El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori cambió la historia de Perú.

El entonces presidente lanzó un mensaje televisado a la nación en el que comunicó la disolución del Congreso, la reorganización total del poder judicial, la suspensión de garantías constitucionales y la conformación de un gobierno de emergencia y unidad nacional.

Quedó en los libros como el autogolpe de 1992.

Con el apoyo de los militares, que se desplegaron en todo el país, y de su asesor estrella, Vladimiro Montesinos, Fujimori inauguró así un período de gobierno autoritario en que se llevaron a cabo agresivas reformas de la caótica economía peruana, se neutralizó la amenaza de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y grupos militares a las órdenes del gobierno perpetraron numerosas violaciones de los derechos humanos que años después acabaron llevando al propio Fujimori a la cárcel.

El periodista Gustavo Gorriti fue secuestrado por las Fuerzas de Seguridad a las pocas horas del autogolpe. Liberado a los pocos días, fue uno de los mayores críticos del presidente y ha ganado crédito por su labor periodística y como uno de los observadores más respetados de la realidad peruana. 30 años después de aquel episodio, BBC Mundo conversó con él.

La charla tuvo lugar la misma semana en la que el presidente Pedro Castillo decretó un polémico estado de emergencia tras días de protestas callejeras.

Han pasado 30 años del autogolpe de 1992. ¿Se han cerrado las heridas en Perú de lo que fue aquello?

Las consecuencias continúan y son muy, muy evidentes. Desde tener siempre la candidatura de Keiko Fujimori en varias elecciones, definiendo destructivamente por dónde va la nación, hasta la discusión actual respecto al indulto a Alberto Fujimori. Despierta grandes pasiones, y condiciona en buena medida las reacciones de la gente. La dicotomía entre la población en favor de la democracia y el fujimorismo como sinónimo de la dictadura persiste todavía en gran medida, aunque da signos claros de vejez ante el desarrollo de nuevas corrientes y nuevas circunstancias.

¿Qué está dando signos de vejez exactamente?

Me refiero al desgaste de Keiko Fujimori como candidata y como representante natural de la derecha conservadora y ultraconservadora. Ya tiene claramente competencia y a eso se suma su debilitamiento por su situación legal por las investigaciones, fundamentalmente el caso Lava Jato. Son graves y pueden terminar con ella en prisión. En segundo lugar, a la clara pérdida de vigencia de Alberto Fujimori, que incluso después de entrar en prisión era visto todavía por varios como una alternativa. A un líder histórico ya en una vejez manifiesta y con quebrantos evidentes de salud, y una heredera rodeada de circunstancias controversiales, se suma el surgimiento de otras fuerzas de derecha y ultraderecha que llevan a pensar que los Fujimori están saliendo de la escena.

Ese fue el sector protagonista, pero, fuera del fujimorismo, ¿queda algo del autogolpe en la cultura política del país?

Por supuesto. El fujimorismo reforzó y avanzó la tradición de una posición conservadora, fuerte, tradicional y profundamente autoritaria. Con todos los añadidos que le dio Fujimori fue parte de una tradición peruana. No puede olvidarse que, al fin y al cabo, el Perú fue durante la guerra de la Independencia americana el centro de la reacción colonial. Si se deja de lado a Bolivia, fue el último bastión realista en América del Sur.

Y fue fuerte, porque se trató de la sede virreinal más importante junto con la de México. Se formó en los genes de esa colonia una clase dominante con una profunda relación con el pensamiento, la práctica y el instinto conservadores, muy dada a los caudillos fuertes. Y Fujimori, a su manera, fue parte de eso, con una visión algo más popular, populista en el sentido estricto del término, que la de otros.

¿Esta esa mentalidad caudillista todavía presente?

Totalmente. Lo paradójico es el hecho de que a fines de los 1960 y 70, cuando dictaduras contrainsurgentes cubrieron prácticamente todo el hemisferio, Perú fue uno de los pocos países que tuvo una dictadura militar con tendencia hacia la izquierda y hacia la reforma social.

