Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) beneficiaron este miércoles a Alba Elvira Lorenzana Cardona con una resolución que confirmó la anulación de la orden de captura girada en su contra en 2016, por su presunta vinculación al caso Cooptación del Estado, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la CC surge luego de que el Ministerio Público (MP) planteara una apelación contra el amparo provisional que la Sala Segunda de Mayor Riesgo le concedió a Lorenzana Cardona el pasado 2 de agosto, con el cual el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez se vio obligado a retirar la orden de aprehensión.

“La Corte resolvió sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y en consecuencia se confirmó el numeral III) de la resolución apelada, precisando como efecto del otorgamiento del amparo provisional, dejar en suspenso el acto reclamado, mientras dure la tramitación de la garantía constitucional”, refiere la CC.

El pasado 2 de agosto, el Juzgado de Mayor Riesgo B recibió una circular de la Sala Segunda de Mayor Riesgo en la que se le pedía que retirara la orden de captura contra Alba Lorenzana en un plazo de 24 horas, pues había sido amparada y el viernes 29 de julio se desactivó dicha orden de detención.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pedía al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.