumento de la acción de amparo del Instituto de la Víctima, no se puede hacer un nombramiento porque no existe un procedimiento regulado para hacerlo, lo que haría que la decisión pueda ser incluso discrecional.

En el 2019, el Congreso reformó la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que estipula que el cargo de director será delegado por el presidente de la República y que la función del puesto es para una duración de cuatro años.

El artículo 16 de la normativa estipula que el director solamente podrá ser removido por causa justificada, estipulando una sentencia condenatoria firme, redacción similar a la normativa que impide al presidente la destitución del fiscal general del Ministerio Público (MP).

Alejandra Carrillo fue nombrada directora del Instituto de la Víctima el 20 de diciembre de 2019 y designada para el puesto por el entonces presidente Jimmy Morales.

La jueza Yadira Barrios, suplente del juzgado de turno de femicidio grupo “A” resolvió a favor de Alejandra Carrillo, exdiputada y actual directora del Instituto para la Victima.

Dichas medidas son en contra de Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios del medio de comunicación Diario La Hora, quien durante los últimos meses ha publicado investigaciones periodísticas que cuestionan el buen trabajo de Carrillo al frente de la institución gubernamental.

Por la resolución judicial y por espacio de seis meses, a partir del pasado 16 de diciembre, los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada o a ninguno de sus familiares; Carillo es esposa del diputado Felipe Alejos, tachado en la lista Engel como un actor a favor de las elites de la corrupción.

Tampoco puede acercarse al domicilio o lugar de trabajo de Carrillo, pese a que por ser funcionaria su cargo se desempeña en un edificio público; si los comunicadores incumplen dichas restricciones podrían cometer el delito de desobediencia.

Las medidas de seguridad a favor de Carrillo fueron posibles gracias a un amparo otorgado por una sala de femicidio, debido a que en un primer intento legal la judicatura no había aceptado los argumentos legales que señalaban un presunto casi de violencia psicológica.

MP desestimó denuncia de Carrillo

En octubre de este año la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público (MP) desestimó una denuncia que Carrillo presentó contra los periodistas, afirmando que no existían las causas legales de tal cargo.

Nuevamente Carrillo señaló a Diario La Hora de violencia psicológica por una serie de publicaciones periodistas, que a criterio de la unidad fiscal se encontraban bajo el marco legal de la Ley de Emisión del Pensamiento.

Incluso en la resolución del MP destacan que aunque hubiese existido algún tipo de abuso de los periodistas dicho proceso se tendría que haber ventilado de otra manera, en un órgano especial. Las denuncias contra periodistas se ventilan ante un Tribunal de Imprenta y no ante un juzgado especializado en femicidio.

Sigue los pasos de Baldetti y Torres

No es la primera vez que una funcionaria utiliza la ley para evitar la fiscalización, en 2014 la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti utilizó la misma táctica para evitar cuestionamientos de El Periódico.

Unos años después, en 2019, la misma herramienta fue utilizada por Sandra Torres, exprimera dama y excandidata presidencial, en contra de El Periódico.

Baldetti ya fue condenada en un caso por corrupción y tienen otros juicios pendientes; mientras que Torres mantiene una causa abierta por supuestas anomalías para financiar su campaña.

El pleno aceptó la renuncia con 87 diputados que votaron a favor y Carrillo dejará el cargo a partir del 3 de diciembre próximo.

El Congreso declaró vacante la curul y llaman a Aleksander Castillo Roca a que ocupe la curul.

En la sesión parlamentaria 19 diputados votaron en contra y hubo 52 diputados ausentes. La legisladora afirmó que su renuncia es por “motivos personales”.

Castillo Roca estuvo preso por un caso de plazas fantasma.

El pasado 12 de noviembre, el Congreso aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito y con los cambios se elimina el procedimiento para la elección del director general de esta institución, ya que ahora será el presidente de la República quien lo nombre y ya no el Congreso por medio de una terna que sociedad civil enviaría a ese organismo.

En esa ocasión, varios diputados confirmaron que esta ley estaba dentro de la negociación para aprobar la de aceptación de cargos ya que se habla de que el acuerdo que había es que sería la diputada Alejandra Carrillo la que sería designada por Jimmy Morales para ser la directora general del instituto.

Al aprobarse la ley por el decreto 9-2019 se le asignan Q50 millones de presupuesto a la institución. Este decreto reformó el 21-2016.

La curul de Carrillo quedó vacante. En su lugar será juramentado el exdiputado del Partido Patriota Amílcar Aleksander Castillo Roca pic.twitter.com/TtPVnBGT66

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) November 27, 2019

Foto: Esbin García / Prensa Libre

Con la promesa de que supuestamente les darían una bolsa de víveres, decenas de mujeres acudieron con DPI en mano o una copia del mismo a un mitin convocado por la diputada Alejandra Carrillo electa por el extinto partido Patriota y que ahora busca su reelección por el partido Podemos.

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Así se fue la diputada de la Zona 21

Carrillo llegó a un lugar llamado Cerro Gordo en la Zona 21, con el fin de pedir el voto de esta zona, donde prometió que de ser reelecta les dará acceso a los programas sociales.

[#YoCuidoMiVotoGT] Con DPI en mano, así transcurre una supuesta entrega de bolsas en Cerro Gordo, zona 21, en la que hay presencia de miembros del partido #Podemos con propaganda de la diputada Alejandra Carrillo. | Vía: @andread_gtv pic.twitter.com/thKEN79t4o

— Guatevisión (@Guatevision_tv) June 12, 2019