La reacción histórica y el odio de las clases dirigentes hacia Velasco Alvarado se explica solo porque había ido en contra de lo que habían sido sus posiciones tradicionales. Son clases extremadamente conservadoras, en las que prendió con cierta facilidad el llamado de la reacción derechista que se ha dado en todo el mundo.

De ahí que sea difícil sorprenderse del crecimiento de una suerte de caudillo derechista como Rafael López Aliaga (líder del partido Renovación Popular) o el grupo un poco más amorfo de Hernando de Soto (excandidato presidencial por Avanza País). No por casualidad, también este es uno de los países donde el Opus Dei ha podido crecer con mayor fuerza.

Uno de los elementos heredados de aquel gobierno autoritario es la Constitución actual, que el partido del presidente Castillo propone reformar. ¿Es un marco válido de convivencia o más bien una rémora que hay que superar?

Ni lo uno ni lo otro. Si bien hay una serie de cosas en ella que no permiten que una democracia funcione adecuadamente, como lo que se refiere al ordenamiento económico, se debe recordar que Perú ha vivido a partir del año 2000 el periodo ininterrumpido de democracia más largo de su historia. Casi nunca en condiciones óptimas, mirando muchas veces al abismo, pero bajo esa Constitución siempre ha logrado sobrevivir.

También hemos tenido varios años de un crecimiento económico sostenido. Con una muy mala distribución de los ingresos, pero un crecimiento que de una u otra forma nos afectó a todos. Lo que se mostró es que, adaptándonos de una forma más o menos pragmática a la situación, es posible avanzar en democracia. No creo que sea una salida o una solución esa insistencia de las izquierdas en tener una nueva Asamblea Constituyente. Es el viejo vicio latinoamericano de creer que si cambias la ley cambias el mundo.

Ha señalado algunos de los cambios que se produjeron en Perú tras 1992. Con un sistema democrático que, pese a sus problemas, sigue en pie y un crecimiento económico sostenido, se consiguió además terminar con Sendero Luminoso. No parece un balance desastroso.

No es un balance desastroso. En cuanto a lo de Sendero, debo decir que no fue fruto solamente de una acción directa. Lo que precipitó su implosión fue la captura de Abimael Guzmán por un grupo relativamente pequeño de policías que se constituyó y actuó durante el período democrático y que durante el gobierno de Fujimori hizo todo lo posible por moverse en la sombra para protegerse de la influencia de su asesor Vladimiro Montesinos, que preferían grupos especiales como el Grupo Colina. Guzmán era el principal punto de fuerza de Sendero Luminoso y a la vez su principal debilidad. Cuando cae, hay una implosión en general. El culto extravagante a su personalidad hizo que no hubiera ninguna posibilidad de reemplazo.

Como balance ¿diría que el Perú que quedó tras Fujimori es un país mejor o peor que el de 1992?

Perú era en 1992 un país profundamente herido. Se encontraba en un peligro existencial después del avance de la insurrección senderista, que se insertó a la fuerza en el tejido nacional. Hasta ese momento el Estado peruano no había encontrado la manera de hacerle frente. Era un país desesperado que estaba todavía bajo los efectos terribles de la hiperinflación. Entonces Fujimori asumió el poder y llevó a cabo las reformas que Mario Vargas Llosa había propuesto en su candidatura fallida de 1990 y que Fujimori había rechazado.

Logró estabilizar la economía, pero la lucha eficaz contra la hiperinflación pudo hacerse en otros países en contextos muy diferentes. Y los elementos que llevaron a la captura de Guzmán ya estaban dados. Sería necio negar que las reformas para contener la hiperinflación, haber inaugurado una economía que salió adelante, y haber terminado operativamente con la amenaza de Sendero, le hicieron bien al país. Pero el punto es que en absoluto hacía falta una dictadura para lograr todos esos cambios.

Otra vez un 5 de abril, Perú vivió un episodio de inestabilidad con la declaración de emergencia del presidente Castillo. ¿Hay algún paralelismo entre ambas situaciones?

