La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

Según, el expediente 4473-2021 de la Corte de Constitucionalidad con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Al consultar a José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Feci sobre la resolución de la CC, afirmó a Prensa Libre que son respetuosos de la ley y acataran lo resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Por tanto la CC, con base en lo considerado y leyes citadas en el expediente resolvió lo siguiente:

I. Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y conforme a lo asentado en el artículo 1o. del acuerdo 3-2021 de la CC del 21 de abril del 2021, integra el Tribunal el magistrado José Francisco de Mata Vela.

II. Por inhibitoria de los Magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá y José Francisco Mata Vela, integran el Tribunal de los Magistrados Luis Alfonso Rosales Marroquín y Roni Eulalio López Contreras, para conocer y resolver el presente asunto.

III. Con lugar el recurso de apelación interpuesto por Alba Elvira Lorenzana Cardona, incidentante, por medio de su Mandatario Especial y Judicial con Representación, Gustavo Adolfo Ortíz Arroyo.

IV. Revoca el auto apelado y se declara con lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, planteado contra el artículo 407 “N” del Código Penal, que regula el delito de Financiamiento electoral ilícito y, como consecuencia, su inaplicación en el caso concreto en cuanto a la solicitante, dentro del proceso penal número 01074-2015-00017 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, de Mayor Riesgo Grupo “B” del departamento de Guatemala.

V. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvase el antecedente.

Antecedentes del caso

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

Eduardo Kestler Morán, gerente de Televisiete, S. A., también es prófugo por ese caso.

Ya enfrentan proceso penal los citados exmandatarios y otras 55 personas, entre exfuncionarios, empleados públicos, empresarios, notarios y auditores.

Otros sospechosos también tienen orden de captura internacional por el caso, entre quienes se cuentan los exministros Alejandro Sinibaldi (quien se entregó a la justicia en agosto del 2020) y Érick Archila, así como el exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal Allan Marroquín.

Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016 por su vinculación al caso Cooptación del Estado, presentó una acción de inconstitucionalidad en caso concreto que busca  no ser juzgada por financiamiento electoral no registrado del desaparecido Partido Patriota.

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes 13 de julio que esa acción legal debe ser analizada por el juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien lleva el caso.

“Se ha conferido un plazo para pronunciarse y verificaremos todos los aspectos del planteamiento; entre estos, el hecho de que la persona no está en el país (…). Ella argumenta que al aplicarse la normativa podrían vulnerarse disposiciones de índole constitucional, como el principio de irretroactividad de la ley”, explicó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Lorenzana Cardona es esposa del mexicano Remigio Ángel González y González, conocido como el Fantasma, dueño de 107 empresas en el continente americano, entre las que destacan canales de televisión, estaciones de radio, cadenas de cines y restaurantes.

Lorenzana figuraba como representante legal de las empresas Radio Televisión, S. A., y Televisiete, S. A. —canales 3 y 7, respectivamente—, de Guatemala.

El caso contra Lorenzana

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona es financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno de Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69% de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Lorenzana Cardona tiene vigente una orden de captura internacional desde el 2016 por el delito de financiamiento electoral ilícito. La Feci la vincula con el caso Cooptación del Estado que involucra a exfuncionarios del PP.

De acuerdo a los informes oficiales de Interpol, en el caso de Guatemala son 87 las personas que están con alerta roja internacional y son buscados en 192 países donde esa institución tiene representación.

La mayor organización  policial internacional del mundo, indica por medio de su portal, que la Interpol busca a ex funcionarios, ex banqueros, ex diputados, narcotraficantes, violadores sexuales, sicarios en serie, empresarios y estafadores.

Las autoridades de seguridad de Guatemala informan que respaldan totalmente la información solicitada por Interpol para poder capturar a los prófugos de la justicia.

Lo prófugos guatemaltecos

Entre la lista de estos prófugos figuran Edgar Justino Ovalle, ex diputado del Congreso por el Partido FCN-Nación, quien es uno de los prófugos más buscados. Es acusado por cargos de desapariciones forzadas, entre otros delitos.

Al día ingresan más de 39 alertas de la Interpol donde la población indica en secreto que han visto en otros países a los buscados.

Otra de las personas que mantiene una alerta roja esta Alba Lorenzana, esposa de Ángel González, dueño de los canales de televisión abierta nacional, acusada por haber financiado de manera ilícita al Partido Patriota.

También está el empresario Roberto Montano, quien está acusado de haber estafado a varios empresarios guatemaltecos, a quienes engañó con fincas en Petén. Se encuentra entre los más buscados por el Ministerio Público (MP) guatemalteco.

Otro de los más buscados por la Interpol, es el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, sobre quien pesan diversas acusaciones de corrupción. Otro miembro del extinto Partido Patriota, es el ex ministro de Energía y Minas, Erick Archila.

Otro de los más buscados es Banny Zambrano, acusado de asesinato en contra de una mujer, y de fuga de una cárcel de máxima seguridad.

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