El 5 de abril ha desarrollado una suerte de aura tóxica. En 1992 tuvimos medidas destructivas para la democracia con el golpe de Estado y treinta años después hemos tenido medidas lesivas para la misma. En ambos casos son dañinos para la democracia, pero hay grandes diferencias. El golpe de Fujimori fue una acción autoritaria largamente planeada y organizada. Lo de Castillo es totalmente improvisado y no tiene como fin una dictadura, sino que es una reacción al desgobierno producido principalmente por la improvisación y la incapacidad. La ineptitud de las personas que se han nombrado en cargos claves, junto con su ansia depredadora han llevado a esta situación en una sociedad peruana aún traumatizada por la tragedia del covid.

En los últimos meses Castillo, como hizo Fujimori en su momento, ha denunciado el obstruccionismo del Congreso y ha criticado a los medios de comunicación. ¿Hay riesgo de que también él siga una deriva autoritaria?

Ninguna posibilidad. Primero, porque, aunque Fujimori no era una persona precisamente culta, tenía un cierto grado de educación y había sido rector de una importante universidad. Pudo tener un grupo de técnicos y contaba además con Montesinos, que pudo garantizarle la lealtad de las Fuerzas Armadas. Eso fue fundamental para el éxito del proyecto autoritario de Fujimori. También hizo toda una reorganización del sistema de inteligencia para controlar la cúspide de los organismos de seguridad. Con eso pudo llevar a cabo el golpe de Estado, y como el país estaba destruido, la gente esperaba un liderazgo que evitara el naufragio total.

Castillo no tiene formación, ni idea de lo que es un gobierno, ni conocimiento ni horizonte de quién es quién en la política peruana. Está vinculado a un partido que no es el suyo, con un dirigente de ese partido que se siente por encima de él. Tiene un conocimiento muy tenue de lo que son las fuerzas de seguridad. No, no estaría en condiciones de hacer algo así.

Persiste un bloqueo institucional entre el Ejecutivo y el Congreso, y las encuestas muestran un creciente descrédito de los políticos. ¿Podríamos ver un escenario en que algún candidato se presente como una solución autoritaria como en 1992 hizo Fujimori?

Como lo hizo Fujimori ciertamente no, por lo que acabo de decir. La posibilidad de que un caudillo fascista esté en condiciones de tomar el poder es un peligro real, no solo en el Perú. Hay un resurgimiento de la ultraderecha en América Latina y en el mundo entero. Es posible que venga alguien a prometer un puño de hierro para solucionar los problemas, con la creación de una serie de enemigos reales o imaginarios para concentrar la ira de la gente. Pero es un peligro no solo aquí.

¿Quién podría encarnar ese peligro hoy en Perú?

El líder político de la ultraderecha fascista, Rafael López Aliaga. Pero hay muchísimas dudas sobre si él podría hacer todo eso. Hay intentos de movilización de ultraderecha que no se veían en Perú desde la década de 1930, pero que esto se concrete en una toma del gobierno lo veo difícil.

Estos días se debate en los tribunales la posible liberación de Alberto Fujimori. Usted fue una de sus víctimas. ¿Qué cree que se debe hacer con él?

No me considero una víctima. Fui objeto de un ataque, el secuestro, y luego me enfrenté a la dictadura como ciudadano y como periodista. Contribuí a su caída. Más que una víctima, me considero muy afortunado al lado de aquellas personas que fueron asesinadas y de las familias que perdieron a sus seres queridos.

Digo víctima porque lo fue de uno de los delitos por los que Fujimori fue condenado.

Se le puede llamar como se quiera. Lo que quiero decir es que el enfrentamiento con la dictadura lo tomé como ciudadano que cree en los valores fundacionales de la República. Estuve muy orgulloso en el momento en que conseguimos derrocar la dictadura y fundar una democracia que, por desgracia, resultó muy inferior a lo que debió haber sido. Yo defendí la posición de luchar incondicionalmente contra la dictadura de Fujimori hasta derrocarlo. Por eso fui considerado uno de los radicales de la oposición, en la que muchos pensaban en la necesidad de negociar. Sin embargo, una vez derrotado, juzgado y encarcelado, considero que el exceso punitivo no le hace ningún favor a una democracia.

Uno debe ser fiero en la lucha y magnánimo en la victoria. Después de todos estos años en prisión, estando clara y evidentemente desgastado, en un estado que por momentos parece ya en la decrepitud, luego de pasar un número no menor de años en prisión y no representando ya un riesgo para la estabilidad democrática, creo que si tiene el valor de pedir disculpas por lo que hizo, el Estado peruano y la sociedad deberían ser magnánimos y darle la posibilidad de una prisión domiciliaria o una libertad con restricciones. La historia enseña claramente que cuando uno es se encarniza con los derrotados, se siembran las semillas de la próxima contienda.

No tiene celdas. Cuenta con tres estancias, biblioteca, un taller para pintar, una cocina, sala de reuniones, enfermería e, incluso, un huerto.

Para mantenerla y cuidar de su único preso, solo en 2020, el gobierno invirtió unos US$ 172.000 dólares, una cifra 57 veces mayor que la cantidad que destinó de forma individual para el resto de los presos en otras penitenciarías comunes.

Y es que allí, en la prisión de Barbadillo, en el barrio de Ate, en Lima, no está solo “el preso más caro de Perú”, sino también el más famoso: el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Desde hace años, las “comodidades” con las que cuenta el exmandatario -comparadas con las condiciones de insalubridad y hacinamiento en la que viven la mayoría de los presos del país- ha sido objeto de numerosas investigaciones, cuestionamientos y controversias.

Pero ahora, por primera vez en más de una década, el gobierno ha mostrado la intención de cambiarlo a una prisión común.

La pasada semana, el ministro de Justicia Aníbal Torres dijo a una radio local que Fujimori “no puede tener privilegios” y que sería trasladado a otro penal cuando mejore su estado de salud (fue sometido a una intervención cardiaca recientemente) “porque así lo establece la ley”.

“La ley dice que todos los que han delinquido se tienen que encontrar en las mismas condiciones”, indicó Torres.

“Un alto criminal que cometió graves delitos desempeñando un alto cargo público, como el de la presidencia de la república, no debe tener un tratamiento diferente a otros criminales”, agregó.

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La familia y los seguidores del exmandatario se han opuesto por años a que sea ubicado en un penal común por “motivos de seguridad”.

BBC Mundo intentó comunicarse con el abogado de Fujimori, César Nakazaki, para conocer la posición de la familia y la defensa ante su eventual traslado y sobre las condiciones que tiene en el actual penal, pero no tuvo respuesta inmediata.

Sin embargo, la pasada semana, la hija del exmandatario, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, responsabilizó al actual gobierno de lo que pueda pasar a su padre ante un potencial cambio de penal.

“Considero que cambiar de penal a mi padre, el intento del gobierno de Pedro Castillo, sería atentar contra la vida de Alberto Fujimori”, dijo.

El anuncio del potencial cambio tiene lugar luego de que a finales de agosto, las autoridades trasladara también de una cárcel en una base naval a una prisión de máxima seguridad al exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, en lo que fue visto como un giro a la “política de privilegios” hacia miembros del gobierno que tuvo el poder entre 1990 y 2000.

La cárcel

Según cuenta a BBC Mundo la abogada Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, la decisión de crear una cárcel especial para Fujimori se decidió a partir de su extradición de Chile, donde fue detenido tras escapar a Japón.

“Entonces, durante el gobierno de Alan García (2006-2011) se decide crear este pequeño penal dentro de la Diroes (la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía) para que él pudiera estar, pero también para que estuviera cerca de una sala de audiencias y no se tuviera que correr el riesgo de trasladarlo cada día“, dice.

Sin embargo, cuando el juicio terminó y Fujimori fue sentenciado, no fue enviado a un penal común a cumplir su condena, pues según Cano, entonces se consideraba que no cumplían con las condiciones para garantizar su seguridad.

“Sin embargo, eso fue tomando otro cariz cuando comenzó a conocerse de las condiciones en las que estaba, que no tiene nada malo, pero que sí estaría bien que las tuvieran entonces todas las prisiones y todos los presos”, dice.

Según reportes de investigaciones oficiales que se han filtrado la prensa peruana, la parte que ocupa Fujimori abarca un área de 800 metros cuadrados al interior de la Diroes.

La habitación donde duerme tiene unos 15 metros cuadrados, una cama ortopédica y televisión. En su prisión, tiene también baño propio, la cocina está equipada, tiene comedor y una sala de visitas de aproximadamente 20 metros cuadrados.

Esto ocurre en un país donde, según datos del Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, las cárceles tienen una sobrepoblación del 223,6%.

“A esto se suman los costos, que van desde el personal hasta los servicios y la seguridad. Lógicamente en una cárcel normal, el costo se distribuye entre los presos, pero aquí es todo para un solo preso y mantener un penal para una sola persona es muy oneroso para el Estado peruano“, opina Cano.

Según datos del INPE, los costos de la prisión de Fujimori se han ido multiplicando a lo largo de los años.

Entre 2011 y 2015 se calculó que el gobierno gastaba unos US$107.632 al año en Barbadillo. Para 2020, había aumentado en más de un 60%.

Datos del INPE sugieren que, mientras en la mayoría de las cárceles del país existe un empleado por cada nueve reos, donde está Fujimori hay una veintena de trabajadores solo para él.

Entre ellos se incluyen enfermeras que cubren los días completos en turnos de ocho horas, un médico, una decena de guardias de seguridad, más el personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento y de movilidad (por si Fujimori, como ha pasado en varias ocasiones, necesita ser trasladado a un hospital).

En la última década, numerosos reportes de prensa dieron cuenta de que el exmandatario llegó a recibir decenas de visita por día y que incluso se realizaron juntas partidistas en las instalaciones.

“Son una serie de privilegios que generalmente no tienen los reos. Nadie dice que no pueda tener un huerto, que pueda tener una biblioteca o un cuarto en lugar de una celda, pero lo que llama mucho la atención es que sea únicamente para él y que el resto de los presos del país no cuenten con esas condiciones”, señala Cano.

“Si él los tiene, entonces cualquier personas en prisión debería de tener la posibilidad de tener un taller, un huerto o una biblioteca y todas las condiciones con las que cuenta, o de lo contrario, estar en una cárcel común, pero con las mismas condiciones carcelarias de los otros”, agrega.

Las dudas

Sin embargo, aunque se han denunciado por años, los exclusivos privilegios de Fujimori, moverlo a un penal común ha sido una decisión que ningún gobierno se ha atrevido a tomar.

El argumento generalmente ha sido que los otros penales no existen -y tampoco se han creado- las condiciones de seguridad para que pueda estar y los familiares temen que la vida del exmandatario corra peligro.

Pero analistas como Cano creen que también ha existido una razón política: el anciano exmandatario de 83 años y sus seguidores son todavía una fuerza poderosa en Perú.

“No ha habido voluntad real de los gobiernos en cambiarlo a otro penal porque hemos tenido etapas muy fuertes en los que el fujimorismo ha sido incluso mayoría en el Congreso y siempre se ha corrido con la amenaza de que si se tocaba a Fujimori podían tener algún tipo de repercusión desde el Congreso, no otorgándole gobernabilidad al país”, señala la abogada.

De hecho, indica, fue esta una de las situaciones que tuvo que enfrentar el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando estaba en el poder y que lo llevó a darle el indulto “humanitario” que luego fue anulado por un juez.

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Sin embargo, para la experta en derechos humanos la situación de “privilegios” de Fujimori no debería verse como una cuestión política, sino de justicia.

“El gobierno debería verlo por lo que es: esta no es una situación política, sino puramente legal. Hay un preso por el cual el Estado está abonando una cantidad de dinero que no se tiene y que, en una situación como la que estamos de crisis, no solamente económica, sino política, el gobierno debería tener este tipo de asuntos ya zanjados”, opina.

“Y si esa persona puede tener un nivel de seguridad en otra cárcel, ojalá que lo pueda hacer para evitar también gastos innecesarios al Estado y a los contribuyentes”, agrega.

Postrado en la cama de una clínica de Lima, Alberto Fujimori grabó un video en el que pide a las autoridades peruanas que no lo manden de regreso a la cárcel porque sería para él “una condena a muerte”.

La grabación se conoce un día después de que la Corte Suprema de Perú anulara el indulto concedido en diciembre pasado al expresidente peruano (1990-2000) y ordenara su reingreso en prisión.

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Cuando recibió esta gracia presidencial de Pedro Pablo Kucszynski (PPK), Fujimori cumplía una condena de 25 años de prisión —hasta 2032— por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridas en Lima en 1991 y 1992; y por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos ocurridos en 1992.

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Ahora, ante la revocación del indulto, Fujimori debe seguir cumpliendo esa condena.

“Mi corazón no lo va a soportar”

Por favor no me maten… pic.twitter.com/UpwFB8Hbs3

— Alberto Fujimori Fujimori (@albertofujimori) October 4, 2018

Tras enterarse de que la justicia peruana había anulado su libertad, sufrió una descompensación y su familia tuvo que trasladarlo a la clínica Centenario de Lima.

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Fue desde ese lugar que publicó un video en su cuenta de Twitter este jueves.

“Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que, por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerza para resistirlo”, dice en la grabación.

“Quiero pedir al presidente de la República (Martín Vizcarra) y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor, no me maten”, agrega.

“Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, yo no doy más”, concluye.“Líder contra la guerrilla y la crisis”, pero condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción: Alberto Fujimori, el expresidente indultado que divide al Perú

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori, anunció la apelación de la decisión de la Corte Suprema y dijo a medios peruanos que esta era una medida política y no legal.

El exmandatario Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) le había otorgado el indulto el 24 de diciembre pasado por “razones humanitarias”.

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En ese momento, la presidencia de Perú difundió un comunicado en el que explicaba que Kuczynski había otorgado la gracia presidencial tras conocer la evaluación de una junta médica aconsejara su puesta en libertad por sufrir “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

La Justicia peruana dijo ahora que la resolución de PPK carecía de efectos jurídicos y también ordenó la búsqueda y captura del expresidente peruano para que ingrese en prisión.

Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. 2/2 https://t.co/ZwOofNENwW

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 3, 2018

Compra de votos

Fujimori cumplía una sentencia de 25 años de prisión —hasta 2032— por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.

Precisamente el pedido de anulación del indulto fue presentado por los familiares de las víctimas de esas dos matanzas.

A inicios de este año, habían acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revise la medida y en junio, el organismo dijo que “los órganos jurisdiccionales peruanos competentes puedan pronunciarse al respecto”.

Protestas

La noticia de la liberación de Fujimori en diciembre desató numerosas protestas en Lima y otras ciudades peruanas.

Muchos medios en Perú especularon con que PPK había concedido el perdón a cambio recibir los votos de Kenji Fujimori -hijo del expresidente- y otros diputados para superar un proceso de vacancia (destitución) que enfrentaba en el Congreso.

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Finalmente, unos videos que supuestamente mostraban el intento de compra de esos votos precipitaron en marzo de este año la renuncia de PPK, cuya imagen estaba seriamente dañada por el escándalo de corrupción la constructora brasileña Odebrecht.

Este miércoles Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, dijo a medios peruanos que la decisión de mandar a su representado de vuelta a la cárcel era política y no legal y que apelarían.

Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular, opinó que se trataba de una “persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos”.

Sin embargo, Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo que la anulación del indulto “acaba con la impunidad”, según declaraciones recogidas por el diario El Comercio.

“Es una noticia que estábamos esperando […] sabíamos que el indulto era ilegal y no correspondía haberse entregado porque se trataba de graves delitos como asesinato”, dijo Cano.

AFP recibió el documento manuscrito en exclusividad, cuyo contenido reproduce textualmente:

“80 años: que la historia me juzgue

He llegado a los 80 con todas las huellas que dejan los años, con todos los sobresaltos de la vida política, enormes satisfacciones y profundos pesares.

Después de 1990 mi vida cobró un ritmo vertiginoso porque me comprometí a rescatar al Perú del desastre que heredé: caos, terrorismo y ruina económica. Conozco nuestra patria, pues desde mi juventud he recorrido su territorio, por ello sé que no solo tiene enormes riquezas materiales, sino invalorables capacidades humanas.

Una nación como la nuestra podrá sufrir altibajos y retrasos, pero finalmente llegará a su destino, que es ser un país líder en América Latina. Probablemente yo no vea concretado totalmente ese objetivo, pero eso no importa. Sé que puse los cimientos para lograrlo.

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En los contados años que me quedan me dedicaré a tres objetivos: unir a mi familia, mejorar en lo que pueda mi salud y hacer un balance equilibrado y sereno de mi vida. Esos son mis tres principales metas al cumplir mi octava década de existencia.

Mi agradecimiento más profundo, al cumplir 80 años, a mis compatriotas que vivieron antes de 1990 y comienzos de esa década, las más grandes penurias. Con su respaldo y comprensión, pudimos levantar juntos al Perú de los escombros. Su fortaleza moral fue mi gran inspiración.

Que la historia juzgue mis aciertos y mis errores.

Alberto Fujimori

Presidente del Perú

1990-2000

 

Tras una audiencia de casi tres horas, el tribunal debe decidir el pedido del fiscal de prohibir la salida del país a Fujimori, de 79 años, mientras avanza el proceso por la matanza de seis campesinos en Pativilca, al norte de Lima, bajo su gobierno (1990-2000).

El pedido del fiscal debe ser resuelto en un plazo de 15 días. Si se le prohíbe salir del país, esta restricción durará un máximo de tres años.

“Ha mejorado en su salud y hasta puede salir de pesca, según lo ha manifestado su hijo Kenji” Fujimori, afirmó el fiscal Luis Landa, en alusión a que el expresidente gozaba de buena salud para enfrentar juicio, tras la publicación de una foto en las redes sociales en que aparece con su hijo a la orilla de un río.

Fujimori, quien vestía una camisa blanca y pantalón gris, dijo ante el tribunal que no tenía intenciones de salir del país.

“Quiero exponer en su momento los hechos. Por ello ratifico mi arraigo en el Perú para resolver cualquier tema” judicial, declaró calmadamente el exmandatario en la audiencia.

“No tengo intención de viajar a ninguna parte. Yo tengo casi 80 años, la esperanza de vida en está situación es corta, quiero estar al lado de mis hijos”, respondió Fujimori ante la pregunta de por qué el tribunal debía creerle que no escaparía de Perú, como lo hizo el año 2000, cuando se marchó a Japón, desde donde envió por fax su renuncia a la presidencia.

El fiscal Landa justificó su solicitud diciendo que Fujimori había empezado a tramitar su pasaporte luego de haber recibido el indulto.

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, descarto que su cliente hubiese tramitado un pasaporte para fugarse y argumentó que no había acusaciones formales contra el expresidente.

“Lo que cierto es que no hay acusación fiscal, porque fue devuelta a la fiscalía”, explicó el abogado.

La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas exintegrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas.

Se los llevaron durante la noche

El 29 de enero de 1992, en una época de gran actividad guerrillera en Perú, miembros del Grupo Colina, integrado por militares, secuestraron y asesinaron a seis personas en el pueblo agrícola de Pativilca.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación reconstruyó el hecho con testimonios y determinó que los militares encapuchados ingresaron por la fuerza a las casas en la madrugada y en una hora y media secuestraron a los seis hombres: tres campesinos, un estudiante, un chofer y un profesor.

Uno a uno, los encapuchados los arrastraron, los golpearon y los subieron a vehículos en medio de la apacible noche de verano. Los testimonios de los hijos y esposas de las víctimas coinciden en que los comandos llevaban ropa oscura y utilizaron desmedida violencia. Sus cuerpos nunca aparecieron.

Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por otras dos matanzas, salió en libertad tras 12 años en la cárcel luego de ser indultado en la víspera de Navidad por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Esta decisión de Kuczynski abrió un segundo proceso de destitución contra él, que condujo a su renuncia el 21 de marzo, tras salvarse de una primera moción de “vacancia” gracias al apoyo de un sector del fujimorismo encabezado por Kenji.